"La obra de la Justicia será la Paz y los frutos de la Justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Is. 32, 17"

18 de diciembre de 2008

Una propuesta interesante

Estimados y estimadas,
recientemente recibí la Plataforma de Gobierno Municipal para la Alcaldía de Sonsonate, elaborada por la Coalición CD-FMLN.
La cual en su conjunto es un documento interesante y, en particular, en lo que al abordaje de la seguridad ciudadana respecta. Situación por lo demás trascendental por cuanto Sonsonate ha figurado durante mucho tiempo como una de las zonas más violentas de El Salvador por su elevado índice de homicidios.
Un aspecto muy interesante es que se pretende hacer un abordaje de la situación de la seguridad ciudadana desde el nivel microrregional, es decir, no en términos individuales como municipio, sino en conjunto con los gobiernos locales vecinos, que en el caso de Sonsonate resulta claro por el alto nivel de conurbación con otros territorios como Sonzacate y San Antonio del Monte, municipios también afectados por la violencia.
Además, el documento propone la creación de instancias municipales para la gestión de la seguridad, lo que es un paso adelante respecto de otras iniciativas que ofrecen políticas de seguridad pero no generan estructuras para tal fin.
Para consultar la propuesta, puedes hacer clic aquí.

15 de diciembre de 2008

Encuesta de evaluación de 2008 de IUDOP

Pongo a disposición de ustedes la última encuesta del IUDOP donde evalúa las preferencias políticas del electorado salvadoreño y también su opinión sobre el año 2008. Para verla, hacer clic aquí.

30 de noviembre de 2008

Vidas truncadas. Juventud y violencia en El Salvador

Por Edgardo A. Amaya Cóbar

Tuve noticia por diferentes fuentes sobre el reciente estudio "Mapa de la violencia: Los jóvenes de América Latina", que fue publicado por la Red de Información Tecnológica Latinoamericana (RITLA) En el cual se estudia la mortalidad de los jóvenes entre los 15 y 24 años en la región, comparada con la de otras regiones del mundo. América Latina resulta la más violenta y El Salvador se lleva el primer lugar con una tasa de homicidios en jóvenes de 92 por cada 100 mil habitantes comprendidos en el sector juvenil.

Viendo el informe, me percaté que los datos utilizados son del año 2005. Presto a actualizarme, tomé los datos de homicidios del año 2007 de Medicina Legal y los resultados del Censo de Población y los resultados fueron los siguientes :


Como puede apreciarce, los datos son desalentadores. Aunque en alguna medida, decir que los datos aumentaron desde 2005 hasta hoy sería una afirmación ligera que no tomaría en cuenta que como resultado del Censo, el dato de población es menor de lo que las proyecciones demograficas estimaron. Todas la tasas construidas con dicha información hoy se encuentran en duda.

En la segunda tabla, se da cuenta de que el rango que fue objeto del estudio (19-24 años) para 2007 alcanzó una tasa de homicidios de 118 por cada 100 mil habitantes comprendidos en dicho rango, lo que colocaría al país en un lejano primer lugar respecto de otros contextos.

Observando la tabla, se puede apreciar que casi el 60% de los homicidios se concentra en el rango entre 15 y 29 años, el cual alcanzó una tasa de 134 por cada 100 mil habitantes de dichas edades.

Las autoridades insisten en atribuir dichos niveles de violencia a las pandillas, pero al preguntarles qué entienden como responsabilidad de las pandillas, el espectro es muy amplio, lo que contradice la necesidad de rigor analítico. El dato de involucramiento de las pandillas según las autoridades, por mencionar un ejemplo, incluye los casos en que la víctima pertenece una pandilla. Una especie de profecía autoejecutada. ¿Dónde se visibilizan los datos de jóvenes muertos bajo la sospecha de haber sido víctimas de grupos de exterminio o ejecuciones extrajudiciales que han sido investigados por organismos de Derechos Humanos?

Obviamente, son datos muy duros. Los estudios hablarán de las afectaciones de la violencia a la Población económicamente activa, de las pérdidas económicas por la muerte de las personas, de la correlación entre los déficit de Desarrollo Humano y los niveles de homicidios. Todo ello es válido y necesario para comprender las dimensiones del problema.

Sin embargo estos son los datos de la deseperanza. Si la frustración genera violencia, hay mucha gente frustrada ahí afuera y la frustración viene de la imposibilidad de poder realizarse y desarrollarse como persona. Del consumismo que ofrece la ilusión de felicidad materialista pero niega a la mayoría los medios para su acceso. De la violencia estructural que expulsa a la niñez y juventud del sistema educativo, que manda a muchos jóvenes -particularmente los pobres- hacia el desempleo, la economía informal, las adicciones, hacia otro país como emigrante, los absorve en sus ciclos de violencia, los lleva a la cárcel, al hospital, o como hemos visto, a la tumba como víctimas de esa violencia.

A lo que podemos sumar el hecho de ser una especie de ser sospechoso por razón de la edad. Según una reciente encuesta de IUDOP dirigida a jóvenes, la segunda fuente de violencia hacia este sector, después de la delincuencia o criminalidad, viene de la policía según lo reportó un 5% de los encuestados.

¿Qué significa ser joven en las olvidadas zonas rurales? ¿Qué significa ser joven en las populosas zonas de Soyapango, San Martín, Ilopango, Apopa?

Con este panorama, no es difícil llegar a la conclusión de que la situación de los jóvenes en la sociedad salvadoreña y su atención es un tema fundamental, por lo que, por ejemplo, resulta contradictorio que el gobierno se haya negado a adherirse la Convención de los derechos de la juventud.

Un cambio de situación no debe limitarse a una política puntual hacia la juventud, sino que debería significar una política general de desarrollo humano que tienda a la satisfacción progresiva de las necesidades de la población joven en particular, de quienes depende, más que nunca, el presente del país.

Públicado originalmente en el períodico digital Contra Punto del 01 de diciembre 2008.


Presentación de informe



Informe estado de la región (2008)

El Programa Estado de la Nación (PEN) presentará el próximo 3 de diciembre de 2008 en El Salvador el Informe estado de la región (2008), que brinda un análisis exhaustivo sobre la situación de Centroamérica en los últimos años dando seguimiento a los desafíos del desarrollo humano sostenible.

La actividad se efectuará en el auditorio del ICAS de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", a las 4:30 p.m.

La investigación ofrece un diagnóstico actual en 11 temas estratégicos, entre ellos: empleo, salud, seguridad alimentaria, migración, democracia, corrupción, gobiernos locales, áreas protegidas y energía.

Además, por primera vez, analiza de forma prospectiva dos dilemas estratégicos para el istmo: el primero, sobre seguridad de las personas y Estado democrático de derecho; y el segundo referente a inserción internacional.

En la investigación participaron más de 400 personas de toda la región para definir el temario, suministro de información, consulta y lectura crítica. Además, se consultaron más de 650 fuentes bibliográficas.

La preparación de este trabajo se efectúo en el marco institucional del Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica en consorcio con la Defensoría de los Habitantes de la República. Además, ha sido elaborado con el apoyo principal de la cooperación danesa a través de su programa Regional de Transparencia y Justicia.

Asimismo, un conjunto de auspiciadores se aliaron a esta iniciativa: el Instituto para el Desarrollo Local en Centroamérica (Idelca), la Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS), el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (Incap), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Programa de Apoyo a la Integración Regional (Pairca) de la Unión Europea. la Fundación para la Paz y Democracia (Funpadem), Transparencia Internacional con sede en Berlín, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas ( INCAE), el Fondo de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (UNESCO), el Consejo Superior Universitario Centroamericano, el Consejo Consultivo del SICA, The Nature Conservancy y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

21 de noviembre de 2008

Oppenheimer sobre las maras

En términos generales no me gusta Oppenheimer. Es un gran periodista, esforzado, estudiado, acucioso, pero no comparto su visión excesivamente efectista y económicamente pragmática, demasiado confiada en el mercado, lo que muchas veces cae en la receta fácil y simplificada que ignora u obvia los costos del proceso, al menos ese fue el sabor que me dejó su libro Cuentos Chinos. Pero tampoco niego que en algunas cosas me parece que acierta con mucho tino.

He leído su publicación sobre las maras y pandillas en Centroamérica, un tema que desde hace rato le viene intrigando. Como periodista Oppenheimer no tiene por qué volverse un especialista en la materia. Buscará material, escuchará expertos y publicará las visiones expuestas y la propia. Pero para hacerlo interesante es necesario poner algo de salsa al asunto. Un poquito de morbo siempre viene bien.

