"La obra de la Justicia será la Paz y los frutos de la Justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Is. 32, 17"

25 de diciembre de 2007

21 de diciembre de 2007

Resumen del primer foro de consulta sobre Proyecto de Código Procesal Penal

Elaborado por Lorena Hernández Sánchez
Centro de Estudios Penales de El Salvador (FESPAD)

El martes dieciocho de diciembre del presente año (2007), se llevó a cabo el primer foro de consulta sobre proyecto de Código Procesal Penal, organizado por el Grupo Parlamentario FMLN. Este foro contó con la participación de Carlos Sánchez, Juez del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador; Edgardo Amaya Cóbar, Coordinador de Seguridad Pública y Justicia Penal del Centro de Estudios Penales de El Salvador (FESPAD); Jorge Amaya de la Asociación de Jueces y Magistrados de El Salvador y José María Méndez, del Foro para la Defensa de la Constitución.

El licenciado Carlos Sánchez inició su ponencia lanzando la interrogante: ¿Hay necesidad de un nuevo Código Procesal Penal?, explicando que en el año 1998 con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal actual se constitucionalizó el proceso penal. Actualmente éste ha sufrido alrededor de 200 reformas, algunas de ellas necesarias, pero la gran mayoría totalmente innecesarias. Estas reformas hicieron que la investigación del delito se volviera algo no funcional. Sin embargo esto no hace necesario un cambio del modelo procesal penal. El proyecto propuesto esta tratando de convertir un modelo procesal de corte europeo continental en un modelo procesal anglosajón. Es una modificación absoluta del sistema judicial, ignorando toda la tradición histórica.

Expresó su preocupación en tres aspectos fundamentales.

1) Ejercicio de la acción y la investigación penal sin control jurisdiccional. Con el modelo propuesto se estaría vulnerando el principio de ius persecuendi. Si bien la promoción de la acción penal y la investigación del delito no corresponden a los jueces, sino a la Fiscalia General de la República, sin embargo esta función debe estar controlada, no hay poderes ilimitados. El Órgano Judicial controla la promoción de la acción penal y la investigación, balance que se ve quebrantado al construir un ministerio fiscal sin control como el que dibuja el proyecto.
Una de los argumentos utilizados para impulsar esta reforma es la protección de los derechos de las víctimas, si embargo el control y discrecionalidad con que la FGR puede ejercer la acción penal podría general violación a los derechos de las víctimas, ya que es el Fiscal el que decide que casos investiga y judicializa y cuales no, prácticamente sería Fiscalia quien estaría decidiendo el acceso a la justicia.

2) Actividad probatoria sin control jurisdiccional. En el proyecto toda la actividad probatoria queda en aspectos fundamentales, a discreción de la FGR sin ningún tipo de control judicial.
3) Violación de Derechos y Garantías fundamentales del imputado. Los imputados quedarían a discrecionalidad de la FGR violentando el Art. 13 de la Cn., que establece que toda persona detenida debe consignarse a la orden del juez competente, lo que significa ejercicio de la jurisdicción penal. Preocupa que la tutela de los derechos fundamentales quede a disposición sea de la FGR, violentando el principio de jurisdiccionalidad. Sólo el juez puede ordenar la limitación de un derecho.

Muchas de las disposiciones del proyecto desconocen garantías establecidas por instrumentos internacionales de Derechos Humanos y por lo tanto de la Cn., en base al Art.144. Señaló como ejemplo, la declaración bajo juramento, esto hace que el imputado se vuelva testigo, por lo tanto obligado a decir la verdad (sistema anglosajón, el acusado es testigo de su propio hecho), tratamiento que no acepta la Cn y la CADH.

El doctor José María Méndez, destacó durante su ponencia la necesidad de un debate serio con la sociedad civil de este proyecto de Código. Respecto al contenido de éste señaló que se esta generando un retraso constitucional y se está reviviendo el modelo procesal de 1974. Como ejemplo señaló la confesión extrajudicial. Respecto al tema de testigos con criterio de oportunidad y testigo de oídas dijo que esto demostraba la pereza de la FGR para investigar el delito.

A su criterio con este Código se trata de debilitar al Juez de Paz y fortalecer a la FGR, institución que ha demostrado que es incapaz de investigar el delito. Agregó que dejarle un poder absoluto sobre el ejercicio de la acción penal podría generar mayor corrupción e impunidad.
El licenciado Jorge Amaya, expresó su preocupación en tres aspectos:

1) La acción penal absoluta. Al otorgarle un poder de ejercicio de la acción penal sin control jurisdiccional puede generar impunidad, ejemplo de ello es la redacción de ambigua del Art. 24 que establece el criterio de oportunidad a quienes dirigen organizaciones criminales. Así mismo, expresó que no se puede ignorar que la elección de la cabeza de esta institución se realiza en una forma eminentemente política, lo cual incide enormemente en los casos a investigar y judicializar.

2) La legalidad de la prueba. Señaló como disposiciones sumamente preocupantes los artículos 19, 33, 34, 107, 200 del proyecto, con los cuales se trata de imponer un sistema de valoración de prueba tasada y dar valor a elementos de prueba obtenidos con violación de garantías constitucionales e instrumentos de Derechos Humanos.

3) La eliminación completa del rol del Juez de Paz. Para implementar éste Código se argumenta que se trata de dar celeridad al proceso, pero quitarle facultades al Juez de Paz implicaría que el sistema no de abasto y se ahogue.

Durante su ponencia el licenciado Edgardo Amaya de FESPAD, señaló que este proyecto de Código surge en un contexto de política criminal en la cual la gestión gubernamental del problema de la criminalidad y la inseguridad se ha caracterizado por apuesta a medidas represivas, el populismo punitivo, el fetichismo jurídico y la adhesión a lógicas hemisféricas influenciadas por la lucha antiterrorista y antinarcotráfico. Los efectos de dicha política se han traducido en saturación y debilitamiento del sistema de justicia, secutirización de la justicia, abusos, devaluación de derechos y garantías fundamentales y un crecimiento penitenciario desmedido.
Según Amaya, el proceso penal solo es una respuesta a una proporción minoritaria de los delitos comentidos en la realidad, por lo que como esfuerzo de cambio no tendría un impacto significativo en la criminalidad, mientras no se trabaje adecuadamente en la prevención y se reduzca la victimización de la ciudadanía.

En este contexto la contrarreforma argumenta la necesidad de eficacia, sin embargo, según Amaya, este argumento pierde validez cuando se coteja con estudios como el realizado por el PNUD sobre la eficacia en de la investigación criminal sobre casos de homicidio en el año 2005. El cual mostró que el 86% de la muestra fue archivada, sólo el 4% de la muestra fue condenada y un 96% de impunidad en el homicidio, lo cual lleva a concluir que no es un problema legal o judicial, es un problema de investigación.

El Proyecto de Código Procesal Penal se basa en un esquema gubernamental de dar respuestas legales represivas a problemas sociales, trata de encubrir el fracaso de su política de seguridad. Atenta contra la independencia del Órgano Judicial y de los jueces, además de demostrar la improvisación al dejar derogados tácitamente los juzgados especializados con la propuesta actual.
Como política pública no es una respuesta adecuada al problema de las deficiencias al sistema de justicia criminal, la que tiene un carácter institucional, estructural y no legal. No se puede cambiar un Código tan importante de manera ligera y acelerada, porque se generaría una inseguridad jurídica. No se han tomado en cuenta las planificaciones y proyecciones institucionales involucradas, particularmente del Órgano Judicial, ni los impactos internos en términos organizativos. No se han tomado en cuenta los flujos procesales, por ejemplo, lo que sucedería al retirar o reducir la competencia penal de paz, impactaría la carga laboral en otros niveles.

Respecto al contenido de la propuesta consideró como aspectos fundamentales a reflexionar:
  • Restringe derechos de la ciudadanía al momento de ser investigada. Sólo se adquieren derechos hasta que la Fiscalía presenta la acusación. Mientras tanto, se esta en desprotección.
  • Reduce al mínimo las acciones de control de derechos y garantías de los jueces, dejando manos libres a la Policía y Fiscalía.
  • Fortalece el rol de la Fiscalía y su discrecionalidad, en detrimento de la participación del público.
  • Minimiza el papel de los jueces de paz, afectando el acceso a la justicia y la composición del órgano judicial.
  • Regula de manera ambigua el derecho de defensa y la declaración del imputado.
    Permite el juicio en ausencia.
  • Introduce “reglas de evidencia”
  • Aumenta la discrecionalidad en el uso de metodologías como “el agente provocador”.
  • No hay una audiencia clara al inicio. Hay un “auto de iniciación” pero tramitado por escrito.
  • Elimina la prueba para mejor proveer en los jueces.
  • Transforma los tribunales de sentencia en juzgados unipersonales.
  • Introduce la LCCODRC en el texto de la ley.

