"La obra de la Justicia será la Paz y los frutos de la Justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Is. 32, 17"

22 de septiembre de 2016

Depuración judicial

La cuestión de la depuración judicial es un tema que pese a ir y venir en algunas coyunturas, no es una materia que se haya establecido de manera sistemática y sostenible en la agenda pública, esto, a pesar de ser considerado un problema central para la administración de justicia desde hace bastante tiempo. El informe de la Comisión de la Verdad en 1993, tras reconocer el triste papel del judicial en el esquema de impunidad que prevaleció durante el conflicto armado, recomendó:  
"Con el establecimiento de la Carrera Judicial, el CNJ debería revisar la plantilla de jueces y mantener, luego de un riguroso examen, a los jueces mejor calificados en vocación judicial, eficiencia y preocupación por los derechos humanos."
La evaluación de plantilla judicial no se realizó en esos términos. La lentitud e ineficacia de la depuración judicial es una de las principales críticas a la CSJ hasta la actualidad. Veintidós años después, el Plan El Salvador Seguro (PESS) también retomó el tema en sus acciones recomendadas: 
"11.  Elaborar un estudio para actualizar los criterios de evaluación para jueces en materia penal.  
12. En el marco de la legislación vigente y con respecto a las competencias fijadas por la Constitución y las respectivas leyes orgánicas, crear una comisión especial con mandato legal para identificar casos de corrupción y/o infiltración de crimen organizado en la que participen la FGR, la PNC, DGCP y el Órgano Judicial (OJ).
13.  Actualizar mecanismos de evaluación, prevención, control, sanción y depuración de la corrupción en las instituciones del sector de justicia y seguridad de conformidad a los estándares internacionales de la lucha contra la corrupción."
Nuevamente el tema ha vuelto a aparecer con el traslado de varios jueces de lo penal hacia otros tribunales de diferente materia o competencia territorial. La CSJ ha tratado de minimizar el tema y no ha dado explicaciones claras sobre las motivaciones de los traslados, pero es un hecho que muchos de los trasladados han sido cuestionados por sus polémicas resoluciones en casos emblemáticos mientras que la prensa lo ha relacionado con las denuncias hechas por el Fiscal General de la República. El día de hoy, jueves 22 de septiembre, la madera de un rotativo matutino informa de 700 investigaciones abiertas contra juzgadores en la oficina respectiva del Órgano Judicial, de las cuales 190 (28%) estarían cerca de tener resolución. Ocho de los jueces trasladados acumulan, en conjunto, cuarenta denuncias ante la oficina de investigación judicial del Órgano Judicial.

El traslado de jueces con el que se ha iniciado esta nueva coyuntura es un parche que no resuelve el problema central: la necesidad de investigaciones y procesos rigurosos que demuestren la responsabilidad profesional de los juzgadores, si la hubiere, y contribuya a aumentar la confianza del público. Para quienes leemos entre líneas, el mensaje ha sido: "no puedo quitarlos, así que mejor trato de neutralizarlos de otra forma", es tácitamente reconocer la incapacidad de hacer funcionar su propio mecanismo de control, llevándose de paso la carrera judicial. Este mal no es exclusivo del Órgano Judicial, sino que también ocurre en otras carreras y relaciones laborales en el Estado: ante la imposibilidad o falta de capacidad para despedir a alguien, se le traslada, moviendo el problema de lugar, pero mientras otras instancias administrativas intentan hacer su labor y esta, por diversas razones puede ser revertida judicialmente, sería paradójico el Órgano Judicial sufriera del mismo devenir. 

Viendo la capacidad desplegada por el Órgano Judicial en la investigación de ex funcionarios de gobiernos en casos de enriquecimiento ilícito, resulta también paradójico que no haya mostrado igual capacidad ante el problema de corrupción judicial largamente denunciado y que constituye uno de los principales cuestionamientos en su contra, pero es importante recordar que hace unos años se solicitó a los juzgadores su declaración patrimonial, habría que ver si ha habido análisis de las mismas y sus resultados.


