Sobre maras, pandillas y la academia: ¿Qué es lo que sabemos?

Transcribo un interesante intercambio que sostuve con la doctora Sonja Wolf, estudiosa del fenómeno de las pandillas, particularmente en El Salvador (su tesis doctoral -realizada con una amplia investigación de campo- versa sobre alternativas de intervención sobre esa materia)

El intercambio se originó a raíz de la búsqueda de antecedentes de una supuesta "especialista" argentina en la cuestión de las maras. Lo dejo a continuación:

Sonja Wolf ¿Alguien ya conoce este libro sobre las "maras" y sus "embriones" en Argentina?

Laura Etcharren: ESPERANDO LAS MARAS: Estado embrionario en Argentina

Fuente: sociedadymedios.blogspot.com

Socióloga, especialista en la problemática de Las Maras en Centroamérica y su estado embrionario en Argentina. Analista de Televisión. Columnista de: Total News Agency. A.N.A News Agency (New York). Opiniones de Vanguardia (Montevideo/Uruguay).

Edgardo Alberto Amaya Cóbar

No sé si reír o llorar... Esta "especialista" me atrevo a pensar que jamás ha puesto un pie en centroamérica... ni ha hablado con pandillero alguno. No le hagas publicidad no merecida a alguien que precisamente se monta en un "tema de moda" para promocionarse.

Sonja Wolf

Si, acabo de encontrar un artículo suyo y me pareció bastante raro. Hay especialistas y hay "especialistas"...

Edgardo Alberto Amaya Cóbar

Los únicos especialistas en esto son los mareros y los pandilleros... los demás son (somos) curiosos con alguna información...

Sonja Wolf

Espero que no. Es el argumento que defiende Homies Unidos y qué saben o proponen ellos para controlar el problema de las pandillas?

Edgardo Alberto Amaya Cóbar

Claro, eso es otro extremo, el de quien se propone monopolizar el tema con fines distintos al que mencionas. Pero hay que hacer un ejercicio socrático sobre el asunto ¿Qué sabemos? y ¿Cómo lo sabemos? Poveda se metió en el barrio y convivió allí y presentó un resultado valioso, con un objetivo claro: sensibilizar. Pero ¿donde está la producción de conocimiento más etnográfico? Es un desafío difícil pero pendiente. Los estudios basados en encuestas pueden ser útiles, pero, perdón por mi suspicacia: realmente se reponde con honestidad? y, de ello, qué nos dice realmente sobre las maras.

Sonja Wolf

De acuerdo. Pienso que los que queremos investigar el tema sí podemos lograr una aproximación a ello, no tenemos que haber sido pandilleros para entender algo del tema. Lo que hizo Christian debería servirnos como ejemplo, pero el problema se ha vuelto tan complicado y peligroso que me temo que ya no se puede hacer un trabajo etnográfico en muchas de las comunidades afectadas. Siempre será mejor una combinación de métodos. Las encuestas pueden servir, aunque el uso de cualquier método siempre dependará de lo que quieres saber. También creo que los estudios iniciales que se hicieron en El Salvador sí han sido valiosos, pero últimamente ha habido más reciclaje de información y especulación que verdaderas investigaciones. Es hora de enfrentar este reto, pero creo que actualmente nadie saber cómo hacer buenas investigaciones sobre las pandillas sin arriesgar (perder?) la vida.

Edgardo Alberto Amaya Cóbar

That is the question...

(Correo adicional a la discusión:

Edgardo Alberto Amaya Cóbar El 04 de noviembre a las 16:05

El tema de los expertos viene de charlas con JR. que me decía que a pesar de conocer a varios miembros de pandillas de larga data, no se atrevía a decir que supiera mucho sobre las pandillas, yo comparto esa opinión. Al padre Toño y el padre Pepe -en ambos extremos- no creo que les guste, pero ellos tampoco son académicos ni trabajan para producir conocimiento sistemáticamente, sino que se valen de sus experiencias personales, muy valiosas, pero no sistematizadas ni confrontadas con otro conocimiento.

Más allá de una serie de hipótesis más o menos probadas sobre sus orígenes sociales, lo que sigue son resultados de encuestas que arrojan algunos datos. Más allá de eso, no hay un conocimiento que desvirtúe contundentemente el "conocimiento policial" de la materia y sus tecnologías y esa ausencia permite la instalacion de la versión oficial en los medios y agenda pública.)

Sonja Wolf

Si, la ausencia de buenas investigaciones crea este problema de la hegemonía del discurso oficial. Me parece curioso que las investigaciones en El Salvador ni siquiera hacen referencia a la literatura sobre pandillas que existe en otras partes - así se podría refutar la tesis, p.ej. que las pandillas son crimen organizado. Esto se repite hasta la saciedad y no tiene sentido. Personas como el Padre Pepe, pues, hasta la fecha se les ha dado demasiada confianza. Se dan esta imagen de expertos, pero generalizan demasiado. En el Polígono ni siquiera hay pandilleros, pero todo mundo le pinta como centro modelo de rehabilitación sin previamente averiguar que es lo que el Padre está haciendo y a quién sirve realmente. Siento que en El Salvador faltan muchos conocimientos tanto sobre las pandillas como sobre programas y políticas de pandillas - ejemplo CNSP: no saben qué están haciendo, y el aporte de Aida Santos parece que tampoco sirve.

Edgardo Alberto Amaya Cóbar

Totalmente de acuerdo, pero también hay que señalar que algunas iniciativas sufren de falta de difusión debida y discusión, como el reciente libro de Wim Savenije que a pesar de resumir muy bien la evolución cronológica de las visiones del fenómeno (oficiales y académicas) y repleto de entrevistas, no ha tenido una recepción entusiasta.

Sonja Wolf

Sí, lo mismo aquí en México. Publican pocas copias de un libro y luego tiene poca difusión. Muy lamentable. El inglés y los trabajos redactados en este idioma prevalecen en el mundo académico.

Día de los muertos

EL DESCANSO DEL GUERRERO

Los muertos están cada día más indóciles.

Antes era fácil con ellos:
les dábamos un cuello duro una flor
loábamos sus nombres en una larga lista:
que los recintos de la patria
que las sombras notables
que el mármol monstruoso.

El cadáver firmaba en pos de la memoria
iba de nuevo a filas
y marchaba al compás de nuestra vieja música.

Pero qué va
los muertos son otros desde entonces.

Hoy se ponen irónicos
preguntan.

Me parece que caen en la cuenta
de ser cada vez más la mayoría!

Roque Dalton, Taberna y otros lugares

[El Salvador] Militarización de la Seguridad Pública o de “policías y ladrones” a “soldados y ladrones”

La idea de incorporar de manera más activa al ejército en tareas de seguridad pública se mantiene en agenda salvadoreña con mucha fuerza. Tanto interés ha generado la iniciativa que recientemente se llevó a cabo un taller sobre el tema dirigido por el Centro de Asuntos Hemisféricos de la Defensa Nacional con sede en los Estados Unidos.

Las declaraciones del ministro de la Defensa Nacional mencionan una eventual ampliación de las facultades coercitivas a los militares en el marco de su actividad de apoyo a la seguridad pública. Incluso, llega a ofrecer metas de reducción de delitos de un 10% en seis meses.

Sobre la base de un contexto marcado por la emergencia, se invisibilizan otros aspectos de gran trascendencia como la vigencia de los mecanismos constitucionales para el uso de la Fuerza Armada en tareas de seguridad interna, y en general, la necesidad de fortalecer el rendimiento institucional antes que promover su desnaturalización. El Dr. Antonio Martínez Uribe plantea estas cuestiones substanciales en una reciente columna (aunque no comparto su tajante afirmación de que el control civil de la seguridad ha fracasado en todas partes)

Las discusiones centrales en este tema tienen que ver con la decisión política de confiar o no el control de la seguridad a autoridades civiles como lo manda la Constitución, o si, paradójicamente, un gobierno del que forma parte la exguerrilla dará continuidad a la inercia histórica autoritaria y cederá a las presiones geopolíticas para devolverle un rol protagónico a las Fuerzas Armadas.

Se ha dado por sentado y con mucha facilidad que la situación ha rebasado los medios ordinarios, sin embargo, no parece que éstos se hayan agotado aún, falta tomar medidas de mayor operatividad policial como la implementación del régimen de disponibilidad (y no el acuartelamiento como lo sugiere el PCN) Tampoco ninguna autoridad responsable en la materia ha oficializado dicho supuesto como para fomentar el tema en agenda, por lo que su promoción en agenda responde a intereses sectoriales o particulares de los que siempre rechazaron el modelo policial surgido de los Acuerdos de Paz.

Adicionalmente, la sugerencia de dotar de facultades coercitivas a los militares ignora la existencia de condicionamientos constitucionales: La FGR y la PNC son las entidades encargadas de la aplicación de la ley según la Constitución, agregar a otro actor en la materia no sería coherente con el mandato constitucional.

En segundo lugar, como se ha señalado por diferentes actores: los militares son formados para actuar en un contexto blanco y negro (amigo-enemigo) y no en uno gris, como el que cotidianamente enfrentan las fuerzas policiales. Además: ¿quién dice que el control militar de la seguridad pública ha sido efectivo en El Salvador? Este país ya era reconocido como uno de los más violentos del continente desde finales de la década de los sesenta según OPS y lo que vino después fue peor.

La discusión generada por esta agenda de militarización, lejos de elevar la calidad de los argumentos y análisis desde una óptica de políticas públicas de seguridad, las devalúa y minusvalora. En ningún momento se ven planteamientos técnicamente fundamentados sobre las necesidades operativas de la PNC, por el contrario, los datos existentes no dicen que esta fuerza policial es, según un reciente estudio de USAID sobre la policía salvadoreña: la de mayor cobertura poblacional de Centroamérica en razón del número de policías respecto de la población, la Policía con el presupuesto más alto de la región, la policía con la mejor tecnología de la región y la Policía con los niveles educativos más altos de su personal.

Con estos elementos, una propuesta incrementalista como la de meter al ejército es de un simplismo muy pedestre y termina obviando y apartando de la discusión las razones y mecanismos por los que la operatividad policial puede ser mejorada en su rendimiento. No poner esto en discusión es dejar el problema instalado y crear uno nuevo con el manejo de los militares en la seguridad.

Histeria colectiva y democracia

(publicada en Contrapunto el día 20 de octubre de 2009)

Edgardo A. Amaya Cóbar*

San Salvador, 19 de octubre. Durante días previos se venía acumulando tensión sobre una supuesta amenaza de grupos pandilleriles que habrían establecido un “toque de queda” en diferentes puntos del país. La amenaza había circulado por correos electrónicos en términos poco claros y algunos medios le dieron difusión, al tiempo que eran desmentidas por autoridades policiales y se señalaba que era una campaña de miedo con segundas o terceras intenciones.

Es necesario comprender de que vivimos en el país del “dicen que…” (entropía comunicativa por excelencia) para adivinar las dimensiones del impacto que dicho rumor tuvo. Muchas escuelas, oficinas y negocios cerraron anticipadamente, empresarios del transporte también finalizaron jornada con muchas horas de anticipación. Es difícil saber la magnitud total que tuvo la supuesta amenaza, lo cierto es que logró en buena medida su objetivo: intimidar y lograr fortalecer el peso simbólico de la inseguridad, llevándola a niveles cuasi apocalípticos y en estas condiciones, se da una suerte de fenómeno contradictorio por el cual, los efectos ocasionados por el rumor se convierten para algunos en la prueba de su veracidad:”era cierto porque la gente obedeció”.

El rumor cayó en el suelo fértil de la inseguridad colectiva. Más que una amenaza real y creíble, lo que fue efectivo en este caso es la carga simbólica que han alcanzado las pandillas en el imaginario social. Para remacharlo, cualquier hecho de violencia que se suscitara, sería automáticamente relacionado al supuesto “toque de queda” y con ello solo se fortalecería el peso simbólico de las pandillas y se incrementaría la inseguridad subjetiva de la colectividad.

Además de los costos económicos y humanos de la situación generada por este rumor, existen claros costos políticos: se favorece el proceso de deterioro de la imagen al que han sido sometidas las autoridades de seguridad pública. Sin embargo, la cuestión no se reduce a ese debilitamiento de imagen de x o y funcionario: se refiere a la vigencia de la institucionalidad y el apoyo al sistema.

Desde hace años, los estudios de cultura política en la región como Latinobarómetro o el Barómetro de las Américas vienen señalando el grave riesgo de que el miedo a la inseguridad termine socavando la vigencia del régimen democrático y sus instituciones y promueve la aparición de caudillos autoritarios o de prácticas claramente contrarias al estado de derecho como respuestas desesperadas contra la inseguridad, las que irían desde la reducción de derechos y libertades, militarización de la seguridad, hasta ejecuciones, linchamientos y otro tipo de comportamientos extralegales. Como bien lo ha dicho Eduardo Galeano: “Los asustados pueden ser más peligrosos que el miedo que los asusta”.

Por lo anterior, me parece que la circulación del rumor que generó este estado de paranoia e histeria colectiva es sospechosa, no solo por sus intenciones inmediatas: generar miedo y acelerar la desesperación de la gente, sino por las de largo plazo: como el favorecimiento de intereses económicos de determinadas mafias que quieren controlar territorios o sectores, o estimular la creación de un terreno fértil para la inestabilidad política o una ruptura del Estado de Derecho, en el más grave de los casos.

Otra sospecha es relativa a la autoría de la amenaza, si esta verdaderamente se originó desde alguna pandilla, un bromista o si es una maniobra pensada desde el escritorio de algún actor político. Talvez suene a conspiracy theory, pero no parece casual que esto suceda justo en el momento en que se discuten trascendentales decisiones gubernamentales en materia de seguridad y en el que el principal partido de derecha sufre una fuerte división interna que lo debilita y cuyos alcances han salpicado al partido en el gobierno. Si bien, no se deben cerrar las posibilidades, también se debe ser suspicaz sobre las mismas.

*Abogado y colaborador de Contrapunto
Blog: http://seguridadyjusticia.blogspot.com

Informe: Victimización y percepción de inseguridad en El Salvador 2009

El Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (IUDOP) presentó este día su informe Victimización y percepción de inseguridad en El Salvador 2009. El cual contiene valiosa información para complementar el análisis sobre la realidad delincuencial en el país.

Pueden ver el boletín de prensa que resume el informe aquí y el informe completo aquí.