Incurre en ciertas imprecisiones: dice que la tasa de homicidios de El Salvador es de 68 por cada 100 mil, cuando en realidad, los datos de homicidios de 2007 en comparación con los datos del Censo de población arrojan una tasa de 61 por 100 mil. Puede que sea exceso de prurito y que unos puntos demás no son la gran cosa ni nos bajan del primer lugar, pero esos puntos de exceso se cuentan en cadáveres, así que la precisión es recomendada.

Por otro lado, como periodista puede darse algunas licencias como la de recurrir al anecdotario para ejemplificar la situación del país, de tal forma que convierte la realidad de una o dos personas en la realidad del país y por esta vía pensar que todo el mundo es víctima del delito. Eso no es lo que dicen los datos de victimización.

No se trata aquí, de negar los elevados índices de violencia ni la victimización de grandes sectores de la ciudadanía, sino de señalar que la simplificación de los problemas lleva a análisis y propuestas superficiales.

No obstante lo anterior, plantea algunas cuestiones importantes para la reflexión como la influencia del factor deportación en el fenómeno de la violencia, no obstante, solo lo menciona sin profundizar ni afinar el análisis. Tampoco señala la contradicción estadounidense que a la vez que pretente apagar el fuego con planes como la Iniciativa Mérida, lo alienta con sus políticas antiinmigrantes y deportaciones. No es aquí donde se origina el problema, aquí es donde estalla.

Finalmente, otorga mucho espacio a las cuestiones truculentas o al morbo de las pandillas (niños que han asesinado, posesión de armamento de guerra, su supuesta vinculación con el tráfico de drogas) que solamente contribuye a sobredimensionar el problema, alejandonos de perspectivas más realistas sobre lo que sucede.

Un saludable consejo al analizar estas problemáticas es la de separar las cuestiones más difíciles de las más genéricas. No se puede iniciar el análisis a partir de las cuestiones más complejas sin antes haber revisado lo genérico. No se puede analizar ni intervenir el problema de las pandillas directamente en las cuestiones más complejas sin antes tratar las más básicas.

Coincido en que la forma primordial de intervención debe ser por la prevención y por la educación (lo que no obvia la necesidad de control penal en los casos que lo ameriten) pero desde mi punto de vista, ello no debe limitarse a intervenciones puntuales sino a una transformación de las políticas económicas orientadas hacia la reducción de la desigualdad, la redistribución del ingreso público y la búsqueda de la inclusión social.

7 de noviembre de 2008

Policías y ONGs de diez países se reunirán en Chile

En la primera Conferencia Regional de la Red de Policías y Sociedad Civil, se analizará la realidad de la seguridad en Latinoamérica

Autoridades y efectivos policiales, académicos y dirigentes sociales y políticos oriundos de 10 países latinoamericanos se reunirán en Santiago de Chile para intercambiar puntos de vista sobre la realidad de la seguridad y planificar su actuación de los próximos años a favor de los procesos de reforma policial en la región.

Será durante los días 13 y 14 de noviembre en la primera Conferencia Regional de la Red de Policías y Sociedad Civil, con la organización de FLACSO Chile, la Policía de Investigaciones del país anfitrión y Viva Rio, de Brasil, con el apoyo del Open Society Institute.

La Red es un proyecto coordinado desde la ONG brasileña Viva Rio, que tiene como socios a representantes de 31 organizaciones policiales y 12 instituciones de la sociedad civil de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Perú, Nicaragua y Venezuela.

Entre sus objetivos se encuentra facilitar el diálogo entre los responsables de las instituciones policiales y la sociedad civil organizada, intercambiando experiencias exitosas y socializando los conocimientos obtenidos en la práctica y en la investigación académica.

Haydeé Caruso, la coordinadora de la Red de Policías y Sociedad Civil, explica que el objetivo es construir puentes y canales de diálogo entre investigadores, organizaciones de la sociedad civil y policías comprometidos con iniciativas de reforma o de desarrollo institucional de sus corporaciones. La misión de la Red es entonces identificar, cualificar y apoyar a líderes policiales, cuyas trayectorias profesionales conlleven experiencias de formulación, gestión y ejecución de proyectos, y consolidar un foro permanente de intercambio entre policías latinoamericanos y miembros de la sociedad civil.

El encuentro en Chile

La primera conferencia internacional de la Red de Policías y Sociedad Civil contará con la participación de destacados expertos.

Entre ellos, se encontrarán el ex ministro del Interior de Perú, Gino Costa; Felipe Harboe, subsecretario de Interior de Chile; Lucía Dammert, coordinadora del Programa Seguridad y Ciudadanía de FLACSO Chile; Arturo Herrera Verdugo, director General Policía de Investigaciones de Chile y Haydée Caruso, la coordinadora de la Red de Policías y Sociedad Civil.

Junto con oficiales de policía de los diferentes países, actuarán en los diferentes paneles Soraya El Achkar, de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Venezuela; Jacqueline Muniz coordinadora académica de la Red de Policías y Sociedad Civil y profesora de la Universidad Candido Mendes, Brasil; Rene Castellón Argote subdirector operativo de la Policía de Investigaciones de Chile; Edgardo Amaya, El Salvador; Leslie Siquiera de la organización IEPADES de Guatemala y Yed Milton Lopez Riaño de la Policía Nacional de Colombia entre muchos otros participantes de los 10 países.

Los temas

La Conferencia Regional de la Red será norteada por un tema central, los desafíos de la relación Policía-Sociedad para la reforma policial en América Latina. Mas específicamente, se explorarán tres asuntos donde la colaboración entre la policía y la sociedad puede ser particularmente fructífera: “Entrenamiento para calificar la toma de decisiones de los agentes policiales para la acción policial democrática”; “Mecanismos de participación social en el control de las policías” y “Prevención del crimen: límites y alcances de las abordajes situacional y social”.

También se realizarán mesas de intercambio en las que los miembros compartirán sus impresiones sobre el trabajo de la Red así como sus ideas para los próximos años. Se evaluará los resultados d elas actividades dque la Re viene realizando: viajes de estudio para policías, seminarios y cursos al nivel regional y nacional, debates temáticos online.

La Red online

En efecto, la Red latinoamericana de Policías y Sociedad Civil posee un blog permanentemente actualizado y que forma parte del portal Comunidad Segura (http://policiaysociedad.comunidadsegura.org).

Allí, policías, miembros de ONGs, académicos, miembros de gobiernos y de instituciones judiciales pueden acceder a numerosos documentos producidos por los propios miembros de la Red sobre temas como la reforma policial; la planificación, gestión y evaluación del trabajo policial; los mecanismos de control interno; la participación y el control social; y sobre la actuación policial con respecto a la juventud.

La pagina también da acceso al boletín informativo de la Red “InterCAMBIO”, y a las paginas de chat y foros virtuales, donde son debatidos los asuntos de seguridad mas urgentes de la región.

Los resultados de la Conferencia Regional de Santiago estarán divulgados en la página web, y permitirán a este conjunto de actores movilizados avanzar mas un paso hacia la seguridad ciudadana en América Latina.

24 de octubre de 2008

Presentación del Documental "El Porvenir"


Lugares y fechas:

  • Cinemark Metrocentro, el lunes 27 de octubre a las 5 pm.
  • En UTEC, el martes 28 de octubre, a las 5 pm, el Auditorio de La Paz , 1ra Planta Edif. Francisco Morazán, Calle Arce, S.S.
  • En la UCA , el miércoles 29 de octubre, a las 5.30 pm, en el Auditorio del Edificio de Aulas "D".
La entrada es gratis y abierta a todas las personas que deseen compartir la temática, pueden compartir esta invitación con amigos y amigas que vengan con ustedes.

Estarán presentes en el análisis el licenciado Jaime Martínez de la Unidad de Justicia Juvenil de la CSJ y Jorge Dalton, cineasta salvadoreño.

El documental dura 62 minutos y hasta ahora se ha presentado y debatido durante el festival de Cine Latinoamericano 2008 de Utrecht en Mayo pasado y forma parte de la Selección Oficial del Festival de Cine Centroamericano ICARO 2008 que se realizará en Noviembre en la ciudad de Guatemala.

También se ha presentado en varias ciudades de la costa Este y Oeste de Estados Unidos, y con el apoyo de ICCO, Iglesias en Acción de Holanda y FLACSO El Salvador se está realizando la gira Centroamericana de la cual forman parte estas funciones en El Salvador.