Tal como lo ha identificado el PESS, es una necesidad urgente fortalecer las capacidades institucionales de los diversos mecanismos de control en la administración pública y de justicia para garantizar la confianza, la transparencia y la rendición de cuentas efectiva de las instituciones del estado. 

8 de mayo de 2016

Cárceles e hipocresía

Uno entiende que la gente que no ha visitado una cárcel pueda decir cosas a la ligera como que éstas son equiparables a hoteles. También uno entiende la ingenuidad de esperar que se puede someter a la obediencia automática y mecánica a las personas que ahí son ingresadas ¡Precisamente por eso están ahí: porque decidieron no obedecer la ley! De igual manera pretenden que los centros penitenciarios funcionen como monasterios cuando las personas internas no son un manojo de virtudes.

Repito, uno lo entiende de gente poco informada pero no de gente que vive en ambientes como la política donde el tráfico de información es cotidiano pero donde se lanza cualquier cantidad de ocurrencias y medias verdades para sorprender a incautos sobre lo que sucede en las cárceles, especialmente ahora que con el revuelo judicial del caso "la tregua" y sus nuevas revelaciones es la lepra de la que todos huyen, aún y cuando, al parecer, nadie está libre de pecado.

No pretendo defender ni justificar nada, solo me gustaría que los políticos no ofendan la inteligencia de la gente y que esta tenga parámetros más realistas para medir las cosas.

Lo primero que debería quedar claro es que la cárcel es un mal necesario mientras la sociedad no logre adaptar otro tipo de sanciones. Es falso que sea la única solución, lo cierto es que culturalmente estamos muy lejos de aceptar otras, por ejemplo, en la justicia indígena, ante un homicidio, se condenaba al homicida a trabajar para mantener a la familia del fallecido, además de la propia. En la justicia como la conocemos, dos familias se quedan fuera de la sentencia y, probablemente, sin sustento. No espero que nos volquemos a la justicia indígena, solo demuestro que culturalmente entendemos las cosas de otro modo.

No hay cárceles buenas. Solo hay cárceles menos malas. Sin duda, las más hacinadas son las que presentan mayores problemas, pero incluso los sistemas penitenciarios más holgados los tienen. Cuando aquí se critica como incapacidad de las instituciones el no poder frenar el tráfico de ilícitos al interior de las cárceles, se hace colocando un estándar que ni países con mayor desarrollo institucional y recursos han logrado cumplir. Por ejemplo, recientemente la BBC de Londres reveló el uso de drones por redes de contrabando para introducir mercancía a los recintos penitenciarios, otro caso es el de Holanda, un país que está cerrando cárceles debido a la falta de privados de libertad, sin embargo, sigue teniendo problemas con la circulación de teléfonos inteligentes al interior de sus cárceles y la existencia de perfiles y páginas de los prisioneros donde difunden su estilo de vida. ¿Por qué pasa esto? porque básicamente, la corrupción es capaz de permear cualquier institución.

¿Mal de muchos, consuelo de tontos? Tonto sería no reconocer que estamos frente a un problema estructural del diseño de la privación de libertad y las instituciones que la gestionan, pero estamos encerrados en un esquema donde parece que es imposible no pensar en otra solución diferente a la cárcel o peor aún, la pena de muerte.


27 de abril de 2016

La labor de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos: consciencia contra violencia


Vivimos tiempos complicados, la violencia y el crimen son temas que atraviesan una gran cantidad de dimensiones cotidianas desde la política, la economía, las comunicaciones masivas y otros campos que afectan directamente nuestra vida.

La falta de interés en un análisis y discusión profunda y seria del problema ha sido suplida en gran medida por el manejo simplista y a veces perverso del asunto, en un esquema donde cada vez más, la información va agregando juicios de valor morales o emocionales y se distancia de la profundidad y búsqueda de todos los enfoques posibles, lo que ha llevado al asentamiento de una agenda pública influenciada por emociones más que razones, carcomida por el maniqueísmo de "buenos" y "malos", "ellos o nosotros", cuando sabemos que en la realidad, no hay blancos ni negros, solo una amplia gama de grises. No sobra decir que el uso del tema de la violencia y el crimen en la competencia electoral solo han contribuido a agravar esta situación. 