Informe Regional de Desarrollo Humano 2009-2010 PNUD

El día 20 de octubre, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó en El Salvador su Informe de Desarrollo Humano para Centroamérica 2009-2010: "Abrir espacios a la seguridad ciudadana y el desarrollo humano". El texto de dicho informe se puede descargar desde aquí.

Cumplimos cuatro años!!!

Muchas gracias por sus visitas y comentarios en este tiempo.

Homicidios y gestión de la seguridad: alternativas

Hasta aquí las hipótesis sobre la crisis actual de homicidios. No son todas, pero la pregunta que sigue es: ¿Es posible salir de este contexto tan crítico?
Sí, lo es y existen evidencias de que es posible reducir el impacto de la violencia en la sociedad partiendo de las condiciones existentes en ciudades latinoamericanas. Casos como los de Bogotá, Medellí y Calí en Colombia, Sao Paulo e incluso, -a pesar de las noticias recientes- Rio de Janeiro, en Brasil, han logrado una reducción significativa del impacto de la violencia letal en años recientes.
En el caso colombiano, la participación activa de los gobiernos locales, la coordinación interinstitucional en todos los niveles de gobiernos y una estrategia de seguridad de “entrar-controlar-quedarse” logró reducir significativamente el impacto que la violencia tenía en ciudades otrora consideradas insalvables de las manos del narco como Calí y Medellín.

En Brasil, un aporte importante en la reducción de la violencia armada lo dio la aprobación del denominado “Estatuto del Desarme” por el cual se prohibió, bajo la amenaza de graves sanciones, la portación de armas en espacios públicos, así como medidas tributarias de control del comercio de armas y procesos de sensibilización y desarme de población. En Rio, desde la implementación del estatuto, se habría reducido en un 18% las muertes por armas de fuego, lo que se traduce en 6 mil vidas.

Es posible salir del estado actual, pero ello requiere no solo voluntad política sino también, creatividad, propuestas y compromiso de toda la sociedad para poder echar a andar iniciativas orientadas a pacificar la sociedad salvadoreña.

Homicidios y gestión de la seguridad: hipótesis 4

Hipótesis 4: Otra de las cuestiones relacionadas con el cambio de las reglas de la violencia son las consecuencias de las políticas de manodurismo y énfasis en las maras o pandillas.

Las pandillas no solo se volvieron más sofisticadas para evadir el control policial, sino que también, la concentración en la cárcel de sus líderes terminó fortaleciendo su capacidad de acción coordinada y de intercambio de información y experiencias. Si antes se consideraban como “outsourcing” del crimen organizado, una vez fortalecidos estuvieron en la capacidad de hacerse la siguiente pregunta: ¿por qué hacer el trabajo sucio si podemos tener el negocio? Y con ella, la incursión a nuevas actividades delictivas por parte de algunos de sus miembros, el caso más notorio es el de la extorsión.

Pero la concentración de cabecillas en centros penitenciarios generó un efecto no deseado en las propias pandillas: el divisionismo y la eventual pérdida de control del liderazgo tradicional frente a uno más joven que surge en el exterior de los muros penitenciarios, más violento y desafiante, incluso, frente a los más antiguos, lo que ha generado un proceso de pugnas y purgas internas que añaden cifras al conteo mensual de homicidios.

Las extorsiones también se han convertido en foco de conflictividad: como en toda organización, el reparto o disposición de los recursos es una de las principales y más frecuentes causas de conflicto y los “ajusticiamientos” que se dan en el marco de pugnas por el control de los recursos son un aspecto particular de esta dinámica.

Homicidios y gestión de la seguridad: hipótesis 3

Hipótesis 3: Otra variable en el cambio de las reglas de la violencia viene dado por el contexto económico actual: según cifras oficiales, se han perdido más de 30 mil empleos y para el fin de 2009 la cifra podría ser de 50 mil. La literatura criminológica ha señalado la influencia de este fenómeno social y su relación con el comportamiento criminal en una sociedad, Rusche y Kirchheimer descubrieron una tendencia según la cual, en épocas de crisis se aplicaba más encarcelamiento como control de la mano de obra excedente, la tendencia se invertía en tiempos de bonanza económica. No podemos obviar el fuerte peso que el agravamiento de las condiciones de supervivencia tiene en el contexto, fenómeno que no puede ser intervenido exclusivamente desde estrategias de control.

Como una derivación de lo anterior, la crisis podría estar estimulando formas delincuencias de tipo patrimonial como las ampliamente difundidas extorsiones. Ellas también aportan una cifra no menor a la letalidad de la violencia, puesto que las mejores amenazas son aquellas que se está dispuesto a cumplir, de esta forma, el homicidio es el principal mensaje para asegurar el éxito de la industria extorsiva (el que no cumple, muere), teniendo en cuenta que probablemente dichas acciones quedaran impunes. No es que todos los extorsionistas maten o tengan la voluntad o posibilidad de hacerlo, pero se ven beneficiados por esos mensajes que otros sí realizan, con lo cual se fortalecen. Sin embargo, en el peor de los casos, también las limitaciones económicas actuales impiden que las víctimas cumplan con las condiciones impuestas por los delincuentes, aumentando el riesgo de convertirse en un mensaje aleccionador de los extorsionistas.

Homicidios y gestión de la seguridad: hipótesis 2

Hipótesis 2: Como consecuencia de lo anterior, resulta significativo que por primera vez en el discurso de las autoridades de seguridad pública el narcotráfico y el crimen organizado sean identificados como actores significativos de la violencia, los cuales habían sido invisibilizados gracias al énfasis puesto en las maras o pandillas por el discurso de las administraciones anteriores. A lo anterior debemos agregar como antecedentes las investigaciones en curso contra importantes jefes policiales por su relación con el narcotráfico y los frecuentes e importantes decomisos de droga de los últimos meses.

Tal como lo propuso el estudio sobre crimen y violencia en Centroamérica de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD) la subregión centroamericana sufre las consecuencias de la presión de la lucha contra el narcotráfico en sus dos extremos: México y Colombia. Lo anterior vuelve a Centroamérica en una región en disputa de las rutas de transporte de droga por los carteles de esos países en relación con los locales, dichas disputas no se resuelven pacíficamente sino por la fuerza.

La violencia del narcotráfico no solo se deriva de la pelea por rutas, sino también por la disputa del mercado local de distribución y comercialización: nuestros países son también países consumidores y no meras plataformas para el tráfico. El Salvador, para el caso, ha sido considerado como uno de los mayores consumidores per capita de cocaína, lo cual da una muestra de la importancia que para el narcotráfico tiene un mercado como éste.

Homicidios y gestión de la seguridad: hipótesis 1

Hipótesis 1: Es necesario tener en cuenta es el impacto que genera un cambio de lo que Eric Hobsbawn denomina “las reglas de la violencia”, es decir, a ciertas pautas institucionalizadas del comportamiento violento en una sociedad, que generan una cierta “predictibilidad” de la violencia. Mi hipótesis al respecto es que con el cambio del gobierno también ha habido un cambio de dichas reglas y que el proceso se encuentra en un trance anómico. Sobre este punto hay varias cuestiones que analizar.

Hay un cambio substancial en las jefaturas del sector seguridad pública y en general, de la visión sobre la gestión de la seguridad. Si bien, queda claro que las nuevas autoridades marcan distancia respecto de las modalidades de manodurismo y presión policial como estrategia de control, aún no han logrado explicitar de manera clara ante el público la visión a implementar en los próximos años, aunque ello no se deba, necesariamente, a la falta de planes o lineamientos estratégicos. Sin embargo, por la presión de los acontecimientos, la decisión política se está acercando a retomar algunas de dichas medidas de control, aunque con algunos matices.

Pero lo que aquí interesa destacar es que el cambio de titulares y jefaturas y los reacomodos que éstas han dispuesto han generado reacciones. Las investigaciones realizadas al interior de la PNC por las nuevas autoridades han detectado pistas que podrían revelar turbias relaciones entre algunos miembros del personal policial y el crimen organizado, no solo en los niveles básicos, sino también en altos oficiales. Si las investigaciones continúan y confirman las sospechas, posiblemente las ramificaciones de dicho fenómeno salpiquen a otros actores políticos.

Tal como se ha determinado en otros contextos como Argentina: la corrupción policial y sus relaciones con sectores políticos y criminales, se transforma en una llave reguladora de la violencia social y la delincuencia. Esta permite negociar con otros actores algunos niveles de estabilidad.

Al ordenar la casa, aparecen las cucarachas. Probablemente hace mucho rato que estuvieron ahí, pero no te das cuenta sino hasta que se da la necesidad y la decisión de ordenar y limpiar. Al verse descubiertas, las cucarachas se alborotan y esto incrementa la sensación de insalubridad ya existente.

Lo mismo sucedería al romper redes de corrupción y sus ramificaciones criminales: al verse amenazadas o descubiertas, podrían generar reacciones de resistencia al cambio, sobretodo, si tomamos en cuenta las palabras del Presidente Funes en su discurso de toma de posesión donde ofreció un combate frontal al narcotráfico y crimen organizado. Vale recordar que el Presidente Colom de Guatemala vivió también una fuerte oleada de violencia que se interpretó como un desafío de parte del crimen organizado a su gobierno. Sería absurdo concluir que para evitarnos el alboroto, se dejasen las cosas como están.

Homicidios y gestión de la seguridad. Algunas hipótesis (intro)

No hace falta esperar el fin de año para saber que El Salvador terminará con una tasa escalofriante de homicidios (probablemente arriba de 75 por cada 100 mil habitantes) La pregunta que a todos nos intriga es ¿por qué vivimos este fenómeno? ¿Por qué una tendencia hacia la estabilización recupera súbitamente un impulso ascendente? Y más personalmente ¿por qué ahora?

Creo que es un error caer en el juego de regatear muertos. Es sádico-masoquista la fijación en los números como marcador de un partido, incluso un matutino sensacionalista lleva su cuenta particular en una sección denominada el “muertometro”, quitando espacio y dedicación a una discusión seria y con los pies en la tierra sobre el fenómeno, en la que las cifras sean un elemento de discusión, entre otros igualmente importantes.

Un primer aspecto a considerar es que para discutir a fondo sobre un fenómeno, es necesario conocerlo. Tenemos datos de homicidios en circulación y en abundancia, pero no revelan las características de la fenomenología, por ejemplo, cuantos son ocasionados como consecuencia de otros delitos (robos violentos, violaciones, violencia intrafamiliar) o como acciones directas (ajustes de cuentas, venganzas, riñas), así como una clasificación de los actores violentos (cónyuges, delincuentes comunes, pandillas, crimen organizado) y de los factores de riesgo asociados (drogas, alcohol, armas)

Adicionalmente a esta clasificación de los homicidios, es necesario su mapeo para determinar zonas de mayor incidencia. Es sabido en el marco de estudios criminológicos que una alta concentración de homicidios en un territorio específico tendría que ver con patrones establecidos de violencia en los que usualmente, un pequeño número de actores violentos ocasionan un elevado número de muertes.

También la literatura especializada establece patrones cíclicos de comportamiento en el caso de homicidios, particularmente en días de la semana, del mes, épocas del año como los períodos vacacionales, e inclusive, en períodos más amplios, lo cual es importante tener en cuenta a la hora del análisis y de las intervenciones.

Con una clasificación adecuada, se implementan acciones coherentes. Algunos homicidios podrían ser evitados a partir de una mayor disuasión, como en el caso de los que se podrían derivar de la delincuencia común, pero no otros en los que existe una planificación previa y una decisión para su ejecución como en el caso de los ajustes de cuentas de delincuentes organizados y la respuesta tenga que ser la desarticulación de dichas estructuras a partir de ejercicios de inteligencia e investigación. Los crímenes más impredecibles son los ocasionados en presencia de factores de riesgo como consumo de drogas, alcohol y uso armas, pues surgen de conflictos espontáneos con desenlaces fatales, en este caso, las medidas de prevención deben pasar por la regulación de esos vectores.

Homicidios y gestión de la seguridad: propuestas y verdades incomodas

Recientemente la propuesta de incorporar personal del ejército como personal operativo en funciones policiales ha tomado mucha relevancia. Dicha propuesta fue planteada por el padre José María Tojeira, Rector de la Universidad Centroamericana (UCA), la cual ha encontrado eco en el Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada, quien ha calificado la propuesta como “audaz”.

Tojeira propone esta medida en el marco de las alarmantes cifras de delitos como los homicidios y las extorsiones. Dicha propuesta buscaría aumentar la capacidad operativa en tareas de cobertura territorial, prevención y disuasión delictiva.

Antes de sentar posición sobre esta propuesta es necesario establecer algunos presupuestos: 1. Es cierto, los niveles de homicidios son inusuales y alarmantes y cuestionan la capacidad de control del sector seguridad y justicia penal sobre este fenómeno. 2. También es cierto que una mayor cobertura territorial y funcionamiento operativo contribuiría a mejorar algunas condiciones de seguridad, sobre todo, de tipo subjetivo (sensación de seguridad)

Dicho lo anterior, hay algunos aspectos que me preocupan sobre esta medida. Sin un orden de importancia, podría mencionar una inquietud de tipo constitucional: si la justificación para el uso del ejército es una situación de emergencia, deben seguirse los pasos correspondientes para implementar la iniciativa. De lo contrario, vendría realizándose de la cuestionable manera como se ha hecho hasta ahora.

Una segunda preocupación es política y tiene que ver con la tentación de hacer más de lo mismo. Una de las críticas más tristes que se puede hacer a una izquierda es que retome el continuismo de los métodos de la derecha en materia de seguridad. Esto no es solamente una cuestión ideológica, sino práctica: esos métodos fracasaron o, en el mejor de los casos, no lograron afectar substancialmente el fenómeno de la violencia y la inseguridad.

Lo anterior nos lleva a la tercera cuestión que tiene que ver con los efectos prácticos: tal como se dijo, este tipo de medidas han demostrado no tener un impacto significativo en la seguridad objetiva, sino más bien en la subjetiva. El ejército ha estado involucrado en tareas de seguridad pública desde los Acuerdos de Paz y las variables de reducción o aumento de la delincuencia no parecen estar relacionadas con dicha participación.

Se deben agregar las necesarias gestiones de cambio de las formas intervención militar por las policiales y la dualidad que esto puede genera en la institución policial. Además de los diferentes códigos de obediencia que rigen en las diferentes culturas organizacionales y la existencia de salarios diferenciados por funciones similares, pues la propuesta del padre Tojeira apunta a mantener el bajo salario militar del personal a incorporarse a tareas policiales.