Una síntesis del documental:

EL PORVENIR nos muestra una historia de lucha por la verdad y la justicia ante un estado que se muestra incapaz de hacer frente a la problemática de las pandillas. Pero sobre todo nos muestra una sociedad que ha condenado a una generación de hombres y mujeres al exterminio, un país que ha aprendido a olvidar a costa de su propio futuro.

EL PORVENIR es un documental hondureño, dirigido por Oscar Estrada, producido por MARABUNTA FILMS

Para más información y reacciones de la audiencia favor visitar:

http://www.youtube.com/watch?v=n8hHpUOw1jo

http://www.facebook.com/pages/EL-PORVENIR/12433141210

Cualquier duda comunicarse con Guadalupe Ardón telf. 2223- 6941 o al cel. 7114-5112 y Vita Randazzo Celular en El Salvador: 7217 5913

23 de octubre de 2008

Texto del Código Procesal Penal aprobado

Pueden descargar el texto del Código Procesal Penal aprobado por la Asamblea Legislativa el día 23 de octubre, haciendo clic aquí.

19 de octubre de 2008

Tres años en línea y seguimos contando



Este blog (ahora blawg) cumple tres años. Comenzó el 20 de octubre de 2005, con la ambiciosa idea de contar con un espacio para compartir e intercambiar información y opiniones sobre justicia penal y seguridad ciudadana en el nivel latinoamericano Estos objetivos se han cumplido solo parcialmente.

Cumple con el objetivo de compartir información, como un centro de recursos, contribuyendo de esta manera a volver accesible información para un público especializado en las materias que abordamos y, en alguna medida, ayudando a transparentar el funcionamiento de las instituciones.

Aún hace falta debate. Hay que trabajar sobre ello y ese es el desafío de esta nueva etapa. Los sitios en internet se caen si no son atractivos y si no plantean cuestiones interesantes de manera interesante. Los comentarios siempre son bienvenidos. A veces me pregunto si no estoy posteando solo para mí.

Otra cuestión a superar es el parroquialismo. Es cierto que la discusión sobre justicia y seguridad en El Salvador es importante, pero sería bueno poner algo de visión más amplia, las políticas transnacionales de seguridad estan modificando las agendas de la región y solo una visión de conjunto permitirá tener respuestas más acertadas. Este es el segundo desafío a asumir.

Finalmente, quisiera poder actualizar con más sistematicidad, pero estoy un tanto sujeto a los vaivenes de las agendas laborales.

Agradecería muchísimo saber su opinión, sobre todo sus sugerencias para poder incluirlas en esta nueva etapa.

Mis agradecidos saludos,

Edgardo Amaya.


Invitación a Congreso Universitario

Comparto con ustedes la invitación al V Congreso de Derechos Humanos, los días 22, 23 y 24 de Octubre, en el Auditorium"Herbert Anaya" de la Facultad Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador.

Más información en el blog del congreso.

15 de octubre de 2008

Además de pobres, presos...

Este día 15 de octubre, se realiza el Blog’s Action Day, el cual moviliza a muchos bloggers a difundir o sensibilizar sobre una temática concreta, en este caso, el de la pobreza en el nivel global.

Dado que no soy un experto en cuestiones económicas, he pensado hacer algo más acorde con la temática de este blog: vincular pobreza, con seguridad y justicia, un poco desde el plano reflexivo más que de un plano más técnico.

Muchos sabemos en el campo de cuestiones de criminalidad y violencia que vincular dichos fenómenos a la pobreza como variable independiente es algo en términos técnicos políticamente incorrecto desde muchas perspectivas. En mi experiencia, he visto la paradoja de como los “progres”, los izquierdistas de café que le achacan la culpa de todo a la injusticia social y que hablan siempre en nombre de las mayorías empobrecidas, son proclives a hacer la vinculación arriba mencionada –todavía anclados en el anacronismo de creer que la delincuencia es una forma de redistribución Robinhoodiana de la riqueza-, mientras que los sectores conservadores son los primeros en saltar con el dedo acusador diciendo –con razón, pero sin autoridad moral- “Ustedes acusan a los pobres de ser delincuentes”.

El reclamo de sectores conservadores a evitar la vinculación entre pobreza-criminalidad-violencia contiene una falacia ética: pretendería por un lado, evitar la estigmatización de las personas por su condición social, lo cual es completamente válido. Pero la trampa consiste en retirar de la discusión sobre los fenómenos mencionados las condiciones materiales de existencia de la población y la satisfacción de sus derechos.

Estoy de acuerdo en que la pobreza no es –en sí misma- una variable independiente del fenómeno de la violencia y criminalidad, sino que se deben considerar fenómenos más precisos como la desigualdad, la marginación y la exclusión social.

Del otro lado de la moneda, si hilamos fino en los niveles de delincuencia que hablamos, la corrupción a gran escala y los fraudes financieros y al consumidor no los ocasionan los pobres, sino los ricos y, aquellos son las víctimas de siempre.

Pero en lo que el imaginario social y en las encuestas de opinión pública (afectado por las agendas y framming de diversas empresas de comunicación y la vivencia cotidiana) se entiende como criminalidad o violencia es la delincuencia común de las calles y vecindarios. Regularmente, la imagen del chivo expiatorio de esta delincuencia y violencia es un hombre, joven, no favorecido por los beneficios de la sociedad, y dicho de manera simple: pobre.

Esta imagen se ve reforzada por los procesos de selectividad del sistema penal que convierte al estereotipo en su objeto. Esto se puede observarse con claridad en las cárceles. Según el Censo educativo Penitenciario de 2005 de la Dirección General de Centros Penales, en el sistema penitenciario el 76% de los privados de libertad se encuentran entre el analfabetismo y estudios de educación básica. En buena medida, resultan coincidentes con los datos del promedio de educación nacional que no supera el sexto grado. Casi la mitad de la población penitenciaria se sitúa por debajo de dicho promedio, lo cual fortalece el dato por el cual, la selectividad del sistema penal se encuentra orientada especialmente a los sectores más excluidos y desfavorecidos de la sociedad.

En el post previo he tocado precisamente esta temática y concluía que tanto el fenómeno de la violencia y criminalidad, como el catálogo de opciones institucionales del Estado no podrán verse afectadas de forma significativa sin un cambio importante en la política económica del estado en términos de redistribución de la riqueza y reducción de la exclusión social a través de una motivación más igualitarista de sus políticas públicas. Una sociedad solo será más segura en tanto sea más igualitaria.

12 de octubre de 2008

Idea loca

Si se acaba el modelo capitalista neoliberal ¿acabará su modelo de justicia penal con él?

Se me ocurrió de momento.

6 de octubre de 2008

El Salvador: uno de los países más punitivos de América Latina

Recientemente el viceministro de Seguridad Pública y Justicia Penal, Astor Escalante, interrogado por medios escritos sobre la situación de la cárcel dio algunas declaraciones que ponen en evidencia la mentalidad punitiva del gobierno salvadoreño y su clara afiliación al modelo estadounidense de carcerización masiva como principal estrategia de control, que ha llevado a El Salvador a colocarse, por mucho, como uno de los países de América Latina con mayor tasa de presos por cada 100 mil habitantes como se puede ver en la siguiente tabla.




(Hacer clic en las imagenes para aumentarlas de tamaño)


La tabla precedente recopila datos tomados del World Prision Population List del año 2007. Como puede apreciarse, los datos de El Salvador correspondían al año 2005 y el dato de población proviene de una proyección estadística sobre la base del censo de 1992. La tasa obtenida, con dichos datos es de 174, colocándose por encima de la media latinoamericana.

El citado estudia menciona que el 61% de los países estudiados en el mundo tiene una tasa debajo de 150 personas por cada 100 mil habitantes, lo cual coloca a El Salvador, según los datos utilizados, en el 39% de países que superan esta tasa.

Sobre este punto podemos hacer algunas observaciones. Tal como lo han revelado los resultados del censo de 2007, somos menos de los que pensábamos, por lo que probablemente la población correspondiente a 2005 sería menor a la actual y, en consecuencia, la tasa de presos se elevaría respecto de esa población como una inevitable consecuencia aritmética. Dicho de otra forma, muy probablemente la tasa real de presos del año utilizado en el estudio sería mucho más alta que la presentada.

He agregado en la tabla de arriba, un dato denominado “El Salvador (a)” el cual es la ratio obtenida de la cifra de presos del mes de octubre de 2007 y el resultado del censo de población de 2007. El valor alcanzado de la operación es de 293 presos por cada 100 mil habitantes.

