"La obra de la Justicia será la Paz y los frutos de la Justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Is. 32, 17"

18 de mayo de 2017

Autodefensas comunitarias, un despropósito


El presidente de la Asamblea Legislativa ha venido promoviendo públicamente una iniciativa para favorecer la creación de grupos comunitarios de “autodefensa” contra las pandillas, retomando la experiencia de algunas comunidades que han tomado esa opción.



Por supuesto, el “altruismo" del funcionario tiene, a todas luces, un ánimo de proyección de imagen con fines electorales. Para él y los grupos que promueven estas agendas, las propuestas de endurecimiento penal, pena de muerte y ahora, armamentización social, han sido el medio por el cual toca los ánimos y miedos de una sociedad afectada por la violencia.

Independientemente de la promoción actual de la idea, lo cierto es que varias comunidades se han organizado de diferentes maneras para gestionar su seguridad a través de la construcción de portones de acceso, contratación de seguridad privada o la cooperación vecinal y, en algunos casos, la organización de grupos de vecinos con armas como ha sido registrado por diversos medios de comunicación.


Nunca hace falta decir que la violencia en el país es un problema complejo y cuando se enfrenta un fenómeno de esta magnitud y dimensión, lo conveniente es tratar de contenerlo, evitar que se vuelva aún más complejo, pero la propuesta del diputado se orienta en el sentido opuesto a este razonamiento.

El encuadre mediático alrededor de este tema es un tanto esquizofrénico, por un lado, se plantea como una crítica al gobierno el hecho que la gente se arme para defenderse por falta de protección, pero por otro lado, coherente con las líneas de respuestas represivas dominantes transmite los mensajes de estos grupos como peticiones para la agenda pública.

Las autoridades de seguridad pública no aceptan este modelo de intervención en el problema de la inseguridad en tanto se corren graves riesgos en materia de violación a los derechos humanos y la contaminación de la iniciativa con las dinámicas criminales. En las experiencias de Brasil, Colombia, México y Guatemala, los grupos de vecinos organizados con armas para la seguridad, derivaron en grupos violentos que cometieron graves violaciones a los derechos humanos y terminaron, en varios casos, convirtiéndose en otro grupo criminal, como en los casos de los “Paras” en Colombia o las “Autodefensas Unidas de Morelos” en México.

De hecho, un reciente reportaje ya plantea un caso que involucraría a uno de estos grupos en el homicidio de dos personas por motivos diferentes a la finalidad que dicen perseguir.

Es ingenuo creer que la violencia es un problema de buenos y malos, donde lo que hace falta es que los primeros eliminen a los segundos como se aprende a base de algunas películas de acción. Pueda que los políticos no sean ingenuos, pero algunas veces están más interesados en los votos que en las consecuencias de sus promesas o propuestas.

21 de febrero de 2017

¡Un lingüista, por favor!: sobre jurisprudencia constitucional, el derecho a ser electo y la veda temporal para funcionarios.

Hace unos días Malcolm Cartagena publicó en El Faro una columna intitulada "La maldición de ser ministro" en la cual, lanzaba un balde de agua fría a algunos aspirantes a candidatos a la presidencia, citando en fallo la Sala de lo Constitucional en la Sentencia del caso 163-2013, que resolvió la demanda de ciudadanos que impugnaban la participación como candidato a la presidencia del expresidente Elías Antonio Saca (Presidente 2004-2009) para el periodo 2014-2019. Como muchos, admito, el alcance de esta sentencia nos sorprende tardíamente, pero se agradece que sea planteado a pesar del tiempo transcurrido.

La sentencia en cuestion se originó por la demanda de ciudadanos que cuestionaron la candidatura del expresidenet Saca por dos motivos: la violación del plazo de espera dispuesto por el artículo 152 numeral 1° de la Constitución y, además, por haber evadido de manera fraudulenta el requisito de no ser concesionario del estado, que le inhibían de ser candidato. En este post, vamos a centrarnos en el primer punto.

La disposición de la primera causal de impugnación es la siguiente:
ARTICULO 152.- No podrán ser candidatos a Presidente de la República:
1º El que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial;
El fallo determinó que el punto de referencia para determinar la oportunidad legal de competir electoralmente la definía la calidad de candidato. Es decir, el punto de referencia temporal se toma desde la asunción como postulante en la competencia electoral. Así entendido por la Sala, no era posible que Saca fuese candidato puesto que su candidatura se ubica inmediatamente después de haber concluido su período presidencial, es decir, había sido presidente en el "período inmediato anterior".

Habiendo adoptado este punto de referencia, la Sala, lo hizo extensible a otros casos también considerados en la Constitución como la postulación de ministros y viceministros.
ARTICULO 152.- No podrán ser candidatos a Presidente de la República:
4º El que haya sido Ministro, Viceministro de estado o Presidente de alguna Institución Oficial Autónoma, dentro del ultimo año de período presidencial inmediato anterior;
La costumbre en las competencias electorales previas había tenido como punto de referencia el periodo presidencial al que se postulaba y no el momento de la candidatura, como lo hizo la sentencia. Esta es la diferencia fundamental. La referencia al periodo presidencial venidero como punto de partida fue sostenida por el candidato impugnado, por el Tribunal Supremo Electoral, basado en el Informe Único del Proyecto de Constitución, y por la Fiscalía General de la República en este proceso de inconstitucionalidad.