Si partimos del dato que los homicidios y las extorsiones han aumentado, entonces, la respuesta debería ser adecuada a dichas circunstancias. Para el caso, un aumento de la presencia de fuerzas de seguridad en el territorio, no tendría efecto sobre la extorsión por la forma en que esta se realiza, tomando en cuenta que, según datos de la PNC, la mayoría de estas provendrías de las cárceles.

Posiblemente una mayor presencia, pueda restringir la operatoria de algunos homicidios, pero es poco probable que detengan aquellos derivados de acciones planificadas y dirigidas, tal como muchos de los homicidios que diariamente son reportados por los medios, en los que precede la desaparición o privación de libertad de la víctima, ocultamiento de los cadáveres y otras prácticas que indican la existencia de planificación y premeditación.

Solamente un conocimiento claro y profundo de las tipologías, metodologías y actores relacionados con los homicidios en los territorios podría arrojar medidas más concretas y adecuadas a este flagelo, dicho conocimiento se construye a partir de análisis de información e inteligencia criminal. Sin este presupuesto, cualquier estrategia de tratamiento sería palos de ciego.

Fuera de la efectividad de la medida en la reducción del delito, preocupan otras cosas adicionales: la desnaturalización de la PNC y del Ejército y la institucionalización de los “parches” como salida a los problemas. Guatemala y México no son buenos ejemplos de lo que sucede cuando se involucra al ejército en tareas de seguridad interna.

Si bien es cierto, el gobierno debería tener gestos concretos en materia de seguridad, orientados hacia los principales fenómenos de violencia y delincuencia, ello no debería partir de enfoques simplistas o reciclados.

Lamentablemente, la honestidad no es algo que se considere popular. Por el contrario, parece que la exigencia de algunos medios sobre esta materia es, como la frase acuñada durante la crisis de inicios de la década en Argentina: “Basta de realidades, queremos promesas”

Publicaciones recientes

Algunos materiales de reciente publicación y de interés para los involucrados en el estudio de la seguridad:

Savenije, Wim (2009) Maras y Barras. Pandillas y violencia juvenil en los barrios marginales de Centroamérica. San Salvador: FLACSO. Ver Reseña.


Arias, Patricia (2009) Seguridad Privada en América Latina: el lucro y los dilemas de una regulación deficitaria. Santiago: FLACSO. Descargar

Documento: Los principales desafíos para la Seguridad Pública en El Salvador 2009

Recientemente recibí, gracias a Wim Savenije, investigador sobre violencia juvenil y pandillas, el informe 'Los principales desafíos para la seguridad pública en El Salvador 2009', como ayuda memoria del almuerzo de trabajo que organizó FLACSO El Salvador el 2 de julio como parte del foro "15 AÑOS DE PANDILLAS EN CENTROAMÉRICA: BALANCE Y PERSPECTIVAS".

El documento resume la visión de diversos actores involucrados en el análisis y gestión de la cuestión de la seguridad, el cual puede servir de plataforma de discusión sobre las principales acciones a emprender en materias de políticas públicas de seguridad.

Queda para su conocimiento y difusión.

Mataron a Christian Poveda

Me enteré al final de la tarde, haciendo mi revisión de prensa. Aun estoy en shock y es demasiado prematuro hablar sobre el suceso hasta que contemos con más y mejor información que la que preliminarmente ha circulado.

No conocí a Christián Poveda, pero el impacto de su trabajo lo había vuelto en un personaje reconocido y se le miraba comprometido con una misión que pretendía buscar alternativas a la violencia en el país, cuestión en la que hacíamos causa común, por tanto, es cómo si hubiese muerto un compañero, un camarada.

Christián Poveda, documentalista franco-español, fue corresponsal de prensa internacional y cubrió múltiples conflictos en el mundo, entre ellos, el salvadoreño. Poveda se interesó en el problema de las maras y pandillas juveniles y decidió preparar un documental al respecto, para lo cual, audazmente se sumergió durante 18 meses a convivir con miembros de la pandilla Barrio 18 en La Campanera, municipio de Soyapango, y a contar la historia como pocos: desde adentro y desde la voz de los protagonistas. El resultado fue el documental "La Vida Loca", que ha sido difundido tanto en ámbitos académicos como en festivales de cine, sacudiendo incluso al observador menos atento.

Recuerdo que hace tres o cuatro meses, una persona con apellido rimbombante y de abolengo confesaba en una columna periodística, que su propuesta original sobre las pandillas era el extermino de las mismas, pero que el citado documental le había hecho cambiar radicalmente de opinión y pasar a ser un convencido de la necesidad de un tratamiento de intervención social especial a la problemática. Vaya! pensé, si esta película lograba sensibilizar a tal grado a alguien situado en una posición dura, ojalá sirviese de instrumento para una discusión amplia e integral de la problemática.

Pero ahora han matado a Poveda, ha caído como una víctima más de la absurda e irracional violencia del país. Alguien que quizo abrir un camino para tratar la violencia donde nadie se atrevía, ha sido silenciado por ella. Surge el desencanto y las dudas. Surgen los que acusan a la víctima: "si te metes en lugares peligrosos con gente peligrosa, algo te pasará"; saltan los fachas a decir que siempre tuvieron razón y que había que meter presos a todos: a ver tú, defensor de delincuentes, ¿qué dices ahora?. Lo peor puede venir de nosotros: dejar de creer, perder la esperanza.

No sería justo para la memoria de Christian Poveda hundirnos en el desencanto, sumarlo al body count diario como un número más, precisamente el hecho de haber invertido parte de su vida en un proyecto que buscaba buscar alternativas, hace que su regalo sea más valioso y, por tanto, debe ser honrado continuando la búsqueda que él inició, heredándonos una propuesta.

Protestas sociales: otra forma es posible

Dice Roberto Gargarella que el derecho a la protesta debería figurar como un derecho prioritario, en cualquier sociedad que se precie de democrática o aspire a ello, no solo en términos electorales, sino substanciales, es decir, donde efectivamente el pueblo tenga incidencia en la toma de decisiones.

De la misma manera, el jurista señala los peligros de la manipulación de la relación conflictiva entre los derechos a protestar y los derechos de los afectados por dichas el ejercicio de aquel derecho. Según el autor citado, este no es el conflicto principal. Considerarlo de esa forma es contraponer actores que originalmente no son partes en conflicto. Regularmente, las protestas suelen reinvindicar unas demandas específicas al estado, los protestantes se encuentran en una situación conflictiva respecto de las acciones u omisiones estatales y no en contra de terceros, aún y cuando éstos se vean afectados de alguna manera por dicho conflicto, pero ello, en cierta medida, es incontrolable.

La protesta social, particularmente la realizada en ejercicio del derecho de reunión y expresión a través de concentraciones, marchas o cortes de rutas son medidas de presión para llamar la atención sobre las demandas planteadas. En el pasado, se acusaba a quienes usaban estos métodos de ser grupos de fachada manipulados por partidos o grupos opositores al gobierno. En el presente, se sugiere algo similar, aunque no expresamente.

Lo más raro de todo es que sectores de derecha, sigan acusando a la izquierda -ahora gobernante- de tales acciones, argumentando que las protestas son muestra de la división existente entre el Presidente y su partido. Otros señalan el surgimiento de nuevos liderazgos políticos que buscan protagonismo.

Independientemente de lo anterior, no es prudente descalificar una demanda probablemente legítima por la existencia de segundas o terceras agendas tras de ella. Lo más sano es escuchar y constatar la existencia y dimensión de los problemas y sus actores, antes que descartarlos. Ello no implica tampoco ser ingenuo frente a esas realidades de manipuleo o aprovechamiento de ciertos líderes que utilizan el chantaje como moneda de cambio. Solamente un manejo transparente del conflicto puede poner ante los ojos del público las verdaderas razones en discusión.

Ante la frecuencia de este tipo de actividades, se promueve por algunos formadores de opinión el uso de la fuerza para el restablecimiento del orden y se critica a la policía por no hacerlo oportundamente, el argumento tras de esta posición radica en la afectación que se hace a terceros, el cual, es un argumento sensible en tanto, miles de personas sufren descuentos de sus salarios o pérdidas mayores según sea la actividad que vean frustrada.

Sin embargo, el uso de la fuerza en estas situaciones es la forma más brutal de descalificación de esas peticiones. Se debe usar la fuerza para el restablecimiento del orden pero bajo parametros normativos claros y en situaciones extremas, no debe ser una acción inmediata que anule la vigencia del derecho a la protesta.

Pero la pregunta que deberíamos formularnos es ¿Por qué la gente protesta? Bueno, básicamente porque tiene demandas insatisfechas frente al gobierno, pero entonces ¿esta es la única forma de hacer efectivas las demandas? No es la única, pero parece una efectiva y eso estimula su uso y abuso, aunque a veces, también uno extraña la falta de creatividad.

Hay que sumar un elemento adicional: por sus antecedentes, la izquierda ahora gobernante ha sido defensora de la protesta social y ésta ha sido un instrumento de muchas de sus acciones políticas, entonces ¿sería coherente que un usuario y defensor de este recurso, lo niegue a otros y opte por descalificaciones políticas o al uso de la fuerza? No, no lo es y puede ser aprovechado como un punto débil en el contexto de la presión y negociación por quienes plantean demandas, así como también como una provocación de detractores políticos para hacer que las autoridades "se ensucien las manos" reprimiendo y restarles autoridad moral.

Pero de momento solo hemos respondido parcialmente la cuestión de por qué la gente protesta. Una visión más sistémica e histórica puede darnos otro elemento a considerar: la ausencia de canales efectivos de entrada de esas demandas al sistema político así como el desuso de las pocas existentes, sumada a la percepción o experiencia (negativa) respecto de la capacidad de respuesta estatal en un contexto de debilidad institucional. Esto aparece como una cuestión fundamental y central.

El tratamiento de este problema pasa por la revisión y mejora de los canales y mecanismos de gestión de demandas y conflictos, así como la promoción de esos mecanismos oficiales. No es aceptable en este contexto que la primera instancia de negociación sobre el conflicto sea la policía. En Perú, por ejemplo, durante la gestión del ministro Gino Costa, se crearon comisiones especiales de alto nivel para la negociación de conflictos, que se constituyeron en instancias de reacción inmediata para desentrampar de manera rápida conflictos sociales.

Mejorar la atención a las demandas ciudadanas supone un esfuerzo conjunto entre autoridades y ciudadanía, pero más de los primeros que se ven comprometidos por la insignia del cambio a ser realmente efectivos en la respuesta a dar. Por su parte, la ciudadanía debe prestar vigilancia y auditoría social permanente al estado, a fin de garantizar esas respuestas. Por otro lado, la promoción de medios de comunicación más abiertos y accesibles para el público también entran en estas necesidades, de modo que la protesta deje paulatinamente de ser el recurso preferencial para entrar en agenda pública.

A estas alturas, quien perdió su día de trabajo o tuvo que suspender compromisos importantes por una manifestación o corte de ruta se está preguntando ¿y entonces, qué propone respecto mi problema, que es el problema de miles de personas que sufrieron las consecuencias de esos conflictos? Pues negociación y adaptación a las contingencias por parte de las autoridades (búsqueda y proporción de alternativas a la situación más inmediata: liberar carriles, retiro pactado a cierta hora o una vez se contacten con autoridades demandadas) y el uso de la fuerza como último recurso ante situaciones de disturbios.

Otra tergiversación de LPG II

tergiversar.

(Del lat. tergiversāre).

1. tr. Dar una interpretación forzada o errónea a palabras o acontecimientos.

2. tr. Trastrocar, trabucar.

Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua

Esta mañana comentaba con unos colegas hacerca del hecho que LPG dio amplia cobertura a los sectores opositores a las medidas administrativas de austeridad implementadas por el nuevo presidente de la CSJ, en contraste con la nula cobertura a la versión de éste sobre los acontecimientos.

En la edición electrónica de esta tarde, LPG rompe con ese capote y concede espacio a declaraciones del Dr. Belarmino Jaime, pero nuevamente tergiversa las informaciones.

En la nota "Autos administrativos a jueces" agrega bajo el titulo el siguiente texto: "Jaime desistió de la idea de bajar el personal de 9,000 a 4,000". Sin embargo, en la nota se da cuenta de lo siguiente:

(...) Jaime negó que haya planteado en Corte Plena tener un estudio que revela que el Órgano Judicial puede laborar con 4,000 de los 9,800 empleados.

“Lo que dije en Corte Plena es que me habían contado que había un estudio que decía que se podía trabajar con 4,000 empleados, pero no es con intención de estarle cortando la cabeza a nadie”, dijo.

Como se puede ver, el presidente niega haber barajado esa idea. Entonces ¿por qué arriba aseguran que él "desistió" de esa iniciativa? Si el desistió, como lo afirma la nota, significa afirmar tácitamente que tuvo esa idea. El presidente lo niega, por lo que no hace sentido lo arriba dicho en la nota. ¿Cómo pudo desistir de una idea que dice que no tuvo?

desistir.

(Del lat. desistĕre).

1. intr. Apartarse de una empresa o intento empezado a ejecutar o proyectado.

2. intr. Der. Abdicar o abandonar un derecho o una acción procesal.

Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua

Podemos hacer el siguiente razonamiento lógico:

• LPG dice: Jaime tuvo idea de reducir el personal pero desistió de ella.
• Jaime dice: Nunca tuvo idea de reducir personal.
• Conclusión: alguien miente. Pero a partir de la información presentada, se deduce que es el medio el que lo hace, al menos en el contexto de esa nota.

No sé qué voluntad tenía de implementar una medida de ese tipo, pero ese no es el tema aquí. El asunto es que la nota no tiene sentido, tergiversa a través del resumen, pues en ningún momento se desprende del contenido decir del Dr. Jaime que haya "desistido", pero tal como lo pinta LPG, sigue siendo el principal candidato al malo de la película.

Otra tergiversación de LPG

Hoy miércoles 26 de agosto, LPG publica la nota "Melgar se contradice con cifra de homicidios", en la cual sugieren, cuando menos, negligencia del ministro de Justicia y Seguridad Pública en el manejo de los datos sobre homicidios.

No es mi intención discutir si los datos de una u otra fuente son correctos o no, sino señalar que el periódico hace una valoración de los datos a partir de un parametro diferente al utilizado por el ministro. Mientras que éste habla de los últimos 9 días, el periódico usa todo el periodo de agosto (lo que incluye las vacaciones agostinas) de tal forma que los resultados, obviamente serán diferentes.

Envié un comentario sobre esto al periodico, a ver si lo publican.

