Depuración judicial

La cuestión de la depuración judicial es un tema que pese a ir y venir en algunas coyunturas, no es una materia que se haya establecido de manera sistemática y sostenible en la agenda pública, esto, a pesar de ser considerado un problema central para la administración de justicia desde hace bastante tiempo. El informe de la Comisión de la Verdad en 1993, tras reconocer el triste papel del judicial en el esquema de impunidad que prevaleció durante el conflicto armado, recomendó:  

"Con el establecimiento de la Carrera Judicial, el CNJ debería revisar la plantilla de jueces y mantener, luego de un riguroso examen, a los jueces mejor calificados en vocación judicial, eficiencia y preocupación por los derechos humanos."

La evaluación de plantilla judicial no se realizó en esos términos. La lentitud e ineficacia de la depuración judicial es una de las principales críticas a la CSJ hasta la actualidad. Veintidós años después, el Plan El Salvador Seguro (PESS) también retomó el tema en sus acciones recomendadas: 

"11.  Elaborar un estudio para actualizar los criterios de evaluación para jueces en materia penal.  

12. En el marco de la legislación vigente y con respecto a las competencias fijadas por la Constitución y las respectivas leyes orgánicas, crear una comisión especial con mandato legal para identificar casos de corrupción y/o infiltración de crimen organizado en la que participen la FGR, la PNC, DGCP y el Órgano Judicial (OJ).

13.  Actualizar mecanismos de evaluación, prevención, control, sanción y depuración de la corrupción en las instituciones del sector de justicia y seguridad de conformidad a los estándares internacionales de la lucha contra la corrupción."

Nuevamente el tema ha vuelto a aparecer con el traslado de varios jueces de lo penal hacia otros tribunales de diferente materia o competencia territorial. La CSJ ha tratado de minimizar el tema y no ha dado explicaciones claras sobre las motivaciones de los traslados, pero es un hecho que muchos de los trasladados han sido cuestionados por sus polémicas resoluciones en casos emblemáticos mientras que la prensa lo ha relacionado con las denuncias hechas por el Fiscal General de la República. El día de hoy, jueves 22 de septiembre, la madera de un rotativo matutino informa de 700 investigaciones abiertas contra juzgadores en la oficina respectiva del Órgano Judicial, de las cuales 190 (28%) estarían cerca de tener resolución. Ocho de los jueces trasladados acumulan, en conjunto, cuarenta denuncias ante la oficina de investigación judicial del Órgano Judicial.

El traslado de jueces con el que se ha iniciado esta nueva coyuntura es un parche que no resuelve el problema central: la necesidad de investigaciones y procesos rigurosos que demuestren la responsabilidad profesional de los juzgadores, si la hubiere, y contribuya a aumentar la confianza del público. Para quienes leemos entre líneas, el mensaje ha sido: "no puedo quitarlos, así que mejor trato de neutralizarlos de otra forma", es tácitamente reconocer la incapacidad de hacer funcionar su propio mecanismo de control, llevándose de paso la carrera judicial. Este mal no es exclusivo del Órgano Judicial, sino que también ocurre en otras carreras y relaciones laborales en el Estado: ante la imposibilidad o falta de capacidad para despedir a alguien, se le traslada, moviendo el problema de lugar, pero mientras otras instancias administrativas intentan hacer su labor y esta, por diversas razones puede ser revertida judicialmente, sería paradójico el Órgano Judicial sufriera del mismo devenir. 

Viendo la capacidad desplegada por el Órgano Judicial en la investigación de ex funcionarios de gobiernos en casos de enriquecimiento ilícito, resulta también paradójico que no haya mostrado igual capacidad ante el problema de corrupción judicial largamente denunciado y que constituye uno de los principales cuestionamientos en su contra, pero es importante recordar que hace unos años se solicitó a los juzgadores su declaración patrimonial, habría que ver si ha habido análisis de las mismas y sus resultados.

Tal como lo ha identificado el PESS, es una necesidad urgente fortalecer las capacidades institucionales de los diversos mecanismos de control en la administración pública y de justicia para garantizar la confianza, la transparencia y la rendición de cuentas efectiva de las instituciones del estado.