“La diferencia más básica del patriarcado es el control sobre los cuerpos de las mujeres, sobre todo la concepción. Cuando Hitler fue elegido, y mucha gente olvida que fue elegido, lo primero que hizo fue cerrar las clínicas de planificación familiar y declaró el aborto un crimen contra el Estado. Mussolini hizo lo mismo. El autoritarismo comienza frecuentemente con [el control sobre] el cuerpo de las mujeres.”
Tambien es importante mencionar que el nazismo persiguió la homosexualidad como elemento a ser depurado de la “raza aria” y desbarató los centros de estudio sobre sexualidades diversas. No son de extrañar los evidentes o enconados antagonismos entre expresiones feministas y gobiernos autoritarios y antidemocráticos como los de Trump, Bolsonaro, Orbán, Putin y, en nuestros lares, Bukele, que no solo utilizan la religión y el conservadurismo social para mantener o lograr adeptos, sino que reproducen una forma de ejercicio del poder masculinizada que se basa en la prevalencia del más fuerte, no en el diálogo, ni en el consenso, al tiempo que reflejan sus propias convicciones y creencias personales respecto de la relación entre sexos, géneros y poder. Uniendo los puntos, se encuentran patrones. Siendo candidato, Bukele tenía un proceso abierto en la jurisdicción especializada por un caso de Expresiones de Violencia contra la Mujeres, tras un incidente ocurrido durante su periodo como alcalde de San Salvador que involucró como presunta víctima a la Síndico municipal. El caso se cerró tras retirarse la víctima del proceso, excusándose por razones de salud. Tras el cambio de administración en junio de 2019, una de las primeras acciones del gobierno entrante fue suprimir la Secretaría de Inclusión Social, a la cual se adscribía el programa Ciudad Mujer, el cual, si bien se mantuvo, perdió aceleradamente apoyo presupuestario y peso dentro de las políticas públicas gubernamentales. El Presidente, diversos funcionarios, diputados y diputadas, partidarios oficialistas y sus cajas de resonancia en medios y redes sociales han fustigado al movimiento feminista, en parte, por ser uno de los colectivos más críticos a su gestión y el más beligerante. El líder de opinión pro oficialista, Walter Araujo ha sido procesado judicialmente por realizar un acoso sistemático en redes sociales en contra de una abogada opositora del gobierno y feminista, lo que le terminó costando su inscripción como candidato a diputado, pues la Sala de lo Constitucional consideró que su comportamiento era contrario a la moralidad notoria que indica la constitución para las candidaturas. La abogada, por motivos de seguridad, salió del país y solicitó refugio en el exterior. El ex Fiscal General expresó en un tuit que el mismo Presidente le había pedido no procesar a Araujo. Por otro lado, otras expresiones comunicacionales como el youtuber Roberto Silva, miembro de una agrupación de youtubers pro-oficialistas denominada “La Red somos Todos”, fue procesado penalmente y enviado a detención provisional por denuncias de dos abogadas y entonces candidatas del opositor partido FMLN, por emitir expresiones denigrantes, ofensivas y amenazantes contra ellas haciendo uso de sus canales. Al momento que esto se escribe, una de las denunciantes ha salido del país y Silva se encontraba a la espera de juicio, entre denuncias que no se envió al detenido a un Centro Penal ordinario, sino que se le habría mantenido en instalaciones diferentes y hasta con beneficios especiales. Mujeres que ejercen el periodismo también han sido blanco de estos ataques, al punto que algunas han optado por salir del país. La violencia en redes sociales hacia ellas ha incluido amenazas de muerte, de violencia sexual y lluvias de insultos. Es sintomático que la actual administración, no haya impulsado ni apoyado oficialmente la agenda de actividades conmemorativas relativas a la lucha para erradicar la violencia contra la mujer que se llevan a cabo todos los meses de noviembre, como sí lo hicieron administraciones previas, ni haya hecho comunicados o posicionamientos oficiales de cara a las celebraciones del día internacional de la mujer. Tras la instalación de la Asamblea Legislativa 2021-2024 con una sobrada mayoría para el bloque oficialista, una de sus primeras acciones fue enviar al archivo normativas relacionadas a la búsqueda de mayores cotas de igualdad, equidad e inclusión, como las relativas a la identidad de género, la no discriminación, los derechos reproductivos de las mujeres y, más recientemente, insinuó la sustitución de la actual Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia hacia las Mujeres (LEIV), hito normativo para la protección de los derechos de las mujeres. Paradójicamente, han sido diputadas oficialistas las que han sugerido dicho cambio, alegando que la ley no ha funcionado según lo esperado. Si bien la ley está lejos de su plenitud, lo cierto es que su eficacia depende de la voluntad y recursos de las instituciones y, como se ha visto, la actual administración no ha sido sensible a esta temática. También estas diputadas han apelado a la LEIV en contra de las críticas políticas que legítimamente se emiten desde la ciudadanía, en una amenaza velada de criminalizarles. El discurso oficial argumenta que con la reducción de los registros de homicidios y feminicidios durante la gestión, se ha mejorado la seguridad de las mujeres, no obstante, la crítica a este argumento contrapone el alza del fenómeno de personas desaparecidas y la creciente representación de las mujeres en él, así como en otros delitos violentos contra las mujeres como las violaciones.
Un pequeño pero significativo gesto que ratificó la insensibilidad política hacia la situación de las mujeres fue la negativa del bloque legislativo oficialista a rendir un minuto de silencio por las mujeres víctimas de feminicidio y desapariciones, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Uniendo los puntos, queda reflejada la política antifeminista del actual gobierno y el retroceso en los incipientes avances con los que contaba el país en favor de las mujeres: ha desmantelado políticas públicas, ha fustigado, acosado y ha tratado de demonizar, desvalorizar y desprestigiar al movimiento feminista y a mujeres destacadas, lo cual ha ocurrido desde la cúpula del poder así como a través de todo el aparato paraoficial de propaganda y sus fanáticos, lo cual es una práctica claramente antidemocrática y destructiva.
Ejemplos como el de Chile muestran el tremendo aporte de las luchas feministas al cambio social, a la construcción de un nuevo orden más abierto a reducir las asimetrías de poder entre sexos y géneros, sin lo cual, no puede haber verdadera democracia.