No se trata de subestimar el estado emocional de la población frente al problema: éste es completamente comprensible y genuino, sino de hacer notar que la emocionalidad puede no ser la mejor manera de responder a los problemas, ya lo dicen la psicología y la sabiduría popular: no hay que tomar decisiones alterado. Una de las consecuencias de este contexto de gran emocionalidad es la proliferación de la intolerancia a la crítica y a los llamados a la sensatez. 

Desde hace unas semanas hemos podido apreciar con claridad el funcionamiento de este mecanismo de ataque a posturas criticas como lo es en la campaña tácita que se ha emprendido en contra de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y su titular, David Morales. Ataques que demuestran además de intolerancia, ignorancia sobre el papel y el rol del ombudsman, instalando estribillos y mitos falsos en su contra. El mecanismo más común es recurrir a figuras retóricas como la exageración (hipérbole) o la ridiculización del adversario o las referencias a sofismos populistas, pero no aportar un argumento serio y sustentado.  

Ejemplo claro de hipérbole: 


Uno de los mitos más difundidos es el de que defender los derechos humanos es defender delincuentes o estar a favor de ellos en detrimento de las víctimas. Ciertamente este es un tema que no se ha esclarecido lo suficiente para el público y la incomprensión del mismo y de su lógica jurídica genera reacciones adversas en personas legas y, lo que es peor: en abogados ignorantes o directamente mal intencionados.

De ninguna manera la PDDH ni el ombudsman defienden delincuentes -mucho menos influye en las resoluciones judiciales sobre ellos-, su labor consiste en verificar que el Estado cumpla con su trabajo en un marco de respeto de reglas aplicables a todos los ciudadanos por igual, reconocidas universalmente (derechos humanos). Si el estado incumple o infringe dichas reglas, debe haber un correctivo.



La PDDH no es una injerencia en la labor del Estado: fue creada por el mismo estado para su autorregulación y los derechos humanos no se los inventó el procurador, son leyes de la república aprobadas por los diputados de la Asamblea Legislativa y compromisos adquiridos por el Estado salvadoreño ante la comunidad internacional. 

En esta coyuntura concreta, las denuncias de ejecuciones extrajudiciales hechas por el Procurador, han arreciado los ataques en su contra pues el contexto de la opinión pública que describíamos al inicio es favorable, de manera irreflexiva, al desborde del poder punitivo del Estado, sin considerar las graves consecuencias que ello puede acarrear. Es una involución preocupante cuando una sociedad avala que quienes deben aplicar la ley puedan violarla, después de ello puede ser muy difícil volver atrás y en la región hay demasiados ejemplos al respecto. El miedo al crimen crea "justificaciones" para devaluar el Estado de Derecho por parte de los principales interesados en su funcionamiento precario. 

Por otro lado, frente a la falaz acusación del abandono de las víctimas, la PDDH y su titular han tenido una posición de exigencia de políticas de atención y protección de éstas, incluso, ha implementado iniciativas propias en esa materia. 



Por lo anterior, los ataques y críticas a la PDDH son infundadas y originadas por un clima de miedo e intolerancia que amenaza o desprecia cualquier asomo de sensatez y a la búsqueda de una institucionalidad que funcione bajo el esquema de un verdadero Estado de Derecho. 

"Di la verdad aunque sea amarga. Di la verdad aún contra ti mismo."
Mahoma






15 de enero de 2016

Ciudades sostenibles, movilidad y seguridad ciudadana

Desde hace algunos años, se ha venido gestando la idea de un “derecho a la ciudad” entendida como el espacio público de convivencia predominante del mundo actual. Este derecho comprendería una amplia serie de dimensiones, que resumidas, se orientan a el logro de la mejor calidad de vida para los habitantes de la urbe conjugada con valores democráticos.