De estas ponencias se concluye que este proyecto de Código Procesal Penal:

- Violenta la Constitución de la República y Tratados de Derechos Humanos.
- Atenta contra la Democracia al romper el equilibrio de poderes.
- Fomenta la impunidad y la desprotección de las víctimas de delitos.
- Genera un aglutinamiento en el sistema judicial penal.
- No resuelve los problemas de criminalidad y seguridad.

20 de diciembre de 2007

"Cuán semejante a los latrocinios son los reinos sin justicia"



"Sin la virtud de la justicia, ¿qué son los reinos sino unos execrables latrocinios? Y éstos, ¿qué son sino unos reducidos reinos? Estos son ciertamente una junta de hombres gobernada por su príncipe la que está unida entre si con pacto de sociedad, distribuyendo el botín y las conquistas conforme a las leyes y condiciones que mutuamente establecieron. Esta sociedad, digo, cuando llega a crecer con el concurso de gentes abandonadas, de modo que tenga ya lugares, funde poblaciones fuertes, y magnificas, ocupe ciudades y sojuzgue pueblos, toma otro nombre más ilustre llamándose reino, al cual se le concede ya al descubierto, no la ambición que ha dejado, sino la libertad, sin miedo de las vigorosas leyes que se le han añadido; y por eso con mucha gracia y verdad respondió un corsario, siendo preso, a Alejandro Magno, preguntándole este rey qué le parecía cómo tenía inquieto y turbado el mar, con arrogante libertad le dijo: y ¿qué te parece a ti cómo tienes conmovido y turbado todo el mundo? Mas porque yo ejecuto mis piraterías con un pequeño bajel me llaman ladrón, y a ti, porque las haces con formidables ejércitos, te llaman rey."


Tomado de: San Agustín, La Ciudad de Dios, Libro IV, Cap. 4.

18 de diciembre de 2007

Política criminal y proyecto de Código Procesal Penal

Agrego a este post, la presentación que hice con ocasión de la conferencia que fui invitado a brindar en un evento organizado por diputados de la Asamblea Legislativa, con relación a la iniciativa de aprobación de un Proyecto de Código Procesal Penal.

16 de diciembre de 2007

Nuevos recursos en el blog

Hola,

este blog, ha tenido como vocación ser un espación de difusión de información, en tal sentido se han puesto a disposición de los visitantes una serie de documentos y vínculos que pueden resultar interesantes para quien investiga sobre temas de justicia penal y seguridad, así como para cualquiera que desee estar mejor informado.

Recientemente abrí -en la columna lateral- la sección de "Recomendados" donde iré colocando algunos sitios de internet dignos de echarles un vistazo.

En la sección de "Novedades de interés" he subido un informe sobre la corrupción en El Salvador, gentilmente proporcionado por una lectora del blog. El informe estadístico sobre violencia en Guatemala y el Proyecto de Código Procesal Penal impulsado por el Gobierno salvadoreño en la actualidad.

También he añadido nuevos enlaces en la sección de "Vínculos importantes", entre ellos, el Observatorio Centroamericano de Violencia (OCAVI), el Observatorio de Violencia de Honduras, el Centro de Documentación (CEDOC) de la Policía Nacional de Nicaragua y el Proyecto de Seguridad, Prevención de la Violencia y Conflictividad (POLSEC) de PNUD, Guatemala.

De esta forma, este blog va ampliando y mejorando su espíritu centroamericano.

Espero que sea de su utilidad.

14 de diciembre de 2007

11 de diciembre de 2007

3 de diciembre de 2007

[El Salvador] Proyecto gubernamental de Código Procesal Penal

La semana pasada, el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia presentó ante la Asamblea Legislativa el anteproyecto de Código Procesal Penal que dicha cartera de Estado ha venido anunciando. El dichoso proyecto de código "salvadoreño" (saludos a los abogados Jaime Bautista de Colombia y Héctor Quiñonez de Puerto Rico) lo hemos conseguido y pueden bajarlo haciendo click aquí.

Esta medida se inserta en la sistemática práctica oficial de securitizar la justicia. Mi visión es que si un atleta saltador de obstáculos falla en superarlos, la solución no es reducir los obstáculos, sino mejorar o cambiar al atleta. Pero aqui pasa a la inversaentre el Ejecutivo y el Judicial, si aquel no logra superar los requisitos de legalidad del judicial, lo que hace es rebajarlos o devaluarlos a su gusto y medida.

Por otro lado, esta securitización de la justicia recurre al fetichismo jurídico, a la amenaza simbólica, pero no a la efectividad real. En promedio, del universo de casos que ingresan a la FGR en promedio, un 35% pasa a sede judicial. Es decir, estas propuestas de reforma legal, son hechas para ese 35% y no para el otro 65% que queda en impunidad. Por otro lado, si bien, es importante responder a los hechos delictivos, lo mejor sería evitar que estos sucedan, es decir, prevenir. En conclusión: esta iniciativa es otro despilfarro de dinero de nuestros impuestos en medidas que solo buscan redituar la decadente imagen del gobierno en materia de seguridad.

La última encuesta del IUDOP muestra cómo, desde al año 2004, la victimización de los salvadoreños y salvadoreñas por la delincuencia ha crecido de un 13.7% a un 19.4% en 2007, es decir, 5.7% de aumento, revirtiendo la tendencia al decrecimiento experimentada hasta 2004. En este reporte de encuesta también se consigna el dato de que el 66% de las víctimas no denunciaron los hechos. En conclusión, las acciones gubernamentales no han contribuido a mejorar las condiciones de seguridad de la población, las cuales se han deteriorado.

28 de noviembre de 2007

Salvadoreños evalúan el año 2007

El Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA presentó el día 27 de noviembre su tradicional encuesta de evaluación del año. En ella se evalúan -entre otras cosas- las percepciones y vivencias de los y las salvadoreñas sobre el crimen y la inseguridad.

Para acceder al boletín de prensa de la encuesta hacer click aquí.

P.D.: Originalmente había colocado el link de la encuesta en la página de IUDOP, pero éste experimentó fallas, por lo que trasladé el archivo a una página alternativa.

26 de noviembre de 2007

Comunicaciones recibidas: "Su Blog"

Gracias a un mail recibido, agregué a la lista de sitios relevantes en
el tema el del Observatorio Centroamericano sobre Violencia (OCAVI)
cuyo URL es http://www.ocavi.com/

22 de noviembre de 2007

"Pronta y cumplida justicia..." (?)

Actualmente en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se tramitan tres acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo (LECAT) El primero fue interpuesto por el abogado José Francisco García con fecha 27 de febrero de 2007 (Ref. 22-2007), el cual según la consulta púbica en línea de la Sala de lo Constitucional, ya fue trasladado a la Asamblea y a la Fiscalía General de la República en cumplimiento con la Ley de Procedimientos Constitucionales, dichas instituciones ya evacuaron los traslados. La FGR devolvió el traslado a la Sala de lo Constitucional el día 27 de agosto de 2007. Hasta el momento la Sala no se ha pronunciado sobre esta acción de inconstitucionalidad a ya casi tres meses del último trámite procesal registrado.

Por su parte, las otras dos acciones de inconstitucionalidad presentadas, ni siquiera han sido admitidas. La segunda acción de inconstitucionalidad se presentó el día 29 de marzo de 2007 (Ref. 42-2007), conjuntamente por la Concertación por la Paz, la Justicia Social y la Reconciliación y el Foro para la Defensa de la Constitución la cual fue objeto de prevenciones por parte de la Sala, las cuales fueron evacuadas por los accionantes el 4 de junio del mismo año sin que hasta la fecha en que se escribe esto haya respuesta algunas sobre la admisión de la referida demanda.

En este ínterin, sucedieron los hechos del 2 de julio, en los cuales, luego de una intervención policial sobre actividades de protesta social en la ciudad de Suchitoto por la que se capturó a 14 personas y se les proceso por "actos de terrorismo" según las disposiciones de la LECAT. Cumpliéndose de esta forma las críticas previas formuladas a esta legislación: que su elaboración era con dedicatoria para intervenir y reprimir la protesta social. Los imputados de dichos acontecimientos aún siguen bajo instrucción en espera de la audiencia preliminar.

La tercera demanda contra la LECAT fue interpuesta por miembros del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) el día 18 de julio de 2007 (Ref. 89-2007). En este caso no se registra actividad procesal luego de su interposición, es decir, está estacionada.

A estos antecedentes se puede contrastar el hecho que la Sala de lo Constitucional ha resuelto otros procesos interpuestos con posterioridad a las primeras dos inconstitucionalidades en contra de la LECAT. El caso más evidente es el de la resolución que declaró inconstitucional el Convenio 87 de la OIT, que había sido ratificado por El Salvador recientemente y que entre otras cosas reconocía el derecho de sindicalización de los empleados público. Las acciones de inconstitucionalidad contra dicho tratado (2) se presentaron el 29 de mayo y el 26 de junio. Meses despues que las primeras acciones en contra de la LECAT. Y la resolución dilató -tomando como punto de partida el 29 de mayo- cuatro meses con diecisiete días. Mientras que la primera acción contra la LECAT está por cumplir nueve meses a fines de noviembre sin recibir respuesta.