La justicia como campo de batalla de la política

Publicado originalmente en Contrapunto

Cualquier lector medianamente informado puede percibir que la crisis de la institucionalidad en materia de justicia -que pasa por la ausencia de un Fiscal General y de un Procurador General, debido a la falta de nombramiento por parte de la Asamblea Legislativa- se encuentra íntimamente relacionada con el reacomodo de fuerzas políticas luego de los procesos eleccionarios de este año, que reconfiguraron las relaciones de poder al darle al FMLN la conducción del Ejecutivo y la bancada más grande de la Asamblea Legislativa.

Particularmente tendría que ver con el deseo de sectores de las pasadas administraciones del Ejecutivo de no verse perseguidos por irregularidades detectadas en sus respectivas gestiones y de esta forma, comprometer el prestigio del partido.

A pesar de los cambios, las relaciones al interior del Órgano Legislativo, no generaron mayores alteraciones en la correlación de poder interno, de tal forma que las bancadas más grandes, sumadas cuentan con los votos necesarios para nombrar aspirantes y, por sí solas, para vetarlos, lo cual nos ha llevado al estado actual de las cosas.

Cuando dentro de los nombramientos pendientes se agregaban los magistrados de la CJS, se preveía un escenario de negociación en el que los partidos mayoritarios buscarían repartirse un espacio de poder: para un bando el control de la Sala de lo Constitucional y para el otro, el Fiscal General. Afortunadamente, esa no fue la opción que predominó. A pesar de lo cuestionable del procedimiento de negociación y el irrespeto a lo establecido, la pluralidad predominó en el nombramiento de los nuevos magistrados, de tal suerte que no podría avizorarse un intento de control partidario.

Sin embargo, lo que ha venido después ha puesto las alarmas de sectores que pensaron en seguir influenciando y manejando la justicia. Resulta que el recién nombrado Presidente de la CSJ, el Dr. Belarmino Jaime, a quién se nombró por exclusión de otras propuestas mutuamente vetadas entre las bancadas dominantes y como una persona de aparente bajo perfil que no incomodaba a ninguna de las dos -aunque sectores de izquierda lo señalaron como agente del gran capital- se ha tomado en serio su promesa de acabar con el despilfarro de recursos y los privilegios en el Órgano Judicial.

Las medidas inmediatas han sido el retiro de algunos vehículos a los magistrados de la Corte, que según algunas informaciones, éstos tendrían asignados hasta cuatro. De la misma forma, redujo la dotación de vales de gasolina de 114 mensuales a 50 por magistrado, y se preparan otras medidas de reducción de gastos y depuración administrativa.

Como respuesta, ha recibido las críticas y resistencia de la mayoría de los magistrados de la CSJ, todos ellos de elecciones previas. Los otros cuatro magistrados entrantes, más el Doctor Marcel Orestes Posada, conforman el bloque que acuerpa al nuevo presidente en sus iniciativas.

El polémico magistrado Ulices del Dios Guzmán –aspirante frustrado en sus espectativas de presidir la CSJ-, lidera los reclamos, pero agregando señalamientos infundados e impertinentes tales como:

"El problema es que el presidente de la Corte tiene un comportamiento autoritario... lo que se hace sentir al interior de esta nueva integración es que es hay una especie de orientación ideológica y es orientación es incompatible con el comportamiento técnico, objetivo e imparcial que debe tener la Corte Suprema". (Ver La Prensa Gráfica, 21 de agosto de 2009)

El mismo magistrado, según la nota, sugiere la existencia de compromisos partidarios por parte del presidente y señala el peligro de una mayor división en el Órgano Judicial debido a las medidas implementadas.

No creo que el magistrado Guzmán, sea la persona con mayor autoridad moral, la objetividad y la imparcialidad para sugerirlo, ¿acaso no fue él quien pidió filtros ideológicos para elegir a los jueces especializados?

No creo que combatir el despilfarro y los privilegios excesivos sea algo que tenga que ver con cuestiones ideológicas o partidarias, como lo propone el magistrado Guzmán, sino con la ética y la decencia, y es un golpe bajo de mal gusto tratar de tergiversar los acontecimientos en aquel sentido o lanzar rumores ante los medios para generar inseguridad y resistencia a las iniciativas del nuevo presidente y encubriendo bajo su supuesta defensa de los trabajadores, la protección de sus privilegios e intereses personales.

Por otro lado, estos detractores han sugerido que el nuevo presidente impulsaría un plan de recorte de personal, con lo cual, han azuzado a las asociaciones de trabajadores y a una asociación judicial de tipo gremialista tradicional (esa que cada vez que tiene oportunidad, le da un premio al presidente de turno de la CSJ, por sus meritos, por buena gente y bla, bla, bla…)

Y aunque este pleito no responde, como he dicho, a una situación de disputas partidarias al interior de la CSJ, sí ha servido como señal de que no hay un escenario por el cual se prevea que el presidente de la Corte y la Sala de lo Constitucional presidida por el mismo puedan estar sujetos a influencias o manejos partidarios, por lo cual, los partidos, en particular, los de derecha, buscan desesperadamente hacerse con el control de la Fiscalía General de la República, ante la pérdida de influencia sobre la CSJ.

En esto ARENA ya tiene delantera, pues tiene a su delfín ejerciendo de facto en la institución, gracias a antojadizas interpretaciones de la legislación secundaria.Por ello, puede darse el lujo de no elegir un fiscal en tanto, ya lo tiene en funciones y las negociaciones y propuestas por incluir más aspirantes o pedir la mediación del Presidente Funes, más bien parecen tácticas dilatorias para encubrir sus verdaderos propósitos de mantener el control de la FGR como hasta ahora.

Al menos, tenemos la esperanza de que si las cosas se siguen haciendo bien en la CSJ, podremos tener más confianza en los fallos de la Sala de lo Constitucional, que pasará a ser el contrapeso de los manipuleos políticos de la justicia en otros ámbitos. Sin embargo, ello no es suficiente. Hace falta la participación activa de la ciudadanía en la procura de transparencia a la hora de elegir el nuevo fiscal. Solo una verdadera presión ciudadana podría quitar el velo que recubre las maniobras partidarias.

San Salvador, 24 de agosto de 2009.

La guerra mediática de la (in)seguridad

Cada día, la presión de las empresas de comunicación más grandes del país cargan contra el sector seguridad del nuevo gobierno. A veces quisiera pensar que es el resultado de una preocupación legítima por la inseguridad, como parte de los problemas que vive la sociedad salvadoreña, pero la legitimad de su reclamo queda en duda cuando recurren a las medias verdades, a la omisión de fuentes o a la provocación de determinadas agendas.

Tanto EDH como LPG, han dedicado sendas notas al cuestionamiento hecho al Presidente Funes sobre una eventual destitución de funcionarios del Sector Seguridad (Ver aquí y aquí, respectivamente). Lo raro de este cuestionamiento es que aparece espontáneamente. Que yo sepa, no he tenido noticia de pronunciamientos en ese sentido. Ni la ANEP -principal crítica del sector seguridad- lo ha hecho. De repente, a estos periodicos se les ocurre meterlo en agenda, es decir, prender la mecha.

Tampoco tengo antecedente que lo hayan hecho durante la gestión pasada, que con René Figueroa y Astor Escalante como titulares, se dio el alza de homicidios y extorsiones que tenemos en la actualidad. Ahora estos medios pretenden plantearle a un gobierno con menos de 100 días en el poder -o crear agenda al respecto-, que cambie la conducción del sector seguridad, cuando no lo plantearon en los cinco años de desastrosa gestión en la administración pasada, a pesar de los reclamos en ese sentido por parte del sector sociedad civil organizada. Esto habla mucho de su falta de coherencia e imparcialidad.

Ya antes he dedicado una nota a estas "noticias" y a sus segundas o terceras intenciones. Estas que comentamos ahora son otro ejemplo de lo mismo. Paradójicamente, sus propias encuestas no les dan la razón. Por ejemplo, montaron una campaña de críticas en contra de el cambio de jefatura en la DECO y días despues, el 14 de agosto, para ser exactos, la encuesta online de El Diario de Hoy, reveló que casi el 80% de los votos de sus lectores apoyaron las medidas implementadas.

Un resultado similar obtuvo LPG al preguntarle a sus lectores sobre el trabajo de las nuevas autoridades en materia de seguridad en donde lograron una valoración positiva. Parecería que no le ponen atención a la opinión de sus propios lectores.

Esto solo es parte de una tendencia más amplia por sabotear y poner en crisis el actual gobierno por parte de sectores de la derecha, quienes escudandose tras las legítimas demandas de la población, tratan de imponer ajenas partidarias o sectoriales que poco o nada tienen que ver con esas necesidades.

Afortunadamente existen los blogs donde se puede opinar de manera diferente a la pretendida "verdad" de las empresas de comunicación.

Mi participación en el programa "Abriendo puertas" de YSUCA

El viernes 14 de agosto tuve el agrado de participar como invitado en el programa "Abriendo puertas" de la radio YSUCA, acompañado por Jeannette Aguilar, directora del IUDOP y con la conducción de Danilo Miranda. El audio del programa aquí.

Control de Armas de Fuego: una opinión sensata

Con alguna frecuencia discrepo con las opiniones de Joaquín Samayoa, columnista de La Prensa Gráfica, pero hoy miércoles he leído con mucho agrado su nota sobre el control de armas de fuego, la cual me ha parecido muy atinada. La nota aquí.

Resultados de la encuesta sobre la política de seguridad

La pregunta era: "¿Qué piensas de la política de seguridad gubernamental? Votaron 22 internautas, los cuales distribuyeron sus votos así: Las opciones "Bien, se nota el cambio"; "Es más de lo mismo" y "¿Cual política? No la conozco" recibieron cada una tres votos, es decir, cada una logró un 13%, mientras que la opción "Hay que darle tiempo... pero no tanto" acumuló 13 votos, es decir, un 59% del total.

Como reflexión es importante destacar que aunque hay un compas de espera de parte de los lectores, éste no puede ser prolongado, tácitamente se tiene la advertencia que al no ver resultados en un plazo prudencial, habrá exigencia de cuentas.

Es importante destacar que un importante porcentaje o no conoce la política o no percibe el cambio. Ello es preocupante y debe ser tomado en cuenta mediante una política de comunicación que brinde información adecuada y detallada a la población sobre lo que hacen las autoridades, con lo cual, se contaría con parametros claros de seguimiento y evaluación por parte del público.

Obviamente esta no es una encuesta con parámetros científicos, sino la opinión de los que por algún motivo visitaron este blog. Se les agradece su participación.

Participa de la encuesta

He colocado una pequeña encuesta virtual en el lado derecho de este blog. Por favor, si tienes interés, has click y vota. Cierra el 10 de agosto a las 12 m.

El empresariado ante las reformas en la PNC

Precisamos hacer una revolución ética, el bien público no puede ser confundido con el bien personal (…)

En mi gobierno se acabó el tiempo del padrinazgo y de la impunidad. Y es con esta disposición que vamos a enfrentar todas las formas de delito (…)

Presidente Mauricio Funes, 01 de junio 2009.

He querido iniciar estas líneas citando el discurso inaugural del Presidente Funes el pasado primero de Junio, porque me parece que son las respuestas a algunas interrogantes que son planteadas por las empresas de comunicación dominantes.

Ante los movimientos y cambios en la División Elite contra el Crimen Organizado (DECO) la empresa privada y los medios impresos conservadores se han posicionado de manera crítica y veladamente amenazadora frente a la decisión de las autoridades. Tal como lo señalé en el post previo, tras una aparente preocupación legítima, se esconden otras motivaciones:

En perspectiva histórica y política, el estado de la investigación criminal es una consecuencia específica del amplio proceso de reforma policial y del sector seguridad pública de la transición y cuyas distorsiones tuvieron importantes impactos institucionales y sociales. El crecimiento desordenado de la institución y la apuesta política por mantener estructuras de investigación del pasado, políticamente maleables y cuestionadas; los obstáculos y sabotajes gestados en contra de toda iniciativa de desarrollo de una investigación criminal profesional, técnica e independiente, provocaron el estancamiento y debilitamiento de ésta área.

Lo anterior es correlato de una marcada tendencia de manejo de la gestión pública basada en intereses y demandas particulares y no en la atención prioritaria de necesidades sociales y respecto a los derechos de la población (…).

Al comparar el trabajo y resultados de las unidades elites de la PNC y FGR, respecto del estado de las unidades ordinarias de investigación, las distancias comparativas son amplias. Existen claras diferencias entre los resultados positivos de las instancias dedicadas al tema narcotráfico o crimen organizado, respecto los niveles deficitarios de las áreas dedicadas a la “delincuencia común”. Esa distancia comparativa se puede observar y constatar en la cantidad y calidad de recursos de los que han sido dotadas las primeras (equipos, sistemas de información, recurso humano por caso), en detrimento de las segundas, así como en el interés político por resolver o combatir este tipo de criminalidad, la que no se ha reflejado en las instancias de delincuencia común, como aquellas encargadas de la investigación de homicidios, principal problema de violencia en el país.

En el caso concreto de la lucha contra el secuestro y sus celebrados éxitos, se dan dos mensajes: por un lado, se demuestra que la voluntad política y apoyo institucional son factores claves para resolver graves problemas de criminalidad. El segundo mensaje es que existen dos tipos o sectores de investigación criminal. Uno, el ordinario, para la delincuencia común que afecta a la mayoría de la población y, el elite, que capitaliza el apoyo político e institucional, y que además se ve beneficiado por inversión, dotación de recursos y otros patrocinios del sector privado económicamente poderoso y políticamente influyente, que alquila o compra un servicio de mejor calidad para sí, lo que por definición es excluyente y discriminatorio, no solo para la población sino para los mismos operadores del sistema. (Amaya Cóbar, Edgardo y Oswaldo Feusier Ayala, Relación entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil en el marco de la investigacion criminal, FESPAD Ediciones, San Salvador, octubre 2005.)

Precisamente es el Diario de Hoy el que muestra esas relaciones de padrinazgo éticamente discutibles. Según la nota “Patronato DECO en el limbo”:

A principios de la presente década cuando el país sufría de una avalancha de secuestros, la empresa privada tuvo a bien organizar un Patronato para brindarle el apoyo logístico necesario a la recién creada División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) por el ex director de la Policía José Luis Tobar Prieto, quien ahora se encuentra marginado en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

Desde aquella época, la unidad élite ha recibido la cooperación de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y, según su dirigencia, está en la disposición de continuar con esa colaboración.