Más recientemente se habla de la categoría “ciudades sostenibles” que podría considerarse una extensión complementaria al derecho a la ciudad, orientada a la búsqueda de la mayor funcionalidad, vialidad, seguridad y habitabilidad de las ciudades, considerando el desarrollo social y económico de sus habitantes y su sintonía con aspectos como el cuido del medio ambiente.

En El Salvador, si bien, estas nociones no son desconocidas y existen diversos esfuerzos conceptuales y recientemente algunas instancias que las abordan en alguna medida, aún nos hace falta mucho para colocarlas como un elemento estratégico para el desarrollo del país, considerando que el 62.3% de la población vive en zonas urbanas según la Encuesta de Hogares para Propósitos Múltiples del año 2014 y la tendencia se incrementará en el futuro.

Este es un tema que atraviesa en el nivel funcional como territorial casi toda la institucionalidad del Estado salvadoreño, por lo que no es posible abordarlo a plenitud por cuestiones de espacio y conocimiento en esta columna. No obstante lo anterior, quisiera comentar una dimensión de esta visión de ciudad sostenible, que tiene que ver con la vialidad y movilidad en la ciudad, tema que me concierne y preocupa como ciudadano de a pie, como peatón, que día a día circulo y enfrento diversas problemáticas en la ciudad de San Salvador.

Lo primero que hay que decir es que el esquema de movilidad y vialidad para el país en general y en particular para el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) –donde habita el 27.5% dela población- no solo es obsoleto, sino que es dañino para la sostenibilidad de la ciudad y para sus habitantes por los múltiples efectos que provocan.

Recientemente, en un reportaje periodístico de Diario El Mundo, se revelaba que el parque vehicular del país aumentó casi un 30% en el último lustro (2010-2015) alcanzando una cifra de un poco más de 924 mil vehículos automotores y destacaba que solo en el departamento de San Salvador había 383 mil vehículos equivalente al 41.45 % del total nacional. Otro reportaje de La Prensa Gráfica, informaba sobre la necesidad de intervención urgente en las principales vías de circulación del AMSS debido a la superación de su capacidad instalada por el tráfico cotidiano, las cuales se encontraban en un nivel crítico, aún y cuando, éstas no eran la situación mayoritaria de las vías en ala región. 

A continuación, se proponen algunas variables claves a considerar sobre el impacto de este fenómeno en la vida de las personas y las ciudades.

Medioambiente y salud


De acuerdo con declaraciones de la ministra de medio ambiente, Lina Pohl, la calidad del aire en el AMSS llegó a clasificarse como “muy dañina” para el humano (¡y para el planeta!) debido al cúmulo de emisiones producidas por agentes humanos, de las cuales el 33% provienen de los vehículos automotores y la mitad de estas las genera el transporte público, el cual usa el diésel como combustible de manera casi universal, cuyas emisiones han sido clasificadas como cancerígenas por la OMS. La mala calidad del aire está además relacionada con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

A esto debe sumarse la contaminación acústica y visual que produce la abundancia de automóviles y otros efectos indirectos como la contaminación producida por deshechos de los derivados del petróleo lanzados en mantos acuíferos, así como otros deshechos sólidos como llantas en desuso (que acumulan agua que sirve de criadero a los zancudos vectores de enfermedades como el dengue, chikungunya y zika).

Lamentablemente, la baja histórica de los precios del petróleo está generando consecuencias negativas medioambientales en el plano global, al estimular el uso de este tipo de energía contaminante y El Salvador no es la excepción: el número de personas que optan por usar su vehículo se favorece por el bajo costo actual de los carburantes, pero un mayor número de unidades en circulación, ralentiza el tránsito, genera congestionamientos y altera la fluidez de la ciudad. Según Waze, la aplicación de tráfico vehicular para teléfonos inteligentes, El Salvador es uno de los peores lugares del mundo para conducir debido a la poca fluidez en vías principales.

Los constantes congestionamientos afectan tanto la salud física y mental de la población, generan estrés y se ha comprobado que los viajes en vehículo de larga duración están relacionados con la proliferación de la obesidad y las enfermedades concomitantes, lo que termina impactando en los presupuestos familiares y los de salud pública.

