"La obra de la Justicia será la Paz y los frutos de la Justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Is. 32, 17"

8 de mayo de 2016

Cárceles e hipocresía

Uno entiende que la gente que no ha visitado una cárcel pueda decir cosas a la ligera como que éstas son equiparables a hoteles. También uno entiende la ingenuidad de esperar que se puede someter a la obediencia automática y mecánica a las personas que ahí son ingresadas ¡Precisamente por eso están ahí: porque decidieron no obedecer la ley! De igual manera pretenden que los centros penitenciarios funcionen como monasterios cuando las personas internas no son un manojo de virtudes.

Repito, uno lo entiende de gente poco informada pero no de gente que vive en ambientes como la política donde el tráfico de información es cotidiano pero donde se lanza cualquier cantidad de ocurrencias y medias verdades para sorprender a incautos sobre lo que sucede en las cárceles, especialmente ahora que con el revuelo judicial del caso "la tregua" y sus nuevas revelaciones es la lepra de la que todos huyen, aún y cuando, al parecer, nadie está libre de pecado.

No pretendo defender ni justificar nada, solo me gustaría que los políticos no ofendan la inteligencia de la gente y que esta tenga parámetros más realistas para medir las cosas.

Lo primero que debería quedar claro es que la cárcel es un mal necesario mientras la sociedad no logre adaptar otro tipo de sanciones. Es falso que sea la única solución, lo cierto es que culturalmente estamos muy lejos de aceptar otras, por ejemplo, en la justicia indígena, ante un homicidio, se condenaba al homicida a trabajar para mantener a la familia del fallecido, además de la propia. En la justicia como la conocemos, dos familias se quedan fuera de la sentencia y, probablemente, sin sustento. No espero que nos volquemos a la justicia indígena, solo demuestro que culturalmente entendemos las cosas de otro modo.

No hay cárceles buenas. Solo hay cárceles menos malas. Sin duda, las más hacinadas son las que presentan mayores problemas, pero incluso los sistemas penitenciarios más holgados los tienen. Cuando aquí se critica como incapacidad de las instituciones el no poder frenar el tráfico de ilícitos al interior de las cárceles, se hace colocando un estándar que ni países con mayor desarrollo institucional y recursos han logrado cumplir. Por ejemplo, recientemente la BBC de Londres reveló el uso de drones por redes de contrabando para introducir mercancía a los recintos penitenciarios, otro caso es el de Holanda, un país que está cerrando cárceles debido a la falta de privados de libertad, sin embargo, sigue teniendo problemas con la circulación de teléfonos inteligentes al interior de sus cárceles y la existencia de perfiles y páginas de los prisioneros donde difunden su estilo de vida. ¿Por qué pasa esto? porque básicamente, la corrupción es capaz de permear cualquier institución.

¿Mal de muchos, consuelo de tontos? Tonto sería no reconocer que estamos frente a un problema estructural del diseño de la privación de libertad y las instituciones que la gestionan, pero estamos encerrados en un esquema donde parece que es imposible no pensar en otra solución diferente a la cárcel o peor aún, la pena de muerte.


27 de abril de 2016

La labor de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos: consciencia contra violencia


Vivimos tiempos complicados, la violencia y el crimen son temas que atraviesan una gran cantidad de dimensiones cotidianas desde la política, la economía, las comunicaciones masivas y otros campos que afectan directamente nuestra vida.

La falta de interés en un análisis y discusión profunda y seria del problema ha sido suplida en gran medida por el manejo simplista y a veces perverso del asunto, en un esquema donde cada vez más, la información va agregando juicios de valor morales o emocionales y se distancia de la profundidad y búsqueda de todos los enfoques posibles, lo que ha llevado al asentamiento de una agenda pública influenciada por emociones más que razones, carcomida por el maniqueísmo de "buenos" y "malos", "ellos o nosotros", cuando sabemos que en la realidad, no hay blancos ni negros, solo una amplia gama de grises. No sobra decir que el uso del tema de la violencia y el crimen en la competencia electoral solo han contribuido a agravar esta situación. 

No se trata de subestimar el estado emocional de la población frente al problema: éste es completamente comprensible y genuino, sino de hacer notar que la emocionalidad puede no ser la mejor manera de responder a los problemas, ya lo dicen la psicología y la sabiduría popular: no hay que tomar decisiones alterado. Una de las consecuencias de este contexto de gran emocionalidad es la proliferación de la intolerancia a la crítica y a los llamados a la sensatez. 

Desde hace unas semanas hemos podido apreciar con claridad el funcionamiento de este mecanismo de ataque a posturas criticas como lo es en la campaña tácita que se ha emprendido en contra de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y su titular, David Morales. Ataques que demuestran además de intolerancia, ignorancia sobre el papel y el rol del ombudsman, instalando estribillos y mitos falsos en su contra. El mecanismo más común es recurrir a figuras retóricas como la exageración (hipérbole) o la ridiculización del adversario o las referencias a sofismos populistas, pero no aportar un argumento serio y sustentado.  

Ejemplo claro de hipérbole: 


Uno de los mitos más difundidos es el de que defender los derechos humanos es defender delincuentes o estar a favor de ellos en detrimento de las víctimas. Ciertamente este es un tema que no se ha esclarecido lo suficiente para el público y la incomprensión del mismo y de su lógica jurídica genera reacciones adversas en personas legas y, lo que es peor: en abogados ignorantes o directamente mal intencionados.

De ninguna manera la PDDH ni el ombudsman defienden delincuentes -mucho menos influye en las resoluciones judiciales sobre ellos-, su labor consiste en verificar que el Estado cumpla con su trabajo en un marco de respeto de reglas aplicables a todos los ciudadanos por igual, reconocidas universalmente (derechos humanos). Si el estado incumple o infringe dichas reglas, debe haber un correctivo.



La PDDH no es una injerencia en la labor del Estado: fue creada por el mismo estado para su autorregulación y los derechos humanos no se los inventó el procurador, son leyes de la república aprobadas por los diputados de la Asamblea Legislativa y compromisos adquiridos por el Estado salvadoreño ante la comunidad internacional. 

En esta coyuntura concreta, las denuncias de ejecuciones extrajudiciales hechas por el Procurador, han arreciado los ataques en su contra pues el contexto de la opinión pública que describíamos al inicio es favorable, de manera irreflexiva, al desborde del poder punitivo del Estado, sin considerar las graves consecuencias que ello puede acarrear. Es una involución preocupante cuando una sociedad avala que quienes deben aplicar la ley puedan violarla, después de ello puede ser muy difícil volver atrás y en la región hay demasiados ejemplos al respecto. El miedo al crimen crea "justificaciones" para devaluar el Estado de Derecho por parte de los principales interesados en su funcionamiento precario. 

Por otro lado, frente a la falaz acusación del abandono de las víctimas, la PDDH y su titular han tenido una posición de exigencia de políticas de atención y protección de éstas, incluso, ha implementado iniciativas propias en esa materia. 



Por lo anterior, los ataques y críticas a la PDDH son infundadas y originadas por un clima de miedo e intolerancia que amenaza o desprecia cualquier asomo de sensatez y a la búsqueda de una institucionalidad que funcione bajo el esquema de un verdadero Estado de Derecho. 

"Di la verdad aunque sea amarga. Di la verdad aún contra ti mismo."
Mahoma