Súmese a estos antecedentes el hecho que la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) presentó ante la Corte Suprema de Justicia en pleno, un recurso de queja por retardación de justicia, debido a que luego de dos años de interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el nombramiento de Julio Moreno Niños como representante del Partido de Conciliación Nacional ante el Tribunal Supremo Electoral, la Sala no ha resuelto dicha petición y el mencionado funcionario sigue participando y avalando decisiones sin que se haya resuelto su situación jurídica y su tiempo de nombramiento sigue corriendo acercandose a su fin.

Por lo que aparentemente (perdonen el eufemismo), no hay un tratamiento igualitario a las causas, por lo que la Sala debería transparentar con qué criterios es que se obtienen los resultados dispares arriba señalados, pues parece que ellos escapan de lo meramente técnico-procesal.

13 de noviembre de 2007

Nueva publicación disponible en Internet

La Red de Policías y Sociedad Civil de Latinoamérica, recientemente llevó a cabo su curso anual de Liderazgo para el Desarrollo Intitucional Policial en el cual, intelectuales, activistas de sociedad civil y oficiales de policía participantes contribuyeron con la elaboración de materiales de discusión y reflexión, los cuales, creados específicamente para dicha actividad, se han reunido en una publicación denominada Policía, Estado y Sociedad: Practicas y Saberes Latinoamericanos, la cual, se encuentra disponible desde Internet en el portal de Comunidad Segura, para descargarlo haz click aquí.

El administrador de este blog participó en dicha compilación con una comunicación intitulada "La policía en sociedades postconflicto" (Pag. 218)

29 de septiembre de 2007

Desde Chile: Conferencia Internacional sobre Seguridad Ciudadana

En el marco del 50 aniversario de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) La entidad, con sede en Santiago de Chile, en conjunto con Georgetown University, el departamento de Seguridad Pública de la OEA y con el patrocinio de Open Society Institute, celebró la Conferencia Internacional “Seguridad y Democracia en las Américas: mejorando la gestión de la seguridad ciudadana” los días 24 y 25 de septiembre.

En dicha actividad, el caso salvadoreño fue expuesto por el administrador de este blog.

Para ver las presentaciones y resumenes de la conferencia, haz click aquí.

27 de septiembre de 2007

Comunicado de ex consultores PNUD

La impunidad con cifras oficiales

Entre diciembre 2006 y mayo 2007, un equipo de seis abogados y un médico forense, por contratación de PNUD, ejecutamos el proyecto “Deficiencias policiales, fiscales y judiciales en la investigación y juzgamiento causantes de impunidad”, cuyo Informe Final se hizo público por decisión del organismo internacional el 6 de junio del presente año. (Puede consultarse en http://www.elfaro.net/secciones/Noticias/20070723/informe.pdf). En esa ocasión, los resultados fueron comentados por los distinguidos profesionales René Hernández Valiente, Francisco Bertrand Galindo h. y Joaquín Samayoa, quienes destacaron el rigor metodológico, la solidez de las conclusiones y la utilidad de las recomendaciones.

Dado el objeto de la consultoría, el Informe aborda con crudeza las graves deficiencias en la investigación del delito de homicidio y el juzgamiento del delincuente origen de la impunidad. Las más relevantes deficiencias policiales y fiscales encontradas en los expedientes administrativos estudiados fueron: a) desprotección de la escena del delito; b) frecuente falta de identificación y procesamiento de huellas; c) reiterada ausencia de exámenes serológicos; d) repetida ausencia de prueba balística; e) inadecuado proceso de búsqueda, identificación y localización de testigos; f) sistema de protección de testigos inoperante; g) numerosos expedientes sin hojas de autopsia; h) falta o insuficientes inspecciones oculares e i) continuo incumplimiento policial de las instrucciones fiscales, dejando de manifiesto la descoordinación entre ambos. En los expedientes judiciales se encontró como deficiencias principales: a) insuficiente fundamentación de las resoluciones; b) inadecuada apreciación de medios de prueba; c) pasiva actitud del Juez en la búsqueda de la verdad.

El Informe estableció, además, que el 85.8 % del total de homicidios ocurridos en 2005 en los municipios de San Salvador, San Ana y San Miguel, no habían sido llevados ante los Tribunales, y que sólo el 3.8 % habían sido esclarecidos y condenados judicialmente. Utilizando las cifras oficiales del Instituto de Medicina Legal (Boletín sobre homicidios, Año 2, Nº 1, enero 2006), esos porcentajes apenas se modifican: el primero baja a 82.6 % y el segundo sube a 4.8.

El Informe plantea de manera constructiva recomendaciones que ayudarían a superar las debilidades encontradas, enfatizando en la necesidad de fortalecer la investigación científica del delito, mejorar la coordinación entre las instituciones relacionadas con la administración de justicia penal, realizar evaluaciones internas de las instituciones, promover la capacitación y motivación personal y mejorar el sistema de registros estadísticos.

El Gobierno de la República, a través de su Ministro de Seguridad Pública y de Justicia, salió al paso de manera agresiva, más interesado en ocultar los problemas que en buscar soluciones a la violencia y la impunidad que golpean al país y ahuyentan la inversión.

Impidiendo la discusión de fondo, el Ministro sostuvo que los resultados del Informe no son válidos porque los consultores somos militantes o simpatizantes de la izquierda. Después dijo que los datos de homicidios del 2005 son desfasados y no reflejan los avances recientes. Luego, que PNUD habría roto el protocolo al no mostrar el Informe al Gobierno antes de dar a conocer sus resultados. Finalmente, ha insinuado que el PNUD fue defraudado o engañado por los consultores.

Tales actuaciones no convencieron a nadie salvo a la señora Representante Residente de PNUD, quien ha decidido archivar el Informe y el tema en sus relaciones con el Gobierno, al cual el Organismo se debe, según su particular punto de vista. Ciertamente, en un país polarizado y violento como el nuestro, donde prevalece la impunidad, se oculta las deficiencias, se presentan resistencias institucionales a buscar soluciones reales al problema de la inseguridad y se alteran con facilidad los índices delincuenciales, hace falta más experiencia, visión y capacidad que la suya para conducir la asistencia internacional en materia de gobernabilidad democrática.

Por otra parte, contrariando toda dimensión ética, el Director del Instituto de Medicina Legal, IML, en declaraciones aparecidas en un periódico local, afirmó que el PNUD fue “estafado” porque las cifras de homicidios reveladas en el Informe son inexactas. Ante tales declaraciones, hemos presentado solicitudes al Director del IML y al Honorable Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Al primero para que proporcione los datos oficiales sobre homicidios y permita confrontarlos con nuestros hallazgos; a la segunda, para que ordene una auditoría en el IML, con el objeto de garantizar la transparencia en el manejo de las estadísticas sobre los delitos de esta naturaleza. Todavía no hemos recibido respuesta.

Han pasado casi cuatro meses desde que el Informe se hizo público y nadie ha presentado evidencia seria, comprobable, que contradiga nuestra investigación.

Finalmente, al tiempo que les estimulamos a profundizar en el tema, agradecemos a los rectores universitarios, académicos, intelectuales, religiosos, profesionales, editorialistas, organismos no gubernamentales, colegas, jóvenes y a la población en general, por las muestras de reconocimiento y apoyo a nuestra labor técnica, de solidaridad ante al embate del Ministro de Seguridad Pública y Justicia, y ante la inaceptable actuación de la representación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

San Salvador, 25 de septiembre de 2007

Francisco Díaz DUI 02377745-6

Sidney Blanco DUI 02484765-2

26 de septiembre de 2007

El Salvador: Continúa polémica de informe sobre homicidios

Sydney Blanco y Francisco Días, ex consultores de PNUD que elaboraron el estudio sobre la eficacia de la investigación criminal en el delito de homicidio, se han pronunciado para exigir respuestas serias al estudio por ellos elaborado y que, en su momento, generó una fuerte polémica y tensión entre las autoridades gubernamentales y PNUD. Ver la noticia periodística.

Para ver el referido estudio, revisa la columna de "Novedades" en este blog.

5 de septiembre de 2007

Editorial en Boletín Seguridad y Derechos Humanos del IIDH

Estimados,

recientemente fui invitado a elaborar el Editorial del número más reciente del Boletín Seguridad y Derechos Humanos, publicación del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)

El editorial se intitula "Maras y pandillas: el desafío de la inclusión, la democracia y el Estado de Derecho" y pueden acceder a él, haciendo click en el título.

Grupos de exterminio. Nuevos cuentos, viejas prácticas

Por Edgardo A. Amaya Cóbar

Recientemente los medios de comunicación han colocado en sus principales espacios la noticia sobre la existencia de grupos de exterminio de presuntos delincuentes, que tendrían participación de miembros o exmiembros de la PNC en sus actividades ilícitas.