Luego, he agregado un segundo dato denominado “El Salvador (b)” el cual es una simulación elaborada con un dato de población penitenciaria recientemente manejado en un medio escrito teniendo como fuente a la Dirección de Centros Penales sobre la base de una cifra “redondeada” de 6 millones de habitantes. La tasa obtenida de esta simulación de 330 presos por cada 100 mil habitantes, dato que es más del doble de la media latinoamericana y supondría un aumento del 13% respecto del año 2007.

Es curioso que el listado muestra que el país supera a los considerados más violentos de la región (Guatemala, Honduras y Colombia) así como también que la pacífica Panamá tenga la proporción más alta de la región, cifra obtenida a causa de su baja población (debajo de los 4 millones) y al elevado número de personas privadas de libertad, particularmente por el abuso de la detención provisional que constituiría el 60% de su población penitenciaria (Reporte del Estado de la Justicia, CEJA) En las antípodas está el caso guatemalteco que, siendo uno de los países más violentos de la región, tiene una tasa de privados de libertad de las más bajas del mundo, donde una de las hipótesis sobre este fenómeno apunta a la ineficacia de su sistema de justicia.

Pero volviendo al caso salvadoreño, los escenarios propuestos indican un crecimiento de la tasa de privados de libertad de manera significativa en el período de un año, lo cual es una previsible del modelo de gestión de la conflictividad que hemos venido señalando: carcerización masiva, y que en el ámbito penitenciario se ha manifestado en: aumento de las penas y del tiempo efectivo en prisión; recorte o eliminación de salidas alternas en el proceso penal; recorte o eliminación de beneficios en la ejecución de la pena para ciertos delitos; la existencia de criterios de detención provisional automática (bendecidos por la Sala de lo Constitucional en abril de 2007, lo que estaría relacionado con el aumento de la población en detención preventiva desde entonces)

Este modelo de gestión de la conflictividad, tal como lo ha expuesto con harta claridad David Garlan en su libro “La Cultura del Control”, tiene en sus orígenes vinculaciones ideológicas y funcionales con la evolución del modelo neoliberal en Estados Unidos: reducción del estado de bienestar (welfare) y crecimiento del sistema penal para contener a las víctimas de la precarización del empleo y la muerte del modelo fordista de producción, lo que se tradujo en masas de nuevos desempleados e informales (underclass), sin mayores alternativas de asistencia debido al desmantelamiento de las políticas sociales.

Con estos antecedentes del modelo, las declaraciones del viceministro no dejan de tener un tono desagradable: “Personas ingresaron siendo analfabetas y ahora son bachilleres”. ¡Vaya logro!: La gente puede obtener en la cárcel la educación que el estado no pudo garantizarle oportunamente -además de que pueden permanecer mucho tiempo ahí para poder hacerlo-. Entonces ¿donde queda aquello de “educa al niño para no castigar al hombre”?

Ante el problema del hacinamiento, la alternativa tomada es la construcción de nuevas cárceles. Según la nota periodística, los cupos penitenciarios podrían aumentarse entre 8 mil y 10 mil plazas, lo cual, según la nota en referencia a lo dicho por el viceministro, solucionaría el actual problema. Para verificarlo, hay que hacer algunas cuentas: noticias recientes dicen que la población penitenciaria estaría en 19,800 internos. El cupo total de las cárceles es de aproximadamente 8 mil. Si a ello sumamos 10 mil espacios más -si tomamos la posibilidad más alta de lo que ha sido mencionado-, entonces se tendrían 18 mil cupos en total. Si sabemos de aritmética, rápidamente caeremos en la cuenta que el problema no se solucionará porque nos quedarían mil ochocientos presos por ubicar (si la población penitenciaria no creciera, lo cual es imposible en este contexto)

Sin negar que la construcción de cárceles sería necesaria para proveer de respuestas al crecimiento penitenciario, en la medida que éste debería crecer de acuerdo con la población, ello es solo una verdad parcial. No es racional ni sostenible en términos humanos, institucionales y presupuestarios, mantener este esquema de ampliación del sistema penitenciario como única alternativa.

El problema originario de la situación penitenciaria se encuentra en buena medida fuera de la cárcel y apunta hacia las opciones de política criminal adoptadas: favorecimiento de la represión antes que de la prevención social y una subpolítica penal altamente punitiva.

Mientras ésta siga siendo la opción adoptada, por muchas cárceles que existan, la conflictividad social en la que se manifiesta el delito continuará alimentando el sistema penal.

La ruptura de este esquema supone un cambio radical del enfoque estatal: la apuesta por un modelo preventivo supone por un lado, la opción por un modelo de política criminal orientado a consecuencias, es decir, que genere alternativas de tratamiento de la conflictividad para que la política criminal no cree más problemas de los que pretende solucionar. En el plano global supone la adopción de políticas redistributivas inspiradas en la inclusión de los sectores largamente excluidos y marginados de la sociedad, tanto en términos económicos y sociales como en términos políticos. Solo una perspectiva igualitarista de las políticas públicas contribuiría a una reducción real de la conflictividad social.

21 de septiembre de 2008

¿Cuantos presos faltan para decir que esto es insostenible?

El 19 de septiembre, El Diario de Hoy dedicó un amplio espacio de la sección noticiosa a la cuestión del sistema penitenciario. El dato fuerte lo ocupaba el titulo: "Casi 20 mil reos saturan las cárceles"

Algunos de los datos interesantes eran los siguientes:
  • "Mensualmente ingresan 2,500 reclusos"
  • "El Estado gasta más de un millón de dólares, por mes, para alimentar a lo delincuentes presos"; "$1.82 por preso"
  • Son 200 menos de los proyectados originalmente para fin de año (20 mil)
  • 12 mil cumplen condena y los restantes 7,800 están en detención provisional
El mismo reportaje indica que si bien, hay un ingreso importante de personas, éste se ve en alguna medida amortiguado -según las autoridades penitenciarias- con la salida de personas del sistema. Lo que reconoce el reportaje es que a pesar de ellas, la tendencia al hacinamiento se ha venido incrementando año con año, al tiempo que la población penitenciaria se ha venido incrementado en un sistema penitenciario que según informaciones oficiales, contaría con 7,990 espacios.



El siguiente gráfico nos ilustra respecto de la situación jurídica de las personas privadas de libertad:
El gráfico precedente muestra cómo ha evolucionado la población del sistema penitenciario desde 1998, año en que se implementó la reforma de la justicia penal. Al inicio, con la herencia del sistema inquisitivo, la población condenada era la minoría mientras que el sistema abarcaba principalmente personas en situación de detención provisional o también denominados "presos sin sentencia", los cuales eran un producto del abuso de la detención provisional y exagerada dilación de los procesos penales.

Con la introducción de la reforma procesal penal esta tendencia inició un cambio que llevó, en el lapso de cinco años, a invertir las proporciones entre personas condenadas y las detenidas provisionalemente, la cual ya se cuantificaba en las estadísticas penitenciarias de 2003 y alcanzó su mayor distancia en el año 2006 en el que la detención provisional representaba un 27% de la población penitenciaria.

En los años 2007 y 2008 se encuentra el probable inicio de una tendencia por la cual, las distancias entre condenados y procesados se orienta hacia su acercamiento. Tal como se puede apreciar, en 2007 la proporción de presos sin condena se incrementó a 36% y este mismo dato, para septiembre de 2008, ha llegado al 39%.

Sin ánimo de dar una explicación contundente, más bien, proponer una hipótesis, hay dos circunstancias que deben ser tomadas en cuenta a la hora de analizar el crecimiento de la población en detención provisional: en primer lugar, la declaratoria de "constitucionalidad" del Art. 294 del Código Procesal Penal hecha por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (en contra de la jurisprudencia de los tribunales de primera instancia que habían venido inaplicándola sistemáticamente por control difuso de constitucionalidad) disposición que contiene criterios de detención provisional automática y, en segundo lugar, la creación de los Juzgados Especializados de la Ley Contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja, los cuales ejercen sus labores con estándares más laxos de protección de derechos que sus homologos de la justicia ordinaria. Por ejemplo, no existe, en esta ley, una audiencia inicial, sino una de "imposición" de medidas. En ningun momento se discute la imputación objeto del proceso, sino las medidas a aplicar al justiciable. Un dato curioso: dentro de las opciones que da la ley en esta audiencia no se encuentra el sobreseimiento.