Por el contrario, un dato curioso en este tema lo aporta Cuba. Tras la caída de la Unión Soviética y el recorte de la asistencia que dicho país brindaba a la isla en materia energética, Cuba tuvo que reducir al mínimo su oferta de transporte público y promovió el uso de la bicicleta, muchos también tuvieron que caminar más. Sin quererlo, Cuba redujo sensiblemente la incidencia de enfermedades cardiovasculares y diabetes a niveles ejemplares a nivel mundial.

Accidentalidad vial


El Salvador está clasificado en la franja de países de mayor mortalidad por accidentes de tránsito en el mundo según World Health Rankings, ocupando la posición 41 a nivel mundial, sexto del continente americano y único representante centroamericano en la franja más elevada del ranking. Según la página citada, el país tendría para el año 2014 una tasa de 24.33 muertes por accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes, sin contar, los elevados números de lesionados que pasan al sistema de salud pública.

Una variable importante a tener en cuenta, son las transformaciones del parque vehicular, según el reportaje que citó al inició, las motocicletas han aumentado en más de un 150% en los últimos seis años. Es notorio pasar por un estacionamiento y ver el espacio reservado para las motos saturado. Esto implica más motociclistas en las calles, es decir, más personas transportándose en condiciones de vulnerabilidad frente a un accidente vehicular, teniendo en cuenta además, los ampliamente difundidos pésimos hábitos de conducción o falta de educación vial adecuada tanto de conductores de vehículos como de motociclistas.

Sin embargo no se trata solamente del número de vehículos, cuya abundancia puede potenciar el riesgo de colisiones, sino también al hecho que el volumen de éstos ha superado las capacidades instaladas para la movilidad vehicular (calles, carreteras) a lo que se suma, un sistema poco riguroso para la emisión y control de licencias, una limitada capacidad de control de la carga vehicular y del uso de calles y carreteras, así como la ausencia de una clara y vigorosa autoridad de transporte.

Seguridad y convivencia ciudadana

Desde hace algunos años, las encuestas de victimización realizadas el país o similares, han mostrado que el lugar donde la gente se siente más insegura es el transporte público, esto, aunado a las necesidades de movilidad individual o familiar frente a un servicio de transporte público precario, han llevado a muchas personas a adquirir un medio de transporte particular, sumando números al monstruo.

Sin embargo, los congestionamientos vehiculares se han convertido en espacios de oportunidad para delincuentes que aprovecha la inmovilidad de sus víctimas para la comisión de robos y hurtos. Algunas aplicaciones de telefonía móvil dan cuenta de los principales puntos de la ciudad donde ocurre esta modalidad de asaltos.

La saturación de las calles por el elevado número de vehículos y las deficiencias del diseño urbano y ordenamiento territorial generan problemas de convivencia ciudadana, desde la agresividad al conducir, la infracción grave y frecuente de normas de tránsito y el irrespeto y agresión a otras formas de transporte como los ciclistas y peatones, así como otros conflictos derivados por el uso del espacio público para el estacionamiento vehicular, la invasión de las aceras y consiguiente desplazamiento de los peatones, el bloqueo de entradas o salidas residenciales, hasta la privatización de las calles por empresas o personas particulares quienes de hecho las toman para uso exclusivo, impidiendo su uso a los demás, inclusive, haciendo uso de gente armada (vigilantes), lo que viene a añadir conflictividad al país.

Más grave aún es el surgimiento de economías ilícitas alrededor del crecimiento del parque vehicular y la dependencia de ellos como medios de transporte, que van del robo y hurto de vehículos y sus partes por pequeños o grandes grupos delictivos, al tráfico internacional de vehículos robados y la corrupción en los registros vehiculares y aduanas.

Según el reportaje citado, mientras los particulares han adquirido más vehículos, se ha reducido la compra de buses y microbuses, tradicionalmente usados para fines de transporte público. Es aventurado, pero no descartable pensar que la presión de las extorsiones en el sector transporte público este generando una contracción del mismo, pero tampoco debe descartarse la presencia de estímulos negativos tales como el aval legal para la circulación de automotores con más de 15 años de uso y otros medios de transporte automotor como los pick ups, camiones y mototaxis.