Esa cooperación empresarial le ha permitido a la Policía tener en la DECO a su mejor unidad especializada al grado que algunos de sus miembros han compartido la experiencia antisecuestro en las policías de varios países latinoamericanos como Guatemala, Honduras, Colombia o Panamá.

Creo que no hacen mayores explicaciones sobre las inquietudes éticas que genera lo previamente citado. La reacción de ANEP, en parte, se explica por la perdida de un nicho de influencia en las instituciones de seguridad y utiliza todas las cajas de resonancia disponibles para hacerse sentir. Otro de los beneficiarios de este esquema, el fiscal de crimen organizado Rodolfo Delgado -a la sazón, señalado por la PDDH en un caso de tortura en el que se condenó el accionar de la DECO-, suma su voz a las protestas, quien, cual agorero dice: "El mensaje que se envía es que ellos [los delincuentes] están ganando", advirtió, "y si no han ganado totalmente, se están creando las condiciones para que lo logren".

Este discurso tiene una doble moral o una pésima memoria. Ningún sector economicamente influyente ni sus secuaces alzaron la voz ante el desmantelamiento del Departamento de Investigación del Crimen Organizado (DICO) creado a propuesta del Grupo Conjunto para la Investigación de Grupos Armados Ilegales con Motivación Política y constituido con un riguroso método de selección y entrenamiento supervisado por la ONU. Curiosamente comenzó a ser debilitado y desmantelado tras las investigaciones del caso Sombra Negra en el que se vieron involucrados jefes policiales y posteriormente, su desaparición se vio acelerada tras denunciar la participación de otros jefes policiales en tareas de exterminio de presuntos delincuentes.

Hoy la historia es otra. Como dice Mickey Rouke en esa maravillosa película Barrio Chino: “Hay un nuevo jefe en la ciudad y el nuevo jefe tiene nuevas reglas”.

La mala leche de LPG

Mientras conducía al trabajo, ví un canillita ofreciendo La Prensa Gráfica de este día, cuya primera plana se encabezaba con la nota principal: "PNC desmantela unidad especial. Trasladan 26 investigadores de crimen organizado".

Al llegar a mi oficina, ingresé a la página de dicho periódico para leer la referida noticia y para constatar la relevancia que le habían otorgado. Se trata de un proceso de reorganización del área de investigaciones de la Policía que ha afectado a la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO).

Mi conclusión es que la noticia destaca una aparente preocupación legítima que entrelíneas sugiere juicios de valor sobre las decisión de las autoridades. No niego ni cuestiono la importancia del escrutinio de los medios sobre las decisiones gubernamentales, ello es necesario para garantizar la auditoría del público sobre los gobernantes. Lo que no me parece correcto es un ejercicio parcial o a medias del periodismo.

En la versión electrónica de LPG, la nota aparece con el título "Remueven 26 oficiales DECO: Quitan policías que indagaron a Perrones", ya intuyo la reacción deseada o esperada: "¡Qué barbaridad!, no solo la desmantelan, sino que quitan a los buenos policías."

En la nota citada, alaba los éxitos de la DECO, pero ignora todas las resoluciones e investigaciones por violación a los Derechos Humanos que tiene la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) u otras opiniones como las de aquellos que siempre creímos que dicha División servía solo a intereses muy concretos, a grupos poderosos preocupados por su seguridad y la de sus negocios: una instancia de lujo, en contraste con las precarias condiciones que se le otorgaban a las áreas de investigación de la delincuencia común que afecta a la mayoría de los salvadoreños (ver nota).

Como lector usuario de las TIC's, redacté y envié un comentario a la nota citada para que sea publicado en dicha página, aunque mi experiencia me dice que no suelen publicar comentarios muy críticos. Por lo anterior, les dejo copia del comentario realizado y enviado:

Me parece que esta noticia la han manejado de una manera muy desafortunada, y hasta puedo creer que mal intencionada. Una reforma del área de investigaciones no es lo mismo que un "desmantelamiento". Una rotación de personal no es lo mismo que una "remoción". Quien lo lee, sin mayores antecedentes, pensaría que las autoridades están en el plan de debilitar lo que ya existe, o que son presionables ante los reclamos de presuntos delincuentes.

La DECO se había convertido en una entidad élite privatizada y se había vaciado de capacidades a los territorios y a las áreas de investigación de la delincuencia común. Espero que las autoridades den paso a un área de investigación eficiente y al servicio de TODOS los y las ciudadanas del país.

Posdata: El comentario previo sí fue publicado a las 10:38 am por LPG, gesto que agradezco y que disipa alguna de mis sospechas.

De blawgger a burocrata

Sí, es cierto: me fui al gobierno. Ahora estoy del lado de donde se pone el lomo a la crítica y a aguantar. Algunos amigos se alegran y nos incitan a dar lo mejor. Otros, lo miran a uno con cierto dejo de desconfianza.

Esto genera algunas crisis de identidad. Venir de sociedad civil es una cosa buena, en el sentido que uno abraza un ideario y cuenta con el apoyo o voto de confianza de aquellos con quienes trabajó y con los que, más pronto que tarde, se llega el momento en que preguntarán y, desde acá, tendremos que responder.

Una de las preguntas obligatorias que como blawgger debo responderme es relativo a los contenidos a abordar y a mi posición frente a los acontecimientos. ¿Puedo criticar las acciones gubernamentales en aquellos campos que me conciernen? Sí, puedo, de hecho hay cosas que no me gustan, pero -fuera de la lealtad o no al sector al que uno se vincule- ¿acaso mi trabajo no es intentar hacer que las cosas funcionen de una manera medianamente decente? Esas cosas tienen que ver también conmigo. Por ello, de ahora en adelante, más que para inquirir, estoy para ser interrogado.

Creo que lo mejor que puedo hacer, para contribuir a que algunas cosas cambien es que a través de este espacio pueda trasladar, de una manera más amplia y detallada, algunas de las discusiones e ideas que se debaten al interior de las instituciones, sin que esto sea, una posición oficial, sino modestos ejercicios de informar y discutir con una comunidad virtual sobre estas materias.

Uno de los aspectos que deseo abordar de manera inmediata de cara a mi trabajo es convertir a la página web del MJSP en un instrumento de información al servicio del público, que contenga estadísticas e informes de labores, así como otra documentación que produzca o haya producido el Ministerio y promover iniciativas de e-government. Sugerencias son bienvenidas.

Una de las cuestiones anecdóticas que refleja la permanente presión quen hay sobre este ministerio es mi comunicación con el Ministro, quien siempre tiene mil asuntos que resolver al día. En ocasiones, con la urgencia de los plazos o en los períplos de su agenda, lo espero a que entre al edificio y agoto todos los asuntos posibles en el trecho hacia el despacho. El término "reunión ejecutiva" se ha redefinido para mí. Ello ha marcado mi forma de abordar los asuntos, exponiéndolos de una manear muy concreta y directa. Por ello, en este post, abordaré varias de las cuestiones que no he podido comentar en los últimos días:

-Elección de los magistrados de la CSJ (5): Me parece una elección equilibrada. No niego mi satisfacción con tres de los nombrados. Pero los partidos se salieron con la suya: ellos eligieron directamente e hiciero una pantomima del procedimiento que debería haberse seguido, con la humillante complicidad del CNJ.

-Elección de FGR y PGR: el Presidente Funes sugiere utilizar el mismo método usado para elegir a los magistrados. En este caso, parece oportuno en tanto no hay un procedimiento definido para tales fines. La Asamblea se mostró incapaz de seguir por la ruta que ella misma había iniciado.

-Clima de inseguridad: grave como hace mucho tiempo, pero a mi forma de ver -y puede que suene a excusa-, hay un exceso de exigencia mediática en el asunto y hasta cierta nostalgia de lo que hicieron administraciones previas: sacar a la policía a botar puertas y a exhibir a sus "presas". Aclaro, puesto que ya leo o escucho reclamos: no se trata de negar la realidad. Los muertos y las víctimas están ahí y hay que atender la situación de manera prioritaria. Cuando hablo de "exceso de exigencia" es cuando se le pide a un gobierno, que no tiene ni dos meses en el poder, que controle de manera inmediata una espiral de violencia que tiene más de 17 años creciendo. Se le pide que "haga algo", lo cual sugiere que no estaría haciendo lo necesario o nada, lo cual me parece no solo injusto, sino que también distorsionante. En este punto, más que inacción, lo que creo que sí padece este gobierno es de una mala política de comunicación, en alguna medida, influenciada por el hecho de no querer imitar a administraciones previas que tenían más publicidad que resultados.

Bueno, no quiero cansarlos. Quedo a sus órdenes.

Proyecciones de población del Censo de población 2007

¡Por fín! El Ministerio de economía anunció oficialmente el cálculo de las proyecciones de población basadas en el Censo del año 2007, lo cual es un importante dato para investigadores que analizan el impacto en términos poblacionales de diferentes fenómenos como, por ejemplo, la violencia.

El documento está disponible aquí.

Ay, Honduras

Es doloroso ver lo que sucede en Honduras en estos turbulentos días, es como volver al pasado y ver las manifestaciones populares de la década de 1970 ó 1980 en San Salvador. Uno recuerda aquel poema de Roque Dalton:

Los policías y los guardias
siempre vieron al pueblo
como un montón de espaldas que corrían para allá
como un campo para dejar caer con odio los garrotes

Este día dos personas perdieron la vida a causa de la respuesta gubernamental a las acciones que una multitud de ciudadanos y ciudadanas del hermano país realizaba para ingresar al Aeropuerto Toncontín, para apoyar la llegada del Presidente Zelaya. Una de las víctimas era un joven de tan solo 17 años.

Estoy en apoyo y solidaridad con la ciudadanía hondureña que rechaza este golpe de Estado. También he leído muchos documentos, comunicados y correos de ciudadanos de ese país que apoyan la situación actual y al gobierno golpista. Fundamentan su posición en una serie de acciones ilegales que Zelaya habría venido realizando, las que culminaron con la iniciativa de la consulta sobre la Cuarta Urna.

Muchos de esos argumentos parecen creíbles, otros denotan una clara paranoia antichavista, pero no responden las cuestiones fundamentales ni una serie de contradicciones que se han ido viendo en los últimos días.

Primero y fundamental: Sacar al Presidente del país, en pijama y a punta de pistola, es un procedimiento de la vieja escuela de los golpes de Estado. Sobre esto se dijo que cumplían una orden judicial, entonces dos cositas: si era una orden judicial, ¿por qué la ejecutó el ejército y no la policía? Si había orden de detención, debería haber sido puesto a disposición de las autoridades correspondientes y no ser enviado a desayunar sorpresivamente con Don Oscar Arias.

Luego, en el congreso dicen que renunció, pero al rato, los diputados deciden destituirlo, entoces ¿renunció o lo destituyeron? Más recientemente, el papable Rodríguez Maradiaga decía que según la Constitución Hondureña, quien intenta o sugiere su modificación cesa inmediatamente en el cargo público, usando -como en el derecho canónico- una clausula de aplicación latae sententiae, es decir, que no necesita pronunciamiento de autoridad alguna para ser declarada (algo que confronta radicalmente con el juicio previo y el debido proceso que rige en el ámbito secular) El aporte del cardenal solo agrega más dudas, entonces ¿por qué aceptar renuncia de alguien que ya no es Presidente?, ¿Por qué destituir a alguien que ya no es Presidente?

A estas alturas, me pregunto: Si tenía procesos judiciales ante la CSJ, si tenía el Ministerio Público en su contra, así como al ejército y a su propio partido en el congreso. El tipo estaba frito. ¿Por qué sacarlo irregularmente entonces? ¿Qué necesidad había?

El Arzobispo Maradiaga le pidió a Zelaya prudencia, le dijo que si volvía en estos momentos, habría un baño de sangre. Este consejo merece una reflexión particular. Creo en la buena fe del prelado cuya preocupación es no agregar más fuego al conflicto. Sin embargo, creo que sus declaraciones no fueron las más felices, por un lado, reconoce -con una cita descontextualizada de Juan Pablo II de por medio- el gobierno golpista y el retiro forzado e irregular de Zelaya; llama "amigo" a Zelaya y le pide que no regrese a Honduras (!Qué amigo!, ¿no?), pues podría darse un baño de sangre. Lo que en el Arzobispo suena a consejo, Micheletti lo había advertido antes con un tono más amenazador que conciliador. Detengamonos en esta advertencia.

Si Zelaya regresa, habrá baño de sangre dicen Micheletti y el Arzobispo. A la inversa: si no regresa, luego, no habría baño de sangre. Una lectura entre líneas nos dice que ello es una perversidad extorsiva que juega con la vida e integridad de los ciudadanos quienes son utilizados como rehenes del conflicto. Por otro lado, lo que dicen las noticias es que hay baño de sangre con Zelaya o no en Honduras. Las muertes del domingo se suman a los muchos heridos que no son oficialmente dados a conocer debido al cerco informativo del régimen golpista.

En boca del usurpador, hablar de baño de sangre solamente revela la amenaza de represión, puesto que es el que tiene las armas. En el caso del Arzobispo no queda muy claro, al menos es ambiguo: puede ser una conclusión realista: los ánimos están caldeados y no es conveniente. Pero ¿Por qué pedirselo a Zelaya y no dirigirse a los golpistas? ¿Por que no pedir a los golpistas que actuen civilizadamente y con prudencia sino que solo se lo exige a la otra parte?

Luego está el canciller. Con un canciller así, no necesitan enemigos. No solo porque está alejado del más básico estándar de educación, corrección y maneras de un diplomático, sino que revela la cara intransigente y retrógrada de los golpistas, así como la más estúpida, al rematar la ya maltrecha reputación del gobierno usurpador, peleándose con los gobernantes de otros países, entre ellos, Barak Obama a quién llamó despectivamente, negrito y, por insunuación, ignorante. Por otro lado, entre otras contradicciones vistas, está la entrevista de CNN al embajador hondureño en Washington y el hombre, si bien se supedita al que le paga el cheque mensual, llama igualmente Presidente a Micheletti y a Zelaya, entonces ¿en qué quedamos?

He leído y recibido comunicaciones de profesionales del derecho de Honduras, quienes reproducen la división que se vive en el ámbito político. Algunos, como en el post anterior, dicen que no podemos opinar porque son asuntos internos, porque no vivimos en Honduras y no podemos entenderlo.