El incremento de población penitenciaria y del hacinamiento de manera acelerada y la reducción de la proporción de condenados respecto de los detenidos provisionalmente son una clara señal de la insosteniblidad de este modelo político criminal, sobre el cual, el gobierno sigue cifrando su apuesta inmoral que se basa en el castigo, el escarmiento, como principal estrategia de prevención.

19 de septiembre de 2008

Arqueología jurídica

Como una curiosidad, les dejo el texto de la Ley de Policía de 1886, la que, virtualmente derogada, sigue siento aún objeto de alegato en diferentes ámbitos.

Pueden verla haciendo clic aquí.

Chavez y la judicatura

El día 19 de septiembre, el períodico El País de España publicó una nota intitulada "Chavez se hace con el control de los jueces" en el cual se revela cómo el gobernante ha venido socabando la independencia judicial, la estabilidad de los jueces y ha cooptado con partidarios suyos las principales instancias del poder judicial, lo cual ha derivado en una incapacidad para contar con una justicia imparcial y garante de los derechos humanos de la ciudadanía.

La nota de El País, surge como un comentario al informe de Human Rights Watch intitulado: Una década de Chavez. Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela. Chavez, coherente con el título, mando expulsar al representante de Human Rights Watch de Venezuela, pocas horas despues de la presentación del informe. Parte de la posición oficial del gobierno venezolano alega que la organización obedecería "a intereses vinculados y financiados por las agencias del Gobierno de los Estados Unidos de América, que tras el ropaje de defensores de los Derechos Humanos despliegan una estrategia de agresión inaceptable para nuestro pueblo". Obviamente, el comunicado muestra una clara ignorancia o desconocimiento de una de las instituciones de derechos humanos más prestigiosas del mundo y que, denunció de manera sistemática el terrorismo de Estado en América Latina en los años más duros de las dictaduras.

Siempre he creido en la necesidad de contar con estándares democráticos para medir el desempeño de los gobiernos. O todos en la cama o todos en el suelo: si no pasan por el tamiz, no son democráticos y con ello no importa todo lo "revolucionarios humanistas" que se declaren. Este es el caso de Chavez, en el que algunos sectores de la izquierda latinoamericana y local, admiradores del chavismo, callan la boca de manera complice, otros en desacuerdo, guardan silencio para no meterse en problemas con la línea dura. Critican aquí que el partido en el gobierno y sus aliados han cooptado las instituciones, pero guardan silencio frente a la evidencia de que su héroe hace lo mismo (y de peor manera, vale decir) Luego culpan a la prensa de "inventar" estas noticias o esas contradicciones. Eso sucede cuando se carece de un pensamiento propio y de convicciones democráticas reales.

Por supuesto, a algunas personas no les gusta que se destaquen estas incoherencias revolucionarias. Vendran los señalamientos de ser antichavista, de hacerle el favor a los gringos, de ser de derecha. A ellos, les cabe lo que decía Groucho Marx: "Es mejor estar callado y parecer tonto, que hablar y despejar las dudas definitivamente"

16 de septiembre de 2008

El debate sobre el proyecto de Código Procesal Penal: Noticias

Martes, 16 de Septiembre de 2008 / 11:58 h

Juristas piden estudiar proyecto de Código Procesal Penal

Leonor Cárdenas
Iván Escobar
Redacción Diario Co Latino

Representantes de la Mesa Permanente por el Estado de Derecho y la Justicia Penal, solicitaron a la Asamblea Legislativa, estudiar el nuevo proyecto de reforma al Código Procesal Penal, antes de ser aprobado por el órgano legislativo.

Francisco Eliseo Ortíz Ruiz, presidente del Instituto de Estudios Jurídicos (IEJES), manifestó que antes de aprobar las nuevas reformas al Código Penal, es necesario que éste sea discutido por todos los gremios jurídicos del país. “Estamos de acuerdo con que necesitamos un nuevo Código Procesal Penal, pero aún no se ha discutido qué tipo de Código es el que necesitamos, es decir, en términos macro es necesario que el sector conozca qué medidas vamos a tomar para paliar o resolver el problema de la criminalidad”, agregó Ortíz. Según el jurista, el proceso de reformas al Código Penal, ha pasado por dos etapas, ya que en noviembre del año pasado, el Ministerio de Seguridad y Justicia presentó un proyecto, el cual fue rechazado por la comunidad jurídica por no cumplir en su totalidad con los requerimientos de la Ley Procesal Penal.

“Nuestra petición es que se nos permita discutir las nuevas reformas antes de ser aprobadas, a efecto que se garantice que el nuevo proyecto del Código Procesal Penal, va a ser una propuesta conforme a la Constitución de la República y acorde a una justicia democrática que corresponde a un Estado de derecho”, señaló Ortíz.

La nueva propuesta de reformas al código ha sido elaborada por una comisión de tres jueces convocados por la Comisión AD HOC de la Asamblea Legislativa. “Ellos decidieron convocar una comisión para la elaboración de las nuevas reformas, las cuales son distintas a las que nosotros le hicimos observaciones en el transcurso de este proceso”, agregó.

Esta mañana, por su parte, el Foro para la Defensa de la Constitución, presentó una pieza de correspondencia en la Asamblea Legislativa, con la cual piden a los diputados aprobar un Código que sea acorde a la Constitución de la República y sobre todo respete la integridad de las personas.

José María Méndez, del Foro, manifestó que “es necesario que la Asamblea dé a conocer el nuevo proyecto de Código Procesal Penal, sabemos que el proyecto presentado por el Ministerio de Seguridad ha sido desechado pero que se está preparando un nuevo proyecto que queremos conocer para que no se vayan a cometer violaciones a la Constitución”.

El Foro espera que la Asamblea retome esta propuesta y establezca un mecanismo de debate y discusión de la temática a fin de garantizar la transparencia en el proceso de redacción del proyecto. El FMLN respaldó la iniciativa.

El debate sobre el Proyecto de Código Procesal Penal: Opiniones de la Comunidad Jurídica

Martes, 16 de Septiembre de 2008 / Diario CoLatino

La inminente aprobación del Código Procesal Penal

Jaime Martínez Ventura
Abogado*

Gracias a la labor de los medios de comunicación y no por el cumplimiento de la obligación constitucional que tienen las instituciones y funcionarios de gobierno, de realizar sus actos de manera pública y transparente, la población en general ha tenido cierto conocimiento que desde el año pasado y en el transcurso de éste, el Gobierno actual, a través del Ministerio de Seguridad y otras instituciones relacionadas con la justicia, han venido impulsando la aprobación de lo que ellos denominan un nuevo código procesal penal, como parte de la insistente y fracasada política criminal primordialmente punitiva, ante la grave situación de criminalidad y violencia que aqueja al país.

Gracias a la labor de los medios y de los diversos análisis y eventos realizados por un amplio número de instituciones y organizaciones de todo tipo como Facultades de Derecho de prestigiosas universidades, entre ellas la Universidad de El Salvador y la Universidad Evangélica, las asociaciones de abogados, institutos de investigación jurídica, organizaciones de derechos humanos, y otras que se pronunciaron en contra de esa propuesta legislativa, trascendió al conocimiento público que ese proyecto adolece de una serie de defectos técnicos jurídicos, atenta contra garantías constitucionales del debido proceso penal, atenta contra el espíritu y letra de los Acuerdos de Paz y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.

Más grave aun, pretende convertir a la Fiscalía General de la República, en el amo y señor del proceso penal, al trasladarle funciones que por esencia pertenecen a los Jueces, con lo que se atenta contra los principios republicanos de separación de poderes y del papel de los jueces como garantes de la Constitución y de los derechos humanos.

Debido a ese amplio rechazo, la Asamblea Legislativa, desarrolló un seminario taller sobre el mencionado Proyecto, en un hotel capitalino los días 20 y 21 de mayo de 2008, en el cual los participantes por unanimidad recomendaron que dicho proyecto no fuera aprobado y se enviara al archivo, por las razones que fueron expuestas.

Ante este resultado, los diputados(as) se vieron obligados a detener el proceso de discusión y decidieron integran una Comisión Ad Hoc, con representación de un diputado por cada fracción legislativa. Esta comisión, a su vez nombró a una “Comisión Técnica”, conformada por un grupo de juristas destacados pero que no representan totalmente el pluralismo del pensamiento jurídico del país, para revisar el proyecto indicado o para la elaborar otra propuesta que superara las observaciones realizadas.

