"La obra de la Justicia será la Paz y los frutos de la Justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Is. 32, 17"

18 de mayo de 2017

Autodefensas comunitarias, un despropósito


El presidente de la Asamblea Legislativa ha venido promoviendo públicamente una iniciativa para favorecer la creación de grupos comunitarios de “autodefensa” contra las pandillas, retomando la experiencia de algunas comunidades que han tomado esa opción.



Por supuesto, el “altruismo" del funcionario tiene, a todas luces, un ánimo de proyección de imagen con fines electorales. Para él y los grupos que promueven estas agendas, las propuestas de endurecimiento penal, pena de muerte y ahora, armamentización social, han sido el medio por el cual toca los ánimos y miedos de una sociedad afectada por la violencia.

Independientemente de la promoción actual de la idea, lo cierto es que varias comunidades se han organizado de diferentes maneras para gestionar su seguridad a través de la construcción de portones de acceso, contratación de seguridad privada o la cooperación vecinal y, en algunos casos, la organización de grupos de vecinos con armas como ha sido registrado por diversos medios de comunicación.


Nunca hace falta decir que la violencia en el país es un problema complejo y cuando se enfrenta un fenómeno de esta magnitud y dimensión, lo conveniente es tratar de contenerlo, evitar que se vuelva aún más complejo, pero la propuesta del diputado se orienta en el sentido opuesto a este razonamiento.

El encuadre mediático alrededor de este tema es un tanto esquizofrénico, por un lado, se plantea como una crítica al gobierno el hecho que la gente se arme para defenderse por falta de protección, pero por otro lado, coherente con las líneas de respuestas represivas dominantes transmite los mensajes de estos grupos como peticiones para la agenda pública.

Las autoridades de seguridad pública no aceptan este modelo de intervención en el problema de la inseguridad en tanto se corren graves riesgos en materia de violación a los derechos humanos y la contaminación de la iniciativa con las dinámicas criminales. En las experiencias de Brasil, Colombia, México y Guatemala, los grupos de vecinos organizados con armas para la seguridad, derivaron en grupos violentos que cometieron graves violaciones a los derechos humanos y terminaron, en varios casos, convirtiéndose en otro grupo criminal, como en los casos de los “Paras” en Colombia o las “Autodefensas Unidas de Morelos” en México.

De hecho, un reciente reportaje ya plantea un caso que involucraría a uno de estos grupos en el homicidio de dos personas por motivos diferentes a la finalidad que dicen perseguir.

Es ingenuo creer que la violencia es un problema de buenos y malos, donde lo que hace falta es que los primeros eliminen a los segundos como se aprende a base de algunas películas de acción. Pueda que los políticos no sean ingenuos, pero algunas veces están más interesados en los votos que en las consecuencias de sus promesas o propuestas.

21 de febrero de 2017

¡Un lingüista, por favor!: sobre jurisprudencia constitucional, el derecho a ser electo y la veda temporal para funcionarios.

Hace unos días Malcolm Cartagena publicó en El Faro una columna intitulada "La maldición de ser ministro" en la cual, lanzaba un balde de agua fría a algunos aspirantes a candidatos a la presidencia, citando en fallo la Sala de lo Constitucional en la Sentencia del caso 163-2013, que resolvió la demanda de ciudadanos que impugnaban la participación como candidato a la presidencia del expresidente Elías Antonio Saca (Presidente 2004-2009) para el periodo 2014-2019. Como muchos, admito, el alcance de esta sentencia nos sorprende tardíamente, pero se agradece que sea planteado a pesar del tiempo transcurrido.

La sentencia en cuestion se originó por la demanda de ciudadanos que cuestionaron la candidatura del expresidenet Saca por dos motivos: la violación del plazo de espera dispuesto por el artículo 152 numeral 1° de la Constitución y, además, por haber evadido de manera fraudulenta el requisito de no ser concesionario del estado, que le inhibían de ser candidato. En este post, vamos a centrarnos en el primer punto.

La disposición de la primera causal de impugnación es la siguiente:
ARTICULO 152.- No podrán ser candidatos a Presidente de la República:
1º El que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial;
El fallo determinó que el punto de referencia para determinar la oportunidad legal de competir electoralmente la definía la calidad de candidato. Es decir, el punto de referencia temporal se toma desde la asunción como postulante en la competencia electoral. Así entendido por la Sala, no era posible que Saca fuese candidato puesto que su candidatura se ubica inmediatamente después de haber concluido su período presidencial, es decir, había sido presidente en el "período inmediato anterior".

