"La obra de la Justicia será la Paz y los frutos de la Justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Is. 32, 17"

13 de julio de 2007

Carta de WOLA sobre los acontecimientos de Suchitoto



H. Elías Antonio Saca González
Presidente de El Salvador
Casa Presidencial
Avda. Dr. Manuel Enrique Araujo 5500
San Salvador, El Salvador

6 de Julio, 2007


Estimado Presidente Saca:

En nombre de la Oficina de Washington sobre América Latina (WOLA por sus siglas en inglés), quisiera expresarle mi gran preocupación acerca de las detenciones que se llevaron a cabo en y alrededor de la municipalidad de Suchitoto el 2 de julio, y sobre los cargos que han sido formulados en contra de los detenidos.

Entiendo que el 2 de julio cuatro individuos fueron arrestados camino a Suchitoto, donde participarían en una protesta contra la política de descentralización que usted estaba anunciando ahí esa mañana. Los individuos eran Marta Lorena Araujo, Presidenta del Consejo de Liderazgo Nacional de CRIPDES; Rosa Valle Centeno, Vicepresidenta del Consejo de Liderazgo Nacional de CRIPDES; María Haydee Chicas, reportera y fotógrafa de CRIPDES, y Manuel Antonio Rodríguez, chofer de la camioneta de CRIPDES. De acuerdo a los reportes, estos cuatro individuos fueron detenidos a varios kilómetros del lugar de la protesta, y previo a su arribo a la misma. Ellos en ningún momento participaron en las actividades de protesta que se dieron lugar en el poblado el 2 de julio.

Entiendo, también, que después de estos arrestos, un grupo de manifestantes se reunió en la estación local de policía para exigir la liberación de los detenidos, y que una confrontación se desató entre los protestantes y la Unidad para el Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional Civil. Al menos diez manifestantes fueron detenidos en ese incidente; por lo menos un oficial de la policía resultó herido, así como un número de protestantes.

Estoy particularmente preocupado por los arrestos de los cuatro miembros de CRIPDES, quienes fueron detenidos previo a su arribo a la manifestación, y angustiado al conocer que han sido acusados de “Crear Desorden Público, Destrucción de la Propiedad y Actos de Terrorismo” conforme a la Ley Antiterrorismo de El Salvador.

Es difícil entrever cualquier justificación legal para la detención de estas cuatro personas, quienes nunca llegaron a la protesta; no hay evidencias claras de ninguna actividad criminal. Estos cuatro individuos no participaron en ningún acto de desorden público, destrucción de la propiedad o en presuntos actos de terrorismo, por lo que es difícil evitar llegar a la conclusión de que sus arrestos tuvieron la intención de prevenir su participación en el acto de protesta, y que fueron motivados políticamente.

Los cargos contra todos los detenidos en Suchitoto por violaciones a la Ley Antiterrorismo son igualmente preocupantes. No presencié, evidentemente, los eventos en Suchitoto, y no puedo asegurar si los detenidos provocaron a la policía antimotines o si estuvieron involucrados en agresión u otras conductas ilícitas. De ser así, las acciones legales pertinentes pueden ser justificables.

Sin embargo, existe una importante distinción entre actos de protesta, incluso aquellos que van contra la ley, y actos “terroristas”. El respeto por la democracia y la libertad de expresión exige que esta distinción sea observada.

Esta semana, al desechar los cargos por violaciones a la Ley Antiterrorismo contra Vicente Ramírez, líder del sindicato de vendedores ambulantes, el Juez salvadoreño Rigoberto Chicas determinó que los actos de terrorismo se definen por ser perpetrados con el objeto de causar terror, y que dicha definición no aplica a los actos de protesta. Asimismo, asentó que el término “terrorismo” no debe ser aplicado de forma irresponsable.

Los cargos por violaciones a la Ley Antiterrorismo, y el discurso consiguiente, no han contribuido a una atmósfera conducente al diálogo político; en cambio, han propiciado un clima de miedo, intimidación y confrontación política.

Esperamos que su gobierno y el Fiscal General retiren todos los cargos contra Marta Lorena Araujo, Rosa Valle Centeno, María Haydee Chicas y Manuel Antonio Rodríguez, y descarten los cargos antiterrorismo en todos los casos relacionados con los eventos del 2 de julio.

Atentamente,


Geoff Thale
Director de Programas



CC: Felix Garrid Safie, Fiscal General
Embajador René Antonio León Rodríguez
Beatrice Alamanni de Carrillo, Ombudsman para la Defensa de los Derechos Humanos