Mi posición es que si Zelaya merecía ser destituido, ello se hubiese realizado mediante un procedimiento regular. Esto, no es un mero formalismo, una nimiedad, como pretenden los que apoyan a los golpistas. La salida de un presidente, como asunto de gran trascedencia en la vida de un estado, debería estar revestido de transparencia para evitar las arbitrariedades y para darle legitimidad al procedimiento, de esta forma, los electores y la comunidad internacional pueden ver las razones del procedimiento y sopesarlas.

Pero lo más importante que a alguien fuera de Honduras le preocupa es lo que señaló Obama: el éxito de los golpistas sería un precedente nefasto. Si callamos, avalamos la arbitrariedad y otros -de no ver reacciones- se sentirían animados a imitarlo. Quienes valoramos el alto costo en dolor y vidas humanas que le llevó a nuestras sociedades construir, por lo menos, una democracia política, no podemos aceptar la impunidad de un golpe de estado y eso, es algo que no atañe exclusivamente a Honduras.

Agradecen mi preocupación, pero quizás agradecerían más que me calle

Intercambio de mails con una abogada hondureña (copio y pego, no respondo por redacción ni ortografía):

respuesta a tu preocupado mail

Estimado Edgardo:

Lamentamos que se haya llegado hasta estos hechos, pero ante la testuradez, exabruptos repetitivos y constante violación a la Constitución y las leyes por parte de este señor, no le quedó otra alternativa a nuestro poder judicial al que paladinamente ignoró todas y cada una de sus resoluciones. Amigo no comparés, no es tu mismo caso tenías que haber vivido lo que nosotros vivimos para opinar; ahora estamos mucho más pobres que antes, este señor derrochó nuestro pecunio con su grupúsculo que no tenía nada de humanista todo lo contrario, siempres derrocharon con mucha alegría el dinero del pueblo como todos los burgueses que decían criticar, el nepotismo imperó y nunca se preocuparon por nuestros problemas, se centraron en reelegir a Zelaya a sabiendas que la constitución lo prohíbe, y que todas las instituciones legalmente constituidas les advirtieron de su violación a la ley, Zelaya se burlaba constantemente de nuestra institucionalidad y no debemos olvidar que NADIE está sobre el imperio de la ley ni siquiera el presidente. Zelaya un triste émulo de Chavez, quiso perpetuarse en el poder a través de una supuesta consulta que derogaría la Constitución Actual y en una nueva constituyente hacer lo necesario para ser un dictadorzuelo más. No hay tal golpe señores simplemente una sucesión en el poder, como corresponde, pues ya había comisiones que investigaban su barabarie y múltiples abusos cometidos contra la institucionalidad, fue trasladado hasta Costa Rica. este tipo mentía sin ningún recato y no estés triste mi amigo, pues nosotros estamos aliviados y confiamos que en noviembre tendremos las elecciones que ya estaban programadas para esa fecha. No hables de corte ruin no sabés nada de Honduras, antes bien deberías apaludir su valentía al igual que la del instituto armado que ya entregó el poder como corresponde.

Realmente lo mejor hubiese sido juzgarlo aquí se le trató demaciado bien, pues sus delitos son muchos.

Suficiente hemos tenido con las intromisiones de Hugo Chavez, quien ya amenaza con invadirnos, invoco la libre autodeterminación de los pueblos, Honduras para los hondureños. GRACIAS POR PREOCUPARTE.

Respondí lo siguiente:

Re: respuesta a tu preocupado mail

Selma,

agradezco su comunicación. Quisiera saber si permite que la publique en mi blog para contar con una versión diferente a la que tengo. He aquí mis comentarios:

1. Lo que pasa en Honduras es problema de sus ciudadanos y son ellos quienes deben resolverlo. Sin embargo...

2. No acepto que se me niegue el derecho a opinar por el hecho de no vivir ahí. Es como si no pudiese opinar sobre el calentamiento global porque no vivo en la antartica. Las rupturas democráticas en la región generan efectos insospechados. Por definición la opinión es una versión valorativa de determinada información y la mía es que hay una Carta Interamericana que establece ciertos parametros para los cambios políticos y que estos no deriven en golpes de estado o interrupciones constitucionales, así como también sé que las Constituciones contienen procedimientos a seguir en caso de conflictos interorgánicos. Si un Poder Judicial no hace valer estas reglas, sino por el contrario, avala su infracción, me parece que es sumamente grave.

3. Hay cosas que a un observador lego no le cuadran: si el señor Zelaya es un delincuente, infractor y corrupto ¿Por qué en lugar de ser procesado legalmente y puesto a las ordenes de la justicia, previo desaforamiento, es enviado a Costa Rica? Quienes conocemos algo de la historia de América Latina sabemos que esa es una rutina usual tras un golpe de Estado. A lo que debemos agregar que se le destituye posteriormente sin audiencia ni defensa (claro, aprovechando la ausencia forzada) y bajo dos versiones diferentes: una, que renunció (viejo truco) y dos, que violó la Constitución ¿En qué quedamos? Para completar la rutina del clásico golpe de estado, se decreta Estado de Excepción. La fresa sobre el pastel.

4. Y, finalmente, no creo que toda la OEA, Hillary Clinton y una gran cantidad de intelectuales esten errados, en una extraña coincidencia con Chávez (¿será que el Comandante ya les lavó el cerebro?) Alegar que todo esto es una conspiración de la prensa internacional para desprestigiar al actual gobierno hondureño es usar los mismos argumentos de Chávez. No hay que apedrear techos de vidrio.

Saludos,


Edgardo Amaya

Y la colega contestó:

Estimado Edgardo:

Te autorizo con el mayor de los gustos, en lo que concierne a tu derecho a opinar por supuesto que lo tienes, pero debes ver ambas caras de una moneda para ser objetivo.

Estoy totalmente de acuerdo contigo debió juzgarsele aquí,hacerle un proceso conforme lo establece la ley, pues sus delitos fueron varios y luego inhabilitarle; ese es lo único en lo que no concuerdo.

Respecto a Clinton , la OEA, y todos las personas EXTRANJERAS que mencionas, se nota que no viven aquí no saben nada de nuestra realidad.

Este señor pretendió dar un fallido auto golpe de estado a inicio de año pues para perpetuarse en poder quería asegurarlo, imponiendo a la esposa de su ministro de la Presidencia ( y uno de sus principales asesores) como Magistrada Presidenta de la Suprema Corte de Justicia) como no la seleccionaron, amenazó a diputados y personas encargadas de seleccionar estas autoridades con crear un caos, el oficial que se opuso a ello, y gracias su intervención no concretó sus planes, lo mandó a una embajada en Israel, cuando se perfilaba como nuevo jefe de las fuerzas armadas,

Fiel ventrilocuo de Chavez, manipulö algunosmedios de comunicación y a algunos comunicadores, (los volvio millonarios de la noche a la mañana) los que no estaban de su parte los hostigaba, si lo adversaban se convertía en su enemigo.

En en sus casi 4 años de gobierno estuvo en campaña permanente para reelegirse, desconociendo la prohibición no sólo constitucional, sino resoluciones judiciales existentes para ello decía que el pasaba por todo ello para algo era el presidente.

Si queremos cambios pero enmarcados en la ley, ya ésta nos señala figuras como el plesbicito y referendum para consultar estos cambios, se le hizo ver, pero siempre ignoró todo. (Tribunal electoral, Corte Suprema, Procuraduría General de la República, Ministerio Público, Derechos Humanos, etc,)

La campaña para la supuesta consulta hablaba engañosamente que se trataba de una votación para que no quitaran el salario mínimo, en un país tan pobre como el nuestro, y gastaba más de 2 millones de Lempiras diarios en comerciales sobre ello-

polarizó a la familia hondureña, les decía que estamos divididos en ricos y pobres y que eso es irreconciliable. Pero él y su grupúsculo vivía derrochando hedonísticamente nuestros recursos y el resto de nosotros con una situación económica agobiante, no le preocuparon nuestras enfermedades, problemas y más, sólo su propio provecho y todavía quizo quedarse indefinidamente en el poder.

Su principal asesora amenazó desde Cuba, pues se iba a recibir instrucciones cada vez que surgía algo por mínimo que fuera, que aplastaría a los que estuvieran en contra de la continuidad de Zelaya.

En días anteriores a la consulta ingresaron muchísimos nicaraguenses y aviones cubanos, el mensaje que enviaba era si no están conmigo tengo a mis aliados.

No se como te sentirías si un gorila como Chavez amenaza que invadirá tu país porque ya no cuenta con uno de sus peones para su juego sucio, que limpie su casa primero, que la tiene sumida en la pobreza y desamparo; pero que no se meta en nuestros asuntos eso es inadmisible.

La mayoría de los hondureños nos sentimos aliviados, pero también con ESPERANZA pues confiamos que en noviembre tendremos elecciones libres, y nuevamente un presidente elegido democráticamente.

No te molestes tanto mi amigo, por mi respuesta a tu protesta, el calentamiento global es un problema de todos, pero esa empatía tuya por nosotros es admirable,

Atte,

Selma

No continuaré esta discusión aprovechando mi situación de administrador de este blog. El desarrollo de los acontecimientos muestra evidencias contundentes, así que lo dejo a vuestro juicio.

Golpe de Estado en Honduras. Los retornos del pasado

Me desayuné esta mañana con la noticia del golpe de Estado en Honduras. La cosa ya se veía venir desde el viernes en que habían dos jefes del ejército: el nombrado por Zelaya y el destituido por Zelaya y restituido por la Corte Suprema de Justicia.

El golpe de Estado es la culminación de una larga serie de tensiones políticas relativas a la iniciativa del Presidente Zelaya por promover un cambio de Constitución, para lo cual, como un primer paso, promovía una encuesta para preguntarle a la ciudadanía sobre su aprobación respecto de la existencia de una cuarta urna en las proximas elecciones en la cual se votase, a manera de referendo, por el cambio de Constitución. Osea, esta era una consulta para hacer otra consulta.

La Constitución hondureña prevé clausulas petreas en contra de su sustitución y no establece el referendo como mecanismo de participación democrática respecto de la vigencia constitucional. Este fue el argumento de los detractores de Zelaya en contra de la iniciativa. Zelaya se escudó en la existencia de la Ley de Participación Ciudana, por la cual se puede hacer consultas a la población respecto de asuntos de su interés. En el trayecto, juzgadores y la propia Corte Suprema de Justicia se pronunciaron en contra de la iniciativa y la declararon ilegal. Sin embargo, el presidente siguió con la iniciativa que se llevaría a cabo este día 28 de junio.

Reconozco que no estoy al tanto de todos los acontecimientos y detalles del asunto, pero si tengo claro que las disputas políticas se resuelven por los mecanismos políticos e institucionales existentes. Si el Presidente es sacado por la fuerza del país, se corta la energía, se militarizan las ciudades, se suspenden las comunicaciones y telecomunicaciones, eso es a todas luces algo fuera de lo normal y debe ser considerado como una interrupción del orden constitucional.

La Corte Suprema de Justicia ha reconocido que mandó a apresar a Zelaya por violentar los mandatos legales y judiciales. Pero ¿acaso a los sospechosos no se les debe poner bajo la orden de un tribunal? ¿Por qué entonces, lo subieron en pijamas a un avión y lo fueron a dejar como huesped de honor a Don Oscar Arias en Costa Rica?

En el Congreso se lee una supuesta carta de renuncia de Zelaya y por ella se procedería al nombramiento de un presidente provisional, que en este caso sería el presidente del Congreso, según la regla constitucional hondureña que se aplica en caso de ausencia del Presidente. Más tarde, en el mismo congreso, los diputados vuelven a la tesis anterior: el presidente había violado la Constitución y los fallos judiciales y ponía en peligro la gobernabilidad y el Estado de Derecho, por lo tanto, lo depusieron como una medida desesperada y absurda para lavar la cara de tan despreciable y anacrónico suceso.

Zelaya, por su parte, ha negado la existencia de renuncia alguna. Mientras tanto, escucho en CNN a la vicepresidente del Congreso tratando de justificar lo injustificable: que no ha habido golpe de Estado. Que no existe ninguna conspiración. Que es una transición según los parametros constitucionales. Siento vergüenza ajena al escucharla.

Yo estaría en contra de un presidente que pretenda adecuar la Constitución a su medida, pero mi mentalidad jurídica me dice que los problemas se tratan por la vía institucional establecida y, por otro lado, solo pueden ser objeto de sanción los actos concretos. Se argumenta que la intención de Zelaya es instalarse en el poder, cambiar la Constitución, pero entonces digo: ¿se pueden sancionar las intenciones? ¿es esto una especie de Minority Report tropicalizado? Si la respuesta a la interrogante anterior fuera positiva, entonces tendríamos que sancionar a muchos políticos que tienen la intención de ser corruptos.

A Zelaya se le sacó del camino por una iniciativa que no llegó a iniciar. Una violación a la Constitución y al orden democrático bajo el argumento de preservar la Constitución y el orden democrático: la justificación más trillada de las dictaduras.

Esta acción es condenable por donde se le vea, pero lo más vergonzoso de todo es la complicidad del Poder Judicial hondureño en esta intrigulis. Espero que el Pueblo Hondureño recupere pronto la institucionalidad y que ello de paso a una profunda reflexión sobre la democracia que desean.

Sin comentarios

Funes sobre la justicia y seguridad

Tomo algunos fragmentos del discurso de toma de posesión del Presidente Mauricio Funes:

Errar es humano, pero evitar el error es, igualmente, un atributo de todos los hombres y todas las mujeres. Y evitar el error comienza por no hacer lo que algunos ya hicieron mal en este país: gobernar para pocos, ser complaciente con la corrupción, temer y ser cómplice del crimen organizado, pactar con el atraso en todas sus formas de expresión.

(...) Precisamos hacer una revolución ética. El bien público no puede ser confundido con el bien personal y la ética de los favores tiene que ser sustituida por la ética de la competencia sana y democrática.
Transparencia, combate a la corrupción y a todas las formas de despilfarro y desvío del dinero público serán cosas sagradas en nuestro gobierno.

Pero la lucha por el perfeccionamiento institucional no puede ser la lucha aislada de un gobierno. Ella debe involucrar a todos los poderes y a toda la sociedad. Y tengo la certeza que el Legislativo, el Judicial y la sociedad nos acompañarán.

Este perfeccionamiento se dará no sólo con la mejoría de la calidad de las políticas públicas, sino, igualmente, con la mejoría de la calidad y del grado de independencia de las instituciones, como también con la mejoría de las políticas y de las prácticas del sector privado.