Durante los días posteriores se tuvo conocimiento que la referida “Comisión Técnica”, funcionó con total hermetismo y con injerencia de personajes vinculados a la contrarreforma penal macro-penalista y autoritaria que también estuvieron vinculados en la elaboración del Proyecto rechazado por la comunidad jurídica. Ahora, tres meses después, dicha “Comisión Técnica”, presentó un supuesto nuevo proyecto al que denominan “Proyecto Alternativo del Código Procesal Penal”, el cual ha sido analizado y discutido por los diputados integrantes de la Comisión Ad Hoc, en reuniones realizadas los días jueves 11, viernes 12, jueves 18 y viernes 12 de septiembre, en el Hotel Alicante de la localidad de Apaneca.

Ese llamado “Proyecto Alternativo”, aparentemente es mejor que el anterior, porque se ha presentado como una propuesta que se basa en el Código Procesal Penal actual, que busca equilibrar la eficiencia penal con las garantías de las personas imputadas; con arraigo en nuestra idiosincrasia jurídica, sin costos de capacitación por tratarse de un proceso ya conocido, y sin necesidad de romper con toda la estructura del proceso penal actual. Sin embargo, lo que no se dice claramente es que como el supuesto “Proyecto Alternativo” está basado en el actual Código Procesal Penal, ha heredado los gravísimos defectos de su predecesor, siendo el más preocupante, las más de 200 reformas que le fueron incluidos mediante 19 decretos de reforma aprobadas entre 1998 y 2007.

En pocas palabras, no es realmente una propuesta alternativa en el sentido de ser algo distinto a la legislación anterior, sino más bien es un proyecto que de ser aprobado vendría a sistematizar y a legitimar todo el proceso de contrarreforma autoritaria con que fue desnaturalizado el Código Procesal Penal vigente desde marzo de 1998.

Lo más preocupante es que se ha tenido conocimiento que los partidos políticos de derecha con representación en la Asamblea Legislativa, haciendo uso de sus conocidos métodos autoritarios de imponer la aritmética política contra toda razón, dado que sus votos suman mayoría simple, suficiente para la aprobación de leyes secundarias, desde hace varias semanas habían tomado la decisión a espaldas del pueblo, de proceder a la aprobación del proyecto de Código Procesal Penal, haciendo caso omiso de las observaciones y recomendaciones de las diferentes organizaciones e instituciones que participamos en los espacios de consulta y, por lo tanto, el nombramiento de la mencionada “Comisión Técnica”, fue sólo una táctica encubridora de sus verdaderas intenciones.

Todo parece indicar, como lo comentó el amigo Magistrado Eliseo Ortíz en una de las reuniones de análisis de este supuesto “Proyecto Alternativo”, que como la primera propuesta de nuevo Código Procesal Penal era un monstruo impresentable, un Frankenstein que causaba horror con sólo mirarlo, ahora se nos presenta una versión amigable, una especie de Drácula de modales finos y bien vestido pero que en el fondo también es un monstruo que terminará chupando la sangre de la poca justicia que tenemos.

* Miembro del Consejo Latinoamericano del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, INECIP. Secretario de la Asociación de Abogados Democráticos de El Salvador. Miembro del movimiento “Unidad de Abogados por la Justicia y la Democracia, UNAJUD”, y miembro de la “Mesa Justicia Penal y Estado de Derecho”.

9 de septiembre de 2008

De nuevo con las escuchas telefónicas

De nuevo, tenemos en la agenda de los medios dominantes la cuestión de las intervenciones telefónicas. A veces me late que el asunto no es tan espontáneo y que más bien es una discusión para ser utilizada como trampa para aquellos que se oponen a esta práctica. En las noticias de este día se destaca la elaboración de una ley para tal fin, que está siendo preparada por la Asamblea Legislativa para implementarla una vez ratificado el Acuerdo de Reforma Constitucional existente sobre la materia, es decir, se da por inminente tal ratificación.

Como ya lo he expresado en un post previo, creo que las escuchas telefónicas son una importante herramienta de investigación criminal. Ello me ha valido las justificadas críticas de algunos amigos y amigas, que me han hecho recapacitar en el asunto.

Las escuchas telefónicas deberían ser un instrumento excepcional y limitado a ciertas circunstancias de gravedad. Esto, en el ideal de los mundos. Aunque en el plano técnico podamos estar de acuerdo con la intervención telefónica en términos generales, ello va cambiando si hilamos más fino. La primera gran objección es contundente: el contexto.

Cuando escribí el primer post sobre esta materia, estabamos en enero de 2007. Luego de los acontecimientos del 2 de julio de ese año (caso Suchitoto) -cuando el Ejecutivo y la Fiscalía demostraron que la detención arbitraria y antojadiza de opositores políticos es una opción, ante el servilismo del Órgano Judicial y la absoluta ineficiencia en la protección de derechos de las personas-, mi forma de pensar se ha cambiado radicalmente. Mientras no exista un control democratico y eficaz de las violaciones a los derechos humanos y mientras se tenga un Fiscal General que más bien parece un promotor de la impunidad y de la persecución por arbitrio político del Ejecutivo, las escuchas e intervenciones telefónicas pueden ser un instrumento fatal para la libertad de expresión, pensamiento e intimidad de los ciudadanos y se podrían convertir en instrumentos de control de rasgos totalitarios.

La segunda, y no menos importante objección, es la que tiene que ver con la pésima redacción del acuerdo de reforma constitucional del Art. 24 que se encuentra pendiente de ratificación de la Asamblea Legislativa y que fuera presentado a iniciativa de la bancada del Partido en el gobierno, ARENA.

Tal como se puede apreciar, el ánimo de exahustividad de la redacción -contraria a la redacción constitucional tradicional, más genérica-, que pretendía "cerrar" el catálogo de opciones en los cuales se puede aplicar este método extraordinario, resulta ser demasiado amplio, además de contrario con la idea de excepcionalidad y aplicación a delitos realmente complejos.

Cuando se redactó el acuerdo, no existían formalmente la ley antiterrorista ni la ley contra el crimen organizado, mismas que hemos criticado aquí por su amplitud interpretativa y posibilidad de uso arbitrario e interesado. Pues bien, las categorías terrorismo y crimen organizado aparacen mencionadas en el acuerdo de reforma. Si vamos a entender como tales lo que las leyes citadas disponen, entonces estamos en serio peligro.

Creo que la oposición legislativa no debe ceder a las presiones y chantajes, negandose a dar los votos para la mayoría calificada que se requiere. De lo contrario, estarían poniéndonos a la ciudadanía en la bandeja de plata del control autoritario.

7 de septiembre de 2008

El debate sobre el proyecto de Código Procesal Penal III. Nueva versión del Proyecto

Perdonen la falta de continuidad a esta saga. Lo cierto es que de un momento a estos días, todo el mundo calló, o al menos, se replegó (por ambos bandos) del debate, dado que la campaña política preelectoral se ha comido la agenda mediática. Lo cual, si bien para algunos esto es un respiro, para otros es la oportunidad de replantearse estratégicamente. Pues bien, en la Asamblea Legislativas, cansados de tanta crítica al proyecto, nombraron una comisión especial de reconocidos juristas orientada a replantear y enderzar el polémico proyecto legislativo y hacerlo más potable.

Conozco a algunos miembros de dicha comisión, pero me reservo sus identidades, dado que ésta no ha trascendido oficialmente. Mal haría en exponerlos por otras vías. Lo que sí puedo decir es que de un par de ellos, me constan sus elevadas credenciales académicas en el ámbito de las ciencias penales, además de que alguno de ellos fuera uno de los principales interlocutores desde el lado crítico al proyecto.

Fuera de lo anterior, lo que uno ve es que siempre el asunto va en secreto. Nadie sabe, nadie supo. Es decir, a pesar de que incluir opiniones calificadas y especializadas es un aspecto que contribuye a una mejora de la propuesta legislativa, la forma secreta de su realización solo legitima el esquema de cómo hasta ahora se ha manejado este delicado tema.

El asunto de fondo no se ha tocado: la necesaria publicidad de este proceso hacia la comunidad jurídica y hacia la sociedad en general, para una correcta determinación de necesidades a solventar y alcances a cubrir, no solo en el aspecto legal, sino en el conjunto del sistema penal. Sin esta participación, las decisiones seguirán siendo imposiciones de agendas que no necesariamente son compatibles con los verdaderos problemas de la justicia penal ni con la agenda del público, lo cual le resta legitimidad y credibilidad.

