"La obra de la Justicia será la Paz y los frutos de la Justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Is. 32, 17"

29 de enero de 2017

Sobre la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y su debate político

Desde finales del año 2015, en el país se han implementado dos mecanismos tributarios especiales para financiar la seguridad: la denominada Ley de Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes para el Plan de Seguridad Ciudadana y, la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y la Convivencia. La primera grava con un 5% rentas anuales mayores a 500 mil dólares, mientras que la segunda es un cargo del 5% a transacciones sobre bienes y servicios de telecomunicaciones.

Los recursos se erogan trimestralmente por decreto legislativo según propuesta de distribución solicitada por el Ejecutivo, en consulta con el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC), para diversos proyectos o servicios relacionados con la prevención de la violencia, la seguridad pública o la atención a víctimas, pues son los ámbitos legalmente reconocidos como destinos por los respectivos decretos.

El uso de los fondos no es un cheque en blanco, si no que está controlado por la obligatoriedad de rendir cuentas sobre los mismos al CNSCC y a la Asamblea Legislativa, sin perjuicio de la contraloría que ejerce la Corte de Cuentas de la República. La ejecución de los fondos, se rige por las reglas ordinarias de las adquisiciones y contrataciones públicas, con excepción de los destinados para fines de seguridad pública (Policía) que tienen una autorización especial para hacer compras directas.
En el año 2016, los fondos erogados se distribuyeron de la siguiente manera:




Como puede apreciarse, cerca del 65% de los fondos han sido asignados a labores de control y represión del delito, pero es importante destacar que casi un 28% ha sido invertido en diversas acciones de prevención de la violencia. No menos importante es ver recursos destinados a la atención a víctimas en un 4%, y en menor medida al sistema penitenciario. Tanto los recursos dedicados a prevención como a atención a víctimas tuvieron como prioridad, los municipios seleccionados del Plan El Salvador Seguro, en sus fases I y II.

En el marco de las inversiones en prevención de la violencia, se obtuvieron destacables resultados, tales como 4,566 estudiantes retornaron al sistema educativo gracias a las medidas de flexibilización de la educación, lo que contribuyó a aumentar la cobertura del sistema educativo y reducir el impacto de la deserción escolar, la que en 2016 alcanzó un 2.2%, la más baja de los últimos años.




También 7,782 estudiantes, 347 docentes y 3,002 madres y padres de familia atendidos directamente con servicios de atención psicosocial en las escuelas, servicio que se inició en escuelas priorizadas por el Plan El Salvador Seguro y que alcanzaron indirectamente a una población de 76 mil miembros de sus comunidades educativas.

En el campo de la inserción productiva 3,201 jóvenes fueron beneficiados en las áreas de habilidades para la vida y el trabajo; pasantías; emprendimientos y formación técnica del programa Jóvenes con Todo, mientras que en atención a víctimas, se amplío de 17 a 25 los Hospitales Nacionales con servicios especializados de atención a víctimas y se han instalado 15 Oficinas Locales de Atención a Víctimas en igual número de municipios del Plan El Salvador Seguro, entre otros resultados.



De todo lo anterior, el gobierno ha dado informe técnico y financiero al CNSCC, mientras que la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, también hizo visitas para verificar in situ las acciones realizadas con los recursos erogados, teniendo una perspectiva positiva del curso de las mismas. Un dato interesante es que dichas visitas, se realizaron en gobiernos locales dominados por la oposición política.




Sin embargo, desde el mes de diciembre, cuando correspondía hacer la última erogación de fondos del año 2016, éstos solo fueron entregados parcialmente por la Asamblea solamente en lo relativo al pago de bonos para miembros de las fuerzas de seguridad, dejando en suspenso los recursos para las acciones de prevención y atención a víctimas.

Las razones de dicha entrega parcial, son, según algunos diputados, que los recursos han sido utilizados para fines distintos a la seguridad. Este argumento tiene pies de barro, pues, los dos decretos que regulan los fondos de Contribución Especial, establecen claramente como finalidades muchas de las acciones que han sido financiadas, es decir, no se han utilizado para fines distintos a los que los decretos establecen.

Luego, otras posiciones han expresado su apuesta por invertir más en seguridad que en prevención. Este argumento también es débil pues tal como se muestra en el gráfico, seguridad ha sido la principal beneficiaria de la contribución especial. Aquí influye la inercia de una tendencia de pensamiento que aún sigue creyendo que el fenómeno de la violencia y criminalidad se resuelve con más fuerza, lo cual, nuestra experiencia histórica nos ha mostrado que es una visión fallida y contraproducente.

Sin embargo, algunos diputados de oposición que al conocer los resultados y presenciar los avances en el territorios, dieron un espaldarazo a las acciones impulsadas, luego, a la hora de votar por los recursos pendientes, tuvieron reparos para dar el aval.