Salvadoreños y salvadoreñas,

Revolución pacífica y democrática significa disminuir las desigualdades, mejorar la calidad de vida de la población y recuperar la eficiencia de la gestión pública.

Nuestra democracia se encuentra acechada por lãs fuerzas oscuras del narcotráfico y el crimen organizado. Por las acciones de la delincuencia. Por la situación de apremio económico que sufren miles de familias. Por el deterioro acelerado e irresponsable de nuestro entorno ambiental. Y también por las inadecuadas decisiones gubernamentales del pasado que han distorsionado la función pública al consentir la corrupción en el aparato del Estado.

Tenemos, como se ve, una tarea gigantesca por delante, pero ella no nos intimida. Nuestro país ya enfrentó problemas muchos más serios y supo encontrar los medios para superarlos. Pero todo fue más rápido cuando hubo paz y unión.

(...) En nuestro gobierno quien tenga méritos será recompensado y quien tenga culpa será ejemplarmente castigado. Se terminó el tiempo del padrinazgo y de la impunidad.

Es con esta disposición que vamos a enfrentar todas las formas de delito, en especial, el crimen organizado y su rostro más dantesco: el narcotráfico.

Por causa de las falencias de las políticas nacionales, regionales e internacionales de combate al narcotráfico, esta plaga ha crecido, en el mundo, como hidra de varias cabezas.

Por cada una que se corta en un país, parece nacer otra más adelante. En este campo de derrotas casi sucesivas, América Central se ha transformado en ruta y en destino.

Sé que esta es una lucha en la que no se vence aisladamente dentro de las fronteras nacionales. Pero sé también que un gobierno que desarrolla políticas internas rígidas, y que se articula con otros países amigos, cumple su parte en esta batalla.

Nosotros vamos a hacer eso con el máximo de control y dedicación. Daremos todo nuestro apoyo a los buenos policías, que son mayoría en nuestros órganos de seguridad, pero identificaremos y castigaremos, con rigor, aquellos pocos que se desvíen de su función y se vuelvan cómplices de estos criminales.

Es así, en forma gradual y localizada, que el narcotráfico comienza a infiltrarse y transforma a gobiernos y gobernantes en sus rehenes. El Salvador no puede entrar en este circuito de terror y de miedo.

Como también no podemos dejar que segmentos de la sociedad, en especial las personas más pobres, sean rehenes de las pandillas y bandas menores, no por eso menos sádicas y peligrosas.

Las maras, las pandillas no pueden continuar actuando y creciendo impunemente transformando barrios y comunidades en territorios libres para sus delitos.

Vamos a luchar día tras días, para imponer la ley y el orden en este submundo de anti-ley e inhumano.

Funes abordo de manera directa y sin ambajes dos imporantes problemas vinculados a la seguridad y la justicia, que se encuentran intimamente relacionados: el crimen organizado y la corrupción, así como tampoco ahorró dardos para señalar la tolerancia y hasta de complicidad hacia estos flagelos en las administraciones pasadas. Lo dicho, no es poco. Señala la filtración del crimen en el sistema político como una grave amenaza.

Mucho se ha cuestionado la dureza del discurso, y en cierta medida, en otro contexto, algo más de diplomacia hubiese sido deseable. Sin embargo, salvando diferencias abismales, existe un paralelismo entre la asunción de Obama y la de Funes: recibieron un país agobiado de problemas, en gran medida ocasionados por los mismos gobernantes. Lo mismo es aplicable a ARENA, respecto de los Republicanos cuyos gobiernos hicieron la mirada hacia otro lado ante los abusos del mercado y gestionaron la conflictividad social a través de mecanismos coactivos y belicistas.
No se puede ser "políticamente correcto" en el discurso con quienes no lo fueron en la práctica de sus gestiones.

La derecha legislativa y la impunidad

Nemo iudex sine actore. Sin actor (accionante) no hay juicio. Así de simple. La Asamblea Legislativa no ha elegido Fiscal General y nos encontramos en estado de irregularidad institucional desde el 20 de abril pasado.

Por vía de reformas legales o interpretaciones auténticas se ha validado la permanencia del Fiscal Adjunto, mientras la Asamblea resuelve la elección del titular. Una resolución sobreseimiento (no una sentencia definitiva) dada por la Sala de lo Constitucional se pronunció en este sentido. Pero hablando el plata, no hay un titular legítimo en este momento, de acuerdo con los estándares constitucionales.

Se ha pretendido justificar la función irregular del Fiscal Adjunto, aduciendo que, siendo éste elegido por el títular que sí cuenta con la legitimidad constitucional, entonces, hereda o recibe por osmosis una cuota de esa legitimidad para seguir fungiendo. Sostuve una discusión sobre esto con un colega constitucionalista que simpatizaba con este argumento, mi posición en contrario fue un ejemplo del fútbol: si El Salvador le ganó a Colombia y luego Colombia le ganó a Argentina, no quiere decir que nosotros le ganamos a Argentina. (No sé si era un argumento muy convincente, pero al menos era gracioso) Si ello fuera así, entonces el fiscal que está en la silla ahora, puede quedarse, in saecula saeculorum, por herencia y podemos tirar a la basura las disposiciones constitucionales que exigen cierto grado de legitimidad del persecutor oficial.

En esta situación no pueden haber medias tintas. La consecuencia inmediata de ser honestos y reconocer la irregularidad la actuación de facto del Fiscal Adjunto es la nulidad de sus actos. Ello implicaría judicialmente declarar improcedente cualquier proceso penal iniciado por un Fiscal ilegítimo. Ya lo hicieron dos juzgadores, así como una Cámara que ha validado dichos fallos.

Sin embargo, resulta obvio que asumir dicha consecuencia implicaría generar un estado de anomia social, algo que responsablemente los jueces no querrán promover, pues la afectada sería la población que nada tiene que ver con los caprichos de la derecha legislativa. Los jueces están pues, contra la pared, y con ese chantaje, los diputados de derecha pretenden imponer un fiscal a su medida y no tienen prisa al respecto: el que está sentado en la silla del titular les viene bien, así que para qué correr.

Sin pelos en la lengua: ARENA no quiere un fiscal independiente justo ahora que deja el poder y muchos huecos financieros, irregularidades y nichos de corrupción puedan ser descubiertos, con lo cual, la persecución penal iría tras algunos de sus exfuncionarios o funcionarios que queden. Mucho menos querrían que El Salvador rompa capote procesando a un expresidente. Por el contrario, buscarían no solo un fiscal a la medida, sino uno que podría iniciar un entorpecedor proceso de judicialización de la política.

Además, tienen el descaro de vetar al mejor candidato a Fiscal General, el Dr. Henry Campos, por la "causal" de ser de izquierda, adjetivo por demás propio de voces de fachas, fanáticas e ignorantes respecto de cualquiera medianamente crítico a sus planteamientos.

Coherentes con su incoherencia de vetar funcionarios por su supuesta filiación política, no argumentan la misma razón para descartar a los otros dos candidatos, Raúl Somoza Alfaro, exdiputado y funcionario de gobiernos de ARENA y dirigente de dicho partido, y Luis Martínez, uno de los hombres del expresidente Francisco Flores. El burro hablando de orejas.

Lo parajójico del caso es que el Dr. Campos no pertenece a ningún partido político y en sus columnas periodísticas ha sido un hombre muy objetivo. Su pecado es haber sido acusador particular en el caso jesuitas, luego de que renunciara -por principios- a la FGR, pues su titular, pretendía no meterse en el ruedo, sino, dejar hacer, dejar pasar.

Vueltas que da la vida: veinte años después del asesinato de los jesuitas, el abogado acusador es ahora candidato a Fiscal General y Alfredo Félix Cristiani, -expresidente de la república bajo cuya administración y comandacia de la Fuerza Armada ocurrió el asesinato- vuelve del cementerio político -cual personaje del video de Thriller- a la palestra como presidente del partido ARENA en el marco de su "renovación". Ese detalle le pone más ingredientes a la coyuntura.

En el plano de los méritos profesionales, el Dr. Campos ha demostrado sus principios: poner en riesgo su vida en aquellas riesgosas circunstancias en que se enfrentaba contra el poder militar en pos de la justicia, dice mucho de él. Por otro lado, en la actualidad, es un destacado litigante, academico y docente universitario, cuya capacidad técnica puede verse reflejada en la producción documental que ha generado a lo largo de los años, con lo que cumple el requisito de instrucción notoria. Méritos de los que los otros candidatos -sin menospreciar sus antecedentes profesionales- simplemente carecen.

Entonces, no escoger la mejor opción disponible para darle al país un Fiscal General competente y con mérito, sino, por el contrario, mantener mediante chantaje, un estado de irregularidad institucional es exclusiva responsabilidad de las fracciones legislativas de ARENA, PCN y PDC, con lo que tristemente demuestran, una vez, su absoluta falta de compromiso con el logro de una justicia de calidad que sirva para el fortalecimiento de la democracia y la lucha contra la impunidad que tanto daño le ha hecho a este país. Una cita tomada de un reciente artículo de Robert Holden lo explica con toda claridad:

en América Latina nos enfrentamos con una tendencia extrema en donde la ley es casi siempre una mercancía con la que se negocia. Un estado que se burla habitualmente de la ley y la justicia se burla de su propia legitimidad, y en consecuencia invita a la violencia pública de todo tipo. La legitimidad de un estado depende primordialmente de la ley, pero cuando se sustituye el imperio de la ley por el imperio de la impunidad como es el caso de muchas partes de América Latina los tentáculos de la impunidad mueven no solamente a los poderosos sino también los débiles. Los débiles, los “descalzos,” buscan así arreglos prácticos para minimizar los costos de la aplicación de la ley como por ejemplo un padrino con poder o el pago de un pequeño soborno.

Los diputados de derecha que se niegan a darnos un buen fiscal, pretenden mantener ese esquema. La ciudadanía no puede permitir que ello continue, no puede consentir seguir viviendo con la impunidad como moneda cotidiana en una de las sociedades más violentas del mundo. Es una de las piezas que hace falta para que podamos realmente buscar la justicia.

La irresponsabilidad de la derecha legislativa

Dado que los partidos de derecha tienen mayoría en la Asamblea, su comportamiento vislumbra una clara estrategia de bloqueo y sabotaje a la próxima administración del Ejecutivo. Los alcances de dicha estrategia tienen rasgos extremistas. Un ejemplo lamentable de esto es el decreto temporal por el cual, los mencionados partidos, permiten la inscripción de armas sin el debido respaldo legal.

No es la primera vez que se ha recurrido a este tipo de medida. El argumento de sus propulsores es siempre el mismo: mejor registradas que ilegales. Sin embargo, lo que ha sido demostrado es que armas de dudosa procedencia son objeto de registro. Un estudio de 1998 del Consejo Nacional de Seguridad Pública sobre estas medidas, mostró que armas robadas de la Policía Nacional Civil habían sido inscritas por particulares gracias a estos decretos. (Parentesis: hace unas semanas aparecieron armas de la PNC salvadoreña en ciudad de Guatemala, en manos de delincuentes. Ver aquí)

De esta forma, estos decretos fomentan el mercado ilegal de armas o las posibles irregularidades de las empresas comercializadoras de estos productos y sobre esto, hay fuertes intereses. También se premian las acciones ilícitas por las cuales se obtienen armas irregularmente. La derecha legislativa avala la ilegalidad y se coloca a contracorriente de los estandares internacionales de control de armas, que pretenden evitar que precisamente, armas irregulares sean registradas por los estados.

Lo anterior, de por sí es escandaloso, pero lo es más cuando se da en el contexto de un país catalogado como uno de los más violentos del mundo y que vive actualmente un repunte de violencia homicida que deja un saldo promedio de 12 muertos diarios.

La evidencia empírica muestra que por regla general, los países con menos armas y fuertes restricciones para su posesión como Japón o Inglaterra tienen menos problemas de violencia homicida comparados con aquellos que tienen mayor permisibilidad de armas como Estados Unidos, Brasil o Guatemala. Sin embargo, autores como John Keanne, no ponen énfasis en la permisibilidad o control de armas como un factor fundamental de la gestión de la violencia, sino que señalan el contexto social y cultural en el cual dichas armas cumplen un papel. Tomando esta idea, es evidente que el contexto salvadoreño es el menos indicado para favorecer la proliferación o liberalización de armas de fuego.

En vista de lo anterior, la decisión de los legisladores de derecha de admitir la inscripción de armas ilegales, es absolutamente irresponsable por donde se le vea y viene a complicar, aún más, la ya gravísima situación de inseguridad que el actual gobierno hereda a la proxima administración, junto con las arcas de la hacienda pública vacías en la peor crisis financiera del Estado.

Pero aún queda un tiro, poco probable, pero al fín, un chance: que el Presidente de la República vete el referido decreto. Ahora la duda es saber si el decreto llegará a manos del Presidente Saca o del futuro Presidente Funes. En esta segunda posibilidad, un veto presidencial podría generar un conflicto interorgánica en el que la Asamblea podría ratificar el decreto emitido y eventualmente llegar hasta la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Roque Dalton, literatura, derecho et moi

Viví mi adolescencia en un país en guerra civil, lo cual, es mucho decir. Si bien, la capital, donde vivía y vivo aún, no sufría de la violencia bélica de otros territorios cuyo control era disputado por las fuerzas contendientes, vivíamos bajo un ambiente militarizado, represivo, atosigados de propaganda bélica y con la amenaza de ser reclutados forzosamente por el ejército en cualquier calle o pasar accidentalmente cerca de alguna voladura de postes por los comandos urbanos.

Cursaba bachillerato en un colegio jesuita donde una educación excepcional marcó mucho mis opciones y horizontes. Diversas inquietudes estimulaban mis días: la política, la literatura, la música y por supuesto, la patota de amigos y flirtear con las féminas.

Como actividad extracurricular me ofrecí como encargado de notas culturales de un periódico mural. Mi tarea consistía en recopilar poemas, cuentos o relatos breves para su publicación en nuestro periódico. Un poco urgido por la tarea impuesta, busqué en casa los materiales disponibles en la librera familiar y tomé el libro Taberna y otros lugares de Roque Dalton, libro que mi padre había llevado a casa pero al que no presté atención sino hasta que me vi en la necesidad y ese fue un encuentro excepcional.

Primero me enganché de su poesía, fresca, simpática, heterodoxa y sin formalismos, propia del espíritu joven de quien promete mudarse a un planeta donde la gente viva 300 años, hasta dejarse morir, por respeto a sus hijos.