Tras la noticia, se han generado algunas hipótesis sobre las segundas o terceras intenciones de la acción de las instituciones en este caso. En primer lugar, las especulaciones han surgido cuando, al capturarse el primer sospechoso -un sargento de la PNC señalado de actividades de sicariato, detenido en flagrancia por elementos militares a instancias de familiares de una de sus víctimas- puesto que las autoridades policiales han manifestado que ya existía una investigación en contra de dicho oficial. Sin embargo, había sido mantenido en su cargo en el área de investigaciones y, de no ser por la captura en flagrancia realizada por los efectivos militares, no podríamos adivinar cual hubiese sido el futuro de la supuesta investigación.

Posteriormente, las investigaciones han develado la existencia de otros involucrados, quienes, cuando menos, habrían encubierto o favorecido la evasión de la justicia de otros involucrados. Además, el relato periodístico sugiere el patrocinio de otros actores, en particular, empresarios de la zona.

La trama es conocida. La hemos visto antes en países como Brasil, Guatemala, Honduras. En determinados momentos, en el marco de elevados niveles de violencia, gran sensación de inseguridad ciudadana e impunidad, aparecen estas iniciativas, estos altruismos perversos, supuestos justicieros que operan ante la ineficacia de la institucionalidad, quienes desde los ojos de personas asustadas y desesperadas son aprobados y hasta defendidos.

Sin embargo, el desenlace de la trama, como ha sido visto, no es feliz. Dichas actividades generalmente están mediadas por la corrupción para favorecer la comisión e impunidad de otras actividades ilícitas: homicidios, amenazas. Luego, quienes las cometen y favorecen son criminales y corruptos, no justicieros. Cuando matan a un presunto delincuente, no hacen “justicia”, solamente regulan el mercado. No es un favor.

No bastando con ello, se vuelven tan fuertes y se instalan tanto, que terminan revirtiéndose en contra de aquellos que una vez creyeron en ellos y las posibilidades de su control son mínimas porque ellos manejan los hilos de la impunidad.

La temática sobre la existencia de grupos de exterminio en El Salvador no ha sido suficientemente tratada. Las posiciones oficiales al respecto, en particular, las de la PNC han sido ambiguas, cuando no, contradictorias, como en el contexto de las investigaciones de la denominada Sombra Negra donde se señaló que mandos de la misma institución intentaron sabotear las investigaciones realizadas por el Departamento de Investigación del Crimen Organizado (DICO) Posteriormente el DICO fue desarticulado cuando realizaba investigaciones sobre la participación de elementos policiales en la ejecución de presuntos delincuentes.

Entre los años 2000 y 2006, los seguimientos periodísticos de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) han recopilado más de seiscientos casos en los que, por la forma de su ejecución relacionado con los antecedentes de la víctima (pandillero, tatuado, presunto delincuente), presencia de elementos uniformados o enmascarados, uso de logística como vehículos y armas de grueso calibre, evidencias de planificación o las características de ejecución como tiro de gracia, manos o pies amarrados, plantean la probabilidad de ser producto de acciones de grupos de exterminio. Lo anterior se viene a sumar a lo planteado por otras instituciones como la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado que ha realizado investigaciones in situ y ha constatado la existencia de dicha práctica, en algunos casos, con participación de elementos policiales. Además se debe agregar el triste precedente de la denominada Sombra Negra, que operó en San Miguel en los años 94-95 y cuya investigación y proceso judicial dejaron impunes los hechos.

En lo consiguiente, la PNC ha negado la existencia de dichas agrupaciones, en otras lo han afirmado, pero siempre habían negado la existencia de la participación de la institución en dichas actividades.

Ahora, múltiples elementos de la institución enfrentan procesos por su participación en el marco de actividades ilícitas vinculadas con sicariatos por encargo y extorsiones. Sin duda, es un hecho positivo el que las autoridades judiciales y de seguridad hayan procedido a la investigación y procesamiento de los sospechosos, independientemente de su procedencia institucional. Lo que cabe esperar es que las investigaciones profundicen sobre las redes y niveles superiores en que se articulan estas prácticas y que éstas sean impactadas por la aplicación de la justicia.

Sin embargo, lo que vemos es una respuesta a hechos consumados, es decir, reactiva y como tal, busca la individualización de responsables por hechos concretos y por esta vía, argumentar la tesis de las “manzanas podridas” que es necesario retirar para evitar la contaminación del resto. Esta verdad es solamente parcial, pues reduce los hechos a la voluntad individual de los involucrados como factor de ocurrencia, descartando la negligencia institucional en su prevención oportuna a través de mecanismos de control y seguimiento eficientes y efectivos, lo cual es una debilidad crónica de la PNC desde su fundación. Entonces, la responsabilidad ya no es exclusivamente individual sino que involucra a la institución por negligencia y omisión.

22 de agosto de 2007

[Desde Chile] Flacso lanza reporte sobre Sector Seguridad en AL

El Programa Seguridad y Ciudadanía de FLACSO-Chile ha publicado el Reporte del Sector Seguridad de América Latina y el Caribe 2007 que analiza la situación y desafíos de la Defensa, Seguridad Pública y los servicios de Inteligencia en la región.

Este volumen de análisis comparado fue realizado con aporte de la Fundación Open Society y auspicio de la Organización de Estados Americanos. Esta investigación plantea interrogantes sustantivas sobre el desarrollo del sector seguridad en términos de la autonomía, el liderazgo civil y los desafíos de profesionalización en cada una de las instituciones analizadas.

Para descargar el documento favor haga click en la siguiente imagen.

Para más antecedentes favor consultar a seguridadyciudadania@flacso.cl

11 de agosto de 2007

Índices delictivos, aritmética y censura periodística

Me han compartido una columna periodística que no llegó a ser publicada en la Revista Enfoques de la Prensa Gráfica (no se detallan los motivos, pero es fácil intuir alguno) La columna es una interesante mezcla de análisis del discurso oficial sobre los índices delictivos y aritmética simple usada como una poderosa herramienta de crítica política. Pueden ver la columna haciendo click aquí.

27 de julio de 2007

Liberan provisionalmente a los detenidos del caso Suchitoto

El día 26 de julio de 2007, luego de una audiencia especial de revisión de medidas, la jueza especializada de instrucción de San Salvador, cambió la detención provisional de las personas que permanecían privadas de libertad y hoy 27 de julio han salido de los centros penitenciarios donde se encontraban.

Estas personas fueron privadas de su libertad a raíz de las capturas del pasado 2 de julio de 2007 en la ciudad de Suchitoto en el marco de una protesta pública, donde se detuvo a 14 personas en diversas circunstancias, de las cuales, una fue liberada al inicio del proceso y a las otras 13 aún se les imputa la comisión de hechos tipificados en la legislación antiterrorista y se les procesa en tribunales especializados de Crimen Organizado.

Los hechos generaron una amplia movilización solidaria de la sociedad civil nacional e internacional en defensa de los derechos de la ciudadanía a expresarse y reunirse, así como para denunciar y rechazar los usos abusivos y políticamente autoritarios de las legislaciones especiales (Ley especial contra actos de terrorismo y la Ley contra el Crimen Organizado y delitos de realización compleja). Ver noticia

FESPAD pide rechazar propuesta de reformas al Código Penal

Edgardo Amaya, coordinador del proyecto de Seguridad Pública y Justicia de FESPAD y María Silvia Guillén, directora de FESPAD.


Eduardo Toledo
Gloria Silvia Orellana
Mirna Jiménez
Redacción Diario Co Latino 26 de julio de 2007


La directora de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), María Silvia Guillén, dijo que las propuestas de reforma «son un intento de seguir politizando la vida jurídica del país” , por lo que pidió a los órganos del Estado mayor seriedad ”.

Para esta fundación las leyes: Antiterrorista y del Crimen Organizado, y los Tribunales Especiales, lo único que pretenden es crear en el país un estado de excepción permanente y que la población tenga menos libertades.

Con dichas reformas al Código Penal, en el artículo 348, lo que se pretende es trasladar de forma corregida y aumentada la Ley Antiterrorista, lo que se traduce en una pena ilegítima y con imputados sin derecho a juicio.

«Las personas no podrán gozar de medidas sustitutivas, lo cual se convierte en un escarmiento y una medida ejemplarizante para intimidar a la ciudadanía», dijo Edgardo Amaya, coordinador del proyecto de Seguridad pública y Justicia de FESPAD.

Amaya sostuvo que “las leyes del Crimen Organizado y la Antiterrorista han contribuido a crear un sistema paralelo, lo cual constituye una violación al derechos de los y las imputadas, a un juicio justo, según los estándares establecidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

Por ello FESPAD pide a la Asamblea Legislativa no aprobar las propuestas de reformas del artículo 348 del Código Penal; a la Fiscalía General de la República le pide iniciar las investigaciones por los acontecimientos de Suchitoto y los delitos que la Policía Nacional Civil cometió, y al Órgano Judicial le pide resolver las acciones constitucionales presentadas ante la Sala de lo Constitucional .