Alternativas


Está visto que el crecimiento descontrolado del parque vehicular tiene un impacto negativo en las personas, su salud y seguridad, así como en la calidad de vida que ofrecen las ciudades y en el medioambiente. Las dimensiones e impacto del problema le otorgan la necesidad de atención inmediata con un abordaje en el que intervienen una gran cantidad de instituciones estatales tanto del gobierno central, local y regional.

Sin ánimo de simplificar, algunas grandes acciones tendrían que ver con reducir el número de automotores a través de medidas de carácter económico de desestímulo como el incremento de las tasas y tributos por adquisición de vehículos y vialidad, uso de peajes en las carreteras, incremento de las multas y fortalecimiento de las instancias para su ejecución, establecimiento de cuotas de importación y diferenciación tributaria según utilidad del bien importado, restringir o limitar la importación de vehículos usados, etc.

Un eje central es la reforma y modernización del sector transporte público. La gente no abandonará sus autos o motos si no hay una oferta de transporte público funcional, eficiente, inclusivo, seguro y de calidad. El esquema actual es obsoleto y contraproducente, pero también es uno de los problemas más difíciles de resolver en el país, pues la suma de intereses del empresariado del transporte tiene la capacidad de generar bloqueo mediante medidas de presión que afectan directamente a la economía del país y a la población. Difícilmente los gobiernos desean enfrentar una crisis incierta cuyos impactos negativos se muestran en el cortísimo plazo, por ello, una iniciativa de esta naturaleza comprende un altísimo nivel de preparación, planificación y dialogo para generar procesos menos problemáticos.



Lo que me parece clave en una reforma del modelo de gestión del transporte público es una mayor participación del Estado en el servicio. No hablo de nacionalización, pero sí de un esquema donde el Estado funcione como facilitador y como garante del servicio, con participación del sector privado. Habrá que sacar lección de los éxitos y fallos del SITRAMSS para vislumbrar algunas ideas para el futuro.

Hay que diversificar el transporte público, no basta con buses y microbuses (estos últimos los eliminaría como medio de transporte) como tradicionalmente se han tenido, hay que crear circuitos de provisión de servicios, innovar con tranvías o sistemas de transporte masivo similares al metro así como la reactivación y modernización del servicio de trenes.

Hay que hacer un esfuerzo enorme en materia de ordenamiento territorial y diseño urbano considerando las principales variables demográficas y geográficas. Las obras en curso en la ciudad como los pasos a nivel y desnivel contribuyen a aliviar los congestionamientos y a mejorar la movilidad de la ciudad, pero son medidas reactivas y eventualmente pueden perder vigencia ante el crecimiento de la carga vehicular, si esta no es contenida. En la actualidad vemos el desplazamiento de la población urbana hacia fuera de las ciudades, pero las fuentes de desarrollo y empleo siguen en los mismos lugares, lo que crea nuevos embudos de tráfico en los accesos o salidas de las ciudades. Esto tiene que ver con la territorialización del desarrollo y no tanto con la ampliación de capacidades de movilidad vial.

No menos importante es la promoción y el estímulo de otras formas de movilidad como el uso de energías limpias, la bicicleta o ir a pie, acompañándolos de algunas medidas de protección tales como carriles especiales, campañas informativas sobre sus ventajas y beneficios y medidas de seguridad, lo cual es el principal argumento de mucha gente para no cambiar sus esquemas de movilidad pues nadie quiere ser asaltado o atropellado. Otras medidas como la revisión del escalonamiento de horarios y restricciones de circulación en días u espacios específicos también deberían considerarse.




Finalmente, hace falta un esfuerzo de transformación cultural respecto de las normas de seguridad vial, en las de convivencia y en las de la relación que tenemos con la ciudad. Sin esto, cualquier iniciativa tendría éxitos relativos. 