Pero luego, también aprendí a ver la historia del país desde otra óptica, a través de las historias que nos habían sido ocultas, a través de las historias prohibidas de pulgarcito. Dalton se convertía en un guía para mí y para otros compañeros contagiados de la misma fiebre. Sin embargo, al menos para mí, fue algo más que una fiebre juvenil, mi interés continuó y se mantiene a través de los años.

Por una suerte del destino tuve la fortuna de ser becado y realicé estudios de posgrado en la Universidad de Barcelona, España. Ahí conocí, por otra afortunada coincidencia, a un joven profesor argentino-español, quién al conocerme y saber mi nacionalidad me preguntó si sabía sobre Roque Dalton, puesto que él era un fanático. Trabamos amistad inmediatamente. Siendo ambos abogados y políticamente comprometidos, “estudiando Derecho con carne de presidio”, Roque nos servía de inspiración y refrescamiento. “(…) en algo hay que agradecérselo también a la poesía.” En lo particular, como un interesado en la justicia penal, la traducción poética del dolor del presidio hecha por Roque me parecía el mejor discurso en contra de la inhumanidad de la cárcel:

Coro menor de la Quinta Bartolina

Han cerrado de nuevo la puerta de la celda.

Cerrado, cerrada.
Cerrada, cerrada, cerrada.

¿Saldremos este mes?
Ah, que eso se llama tener suerte!
Un mes,
un mes entre tu mano y la esperanza!

Yo que me tengo que aguantar un rato
de catorce años y qué más te digo,
yo que voy a salir de cincuenta años,
yo que ya ni de los ríos me acuerdo,
yo que ya no me acuerdo de acordarme de nada,
yo que ya ni canciones sé, ni quiero,
yo que ya no sabría caminar por las calles,
yo que llevo cinco años en la Segunda Instancia,
yo que por el jurado gordo aquel me he quedado silbando
puño en quijada y corazón a cuestas,
yo que por el Fiscal que nunca vio a mi madre
ciega la pobre de llorar por mi y yo inocente,
sin culpa alguna
por las urgencias de su carrera de buitre,
yo por idiota y bueno,
yo porque había que hacer escarmentar al mundo,
yo porque dije que sí,
yo porque escupí mi negación al polvo,
yo porque escupí,
yo porque
yo por
yo
y
y la
y la puerta
y la puerta cerrada
y la puerta de la celda cerrada,
cerrada, cerrada, cerrada,
cerrada,
cerrada…

Mi amigo había sufrido directamente la brutalidad de la dictadura argentina, su padre había sido asesinado bajo el régimen militar de la década del setenta e inicios de la década del ochenta. Siendo un adolescente hizo un viaje de intercambio estudiantil a Los Ángeles, California, y estando ahí, dada su inclinación por la cuestión social, se enroló con grupos de trabajo con inmigrantes, particularmente centroamericanos, donde, mediante un amigo salvadoreño, entró en contacto con la literatura de Roque y quedó igual de enganchado que muchos. Aún se dedica a coleccionar ediciones raras y siempre que puedo le he enviado las últimas publicaciones.

Coincidíamos también en nuestro gusto por el poder seductor de su poesía: frases como “(…) pensando siempre en encontrar un bar// en donde si quitáramos las mesas// quepan las madrugada y tú junto a mis ojos” fuero declamadas en algún bar en horas de bohemia con más de un resultado positivo. Gracias Roque por prestarnos tus palabras.

Ha pasado el tiempo y nuestra mentalidad va cambiando, madurando, y cada vez que tomo un libro de Roque y lo re-leo, encuentro que el mismo poema tiene una nueva significación y eso mantiene para mí su vigencia. Claro, con tanto tiempo, uno llega a conocer a los amigos, les conoce sus virtudes y defectos, los ve más realistamente. Eso también me pasa y ya no acepto todos sus planeamientos como antes, influido por la admiración, pero de eso se tratan las relaciones, de reconocer lo valioso y mantener el cariño a pesar de las diferencias.

Esta es mi humilde forma de tributar y agradecer su legado a uno de nuestros más grandes literatos, en el 34º aniversario de su cruel asesinato.

Marcha ciudadana por un Fiscal Independiente

La mañana del 14 de mayo de 2009, más de doscientas cincuenta personas provenientes de organismos de sociedad civil, gremios de abogados y ciudadanía en general, realizaron la marcha "Por un Fiscal Independiente", como parte de una iniciativa más grande que busca incidir por que la Asamblea Legislativa nombre un Fiscal General competente e independiente, puesto que la institución vive actualmente en la acefalía luego del vencimiento del período, el pasado 19 de abril, del tristemente celebre Felix Garrid Safie, y es conducida, en un evidente fraude a la Constitución, por el Fiscal Adjunto, Astor Escalante, a la sazón, ex viceministro de Seguridad Pública y Justicia del actual gobierno y que fue colocado en esta institución como una jugada de enrrocamiento en el ajedrez de la política salvadoreña. Existen ya fallos judiciales en primera y segunda instancia que desconocen la autoridad del Fiscal Adjunto por la irregularidad de su titularidad.

Si bien, no fue una manifestación multitudinaria, fue grande teniendo en cuenta que la justicia no ha sido un tema muy abierto al público, así que lograr una marcha decente y obtener la atención de otra gente y medios, es una esperanzadora señal de que la ciudadanía está empoderandose de la necesidad e importancia que una fiscalía independiente tiene para el logro de la justicia y el Estado de Derecho y, que no sea, como hasta ahora, una institución políticamente manipulada y velo de impunidad en casos de gran trascendencia nacional. Se necesita un fiscal independiente, probo y eficiente, que sea capaz de enfrentar algunas de las más serias amenazas como las señales de infiltración del crimen organizado en instituciones del Estado o la influencia de poderosos cárteles de la droga en el país.

En el trayecto, frente al edificio de la Corte de Cuentas de la República, se aprovechó la ocasión para abuchear a dicha institución que sería la principal encubridora (por acción u omisión) de la corrupción y por ser coto de caza del Partido de Conciliación Nacional (PCN) que con todo descaro se ha manifestado diciendo que la institución les pertenece y la cual sería utilizada como instrumento de encubrimiento o chantaje político.

Al final, la marcha se concentró bajo el famoso "Palo de Hule" y frente al edificio de la Asamblea Legislativa, donde hubo manifestaciones de rechazo contra la maniobra por la cual se ha detenido el proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia que comentamos en el post previo y en contra del nefasto nombramiento del diputado Ciro Cruz Zepeda como presidente del Órgano Legislativo, como una mala señal de que el contubernio y los madrugones seguirán siendo la regla de esta legislatura.

Solamente la acción y vigilancia de la ciudada puede revertir o detener la arbitrariedad de los partidos en la Asamblea. En la medida que sepan y vean que hay amplios sectores disidentes de sus contubernios, en esa medida tendrán menos margen de maniobra y legitimidad para actuar antojadizamente. Ya vencimos el miedo una vez, hay que seguirlo haciendo. Solo nosotros, la ciudadanía, podemos impulsar un mejor país presionando a nuestros representantes a que sigan la ruta que les marquemos.

Las maniobras de la derecha por controlar la CSJ

Atestiguamos un nuevo episodio del largo via crucis recorrido para la elección de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Luego del proceso eleccionario del gremio de profesionales del derecho, la Asamblea se enfrascó en un tira y encoge respecto de la lista de quince candidatos presentada, según su mandato, por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), para complementar el listado resultante de la votación de las y los abogados.

Parte de la discusión se suscitó porque tres de los actuales miembros del CNJ: David Gonzalo Cabezas (presidente), Efraín Campos y Nora Montoya, aparecen como candidatos en el mencionado listado, es decir, se dio una especie de autopostulación. Aun y cuando los involucrados trataron de matizar los hechos, quedó en evidencia un claro conflicto de interés y, por supuesto, una flagrante falta de ética respecto del proceso. En la Asamblea, Legislativa, el derechista, y aún partido en el gobierno, ARENA, propugnó por devolver la lista al CNJ en tanto, los consejales que aparecen en la misma, habrían cometido infracciones reguladas en la Ley de Ética Gubernamental. En una extraña e inusual coincidencia, asociaciones de jueces respaldaron esta moción.

Al parecer, el malestar de ARENA se debería a que no cuenta con muchos abogados de su elección en los listados propuestos, a lo que se sumaría el hecho que los consejales del CNJ que deberían, por filiación ideológica, haber pujado por los delfines de la derecha, terminaron incluyéndose en la lista. Dicho en buen salvadoreño: se comieron el mandado.

Por su parte el FMLN -cuyo excoordinador general, Fabio Castillo, aparece como candidato en la lista del CNJ- se opuso a la devolución del documento, argumentando que la Asamblea no tenía facultad legal para tales fines.

Particularmente estoy de acuerdo con el razonamiento del FMLN, pero no solo por la inexistencia de una norma que permita dicho proceder, sino porque el listado del CNJ –nos guste o no; sea legítimo o no- no puede estar condicionado al gusto de la Asamblea o de sus mayorías internas. Precisamente el hecho que un organismo externo pueda elaborar una escogitación previa tiene como propósito evitar que la Asamblea pueda elegir a su antojo y sin intermediarios. Devolver la lista sería pues, un despropósito.

La presencia de Fabio Castillo como candidato también fue vetada por la derecha parlamentaria, argumentando su clara vinculación partidaria, lo cual, según los detractores, pesaría en contra de su imparcialidad.

Creo que se pueden contar con los dedos de la mano los abogados de El Salvador que tengan la altura intelectual de Fabio Castillo, por tanto, su capacidad no está en duda, ni su vinculación partidaria es causal de inhibición legal. Por tanto, su caso no es equiparable al de los tres consejales cuestionados. Sin embargo, ello muestra la incoherencia del discurso de la derecha, pues mientras que aquí rechazan la filiación partidaria, no tienen reparo en proponer a un exdiputado y militante de viejo cuño del partido ARENA como candidato a Fiscal General, pero que carece del prestigio intelectual y academico de Castillo.

En todo caso, la lógica y el fin de un proceso de elección por ternas es escoger de un catalogo de opciones. Unas se aceptan, otras se rechazan. Si hay cuatro candidaturas que no son aceptadas, quedan otras veintiséis de las cuales escoger. La petición de devolver la lista está completamente fuera de lugar y solo muestra un claro interés político por modificar de manera ilegal, las condiciones del juego.

Pero para terminar de enturbiar las aguas, la Sala de lo Constitucional admitió –con sorprendente rapidez: tres días hábiles- una demanda de amparo interpuesta por la abogada Michelle Gallardo de Gutiérrez -a la sazón, viceministra de Turismo- el día 29 de abril de este año, en la cual, la demandante alega que la irregular postulación de tres miembros del CNJ atenta contra el derecho a la igualdad y a su derecho a optar por cargos públicos. Señala en su escrito como autoridad demandada al CNJ y solicita la suspensión del acto reclamado, que, según la demandante sería el proceso de elección en marcha en la Asamblea Legislativa.

Personalmente creo que el proceso de selección de candidatos del CNJ es defectuoso, arbitrario y nada transparente, pero los supuestos alegados por la abogada Gallardo no son, en mi opinión, sustentables. Pese a ello, todos conocemos de la descomunal elasticidad de la jurisprudencia constitucional.

Ella, como cualquier otro abogado con elevada autoestima como para creer merecer estar en la CSJ, se sometió al proceso que abrió el CNJ, es decir, aceptó las reglas del juego. Su derecho a optar por un cargo público implica tener la oportunidad y libertad de someterse a ese proceso. No es lo mismo tener derecho a optar por un cargo público que tener derecho a un cargo público, esto último es lo queda implícito en los argumentos y peticiones de la demandante. Ella sí tuvo derecho a optar, que no la eligieran, es harina de otro costal.

Por otro lado, la suspensión del acto reclamado, que posteriormente fue otorgada por la Sala de lo Constitucional, es completamente discutible. Si la autoridad demandada es el CNJ, sobre el listado que éste produjo, el acto suspendido debería darse en esa instancia. La Asamblea Legislativa no tiene vela en ese entierro. Los Arts. 20 y 21 de la Ley de Procedimientos Constitucionales establecen:

Art. 20.- Será procedente ordenar la suspensión provisional inmediata del acto reclamado cuando su ejecución pueda producir un daño irreparable o de difícil reparación por la sentencia definitiva.

Art. 21.- Ordenada o no la suspensión provisional inmediata, se pedirá informe a la autoridad o funcionario demandado, quien deberá rendirlo dentro de veinticuatro horas. (negrillas agregadas)

El acto, desde mi punto de vista, ya fue consumado, es decir, la lista objeto de la impugnación- tal como la identifica la demandante, citando el Acuerdo específico- ya fue elaborada y no se puede suspender lo ya consumado.

Sin embargo, pese a estas inconsistencias, la Sala de lo Constitucional otorgó la suspensión del acto reclamado en los términos que lo solicitó la demandante y con ello, paralizó la discusión en la entrante Asamblea, poniendo en peligro el ya complicado cumplimiento de los plazos.

El fondo de esta situación, disfrazada de institucionalidad, es el deseo de la derecha de enderezar el listado enviado por el CNJ, en tanto éste, no incluyó a sus delfines. A ella debe sumarse el eventual interés de magistrados salientes de la CSJ por ser incluidos en una nueva selección del CNJ, donde el caso más conocido es el del presidente del Órgano Judicial, Agustín García Calderón que expresamente se incluyó en el proceso de escogitación del CNJ y que no se excusó de conocer.

Por otro lado, en el peor de los casos, podrían existir intenciones ocultas de facilitar la instalación de una CSJ funcionando con suplentes a la manera del estado actual de acefalía de la Fiscalía General de la República, con lo cual se tendrían dos instituciones con titulares de facto, violando flagrantemente la Constitución.

Lo más triste y mezquino de este asunto es ver a la Sala de lo Constitucional, el "más alto tribunal", haciendo parte en este juego sucio, devaluando aún más, su escasa legitimidad.


Pueden ver la demanda de amparo, el auto de admisión y el voto razonado en contra emitido por la magistrada Victoria Marina de Avilés haciendo clic aquí.

Marcha ciudadana

Marcha ciudadana ¡Por un Fiscal Independiente!

Recorrido desde los juzgados hasta la entrada de la Asamblea Legislativa. El tema del
Fiscal es un tema de ciudadanía y en tal calidad debemos actuar.

Organizador(a): Movimiento ciudadano ¡Por un fiscal independiente!

Hora: jueves, 14 de mayo de 2009 10:00

Lugar: Centro Judicial "Isidro Menéndez", San Salvador.