IDHUCA un desacierto más del Ejecutivo
Por su parte, Guadalupe de Espinoza, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), consideró un desacierto la petición del Ejecutivo de penalizar con diez años el “atentar” contra la paz pública.

La jurista explicó que el derecho penal es la “última” alternativa de un Estado para aplicar al “problema” que aborden, y el Ejecutivo, al realizar este cambio en el contenido o tipificación del delito quita el nivel de concreción de la ley.

“El concepto ha quedado muy ambiguo porque según conceptos del derecho penal, quitar la paz pública es un ataque gravísimo al sentimiento generalizado de la población a su seguridad y no una simple molestia por no llegar a tiempo a otro sitio”, argumentó.

Asimismo, observó contradicciones subjetivas que rayan en lo ilógico. “Si usted va por la calle y en su pasado fue víctima de la Fuerza Armada durante el conflicto armado –suponga- los ve desfilar por las principales calles y con armas, ese desasosiego provocado y temor se constituye en un delito contra usted y puede ir a la Fiscalía General de la República a interponer su denuncia, porque sería una agresión”, ejemplificó.

Según Presidente Saca se abusa de la libertad
En el marco de la celebración del Día del Periodista realizada ayer, el Presidente de la república Elías Antonio Saca afirmó que las reformas que se han presentado al pleno legislativo son para poner orden.

“Tienen por objeto preservar las libertades pero a la vez darle un marco legal a las autoridades para poder llevar a la justicia a aquellos que abusando de las libertades cierren calles, o dañan la propiedad privada”, declaró Saca.

La interrupción de consultas por impedir el paso a hospitales en huelgas es un punto al que el ejecutivo le ha puesto énfasis y piensan sancionarlo severamente.

“Aquí nadie tiene ningún problema para manifestarse, todo mundo puede ir a la calle, puede manifestarse, puede decir lo que quiera del gobierno, lo que no se puede y lo que no se vale en la democracia es destruir la propiedad privada y la propiedad país. Lo que no se vale en la democracia es impedir que los pacientes vayan a los hospitales, lo que no se vale en la democracia es impedir que se celebre una audiencia”, fueron las justificaciones de Saca.

26 de julio de 2007

Informe de la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y Paz Social

El informe de la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y Paz Social, intitulado "Seguridad y Paz. Un reto para el país" Ha sido colocado en el sitio web del Programa Hacia una Sociedad sin Violencia, desde donde puede descargarse en formato PDF.


24 de julio de 2007

Informe final sobre homicidios e impunidad en El Salvador

Estimados y estimadas:

El periódico digital El Faro, ha puesto en su edición de esta semana, la versión final del estudio “Deficiencias policiales, fiscales o judiciales en la investigación y juzgamiento causantes de impunidad” mismo al que hemos dedicado un par de comentarios en este blog. Para ver y descargar el informe, has click aquí.

16 de julio de 2007

Autoritarismo y ley penal


Por Edgardo A. Amaya Cóbar

Auctoritas non veritas facit legem decía Hobbes, autor del Leviatán. Es la autoridad, la fuerza, la que hace la ley, no la razón. Con ello reconocía que la ley podía ser un instrumento del más fuerte y no necesariamente un instrumento del bien común o la sensatez. Luego de trescientos cincuenta años, la sabiduría de dicha frase sigue siendo vigente, y como lo atestiguamos en El Salvador, ello es cada vez más patente.

La categoría autoritarismo, o el adjetivo autoritario/a que se anexan en algunas visiones y discursos sobre la gestión del poder en el país trilladas por el uso que de ellas se hace en discursos panfletarios y radicaloides, no es totalmente descartable ni inadecuada, si recurrimos, con rigor, a la Ciencia Política.

Según Mario Stroppino, el autoritarismo se caracteriza por ser una tendencia dominante hacia el mando antes que al consenso, falta de valoración de las instituciones representativas y reducción o falta de atención hacia la oposición, así como la anulación o eliminación del contenido de los procedimientos establecidos institucionalmente (controles). El autoritarismo tiene su basamento en el principio de autoridad, con una marcada utilización de medios coercitivos y la restricción de la libertad para la imposición del orden, el cual constituye su bien o valor primordial (Stroppino, Mario. “Autoritarismo”, en Manteucci, Niccola y Norberto Bobbio. Diccionario de Política, Siglo XXI editores, Madrid. 1987, Págs. 143-155)

Quizás uno de los indicadores por excelencia del autoritarismo es su intolerancia a la oposición, a todo lo que no se adecue a “su orden”. Sobre esto, para muestra, recordemos que el Presidente de la República ha llamado “estorbos” a la oposición política.

Podríamos tomar como parámetro de medición de la intolerancia la graduación de sanciones de la ley penal. El homicidio simple de una persona enfrenta penalidades de diez a veinte años y en el caso del homicidio agravado de treinta a cincuenta, mientras que los capturados procesados por la ley antiterrorista enfrentan penalidades de cuarenta a sesenta años. Parecería que manifestarse en contra de políticas gubernamentales equivale a atentar contra el Presidente de la República. Es más grave criticar, disentir, protestar, que un homicidio. (Dicho sea de paso, la menor importancia del homicidio se evidencia en los pobres resultados que se obtienen en la investigación de este delito -96% de impunidad- como lo mostró el estudio de PNUD)

También resulta aplicable a nuestra realidad otra de las características asignadas al autoritarismo: la utilización de medios coercitivos y la restricción de la libertad para la imposición del orden. Sobre esto podemos partir de antecedentes tales como las más de trescientas reformas a la legislación penal, la creación de legislaciones especiales como la Ley especial contra actos de terrorismo y la Ley contra el Crimen Organizado y delitos de realización compleja, que aumentan la capacidad de captación y afectación de la ciudadanía por el sistema penal, y –como ya lo constatamos–, para ser utilizadas como instrumento de intimidación y restricción de los derechos de libertad de expresión, de asociación y reunión, mediante la criminalización de la protesta.

Sin embargo, dado el escándalo nacional e internacional de las capturas de los manifestantes de Suchitoto bajo figuras de la Ley antiterrorista. El ciudadano Saca –según lo manifestó el sábado– en un acto de constricción ha decidido enmendar la situación (digo ciudadano, por aquello que no es Presidente en horas y días no laborales) La “solución” (¿¡!?) sería aumentar las penas del delito de “desordenes públicos” y aplicarla a las manifestaciones, en lugar de la Ley antiterrorista, para lavar la imagen tan autoritaria que por ahora ha dejado a la vista, cuando lo que propone es hacer exactamente lo mismo con otro nombre.

13 de julio de 2007

Avanzada autoritaria

Por Edgardo A. Amaya Cóbar

La captura de catorce personas en el marco de una manifestación y el posterior procesamiento y detención preventiva contra trece de las mismas por cargos de la ley antiterrorista, es la evidencia dramática de la reconversión autoritaria de la institucionalidad salvadoreña. Constituye una confirmación contundente de lo que veníamos denunciando respecto de la Ley antiterrorista y la ley contra el Crimen Organizado: que fueron creadas para ser instrumentalizadas de acuerdo a conveniencias políticas y no para cumplir necesariamente los fines de los que dicen ocuparse, básicamente: crear un ambiente de intimidación para coartar de hecho y de derecho, la libertad de expresión y manifestación de la ciudadanía inconforme.

Sin embargo, este dato si bien, el más demostrativo en la actualidad, solo es la secuela de una serie de acontecimientos -algunos conocidos, otros no- que dan cuenta de la creciente devaluación de los derechos y libertades de la ciudadanía frente a la arbitrariedad y al poder punitivo del estado, con lo cual se da una general devaluación de la calidad de nuestra democracia.

Periódicamente hay peticiones de investigación de hechos violatorios de los derechos humanos a la Fiscalía General de la república. La respuesta es el silencio. Lo que pone en duda la voluntad de dicha institución por proteger los derechos humanos de los ciudadanos del país y de controlar los abusos de poder denunciados. No se trataría entonces, solamente de la arbitrariedad policial políticamente motivada, sino de un desinterés (¿o complicidad?) por combatir la impunidad y la arbitrariedad del poder. Por el contrario, la FGR, se muestra presta a acusar de actos de terrorismo a un grupo de manifestantes detenidos por la policía, sin revisar la actuación de ésta.

En este torcido entramado institucional, los jueces independientes y de vocación democrática han marcado la diferencia con su autoridad moral y altura profesional, frente a las visiones autoritarias y abusivas que atentan contra los derechos de los ciudadanos. Lamentablemente, parece que esta expectativa ha sido manchada. El cuestionable fallo de la jueza especializada por el cual ordenó procesar a trece de los catorce capturados, y ordenó la detención provisional de los mismos, nos hace temer la confirmación de otro de nuestros temores: la selección de jueces a la medida de las exigencias de esta avanzada autoritaria que se orienta a consolidarse, devolviéndonos a épocas previas a los Acuerdos de Paz.

