"La obra de la Justicia será la Paz y los frutos de la Justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Is. 32, 17"

29 de septiembre de 2014

Decreto de Creación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana

El lunes 29 de septiembre de 2014, el Gobierno de El Salvador lanzó su Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, una entidad consultiva de apoyo para la formulación y seguimiento de las políticas públicas en esa materia, conformado por diferentes representantes de distintos sectores de la vida nacional. Aquí su Decreto de Creación.

25 de septiembre de 2014

Katya Miranda o de la impunidad estructural


Luego de dos semanas de sucesos judiciales relevantes: el envío a prisión de un expresidente de la República y de un diputado involucrado en un millonario caso de lavado de dinero, la impunidad toca a nuestras puertas para recordarnos su vigencia y buena salud.

La Sala de lo Penal, constituida por una magistrada titular y por dos suplentes, absolvió a los condenados en el caso de la violación y muerte de la niña Katya Miranda, ocurridas el 3 de abril de 1999, a la orilla del mar, en las cercanías del rancho donde pernoctaban sus familiares, entre ellos, su padre Edwin Miranda y el padre de éste, Carlos Miranda, abuelo de la niña, quién desde el inicio fue considerado uno de los principales sospechosos. También se encontraba en el lugar el entonces Subcomisionado Godofredo Miranda, mando de la División de Investigaciones de la Policía Nacional Civil y sobrino del abuelo de la niña.

La noticia del nuevo fallo corrió como la pólvora en las redes sociales y han revivido la indignación ante este icono de la impunidad en el país.  Es necesario hacer memoria y recordar que este caso fue truncado desde el origen: en la playa misma donde ocurrieron los hechos y donde, el entonces Subcomisionado Miranda, fue incapaz de hacer preservar la escena del delito y garantizar la recolección de evidencias, a lo que se suma una negligente actuación fiscal.

En el trayecto se supo que elementos del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) habían hecho pesquisas sobre el caso, lo cual estaría relacionado con el hecho que el padre de la niña era en ese entonces miembro del Estado Mayor Presidencial, servicio de protección del Presidente de la República, lo que agregó suspicacias al hecho.

El caso, se dirigía a ser uno más en el archivo de la Fiscalía, pero gracias a la insistencia de la madre de la víctima y su valiente lucha por la justicia, el caso pudo ser judicializado nueve meses después.

Se imputó al padre y al abuelo de la niña, así como a dos empleados del rancho por supuestamente haber encubierto los hechos. Según la versión del abuelo, principal vocero del grupo de imputados, el ejecutor habría sido Rafael Antonio Cuenca, alias el “Palo”, sicario contratado por un tal Doroteo Maradiaga, quien tendría rencillas con Carlos Miranda. Cuenca habría hecho un ingreso tipo comando al rancho, rociado con spay adormecedor a los ahí presentes y sustraído a la niña para atentar contra ella. Esta versión fue desestimada en las investigaciones.

El caso fue débilmente presentado y sufrió también tropiezos judiciales –donde la actuación judicial fue, cuando menos, sospechosa- siendo los imputados liberados provisionalmente en la fase intermedia del proceso penal, dando el plazo de un año a la FGR para presentar nuevas pruebas. El entonces Fiscal General de la República, Belisario Artiga, dio señales de querer profundizar los hechos, se reunió con la familia en privado, pero el ánimo de protagonismo le llevó a cometer errores como “reconstruir” los hechos sin autorización judicial y no corrigió los errores iniciales de la investigación. Pasado el plazo para presentar nuevos elementos, la Fiscalía admitió no tenerlos y los imputados, ante la débil investigación criminal, fueron exonerados definitivamente en octubre de 2001.

Ya en este momento, Hilda Jiménez y su hija Marcela había huido del país por razones de seguridad y solicitado asilo en los Estados Unidos.