6 de enero de 2016

La elección del nuevo fiscal general

Antes que nada: feliz año 2016, el que espero que sea un año de éxitos en la lucha por la justicia y la seguridad para nuestro país y la región.

Luego de semanas de retraso en el nombramiento del titular de la Fiscalía General de la República, los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa llegaron a un acuerdo para nombrar al licenciado Douglas Meléndez, ex fiscal especial, como el nuevo encargado de la defensa de los intereses de la sociedad y del estado.

Se dice que el nuevo titular ha sido electo porque aparece en las listas de todos los partidos, ello tiene, al menos, dos interpretaciones: que todos los partidos lo valoraron positivamente y lo apoyarán, lo que lo evitaría la sospecha de cobro de favores futuros, pero la otra interpretación es que los diputados habrían buscado no complicarse y elegir un fiscal que les resulte cómodo a todos.

Debo aclarar que esta no es una valoración sobre el profesional electo -de quién no tengo antecedentes pero del cual se han destacado valiosos méritos profesionales y experiencia-, sino sobre el mecanismo para su elección y sus consecuencias en el marco de una sociedad que aspira a ser llamada democrática. Lo que todos sabemos, es que la tónica de este proceso de elección fue la negociación interpartidaria a puerta cerrada y no tanto el peso de los méritos de los aspirantes, lo cual permite que inevitablemente surjan inquietudes sobre el resultado.

Aunque es un alivio que se vuelva a la normalidad luego de este nombramiento tan dilatado, es necesario hacer una revisión y una reflexión sobre el proceso, las perspectivas y desafíos venideros para una institución clave del sistema de justicia y para la democracia en el país.

El cargo del fiscal general es uno de los más poderosos del país. Investiga y decide a quién imputar la comisión de un hecho delictivo, puede privar de libertad  personas o intervenir sus comunicaciones en el marco de la ley, además, supervisa una gran cantidad procesos legales en el estado.

Un cargo de tales características, con las importantes implicaciones que tienen en la vida de la ciudadanía y en el funcionamiento del estado, merece un proceso de elección que cumpla con dos condiciones principales: riguroso para hacer valer la exigencia constitucional de “moralidad y competencia notoria”, al tiempo que debe ser transparente, abierto a la valoración y juicio del público sobre la calidad de las decisiones de los diputados.

En este sentido, es necesaria una normativa interna que desarrolle dichos aspectos, cree estándares e indicadores objetivamente comprobables y les asigne una puntuación sobre valores más o menos cerrados, tal y como se usa en procesos de licitación o concursos públicos, dichos puntajes deberían ser de conocimiento público. La ponderación objetiva de los aspirantes mediante un instrumento de examen debería ser un filtro que permita contar con ternas de la mayor calidad tomando a los mejor puntuados, sin necesidad de considerar por igual a un elevado número de aspirantes.

Vayamos por partes. En cuanto a la primera condición relativa a la rigurosidad del proceso, no es aceptable dejar a la subjetividad individual o colectiva de los diputados la totalidad del criterio de la elección, aún y cuando, ésta siempre tendrá un margen importante en el proceso. Por lo anterior es necesario contar con algunas definiciones o indicadores que previamente unifiquen el lenguaje y acerquen los criterios.

Para el caso, la sola definición de moralidad es problemática, pues cada persona es una visión moral específica. Además de la consabida documentación sobre la ausencia de antecedentes penales o de cuentas, también deberían incluirse algunos antecedentes administrativos como los relativos a materia de derechos humanos, ética gubernamental, derechos de la mujer o la niñez, entre otros. El esfuerzo debe orientarse genera una definición más coherente con la visión aspiracional de una sociedad democrática, igualitaria, inclusiva, tolerante y respetuosa de los derechos humanos, por lo que no puede limitarse a convicciones personales y subjetivas de quienes eligen.

Lo anterior implica verificar ciertos estándares que esa visión aspiracional impone. De esta manera, por ejemplo, antecedentes, expresiones o participación en actos de intolerancia o discriminación serían motivo para una ponderación negativa de un aspirante. Dentro de un examen de moralidad deberían incluirse además, la prevención de conflictos de interés, transparentando los intereses de los aspirantes que puedan representar un potencial dilema presente o futuro.

