Desde hace algunos años, se ha venido gestando la idea de un
“derecho a la ciudad” entendida como el espacio público de convivencia
predominante del mundo actual. Este derecho comprendería una amplia serie de
dimensiones, que resumidas, se orientan a el logro de la mejor calidad de vida
para los habitantes de la urbe conjugada con valores democráticos.
Más recientemente se habla de la categoría
“ciudades sostenibles” que podría considerarse una extensión complementaria al derecho a
la ciudad, orientada a la búsqueda de la mayor funcionalidad, vialidad,
seguridad y habitabilidad de las ciudades, considerando el desarrollo social y
económico de sus habitantes y su sintonía con aspectos como el cuido del
medio ambiente.
Este es un tema que atraviesa en el nivel funcional
como territorial casi toda la institucionalidad del Estado salvadoreño, por lo
que no es posible abordarlo a plenitud por cuestiones de espacio y
conocimiento en esta columna. No obstante lo anterior, quisiera comentar una
dimensión de esta visión de ciudad sostenible, que tiene que ver con la
vialidad y movilidad en la ciudad, tema que me concierne y preocupa como
ciudadano de a pie, como peatón, que día a día circulo y enfrento diversas
problemáticas en la ciudad de San Salvador.
Lo primero que hay que decir es que el esquema de movilidad
y vialidad para el país en general y en particular para el Área Metropolitana
de San Salvador (AMSS) –donde habita el 27.5% dela población- no solo es obsoleto,
sino que es dañino para la sostenibilidad de la ciudad y para sus habitantes
por los múltiples efectos que provocan.
Recientemente, en un
reportaje periodístico de Diario El Mundo, se revelaba que
el parque vehicular del país aumentó casi un 30% en el último lustro
(2010-2015) alcanzando una cifra de un poco más de 924 mil vehículos automotores
y destacaba que solo en el departamento de San Salvador había 383 mil
vehículos equivalente al 41.45 % del total nacional. Otro
reportaje de La Prensa Gráfica, informaba sobre la necesidad de intervención urgente en las principales vías de circulación del AMSS debido a la superación de su capacidad instalada por el tráfico cotidiano, las cuales se encontraban en un nivel crítico, aún y cuando, éstas no eran la situación mayoritaria de las vías en ala región.
A continuación, se proponen algunas variables claves a
considerar sobre el impacto de este fenómeno en la vida de las personas y las
ciudades.
Medioambiente y salud
A esto debe sumarse la contaminación acústica y visual que
produce la abundancia de automóviles y otros efectos indirectos como la contaminación
producida por deshechos de los derivados del petróleo lanzados en mantos
acuíferos, así como otros deshechos sólidos como llantas en desuso (que acumulan
agua que sirve de criadero a los zancudos vectores de enfermedades como el
dengue, chikungunya y zika).
Lamentablemente, la baja histórica de los precios del
petróleo está generando consecuencias negativas medioambientales en el
plano global, al estimular el uso de este tipo de energía contaminante y El Salvador no es
la excepción: el número de personas que optan por usar su vehículo se favorece
por el bajo costo actual de los carburantes, pero un mayor número de unidades
en circulación, ralentiza el tránsito, genera congestionamientos y altera la
fluidez de la ciudad. Según Waze, la aplicación de tráfico vehicular para
teléfonos inteligentes,
El Salvador es uno de los peores lugares del mundo para conducir debido a la poca fluidez en vías principales.
Accidentalidad vial
Una variable importante a tener en cuenta, son las transformaciones
del parque vehicular, según el reportaje que citó al inició, las motocicletas
han aumentado en más de un 150% en los últimos seis años. Es notorio pasar por
un estacionamiento y ver el espacio reservado para las motos saturado. Esto
implica más motociclistas en las calles, es decir, más personas transportándose en
condiciones de vulnerabilidad frente a un accidente vehicular, teniendo en
cuenta además, los ampliamente difundidos pésimos hábitos de conducción o falta
de educación vial adecuada tanto de conductores de vehículos como de
motociclistas.
Sin embargo no se trata solamente del número de vehículos,
cuya abundancia puede potenciar el riesgo de colisiones, sino también al hecho
que el volumen de éstos ha superado las capacidades instaladas para la
movilidad vehicular (calles, carreteras) a lo que se suma, un sistema poco
riguroso para la emisión y control de licencias, una limitada capacidad de
control de la carga vehicular y del uso de calles y carreteras, así como la
ausencia de una clara y vigorosa autoridad de transporte.
Seguridad y convivencia ciudadana
Desde hace algunos años, las encuestas de victimización
realizadas el país o similares, han mostrado que el lugar donde la gente se
siente más insegura es el transporte público, esto, aunado a las necesidades de
movilidad individual o familiar frente a un servicio de transporte público
precario, han llevado a muchas personas a adquirir un medio de transporte
particular, sumando números al monstruo.
Sin embargo, los congestionamientos vehiculares se han
convertido en espacios de oportunidad para delincuentes que aprovecha la
inmovilidad de sus víctimas para la comisión de robos y hurtos. Algunas
aplicaciones de telefonía móvil dan cuenta de los principales puntos de la
ciudad donde ocurre esta modalidad de asaltos.