Habiendo adoptado este punto de referencia, la Sala, lo hizo extensible a otros casos también considerados en la Constitución como la postulación de ministros y viceministros.
ARTICULO 152.- No podrán ser candidatos a Presidente de la República:
4º El que haya sido Ministro, Viceministro de estado o Presidente de alguna Institución Oficial Autónoma, dentro del ultimo año de período presidencial inmediato anterior;
La costumbre en las competencias electorales previas había tenido como punto de referencia el periodo presidencial al que se postulaba y no el momento de la candidatura, como lo hizo la sentencia. Esta es la diferencia fundamental. La referencia al periodo presidencial venidero como punto de partida fue sostenida por el candidato impugnado, por el Tribunal Supremo Electoral, basado en el Informe Único del Proyecto de Constitución, y por la Fiscalía General de la República en este proceso de inconstitucionalidad.

Sin embargo, la Sala se decantó por tomar el lanzamiento de la candidatura como punto de referencia, en el marco de una disposición de compleja redacción que puede generar diferentes resultados interpretativos. Se echa en falta en el marco de una sentencia que analiza un pasaje tan complejo, la existencia de una pericia de tipo filológico o lingüistico de apoyo para una correcta interpretación gramatical, labor que podrían haber considerado los participantes del proceso. También no se explica la falta de análisis de las actas de la Asamblea Constituyentes que son citadas por una de las partes para respaldar sus argumentos sobre la consideración del periódo presidencial, y no la candidatura, como punto de partida. La Sala no hace referencia a estas, aún y cuando la misma Constitución las reconoce como instrumentos para la la interpretación más fiel de su texto.

La sentencia tiene un efecto en el sistema político -visto en sentido abstracto y no político partidario- y es que veda la posibilidad para que liderazgos destacados de la administración pública como ministros, viceministros o presidentes de autónomas puedan oportunamente competir por la presidencia. En diez años muchas cosas pueden suceder, sin contar el impacto del paso del tiempo en las personas. En materia de administración y gestión pública, la experiencia cuenta mucho. Esto no es negar que la llegada de liderazgos externos puedan brindar nuevos aires, pero ambos tipos de opciones son válidas y compatibles.

La sentencia los manda a esperar un período de diez años, sin pronunciarse sobre la salvaguarda habilitante que el mismo numeral 4° establece, la cual es no haber fungido en el cargo durante el último año de gobierno del período inmediato anterior.
"... el principio de alternabilidad del art. 88 Cn., y su concreción en el art. 152 ord. 1° parte inicial Cn., exigen al menos 10 años de separación temporal entre el desempeño una Presidencia de la República y la reelección en dicho cargo de una misma persona. Este mismo período se aplica a los funcionarios mencionados en el ord. 4° del art. 152 Cn., pues su designación forma parte del ejercicio de la Presidencia de la República (arts. 162 y 169 Cn.) cuya alternabilidad se pretende garantizar."
La restricción es entendible en el caso de la Presidencia a la luz de las reglas de alternancia política y no reelección, sin embargo, la sentencia extiende los alcances del sentido de la alternancia a los miembros del equipo de gobierno detallado en la Constitución y además se infiere del razonamiento de la Sala que el ejercicio previo del cargo sería una ventaja a favor de estos competidores.

La sentencia impondría, en mi opinión, una restricción arbitraria e injustificada a los derechos políticos de los otros funcionarios diferentes a la presidencia de la república, inhibiéndoles temporalmente de acceder a un cargo de elección popular, por una interpretación extensiva de la alternabilidad política.

No podemos evitar considerar en la reflexión interna sobre este fallo el contexto en que surgió, los personajes a los que afecta la resolución y sus relaciones con la Sala. Resulta curioso que esta sentencia no haya sido emitida mientras la competencia electoral por la presidencia estuvo activa, permitiendo que el candidato impugnado participara, para luego dar un fallo que negaba la validez de su participación. Me pregunto qué hubiese pasado si ese candidato hubiese ganado las elecciones.