En cuanto a la competencia, el asunto no es menos complejo, básicamente se trata de elegir a una persona que tenga las capacidades que la hagan idónea para dirigir una institución tan compleja. Dicha competencia tiene diversas dimensiones de tipo sustantivo y adjetivo. En el plano sustantivo, se requiere que el “garante de la ley” tenga reconocidas capacidades técnicas en la materia. No basta con ser abogado, sino mostrar algunos méritos adicionales como especializaciones profesionales, estudios de posgrado en las materias de mayor peso en la institución y una carrera muy vinculada a la práctica legal. Cada una de esas características debería contar con un valor que suma a los aspirantes más formados y con experiencia.

La dimensión adjetiva se refiere a las capacidades de gestión. Se trata de valorar, en primer lugar, experiencia en la administración, sea en el ámbito privado o el público a través de parámetros tales como proyectos gestionados, personal y recursos que ha manejado que muestren capacidades en esas materias. Aquí también deberían examinarse las visiones de los aspirantes sobre el desempeño institucional y las propuestas para su mejora (pensamiento estratégico), porque la FGR no es solo una tramitadora legal, es una institución que favorece el cumplimiento del derecho de acceso a la justicia y, por tanto, gestora de políticas publicas de interés para toda la ciudadanía, lo cual, ha sido un aspecto invisibilizado en el proceso reciente.

El nuevo titular debe trazar una línea de base sobre indicadores claves y definir un curso para la mejora de los mismos a partir de un modelo de gestión ad hoc. La principal pregunta de fondo en este análisis debería ser ¿En qué medida la FGR esta cumpliendo efectivamente con su mandato constitucional? Y a partir de ahí, formular preguntas específicas sobre variables claves como la impunidad y la efectividad de los procesos legales en los que participa mediante mediciones objetivas (ingresos, egresos, archivos, resoluciones tomadas o logradas, plazos, etc)

El modelo de gestión no se limita a hacer funcionar mejor el flujo de procesos institucionales, por los tiempos que corren, éste debe tener importantes objetivos de impacto y calidad que impliquen el cambio de las formas tradicionales de hacer y manejar los procesos legales.

El Plan El Salvador Seguro brindó algunas importantes recomendaciones en la materia, entre ellas, enfatizó la necesidad de revisar la política de persecución penal para reducir los márgenes de impunidad en los delitos más graves, dándole prioridad a su investigación y focalización;  avanzar en el análisis estratégico de mercados de criminalidad y no solo en los casos individuales; hacer énfasis en la lucha contra la corrupción e infiltración del crimen organizado en el estado; propuso la creación de planes, presupuestos, normativas y protocolos conjuntos entre FGR y PNC en materia de investigación criminal para integrar visiones y generar también economías de escala.

El nuevo fiscal enfrenta grandes desafíos para devolver credibilidad a la institución -tras un período tristemente polémico- y hacerla funcional y eficiente ante las demandas sociales que enfrenta, para lo cual no basta con ser buen abogado o contar con respaldo político, requiere de la voluntad de transformar la institución y sus prácticas, camino nada fácil y para el que requerirá apoyarse en actores externos que le brinden soporte y asistencia técnica.

Ahora, naturalmente tengo mis inquietudes pero sería injusto comenzar a dudar de alguien que recién es nombrado para un cargo tan complejo. Ciertamente es un desafío para el nuevo fiscal general demostrar que es capaz de transformar sustantivamente la institución en la cual se formó profesionalmente y que su vinculación a las prácticas institucionales de la FGR -que él contribuyó a forjar-, no son óbice para ello. Le felicito y le deseo éxito en sus labores, por el bien de nuestro país y nuestra gente.

P. D.: Por si es de interés, dejo copia de un estudio que hice hace 10 años sobre el funcionamiento de la investigación criminal, muchos de los problemas ahí señalados siguen vigentes y generan algunas posibles líneas de aspectos a intervenir.