Tal como lo manifestó la Comisión de la Verdad en sus recomendaciones, respecto del pasado bélico: “Se debilitó el sistema judicial en la medida en que la intimidación la apresó y se sentaron las bases para su corrupción; como este poder nunca había gozado de una verdadera independencia institucional de las ramas legislativa y ejecutiva, su ineficacia no hizo sino incrementarse hasta convertirse, por su inacción o actitud de lamentable supeditación, en factor coadyuvante de la tragedia que ha sufrido ese país (…) Para evadir todo riesgo de recaer en el status quo ante, es indispensable que El Salvador, establezca y fortalezca el correcto equilibrio de poder entre los Organos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, e instituya el pleno e indisputable control civil sobre toda fuerza militar, paramilitar, de inteligencia o de seguridad.” (negritas agregadas)

“El pueblo que olvida su historia esta condenado a repetirla”. En el contexto que se ha generado, se comete una grave omisión del pasado, dentro de las causas del conflicto se encontraban la injusticia social, la violación sistemática de los derechos fundamentales, y como correlato de estas causas, la ausencia de un poder judicial independiente y capaz de sancionar dichas violaciones y proteger a la ciudadanía de los abusos del poder. La tendencia del gobierno por liberarse de controles democráticos, entre ellos, las manifestaciones de disconformidad de la ciudadanía, puede ser un arma de doble filo al cerrar los canales de expresión de la población.

Carta de WOLA sobre los acontecimientos de Suchitoto



H. Elías Antonio Saca González
Presidente de El Salvador
Casa Presidencial
Avda. Dr. Manuel Enrique Araujo 5500
San Salvador, El Salvador

6 de Julio, 2007


Estimado Presidente Saca:

En nombre de la Oficina de Washington sobre América Latina (WOLA por sus siglas en inglés), quisiera expresarle mi gran preocupación acerca de las detenciones que se llevaron a cabo en y alrededor de la municipalidad de Suchitoto el 2 de julio, y sobre los cargos que han sido formulados en contra de los detenidos.

Entiendo que el 2 de julio cuatro individuos fueron arrestados camino a Suchitoto, donde participarían en una protesta contra la política de descentralización que usted estaba anunciando ahí esa mañana. Los individuos eran Marta Lorena Araujo, Presidenta del Consejo de Liderazgo Nacional de CRIPDES; Rosa Valle Centeno, Vicepresidenta del Consejo de Liderazgo Nacional de CRIPDES; María Haydee Chicas, reportera y fotógrafa de CRIPDES, y Manuel Antonio Rodríguez, chofer de la camioneta de CRIPDES. De acuerdo a los reportes, estos cuatro individuos fueron detenidos a varios kilómetros del lugar de la protesta, y previo a su arribo a la misma. Ellos en ningún momento participaron en las actividades de protesta que se dieron lugar en el poblado el 2 de julio.

Entiendo, también, que después de estos arrestos, un grupo de manifestantes se reunió en la estación local de policía para exigir la liberación de los detenidos, y que una confrontación se desató entre los protestantes y la Unidad para el Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional Civil. Al menos diez manifestantes fueron detenidos en ese incidente; por lo menos un oficial de la policía resultó herido, así como un número de protestantes.

Estoy particularmente preocupado por los arrestos de los cuatro miembros de CRIPDES, quienes fueron detenidos previo a su arribo a la manifestación, y angustiado al conocer que han sido acusados de “Crear Desorden Público, Destrucción de la Propiedad y Actos de Terrorismo” conforme a la Ley Antiterrorismo de El Salvador.

Es difícil entrever cualquier justificación legal para la detención de estas cuatro personas, quienes nunca llegaron a la protesta; no hay evidencias claras de ninguna actividad criminal. Estos cuatro individuos no participaron en ningún acto de desorden público, destrucción de la propiedad o en presuntos actos de terrorismo, por lo que es difícil evitar llegar a la conclusión de que sus arrestos tuvieron la intención de prevenir su participación en el acto de protesta, y que fueron motivados políticamente.

Los cargos contra todos los detenidos en Suchitoto por violaciones a la Ley Antiterrorismo son igualmente preocupantes. No presencié, evidentemente, los eventos en Suchitoto, y no puedo asegurar si los detenidos provocaron a la policía antimotines o si estuvieron involucrados en agresión u otras conductas ilícitas. De ser así, las acciones legales pertinentes pueden ser justificables.

Sin embargo, existe una importante distinción entre actos de protesta, incluso aquellos que van contra la ley, y actos “terroristas”. El respeto por la democracia y la libertad de expresión exige que esta distinción sea observada.

Esta semana, al desechar los cargos por violaciones a la Ley Antiterrorismo contra Vicente Ramírez, líder del sindicato de vendedores ambulantes, el Juez salvadoreño Rigoberto Chicas determinó que los actos de terrorismo se definen por ser perpetrados con el objeto de causar terror, y que dicha definición no aplica a los actos de protesta. Asimismo, asentó que el término “terrorismo” no debe ser aplicado de forma irresponsable.

Los cargos por violaciones a la Ley Antiterrorismo, y el discurso consiguiente, no han contribuido a una atmósfera conducente al diálogo político; en cambio, han propiciado un clima de miedo, intimidación y confrontación política.

Esperamos que su gobierno y el Fiscal General retiren todos los cargos contra Marta Lorena Araujo, Rosa Valle Centeno, María Haydee Chicas y Manuel Antonio Rodríguez, y descarten los cargos antiterrorismo en todos los casos relacionados con los eventos del 2 de julio.

Atentamente,


Geoff Thale
Director de Programas



CC: Felix Garrid Safie, Fiscal General
Embajador René Antonio León Rodríguez
Beatrice Alamanni de Carrillo, Ombudsman para la Defensa de los Derechos Humanos

6 de julio de 2007

Con una profunda indginación, que nos deberá fortalecer!!!

Comparto con ustedes una correspondencia enviada por María Silvia Guillén, Directora Ejecutiva de FESPAD (con autorización de la autora)


Compañeras, compañeros:

Más que tristeza, es indiganción lo que nos atraviesa en este momento; hasta dónde van a llevar este país? Dejar a las y los compañeros detenidos para que la Fiscalía pueda recoger la prueba que ahora no pudieron presentar, es una tremenda injusticia, es un manejo arbitrario de la justicia; más cuando la jueza y todos los funcionarios que han participado en esta audiencia saben que todo esto ha sido un montaje; quienes mejor lo saben, son esos funcionarios que no participan en el sistema judicial, pero que hoy por hoy lo manejan.


Quién va a creer que en nuestro pais, el que se vende como el modelo de democracia, se acusa de terroristas a un grupo de personas que protestaban pacíficamente por el derecho al agua y contra la intención de privatización; los videos demuestran que fue un acontecimiento pacífico, la gente lanzó piedras como reacción al ataque de la UMO. A las y los compañeros de CRIPDES cuando se les detuvo les dijo el policía que era por una infracción de tránsito, se ha visto en un reportaje de la TCS, unos minutos después, esto estaba convertido en actos de terrorismo.

Hemos tenido conocimiento por el radio que golpearon a Lorena y a las otras y los otros compañeros cuando los subieron al camion para trasladarlos al sitio donde van a quedar detenidos. Hay un señor de más de 70 años que se encuentra muy mal de salud y no se le está dando atención médica.

Es una detención legal, pero apoyada en leyes violatorias de la Constitución, frente a las cuales, una jueza con ética debió haber declarado inaplicables sus disposiciones, tal como la faculta la Constitución misma. A más de la detención arbitraria que se ha hecho, es una detención que se base en la pérdida de la independencia judicial, sustentada en el sometimiento del órgano judicial al órgano ejecutivo, a los intereses del poder. Que triste para las y los jueces democráticos del país, que han venido acompañando y cobijando a esta jueza, a Lucila Fuentes De Paz, en su crecimiento profesional y en sus pretensiones de cargos públicos.

Es muy triste, muy injusto por las y los compañeros detenidos, por nuestro pueblo que no ve la posibilidad de acceso a la justicia, que no ve la posibilidad de respeto a la dignidad de la gran mayoría; es triste, pues esto ciega la posibilidad de democracia y de estado de derecho que se decía en construcción en nuestro país.

Habría que recordar a los poderosos y a tanto servil que les rodea, las palabras de Monseñor Romero en aquellos años:
" A mí me da miedo, hermanos, cuando leyes represivas o actitudes violentas están quitando el escape legítimo de un pueblo que necesita manifestarse. ¿Qué sucede con la caldera que está hirviendo y no tiene válvulas de escape? Puede estallar. Todavía es tiempo de dar a la voz de nuestra gente la manifestación que ellos desean. Con tal de que haya, al mismo tiempo, la justicia que regula. Porque naturalmente, hermanos, cuando defendemos estas justas aspiraciones no estamos parcializándonos con reclamos terroristas. La Iglesia no está de acuerdo con la violencia de ninguna forma, ni la que brota como fruto de la represión ni la que reprime en formas tan bárbaras. Simplemente llama a entenderse, a dialogar, a la justicia, al amor (Homilía 19 de marzo de 1978, IV p. 79)."
Qué se pretende ? Que nos llenemos de miedo y guardemos silencio? Que nos llenemos de miedo y dejemos a las y los compañeros a su suerte? Pues nada más equivocado, hoy como ayer y como siempre, con más energía, con más fuerza, con solidaridad y compromiso a defender, cada quien con sus propias herramientas, los derechos de todo un pueblo que dice basta ya a tanta ignominia.