En el año 2009, a dos semanas de que el caso prescribiera, el entonces Fiscal General de la República Félix Garrid Safie –que buscaba su reelección en el cargo-, anunció la reapertura del caso con una nueva versión de los hechos, según la cual: la muerte de la niña fue debido a una operación de secuestro fallida organizada por el abuelo Carlos Miranda y Rafael Antonio Cuenta, alias el “Palo” –convenientemente fallecido en 2005-, en la que la muerte y simulación de la violación fueron para evitar la delación de la menor.

El caso fue reactivado gracias a la providencial aparición de un “testigo clave”, denominado “Camila”, quien habría formado parte de los planes del supuesto “secuestro”, a instancias de un miembro del entorno de la familia Miranda, a quien involucró en esta versión y a otro miembro cercano de la familia Miranda, contra quienes se abrió proceso penal.

Aquilino de la O Rosales, identidad real del testigo clave “Camila”, tenía una turbia historia como delincuente dedicado al robo y hurto de vehículos, de hecho, al momento de su aparición en escena, purgaba condena en el Penal de San Vicente, desde donde se contactó con la Fiscalía para ofrecer su historia y obtener a cambio un criterio de oportunidad y traslado desde ese penal al régimen de protección de víctimas y testigos. Sus primeros 15 minutos de fama mediática fueron cuando tras el sonado homicidio del banquero Guth Zapata en 1999. En esa ocasión acusó a miembros del partido ARENA de estar implicados en el hecho, sin embargo, su versión fue desmentida y, entonces, atestiguó en contra de quienes supuestamente le habrían pagado para brindar el falso testimonio original, nuevamente, su versión fue descartada judicialmente.



Básicamente, la Fiscalía, montó un caso con el testimonio de un delincuente y mentiroso profesional y puso al frente de este litigio al polémico fiscal Rodolfo Delgado. Sorprendentemente, el IDHUCA, organismo de Derechos Humanos que había llevado el caso de manera ejemplar,  se retiró del caso. Quizás muchos quisieron que en esta nueva oportunidad, los responsables obtuvieran un castigo que compensara la injusticia e impunidad previa. Total, no importaba si esta historia era cierta y creíble o jurídicamente viable, sino que alguien pagara. Ahora, esa ilusión se desploma y volvemos a sentir el dolor de la impunidad.

Durante el proceso judicial, comenzó a develarse vacíos y uno de los implicados por el testigo clave, fue liberado ante las inconsistencias del testimonio. La jueza de instrucción liberó a cinco de los seis implicados por falta de mérito, también desestimó la pertinencia de un gran número de testigos que la Fiscalía proponía, pero esta decisión fue revertida por la Cámara.  Los defensores alegaron que varios de los imputados ha habían sido juzgados y exonerados previamente por lo que había doble persecución.

En marzo de 2011, el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, condenó por secuestro al abuelo Carlos Miranda junto con otras cinco personas, empleados de éste, basado en el testimonio del testigo clave, en su resolución, el tribunal manifestó no haber encontrado contradicciones.

Ahora, la resolución de la Sala de lo Penal establece, como parte de sus razonamientos, que no llegó a configurarse el secuestro y que sí hubo doble persecución pues tres de los condenados ya habían sido objeto de juzgamiento por los hechos previamente. Aunque sea doloroso aceptarlo, el fallo judicial es apegado a derecho, corrige los entuertos por el que se llegó a esta condena, los juzgadores en esta resolución hicieron lo correcto, aún y cuando, hayan jugado el triste papel de ratificar la impunidad del caso.

Ahora los magistrados son linchados mediáticamente y Felix Garrid Safie, promotor de esta farsa, se lava las manos y rasga las vestiduras. Así de vergonzoso, así de triste.

Entiéndase bien: esta no es una apología para los ahora liberados, ciertamente creo que esa noche, en ese rancho, pasó algo muy oscuro y el caso comenzó su agonía ahí, junto con Katya, victimizada, además, por la impunidad estructural de nuestro país.

Pero no todo es pesimismo, el caso puede ser llevado al sistema interamericano para que confronte y devele su impunidad y obligue al Estado salvadoreño a resarcir a las víctimas y a darle justicia a Katya.