"La obra de la Justicia será la Paz y los frutos de la Justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Is. 32, 17"

22 de septiembre de 2016

Depuración judicial

La cuestión de la depuración judicial es un tema que pese a ir y venir en algunas coyunturas, no es una materia que se haya establecido de manera sistemática y sostenible en la agenda pública, esto, a pesar de ser considerado un problema central para la administración de justicia desde hace bastante tiempo. El informe de la Comisión de la Verdad en 1993, tras reconocer el triste papel del judicial en el esquema de impunidad que prevaleció durante el conflicto armado, recomendó:  
"Con el establecimiento de la Carrera Judicial, el CNJ debería revisar la plantilla de jueces y mantener, luego de un riguroso examen, a los jueces mejor calificados en vocación judicial, eficiencia y preocupación por los derechos humanos."
La evaluación de plantilla judicial no se realizó en esos términos. La lentitud e ineficacia de la depuración judicial es una de las principales críticas a la CSJ hasta la actualidad. Veintidós años después, el Plan El Salvador Seguro (PESS) también retomó el tema en sus acciones recomendadas: 
"11.  Elaborar un estudio para actualizar los criterios de evaluación para jueces en materia penal.  
12. En el marco de la legislación vigente y con respecto a las competencias fijadas por la Constitución y las respectivas leyes orgánicas, crear una comisión especial con mandato legal para identificar casos de corrupción y/o infiltración de crimen organizado en la que participen la FGR, la PNC, DGCP y el Órgano Judicial (OJ).
13.  Actualizar mecanismos de evaluación, prevención, control, sanción y depuración de la corrupción en las instituciones del sector de justicia y seguridad de conformidad a los estándares internacionales de la lucha contra la corrupción."
Nuevamente el tema ha vuelto a aparecer con el traslado de varios jueces de lo penal hacia otros tribunales de diferente materia o competencia territorial. La CSJ ha tratado de minimizar el tema y no ha dado explicaciones claras sobre las motivaciones de los traslados, pero es un hecho que muchos de los trasladados han sido cuestionados por sus polémicas resoluciones en casos emblemáticos mientras que la prensa lo ha relacionado con las denuncias hechas por el Fiscal General de la República. El día de hoy, jueves 22 de septiembre, la madera de un rotativo matutino informa de 700 investigaciones abiertas contra juzgadores en la oficina respectiva del Órgano Judicial, de las cuales 190 (28%) estarían cerca de tener resolución. Ocho de los jueces trasladados acumulan, en conjunto, cuarenta denuncias ante la oficina de investigación judicial del Órgano Judicial.

El traslado de jueces con el que se ha iniciado esta nueva coyuntura es un parche que no resuelve el problema central: la necesidad de investigaciones y procesos rigurosos que demuestren la responsabilidad profesional de los juzgadores, si la hubiere, y contribuya a aumentar la confianza del público. Para quienes leemos entre líneas, el mensaje ha sido: "no puedo quitarlos, así que mejor trato de neutralizarlos de otra forma", es tácitamente reconocer la incapacidad de hacer funcionar su propio mecanismo de control, llevándose de paso la carrera judicial. Este mal no es exclusivo del Órgano Judicial, sino que también ocurre en otras carreras y relaciones laborales en el Estado: ante la imposibilidad o falta de capacidad para despedir a alguien, se le traslada, moviendo el problema de lugar, pero mientras otras instancias administrativas intentan hacer su labor y esta, por diversas razones puede ser revertida judicialmente, sería paradójico el Órgano Judicial sufriera del mismo devenir. 

Viendo la capacidad desplegada por el Órgano Judicial en la investigación de ex funcionarios de gobiernos en casos de enriquecimiento ilícito, resulta también paradójico que no haya mostrado igual capacidad ante el problema de corrupción judicial largamente denunciado y que constituye uno de los principales cuestionamientos en su contra, pero es importante recordar que hace unos años se solicitó a los juzgadores su declaración patrimonial, habría que ver si ha habido análisis de las mismas y sus resultados.


Tal como lo ha identificado el PESS, es una necesidad urgente fortalecer las capacidades institucionales de los diversos mecanismos de control en la administración pública y de justicia para garantizar la confianza, la transparencia y la rendición de cuentas efectiva de las instituciones del estado. 

8 de mayo de 2016

Cárceles e hipocresía

Uno entiende que la gente que no ha visitado una cárcel pueda decir cosas a la ligera como que éstas son equiparables a hoteles. También uno entiende la ingenuidad de esperar que se puede someter a la obediencia automática y mecánica a las personas que ahí son ingresadas ¡Precisamente por eso están ahí: porque decidieron no obedecer la ley! De igual manera pretenden que los centros penitenciarios funcionen como monasterios cuando las personas internas no son un manojo de virtudes.

Repito, uno lo entiende de gente poco informada pero no de gente que vive en ambientes como la política donde el tráfico de información es cotidiano pero donde se lanza cualquier cantidad de ocurrencias y medias verdades para sorprender a incautos sobre lo que sucede en las cárceles, especialmente ahora que con el revuelo judicial del caso "la tregua" y sus nuevas revelaciones es la lepra de la que todos huyen, aún y cuando, al parecer, nadie está libre de pecado.

No pretendo defender ni justificar nada, solo me gustaría que los políticos no ofendan la inteligencia de la gente y que esta tenga parámetros más realistas para medir las cosas.

Lo primero que debería quedar claro es que la cárcel es un mal necesario mientras la sociedad no logre adaptar otro tipo de sanciones. Es falso que sea la única solución, lo cierto es que culturalmente estamos muy lejos de aceptar otras, por ejemplo, en la justicia indígena, ante un homicidio, se condenaba al homicida a trabajar para mantener a la familia del fallecido, además de la propia. En la justicia como la conocemos, dos familias se quedan fuera de la sentencia y, probablemente, sin sustento. No espero que nos volquemos a la justicia indígena, solo demuestro que culturalmente entendemos las cosas de otro modo.

No hay cárceles buenas. Solo hay cárceles menos malas. Sin duda, las más hacinadas son las que presentan mayores problemas, pero incluso los sistemas penitenciarios más holgados los tienen. Cuando aquí se critica como incapacidad de las instituciones el no poder frenar el tráfico de ilícitos al interior de las cárceles, se hace colocando un estándar que ni países con mayor desarrollo institucional y recursos han logrado cumplir. Por ejemplo, recientemente la BBC de Londres reveló el uso de drones por redes de contrabando para introducir mercancía a los recintos penitenciarios, otro caso es el de Holanda, un país que está cerrando cárceles debido a la falta de privados de libertad, sin embargo, sigue teniendo problemas con la circulación de teléfonos inteligentes al interior de sus cárceles y la existencia de perfiles y páginas de los prisioneros donde difunden su estilo de vida. ¿Por qué pasa esto? porque básicamente, la corrupción es capaz de permear cualquier institución.

¿Mal de muchos, consuelo de tontos? Tonto sería no reconocer que estamos frente a un problema estructural del diseño de la privación de libertad y las instituciones que la gestionan, pero estamos encerrados en un esquema donde parece que es imposible no pensar en otra solución diferente a la cárcel o peor aún, la pena de muerte.