Mi indiganción y mi inclaudicable compromiso con la justicia y la liberación.

Un abrazo a todas y todos.

María Silvia.

2 de julio de 2007

El informe de la polémica

Por Edgardo A. Amaya Cóbar

Luego de su presentación, el informe intitulado “Deficiencias policiales, fiscales o judiciales en la investigación y juzgamiento causantes de impunidad” (ver “Resumen ejecutivo” (¡¿diez megas y 64 páginas?!), patrocinado por el PNUD en El Salvador, las reacciones políticas generadas por el mismo, en particular, las de las autoridades de seguridad pública, fueron objeto de gran cobertura y discusión pública.

El Ministro de Seguridad Pública y Justicia –apenas conocidos algunos datos– descalificó el informe, señalando la existencia de sesgos ideológicos debido a la supuesta inclinación de los consultores del estudio. Posteriormente, agregaron, que los datos utilizados (de 2005) eran desfasados y que no reflejaban la situación actual.

No bastando con las descalificaciones y ataques al estudio, el Ministro citado, incluso anunció la presentación de una protesta oficial ante la representación del organismo de Naciones Unidas.

Un organismo intergubernamental como PNUD, regido por estrictas directrices diplomáticas, enfrentaba una situación difícil, pues un gobierno parte se quejaba y se generaba una tensión que afecta precisamente las relaciones entre PNUD y su contraparte gubernamental.

Alguien dijo que a veces las aclaraciones terminan oscureciendo más las cosas y precisamente eso fue lo que sucedió –con ayuda de una primera plana de La Prensa Gráfica- cuando se manejó que el PNUD “se había desmarcado del informe”, nota en la que se colocaban algunas declaraciones poco claras de la representante del organismo.

En un gesto inusual, PNUD publicó un comunicado para oficializar su posición alrededor de las diferentes opiniones e informaciones suscitadas. En un lenguaje diplomático, PNUD establece que la selección de consultores se da sobre criterios técnicos y no ideológicos. Además, asume la responsabilidad por el informe, desmintiendo de esta manera las versiones periodísticas que sugerían un retiro de apoyo al documento, mismas que cubrían la complacencia oficial ante la supuesta retractación. Si pudieramos resumir la reacción, es una suerte de declaración galileica: “Y sin embargo, se mueve”, es decir, a pesar de la polémica y los intentos de descalificar e invisibilizar los datos, ellos están ahí…

¿Por qué tanto revuelo? Me parece que el asunto tiene dos vertientes. La primera, y más importante, es que se tocó el punto débil, el talón de Aquiles, de la justicia penal: la impunidad. Y con ello se desbarata y se cuestiona frontalmente la política criminal gubernamental implementada hasta el momento, sus discursos punitivos y sus ínfimos resultados.

En segundo lugar, es obvio que en el marco de la campaña electoral tácita en que vivimos, pareciera que existe la intención de acallar cuestionamientos u opiniones que contradigan las versiones oficiales que pongan en duda sus “logros”. Resulta extraño que La Prensa Gráfica haya dado una gran cobertura al estudio –incluso, tuvo la primicia un día antes– y luego, sea la misma que colocó en primera plana un titular como “PNUD se desmarca de informe”, lo que desde mi punto de vista, contribuyó a generar opiniones negativas y prejuicios contra el estudio, pero que el comunicado de PNUD desmiente.

(Digo, me parece extraño y poco casual, pues es el mismo medio que ha tomado las polémicas decisiones de negarse a publicar campos pagados de un partido de oposición que daba su posición frente al tercer aniversario de la administración Saca, así como el comunicado de una ONG internacional que cuestionaba al gobierno por la ausencia de planes de protección civil y mitigación de riesgos.) Sobre esta sospecha véase en este blog: "Pregunta al señor ministro de Seguridad Pública y Justicia Penal"

8 de junio de 2007

Lamentablemente adiviné...

Por Edgardo A. Amaya Cóbar

Hace algunos años (No hace mucho, en 2004. Cuando hablo así me siento viejo) vino Alicia Miranda (saluditos) a la oficina y charlamos un rato sobre la cuestión de las cifras delictivas y la impunidad. Y en aquel entonces -otra vez parezco viejo- le compartí algunas interrogantes para el reportaje que realizaba:
"Cuántos casos introduce la Fiscalía a un proceso penal y [cuántos] se archivan? ¿Cuántos de los que entran a procesos penales llegan hasta juicio? ¿Y cuántos de los que llegan a juicio son condenados? (...) si se pudiera contabilizar esa información 'resultarían datos escandalosos' ".

Pues sí, así fue... Escandaloso. En 2005 cuando realizamos un estudio sobre investigación criminal en El Salvador, usando datos de la Fiscalía General de la República sobre homicidios en 2004, determinamos que se lograba condenar a un 7.4% del total de homidicios conocidos en un año. (Cuando comentamos estos datos con Alberto Binder, su irónica reacción fue "cerremos la justicia penal")

Bueno, pues hoy 8 de junio, PNUD presentó una investigación realizada por Francisco Díaz y Sidney Blanco -ambos reconocidos abogados del país- cuyos datos de tendencias más impactantes -basadas en una muestra de casos- fueron:
  • El 86% de los casos de homicidio no llegan a sede judicial para continuar un proceso penal. Básicamente por falta de individualización y esclarecimiento.
  • Solo un 14% de los casos llegan a sede judicial para ser procesados.
  • Un 3.8% del total de casos llega hasta juicio y recibe condena.
  • El sistema genera entonces un96% de impunidad sobre los casos recibidos y conocidos
Pese a lo decepcionante del estado de las cosas, lo presentadores: Blanco y Rodríguez, así como comentaristas del estudio invitados como Salvador Samayoa (expresidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública) y René Hernández Valiente (exministro de Justicia y exmagistrado de la Sala de lo Constitucional y uno de los principales impulsores del proceso de reforma judicial en El Salvador) coincidieron en rechazar la reforma legislativa -y la reducción de garantías que le acompañaría- como respuesta a la situación de la inseguridad, pues está claro que hay un 86% de casos no resueltos en los que la legislación y mucho menos, el sistema judicial, han tenido algo que ver con su impunidad, tal como lo pretenden argumentar los partidarios oficiales del populismo punitivo y el fetichismo jurídico, a la búsqueda de una excusa fácil para sus incapacidades y ambiciones políticas.

No obstante lo anterior, esta misma mañana el señor René Figueroa, Ministro de Seguridad Pública y Justicia, descalificaba el estudio, en una entrevista radial, con el "argumento" de que el éste habría sido hecho por gente de izquierda vinculada al principal partido de oposición. Postura bastante ligera a decir verdad y que demuestra, lamentablemente, como la descalificación ideológica es un recurso barato de quien pretende suplir así la falta de argumentos y la capacidad de someterlos a verificación. Triste, viniendo del señor ministro, ¿qué podemos esperar?

P.D.: pueden ver la cobertura hecha por La Prensa Gráfica: "Estudio desnuda el sistema de justicia"

También: "Sectores respaldan informe sobre ineficacia en el combate a los homicidios"

Críticas oficiales en El Diario de Hoy: "PNUD critica fallas en investigaciones"

En el Diario CoLatino: "Deficiencias fiscales y policiales fomentan al impunidad criminal"

NOTA: Con esta nueva información he corregido el dato usado en el post: "¿Quiere el gobierno abordar seriamente el problema de la inseguridad?"

6 de junio de 2007

Dificultades para combatir delincuencia de cuello blanco

¿Quiere el gobierno abordar seriamente el problema de la inseguridad?

Por Edgardo Amaya Cóbar

Parece sorprendente pero es una respuesta difícil de contestar. Uno pensaría que el gobierno debería estar interesado en encontrar respuestas efectivas pues el fracaso de su actual política de seguridad es la caída de uno de sus fuertes electorales y un mal sabor de boca en muchos de sus votantes.

La política de seguridad no solo no pudo contener las tendencias delictivas, sino que parece haber contribuido a elevarlas, este dato se confirmaría por el elevado número de homicidios registrados, según la FGR, en 2004 registró 3,897 homicidios; en 2005 se registró una leve baja llegando la cifra a 3,781 y en 2006 se registró un nuevo incremento llegando a registrarse un total de 3,906 homicidios, superando la cifra de 2004.

Los datos sobre victimización (porcentajes de la población que se declaran víctimas de un hecho delictivo) recopilados por las encuestas del IUDOP muestran una tendencia sostenida al alza en los últimos años desde el 2004, en el que el índice de victimización fue de 13.7, que en 2005 subió a 14.8, continuó al alza en 2006 cuando llegó a 18.2 y a fines de mayo de 2007 este llego a 19.4.