La saturación de las calles por el elevado número de
vehículos y las deficiencias del diseño urbano y ordenamiento territorial
generan problemas de convivencia ciudadana, desde la agresividad al conducir, la
infracción grave y frecuente de normas de tránsito y el irrespeto y agresión a
otras formas de transporte como los ciclistas y peatones, así como otros
conflictos derivados por el uso del espacio público para el estacionamiento
vehicular, la invasión de las aceras y consiguiente desplazamiento de los
peatones, el bloqueo de entradas o salidas residenciales, hasta la
privatización de las calles por empresas o personas particulares quienes de
hecho las toman para uso exclusivo, impidiendo su uso a los demás, inclusive,
haciendo uso de gente armada (vigilantes), lo que viene a añadir conflictividad
al país.
Más grave aún es el surgimiento de economías ilícitas
alrededor del crecimiento del parque vehicular y la dependencia de ellos como
medios de transporte, que van del robo y hurto de vehículos y sus partes por
pequeños o grandes grupos delictivos, al tráfico internacional de vehículos
robados y la corrupción en los registros vehiculares y aduanas.
Según el reportaje citado, mientras los particulares han adquirido más vehículos, se ha
reducido la compra de buses y microbuses, tradicionalmente usados para fines de
transporte público. Es aventurado, pero no descartable pensar que la presión de
las extorsiones en el sector transporte público este generando una contracción
del mismo, pero tampoco debe descartarse la presencia de estímulos negativos
tales como el aval legal para la circulación de automotores con más de 15 años
de uso y otros medios de transporte automotor como los pick ups, camiones y mototaxis.
Alternativas
Está visto que el crecimiento descontrolado del parque vehicular
tiene un impacto negativo en las personas, su salud y seguridad, así como en la
calidad de vida que ofrecen las ciudades y en el medioambiente. Las dimensiones
e impacto del problema le otorgan la necesidad de atención inmediata con un
abordaje en el que intervienen una gran cantidad de instituciones estatales
tanto del gobierno central, local y regional.
Sin ánimo de simplificar, algunas grandes acciones tendrían
que ver con reducir el número de automotores a través de medidas de carácter económico
de desestímulo como el incremento de las tasas y tributos por adquisición de
vehículos y vialidad, uso de peajes en las carreteras, incremento de las multas
y fortalecimiento de las instancias para su ejecución, establecimiento de
cuotas de importación y diferenciación tributaria según utilidad del bien
importado, restringir o limitar la importación de vehículos usados, etc.
Un eje central es la reforma y modernización del sector
transporte público. La gente no abandonará sus autos o motos si no hay una
oferta de transporte público funcional, eficiente, inclusivo, seguro y de calidad. El esquema
actual es obsoleto y contraproducente, pero también es uno de los problemas más
difíciles de resolver en el país, pues la suma de intereses del empresariado
del transporte tiene la capacidad de generar bloqueo mediante medidas de
presión que afectan directamente a la economía del país y a la población. Difícilmente los
gobiernos desean enfrentar una crisis incierta cuyos impactos negativos se muestran
en el cortísimo plazo, por ello, una iniciativa de esta naturaleza comprende un
altísimo nivel de preparación, planificación y dialogo para generar procesos
menos problemáticos.
Lo que me parece clave en una reforma del modelo de gestión
del transporte público es una mayor participación del Estado en el servicio. No
hablo de nacionalización, pero sí de un esquema donde el Estado funcione como
facilitador y como garante del servicio, con participación del sector privado.
Habrá que sacar lección de los éxitos y fallos del SITRAMSS para vislumbrar
algunas ideas para el futuro.
Hay que diversificar el transporte público, no basta con
buses y microbuses (estos últimos los eliminaría como medio de transporte) como
tradicionalmente se han tenido, hay que crear circuitos de provisión de
servicios, innovar con tranvías o sistemas de transporte masivo similares al
metro así como la reactivación y modernización del servicio de trenes.
Hay que hacer un esfuerzo enorme en materia de ordenamiento
territorial y diseño urbano considerando las principales variables demográficas
y geográficas. Las obras en curso en la ciudad como los pasos a nivel y
desnivel contribuyen a aliviar los congestionamientos y a mejorar la movilidad
de la ciudad, pero son medidas reactivas y eventualmente pueden perder vigencia
ante el crecimiento de la carga vehicular, si esta no es contenida. En la
actualidad vemos el desplazamiento de la población urbana hacia fuera de las
ciudades, pero las fuentes de desarrollo y empleo siguen en los
mismos lugares, lo que crea nuevos embudos de tráfico en los accesos o salidas de las
ciudades. Esto tiene que ver con la territorialización del desarrollo y no
tanto con la ampliación de capacidades de movilidad vial.
No menos importante es la promoción y el estímulo de otras
formas de movilidad como el uso de energías limpias, la bicicleta o ir a pie, acompañándolos de algunas
medidas de protección tales como carriles especiales, campañas informativas sobre
sus ventajas y beneficios y medidas de seguridad, lo cual es el principal argumento de mucha gente para no cambiar sus esquemas de movilidad pues nadie quiere ser asaltado o atropellado. Otras medidas como la revisión del escalonamiento de
horarios y restricciones de circulación en días u espacios específicos también
deberían considerarse.
Finalmente, hace falta un esfuerzo de transformación
cultural respecto de las normas de seguridad vial, en las de convivencia y en
las de la relación que tenemos con la ciudad. Sin esto, cualquier iniciativa
tendría éxitos relativos.