Sería lamentable si este cambio de postura tuviese por explicación un cálculo electoral y no necesariamente los resultados en sí, es decir,  que parte de la oposición se haya montado en el juego de suma cero creyendo que saboteando los avances, afectan electoralmente al gobierno. Esa sería mezquindad pura y dura, pues por negar los recursos al gobierno, niegan a la gente los beneficios para los que serían utilizados, especialmente cuando se trata de abordar algunos de los aspectos que alimentan las vulnerabilidades sociales de las que se nutre la violencia y a los que el enfoque represivo llega tarde, solo una vez que ya se ha dado el problema.

Hay que recordar que la lógica represiva nos tiene encerrados en el circulo vicioso en el cual la persecución amplía la demanda  de grandes recursos para el logro de sus objetivos, llena las bartolinas, requiere policías, guardias penitenciarios, fiscales, jueces y defensores para atender el enorme flujo de casos, luego las cárceles se llenan y es necesario gastar más en el sistema penitenciario. En cambio, la prevención lejos de generar un costo en el largo plazo, genera ahorros y contribuye a descongestionar la demanda del sistema de seguridad y de justicia, por lo tanto, no sería ético negarse a invertir en esta materia por un miope cálculo electoral.

22 de septiembre de 2016

Depuración judicial

La cuestión de la depuración judicial es un tema que pese a ir y venir en algunas coyunturas, no es una materia que se haya establecido de manera sistemática y sostenible en la agenda pública, esto, a pesar de ser considerado un problema central para la administración de justicia desde hace bastante tiempo. El informe de la Comisión de la Verdad en 1993, tras reconocer el triste papel del judicial en el esquema de impunidad que prevaleció durante el conflicto armado, recomendó:  
"Con el establecimiento de la Carrera Judicial, el CNJ debería revisar la plantilla de jueces y mantener, luego de un riguroso examen, a los jueces mejor calificados en vocación judicial, eficiencia y preocupación por los derechos humanos."
La evaluación de plantilla judicial no se realizó en esos términos. La lentitud e ineficacia de la depuración judicial es una de las principales críticas a la CSJ hasta la actualidad. Veintidós años después, el Plan El Salvador Seguro (PESS) también retomó el tema en sus acciones recomendadas: 
"11.  Elaborar un estudio para actualizar los criterios de evaluación para jueces en materia penal.  
12. En el marco de la legislación vigente y con respecto a las competencias fijadas por la Constitución y las respectivas leyes orgánicas, crear una comisión especial con mandato legal para identificar casos de corrupción y/o infiltración de crimen organizado en la que participen la FGR, la PNC, DGCP y el Órgano Judicial (OJ).
13.  Actualizar mecanismos de evaluación, prevención, control, sanción y depuración de la corrupción en las instituciones del sector de justicia y seguridad de conformidad a los estándares internacionales de la lucha contra la corrupción."
Nuevamente el tema ha vuelto a aparecer con el traslado de varios jueces de lo penal hacia otros tribunales de diferente materia o competencia territorial. La CSJ ha tratado de minimizar el tema y no ha dado explicaciones claras sobre las motivaciones de los traslados, pero es un hecho que muchos de los trasladados han sido cuestionados por sus polémicas resoluciones en casos emblemáticos mientras que la prensa lo ha relacionado con las denuncias hechas por el Fiscal General de la República. El día de hoy, jueves 22 de septiembre, la madera de un rotativo matutino informa de 700 investigaciones abiertas contra juzgadores en la oficina respectiva del Órgano Judicial, de las cuales 190 (28%) estarían cerca de tener resolución. Ocho de los jueces trasladados acumulan, en conjunto, cuarenta denuncias ante la oficina de investigación judicial del Órgano Judicial.

El traslado de jueces con el que se ha iniciado esta nueva coyuntura es un parche que no resuelve el problema central: la necesidad de investigaciones y procesos rigurosos que demuestren la responsabilidad profesional de los juzgadores, si la hubiere, y contribuya a aumentar la confianza del público. Para quienes leemos entre líneas, el mensaje ha sido: "no puedo quitarlos, así que mejor trato de neutralizarlos de otra forma", es tácitamente reconocer la incapacidad de hacer funcionar su propio mecanismo de control, llevándose de paso la carrera judicial. Este mal no es exclusivo del Órgano Judicial, sino que también ocurre en otras carreras y relaciones laborales en el Estado: ante la imposibilidad o falta de capacidad para despedir a alguien, se le traslada, moviendo el problema de lugar, pero mientras otras instancias administrativas intentan hacer su labor y esta, por diversas razones puede ser revertida judicialmente, sería paradójico el Órgano Judicial sufriera del mismo devenir. 

Viendo la capacidad desplegada por el Órgano Judicial en la investigación de ex funcionarios de gobiernos en casos de enriquecimiento ilícito, resulta también paradójico que no haya mostrado igual capacidad ante el problema de corrupción judicial largamente denunciado y que constituye uno de los principales cuestionamientos en su contra, pero es importante recordar que hace unos años se solicitó a los juzgadores su declaración patrimonial, habría que ver si ha habido análisis de las mismas y sus resultados.


Tal como lo ha identificado el PESS, es una necesidad urgente fortalecer las capacidades institucionales de los diversos mecanismos de control en la administración pública y de justicia para garantizar la confianza, la transparencia y la rendición de cuentas efectiva de las instituciones del estado.