El viceministro Astor Escalante, ha manifestado en diferentes foros donde se ha discutido esta iniciativa que este proyecto ha sido más discutido que los proyectos de legislación penal ahora vigente. Si bien, él se basa en el dato de que existe un mayor nivel técnico de discusión entre los operadores de justicia -que no se daba hace más de diez años- las circuntancias son muy distintas y poco comparables. Omite mencionar que el proceso de difusión de los anteproyectos y proyectos llevaron cerca de cuatro años, en los cuales, el Ejecutivo imprimió y distribuyó la iniciativa a la comunidad jurídica para su conocimiento. Ahora, es la comunidad jurídica la que discute y reclama participación, mientras que las entidades oficiales se encierran en el secretismo.

Bueno, según me cuentan, es tarde para la participación. Si mis fuentes no me fallan, el proyecto de Código Procesal Penal será aprobado probablemente en la primera quincena del mes de septiembre. Otro madrugón.

Bueno, esta larga lamentación es para anunciarles que ponemos a su disposición una reciente versión del Proyecto de Código Procesal Penal correspondiente a la primera semana se septiembre de 2008.

1 de septiembre de 2008

Más información sobre homicidios en El Salvador

Por fín, con la tecnología adecuada, he logrado subir a la web dos documentos de estadísticas: los anuarios estadísticos sobre homicidios del Instituto de Medicina Legal de los años 2005 y 2006. Haz clic en cada uno de los años para ver el informe respectivo.

Espero sean de su utilidad.

18 de agosto de 2008

Estrenándonos en el Podcasting!!!

Aprovechando la presencia en el país de la Dra. Azun Candina, historiadora, chilena y una reconocida estudiosa de la cuestión policial en América Latina, este servidor de todos ustedes, realizó una breve entrevista a la Dra. Candina la cual nos permite hoy, con todo lujo, estrenarnos en el podcasting. Lastimosamente, aún no manejo completamente bien la grabadora digital, por lo oirán en la reproducción algunos pasajes un tanto metalicos, al estilo Darth Vader. Puedes escuchar la entrevista aquí.

7 de agosto de 2008

Nota Luctuosa

Estimados y estimadas:

Esta nota es para los amigos y amigos penalistas, para comunicarles el fallecimiento, hoy 7 de agosto, del gran penalista chileno Juan Bustos Ramírez, uno de los especialistas más reconocidos del derecho penal de habla hispana.

Si bien, hace mucho tiempo mis pasos se desviaron del derecho penal hacia la sociología jurídico penal y, de ahí, a la política criminal. Recuerdo con cierta nostalgia aquellos años en que, mozuelos aún, teníamos el ánimo de chocar con la cabeza contra el muro de la dogmática penal y cómo no recordar aquella célebre ponencia del Dr. Bustos en San Salvador (¿1994 ó 1995?) sobre los Principios de la Política Criminal, que aún sigue jugando un papel importante en nuestra visión sobre cómo debería ser este campo de la gestión de la violencia estatal. (ah, cuánto tiempo, en aquellos días, el Ministerio de Justicia reproducía estos textos y los distribuía. Cómo han cambiado las cosas: para mal)

Me he enterado de este suceso por el blog de mi estimado amigo Alberto Bovino. Pueden ver el post aquí.

4 de agosto de 2008

(Paréntesis)

Abro un paréntesis antes de continuar comentando el debate sobre el Proyecto de Código Procesal Penal.

El Lunes pasado, el períodico digital El Faro, publicó un impactante reportaje intitulado: Los testigos falsos de la Fiscalía, elaborado por Daniel Valencia. A quienes no lo vieron, les recomiendo que lo lean, es impresionante.

A raíz de tal reportaje, escribí unas palabras como lector del mencionado períodico, las que transcribo a continuación:

En primer lugar, felicitaciones por tan valiente reportaje. Lo que cuenta Daniel Valencia es indignante y escandaloso. Tal como ha sido planteado ¿cuantas personas han sufrido detención provisional o hasta sentencias condenatorias con dichas practicas ilícitas? En un país decente los fiscales y policías involucrados serían objeto de investigación y proceso penal, además de las responsabilidades administrativas correspondientes. Las personas afectadas injustamente podrían reclamar una indemnización y el Fiscal General –que admite saber de la práctica- sería retirado de su cargo. Pero tal como son las cosas en El Salvador, uno no puede esperar mucho de las instituciones si miembros de partidos políticos las presiden y son cubiertos desde el congreso por los mismos partidos a los que pertenecen.

Hace algunos meses algún medio hacía escándalo por la exigencia de ciertos tribunales de develar la identidad de los testigos protegidos, para que estos mostraran su rostro en la audiencia, acusando a los juzgadores de ser los culpables indirectos de la muerte o peligro posterior sufrida por los testigos delatados. El reportaje de El Faro muestra las irregularidades que podrían cometerse y que comprometen seriamente la justicia y la verdad, así como la libertad de imputados bajo acusaciones y testimonios falsos.

Un testigo corre riesgo porque si presenció realmente hechos o sabe cosas, los verdaderos delincuentes intentarán evitar que declare ante las autoridades. Un testigo falso corre riesgo por prestarse a dar declaraciones falsas por dos circunstancias: porque los verdaderos delincuentes al atentar contra él, fortalecen su calidad, desviando así la atención de los verdaderos móviles y circunstancias o, por otro lado, puede correr peligro como producto de una venganza privada de quienes se ven afectados por sus declaraciones ilegítimas.

Estas prácticas son productos concomitantes de la entrega de facultades extraordinarias a los fiscales y policías y de la falta de controles establecidos sobre estos, esquema que el proyecto de Código Procesal Penal busca ampliar y profundizar. El reportaje es una seria advertencia de lo que sería un proceso penal sin control, tal como ha sido propuesto y se discute ahora en la Asamblea.

Finalmente: unas preguntitas ¿En qué consistían las coacciones a los testigos forzados? ¿Se tranza la impunidad de ciertos hechos a cambio de testimonios? ¿Se les amenaza con involucrarlos en otros delitos? ¿Eran imputados “criteriados” en otros procesos?

Edgardo Amaya
Tanto esta nota, como muchas otras reacciones por el reportaje han sido publicadas en la edición de esta semana. Las puede ver haciendo clic aquí.

31 de julio de 2008

El debate sobre el proyecto de Código Procesal Penal II. La (ir)racionalidad económica

Resulta preocupante que el proyecto de Código Procesal Penal transforma el esquema de competencias judiciales actuales, reduciendo a su mínima expresión la participación de los jueces de paz, trasladando el conocimiento de los casos directamente a los “jueces de la etapa preparatoria” forma en cómo se denominaría a los actuales jueces de instrucción.


El modelo de competencias actuales –aun de los defectos de distribución territorial y de cargas de litigación entre las diferentes unidades jurisdiccionales que han sido previamente diagnosticadas y documentadas- ha facilitado en alguna medida el acceso a la justicia, en tanto, hay una representación judicial en cada municipio del país, no así de los juzgados de instrucción o mixtos, generalmente concentrados en las principales ciudades y en zonas urbanas. Adicionalmente, los juzgados de paz evacuan una significativa proporción de casos mediante la aplicación inmediata de facultades de terminación ordinaria o alterna.


Sobre lo anterior, los defensores del proyecto –alegando razones de economía– se adscriben a la idea de eliminar el número de jueces que conocen de los procesos penales, recurriendo a algo que a mi forma de ver es un sofisma –bastante burdo, por cierto–: alegan que es un despilfarro que un proceso sea conocido por cinco jueces: el de paz, el de instrucción y tres de sentencia. Lo burdo y superficial de este planteamiento le resta seriedad alguna como propuesta de política pública.


La mentira de tal sofisma reside en el hecho de considerar que todos o la mayor parte de los procesos penales siguen la ruta de un proceso ordinario, es decir, desde la Audiencia Inicial en juzgado de Paz, hasta la Vista Pública en el Tribunal de Sentencia actuando de manera colegiada. Nada más alejado de la realidad: los procesos ordinarios son una minoría que no supera el 7% del total de casos originalmente judicializados. Casi un 60% de los casos se resuelven en Audiencia Inicial y el resto, durante la instrucción o en la Audiencia Preliminar.


No soy un experto económico, por ello, la sensatez me indica que la reducción de costos en la administración de justicia debería venir respaldada del consejo experto de econometristas de procesos, ingenieros industriales y evidencia empírica de estadísticas, antes que de burdas ocurrencias.

Mi experiencia, si para algo cuenta y vale, me ha mostrado que la mejora de los tiempos y eficiencia de los procesos tiene que ver con abordajes institucionales de reorganización administrativa, adopción de economías a escala en la gestión judicial, la ruptura del modelo celular de despacho judicial, por la implementación de juzgados pluripersonales, más que con transformaciones normativas per se.