No obstante lo anterior, la necesidad de cambio en la gestión de la seguridad se ve confrontada por acciones gubernamentales que indican lo contrario. Las turbias maniobras para desplazar o minimizar el impacto del trabajo de la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana que pasan desde declaraciones negativas por parte de funcionarios del actual gobierno descalificando el trabajo de ésta, hasta –como lo han revelado recientes informaciones– la constitución de equipos paralelos en el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia para elaborar estrategias paralelas y más ideológicamente cercanas al tradicional enfoque del Ejecutivo sobre la cuestión de la inseguridad.

Queda entonces evidenciado el continuismo en la gestión de la seguridad, que se gestó de origen al crear el MSPJ y nombrar como titulares de éste, a los mismos funcionarios que llevaron la política de seguridad en el Ministerio de Gobernación.

Esta acción no solo muestra la falta de lealtad a los compromisos adquiridos por el gobierno, sino que falta de claridad sobre la gestión de la inseguridad, continuamente inventa instrumentos a los que no da seguimiento. Lo único permanente es la improvisación. Las víctimas las pone la población.

Recientemente el Ministro del ramo brindó un informe dando cuenta de la supuesta reducción de delitos en el presente año –fácil decir desde que el Ejecutivo no comparte la información sobre homicidios registrados–, aparte de las sospechosa construcción del dato, lo que se puede adivinar de semejante declaración es el tácito mensaje: “vamos bien, ¿para qué cambiar?” por el cual, el ministro pretende justificar el trabajo del gobierno, de paso, justificar su permanencia en el cargo y, quién sabe si sus aspiraciones políticas futuras. Si Sarkozy ganó dando palos…

Lo revelado por las informaciones sobre este equipo paralelo es que dentro de sus líneas de trabajo estarían incluyendo la reforma integral de la legislación penal, cuestión que como hemos criticado antes, resulta más fácil para el Ejecutivo que los diputados aprueben una ley que hacer inversiones serias y enfrentar el tema de la inseguridad por los cuernos.

Además ¿Quién dice que el problema de la inseguridad es un problema solamente legal o judicial? Los datos hablan por sí solos: según un estudio de PNUD, un 86% de los homicidios no era investigado, es decir, no llegaban a sede judicial. Simplemente el sistema no tiene la capacidad de identificar sospechosos y llevarlos a la justicia, entonces ¿es este un problema de leyes o un problema de capacidad institucional? Obviamente es lo segundo y reformando la ley no cambiará esa realidad. Nadie se vuelve eficaz por decreto.

Entonces, la pregunta inicial se responde de manera negativa. Parece que el gobierno pretende seguir gestionando la inseguridad por vía legal y mediática y no a partir de la gestación seria y fundada de políticas públicas que atiendan una de las más urgentes necesidades de la población.

1 de junio de 2007

Cifra de homicidios y delitos empaña tres años de "País seguro"

Beatriz Castillo
Redacción Diario Co Latino 28/05/07

La espiral de la violencia con las pandillas juveniles y el crimen organizado mantienen en crisis “El País Seguro” que el presidente Elías Antonio Saca prometió construir hace tres años. En el discurso del 1 de junio de 2004, el mandatario se comprometió a trabajar por un “País Seguro”, con oportunidades de empleo, crecimiento económico, promoción al turismo, concertación política y sobre todo un clima de seguridad para todo la ciudadanía.

Saca, en ese discurso aseguró que las “maras debían ser extirpadas de la sociedad y que para eso se aplicaría la Supermano Dura, pero a la vez la Mano Extendida”.

Sin embargo, según los datos de Seguridad, para este 2007 las pandillas y su rivalidad siguen siendo una de las principales causas de la cifra negra de las homicidios.

Asimismo, el fenómeno, año con año crece, entre otros factores por los deportados desde Estados Unidos, con antecedentes criminales quienes operan en forma de red, para extorsionar y cometer otros delitos como el secuestro.

El dato oficial más reciente en este tercer año de gestión, en materia de seguridad pública, indica que El Salvador no es el país más violento, pero que enfrenta una crisis de violencia de “diez homicidios diarios”, aunque aseguran que esa cifra ha bajado.

El coordinador de Seguridad Pública y Justicia Penal de la Fundación para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Edgardo Amaya, dijo que después de tres años de gestión y de las promesas hechas por Saca, el país aún se encuentra en una realidad de “saldos rojos´´.
“Cuando él asumió la presidencia, las cifras ya eran altas, pero lo que se esperaba era que cambiara las políticas represivas que le heredó Francisco Flores, pero no fue así, por eso la crisis se agudizó, se complejizó”.

El analista agregó que “las acciones que tomó tenían un esquema reactivo y represivo; de endurecimiento legal al pedir más leyes y reformas penales en vez de tomar una posición de cambiar el rumbo de la política de seguridad”.

Al asumir Saca, la población esperaba un “cambio y medidas más concretas”, como lo pidió el ex embajador de los Estados Unidos, Douglas Barclay, en octubre de 2006, en un discurso de cinco páginas, donde reveló la crisis de la situación de inseguridad.

“Después de eso y de las presiones, Saca anunció la creación de la Comisión Nacional de Seguridad, con un claro mensaje de aceptación de que las cosas no se estaban haciendo bien y fue muy positivo porque esa comisión podía ayudar a la creación de una política criminal” dijo.
¿Pero qué pasó?, la comisión ofreció una regulación de armas y se dijo que las analizó el presidente Saca. Pero se tergiverso y se minimizó el espíritu de la propuesta y “dejó lo que tenemos ahora un programa de veda por de armas por 60 días en cinco puntos de San Salvador. Ahora se espera la propuesta para una política criminal… esperaremos para ver como la reciben”.

Luego se crea el Ministerio de Seguridad para que se centrará todo el trabajo técnico. Lo contradictorio fue nombrar a las mismas personas que ya habían fracasado con las anteriores acciones.
“Nosotros creemos que hasta el momento el gobierno ha jugado con dos caras, y se nota la ausencia de una política seria para enfrentar la situación. Hace falta una política que identifique los problemas, las necesidades y que genere respuestas”, acotó.

En la creación de esta política coincide el director ejecutivo de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Álvaro Guatemala. “Nosotros creemos que este es un problema de carácter estructural y que atañe a una serie de actividades. Este problema se tiene que consensuar nacionalmente y todos tenemos que estar racionalizados y sensibilizados de lo que se tiene que hacer”.

Alvaro Guatemala espera que la Comisión Nacional para la Seguridad y Paz Social concluya la elaboración de un documento que podría servir como política, porque será muy “integral”.
“Ellos están dando un estudio con recomendaciones, porque son un consejo asesor”, esas recomendaciones no sólo atañen al Órgano ejecutivo, sino que al Órgano judicial, Órgano legislativo, a los gobiernos municipales, agregó.

Guatemala, prefiere no criticar las acciones y ve con buenos ojos que las mismas autoridades estén aceptando que la problemática no se aborda correctamente.

Por su parte, el diputado del FMLN de la Comisión de Seguridad Publica y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa y miembro de la comisión Nacional para la Seguridad y Paz, Benito Lara, dijo que en materia de seguridad, este tercer año, sigue arrojando un “fracaso” según las mismas estadísticas.

“La delincuencia tiende a aumentar y no hay algo que nos diga que se dará una disminución. No tienen una política de atacar las causas que están generando la delincuencia”, reiteró.
El diputado aseguró que desde las diferentes comisiones se han hecho recomendaciones para hacer esfuerzos y regular el uso de armas en el país, ya que el 80% de los crímenes se cometen por armas, sin embargo, este llamado no ha tenido eco. “Hay mucha gente de ARENA en el negocio” concluyó.

Lara, como miembro de la Comisión Nacional para la Seguridad y Paz, trabaja en un documento en el que pretenden plasmar un diagnóstico completo de la situación de violencia: las causas, los efectos y las acciones a tomar. En este documento destacarán propuestas para reformar la Policía Nacional Civil y políticas de prevención. Esperan que este documento sea respetado y aceptado por Saca quién los convocó con ese fin.

Mientras que el rector de la Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC) y coordinador de la Comisión Nacional para la Seguridad y Paz, Mauricio Loucel, dijo que a cinco meses de fundación están satisfechos con el trabajo realizado y las propuestas presentadas, ya que buscan disminuir el clima de inseguridad.

Sin embargo, resiente que dentro de ese marco, la propuesta de la regulación de armas “no se hizo como la comisión quería… nosotros queríamos un mayor protagonismo de las alcaldías, pero creemos que hay resultados específicos” agregó.

La regulación de armas es efectiva ya que los resultados que dejó la veda en Sonsonate fue muy bueno “pero eso no se publicita. La verdad es que nosotros entregaremos el documento al Presidente de la República y él será el responsable de, si implementa o no”.

El rector consideró que es necesario el replanteamiento de estrategias ante la ola de inseguridad y homicidios.