Lo que sí es cierto, es que en la medida que el proceso cuente con salidas alternas, la cantidad de tiempo de conocimiento judicial puede reducirse, y son los mismos que han propiciado el cierre de salidas alternas y la conversión del proceso penal en un embudo, quienes ahora piden respuestas económicas.

Sobre esto hay algunos elementos que valorar: se pone en evidencia una de las debilidades de la independencia judicial orgánica: la posibilidad de injerencia del Ejecutivo y el Legislativo en el diseño orgánico del Judicial. Mientras que el Ejecutivo se autogestiona con su Reglamento Interior y lo mismo hace el Legislativo mediante su Reglamento Interno, la Ley Orgánica Judicial que rige el diseño interno de ese Órgano de gobierno, puede ser modificado por el ejercicio de iniciativa de ley de Ejecutivo y el Legislativo, tal como se puede visibilizar a partir de las transformaciones propuestas por el proyecto de CPP. (Abro paréntesis: existe una sentencia en un proceso de inconstitucionalidad sobre la Ley de Casación, en la cual, la Sala de lo Constitucional abre la puerta para estas circunstancias, entregando su margen de independencia y su control de la política procesal y judicial)

En buena medida, las críticas anteriores se orientan a la necesidad de rigurosidad y coherencia en las propuestas de políticas públicas de trascendencia. El Órgano Judicial gestionó un préstamo de algo más de US$18 millones, ante el Banco Mundial para echar a andar un Proyecto de Modernización Judicial, el cual incluye un proceso de recomposición administrativa y territorial mediante la contratación de servicios técnicos especializados e inversiones en infraestructura para tal fin. La propuesta de reforma de la justicia penal actual, pasa por encima de este proyecto, mostrando así no solo su incoherencia respecto de otras políticas públicas, sino su raigambre autoritaria.

26 de julio de 2008

El debate sobre el proyecto de Código Procesal Penal I. Los (des)propósitos de la reforma

En primer lugar, mis disculpas, por no haber actualizado este blog tanto como quisiera, pero después de una mudanza, un parto (no mío, de mi esposa) y cambios de trabajo, la cuestión no ha sido fácil. Pero aquí estamos de vuelta, espero que con mejores chances de actualizar de ahora en adelante.

Por motivos profesionales he participado en diferentes actividades de discusión sobre el Proyecto de Código Procesal Penal. Dentro de los organizadores de dichos eventos destacan diversas asociaciones de jueces y la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador.

Como he tenido oportunidad de expresarlo antes, uno de los méritos de este debate es que esté siendo liderado, en parte, por una Facultad de Derecho, por la Academia, actor generalmente ausente y a la saga de los acontecimientos en los procesos de reforma judicial previos. Igualmente, es muy grato ver el nivel de involucramiento de la judicatura participante en esta discusión, a la que agregan rigor técnico y una postura comprometida con los derechos constitucionales y los derechos humanos.

En dichos eventos he podido compartir espacio –la mayor parte de veces– con detractores del proyecto, sector en el que me ubico y que en esta coyuntura considero como mayoritario; como con algunos de sus impulsores o defensores, y en el transcurso de estos espacios se escuchan y aprenden cosas muy interesantes para extraer algunas reflexiones, las cuales iré, por efectos de espacio y cultura blogger, posteando en pequeñas entregas.

En principio, no he sido partidario de discutir el contenido del proyecto, porque antes parece más sensato preguntarse el por qué del cambio, cuáles son las premisas técnicas y empíricas con que se supone, se justificaría, cuáles son las implicaciones en términos organizacionales para cada una de las instituciones del sector justicia involucradas, cuáles son los objetivos o posibles efectos político criminales de esta iniciativa. De hecho, una de las múltiples críticas que se plantea a dicho proyecto es la ausencia de una exposición de motivos que clarifique algunas de las cuestiones antes planteadas.

En este sentido, vale hacer un parangón con las políticas económicas y ver que los tomadores de decisiones en esta materia se mueven en un intrincado ajedrez de variables (deuda pública, déficit, presión tributaria, etc.) con las que tienen que tomar la decisión más precisa para el logro de sus objetivos, misma que debe ser bendecida por los actores económicos. Lamentablemente en materia de política criminal pareciera que el rigor no es, ni lejanamente el mismo, y de esa suerte, puede cualquier político histérico hacer propuestas irresponsables o antojadizas como leyes de mano dura y otras ocurrencias, sin tomar en cuenta que lo que se pone en juego en la política criminal es la libertad, la seguridad y hasta la vida de la ciudadanía.

Pero no, se sigue poniendo la yunta delante de los bueyes y se lanzan sobre la iniciativa sin una discusión previa con los operadores sobre los aspectos claves de transformación y antes de corregir las graves falencias institucionales como la impunidad en la investigación criminal y las políticas incoherentes de seguridad de tipo mano dura que han llevado a la justicia penal a su estado actual. En alguna medida, discutir sobre el contenido del proyecto, si bien es válido, nos desvía de aquellos problemas. Esta es una trampa metodológica.

La segunda trampa metodológica tiene que ver con la forma en cómo se ha manejado esta iniciativa: se presentó este antreproyecto de Código Procesal penal, inconsulto, hecho en secreto en la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE), directamente a la Asamblea. El magistrado Ulices del Dios Guzmán, que aparece dentro del bloque promotor de la iniciativa, admite que la presentación no fue parte de un acuerdo de la Comisión Coordinadora del Sector Justicia, sino una decisión unilateral. El mismo magistrado admite ahora también no estar de acuerdo con el ahora proyecto de código en la forma en cómo quedo planteado al final. La trampa consiste en que ahora se debe discutir sobre la base de ese proyecto, es la única opción que se ofrece.

Este proyecto de reforma, a mi forma de ver cumple con varios objetivos tácitos. Pongamos los puntos sobre las íes:

  • Convertirse en un nuevo caballito de batalla para el logro de réditos electorales, tal como se hizo con la ley antimaras, nada más que ahora el chiste lo quieren permanente.
  • Sacarse de encima y controlar lo más posible a los jueces, sector que mayoritariamente –salvo deshonrosas excepciones- ha mostrado independencia, cuestión que no le gusta a las visiones más autoritarias de la clase política.
  • Seguritizar la justicia. Volverla un instrumento de la seguridad y no, la seguridad como auxiliar de la justicia.
  • La devaluación de los estándares de protección de derechos y garantías a voluntad de la Policía y la Fiscalía
  • Tener una herramienta flexible que permita mantener los casos discrecionalmente a fuego lento cuando así convenga.
  • Crear nuevos mecanismos de impunidad mediante la ampliación del criterio de oportunidad y la eliminación de la excepción del doble juzgamiento que se refiere a la circunstancia de “hechos nuevos”, eliminación pseudogarantista que podría ser usada a favor de funcionarios públicos corruptos para que no puedan ser nuevamente perseguidos aunque se encuentren nuevas evidencias (saluditos a Mario Orellana)

Además de las motivaciones locales, el proyecto de código también tiene cola en el ámbito geopolítico. La cosa no es tan simple. En alguna medida esta reforma parece muy cercana a la reciente reforma de la justicia penal colombiana, en la cual, aprovechando los vientos reformistas, con mala leche se metieron todas las leyes especiales en las nuevas legislaciones, de la misma manera en cómo aquí, el proyecto de Código Procesal Penal introduce la Ley contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja y disposiciones de la Ley Antiterrorista.

Lo anterior no es casual, se coloca en el marco de dos países con gobiernos conservadores donde la influencia política de la nación del norte es marcadamente fuerte.

Por otro lado, no se puede dejar de mencionar el expreso llamado hecho por el Embajador de los Estados Unidos en El Salvador para que se aprobara el Proyecto de Código Procesal Penal y la Ley de extinción del dominio en su discurso de marzo 2008 ante la AmCham (léanlo en lo referente a justicia penal y seguridad. No tiene desperdicio), y como lo ha dicho el embajador, es palabra sagrada y sabia, piensan muchos. Vale decir de paso que la cooperación de ese país, habría contratado ya una empresa consultora para echar andar la implementación del Código Procesal Penal y no creo que quieran quedarse con el gastito hecho. (¿las mayorías siempre ganamos?)

En los próximos post iremos presentando algunos de los mitos de esta propuesta de reforma que ofrecen sus promotores y los argumentos que se les contraponen.