Sin embargo, la Sala se decantó por tomar el lanzamiento de la candidatura como punto de referencia, en el marco de una disposición de compleja redacción que puede generar diferentes resultados interpretativos. Se echa en falta en el marco de una sentencia que analiza un pasaje tan complejo, la existencia de una pericia de tipo filológico o lingüistico de apoyo para una correcta interpretación gramatical, labor que podrían haber considerado los participantes del proceso. También no se explica la falta de análisis de las actas de la Asamblea Constituyentes que son citadas por una de las partes para respaldar sus argumentos sobre la consideración del periódo presidencial, y no la candidatura, como punto de partida. La Sala no hace referencia a estas, aún y cuando la misma Constitución las reconoce como instrumentos para la la interpretación más fiel de su texto.

La sentencia tiene un efecto en el sistema político -visto en sentido abstracto y no político partidario- y es que veda la posibilidad para que liderazgos destacados de la administración pública como ministros, viceministros o presidentes de autónomas puedan oportunamente competir por la presidencia. En diez años muchas cosas pueden suceder, sin contar el impacto del paso del tiempo en las personas. En materia de administración y gestión pública, la experiencia cuenta mucho. Esto no es negar que la llegada de liderazgos externos puedan brindar nuevos aires, pero ambos tipos de opciones son válidas y compatibles.

La sentencia los manda a esperar un período de diez años, sin pronunciarse sobre la salvaguarda habilitante que el mismo numeral 4° establece, la cual es no haber fungido en el cargo durante el último año de gobierno del período inmediato anterior.
"... el principio de alternabilidad del art. 88 Cn., y su concreción en el art. 152 ord. 1° parte inicial Cn., exigen al menos 10 años de separación temporal entre el desempeño una Presidencia de la República y la reelección en dicho cargo de una misma persona. Este mismo período se aplica a los funcionarios mencionados en el ord. 4° del art. 152 Cn., pues su designación forma parte del ejercicio de la Presidencia de la República (arts. 162 y 169 Cn.) cuya alternabilidad se pretende garantizar."
La restricción es entendible en el caso de la Presidencia a la luz de las reglas de alternancia política y no reelección, sin embargo, la sentencia extiende los alcances del sentido de la alternancia a los miembros del equipo de gobierno detallado en la Constitución y además se infiere del razonamiento de la Sala que el ejercicio previo del cargo sería una ventaja a favor de estos competidores.

La sentencia impondría, en mi opinión, una restricción arbitraria e injustificada a los derechos políticos de los otros funcionarios diferentes a la presidencia de la república, inhibiéndoles temporalmente de acceder a un cargo de elección popular, por una interpretación extensiva de la alternabilidad política.

No podemos evitar considerar en la reflexión interna sobre este fallo el contexto en que surgió, los personajes a los que afecta la resolución y sus relaciones con la Sala. Resulta curioso que esta sentencia no haya sido emitida mientras la competencia electoral por la presidencia estuvo activa, permitiendo que el candidato impugnado participara, para luego dar un fallo que negaba la validez de su participación. Me pregunto qué hubiese pasado si ese candidato hubiese ganado las elecciones. 

29 de enero de 2017

Sobre la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y su debate político

Desde finales del año 2015, en el país se han implementado dos mecanismos tributarios especiales para financiar la seguridad: la denominada Ley de Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes para el Plan de Seguridad Ciudadana y, la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y la Convivencia. La primera grava con un 5% rentas anuales mayores a 500 mil dólares, mientras que la segunda es un cargo del 5% a transacciones sobre bienes y servicios de telecomunicaciones.

Los recursos se erogan trimestralmente por decreto legislativo según propuesta de distribución solicitada por el Ejecutivo, en consulta con el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC), para diversos proyectos o servicios relacionados con la prevención de la violencia, la seguridad pública o la atención a víctimas, pues son los ámbitos legalmente reconocidos como destinos por los respectivos decretos.

El uso de los fondos no es un cheque en blanco, si no que está controlado por la obligatoriedad de rendir cuentas sobre los mismos al CNSCC y a la Asamblea Legislativa, sin perjuicio de la contraloría que ejerce la Corte de Cuentas de la República. La ejecución de los fondos, se rige por las reglas ordinarias de las adquisiciones y contrataciones públicas, con excepción de los destinados para fines de seguridad pública (Policía) que tienen una autorización especial para hacer compras directas.
En el año 2016, los fondos erogados se distribuyeron de la siguiente manera:




Como puede apreciarse, cerca del 65% de los fondos han sido asignados a labores de control y represión del delito, pero es importante destacar que casi un 28% ha sido invertido en diversas acciones de prevención de la violencia. No menos importante es ver recursos destinados a la atención a víctimas en un 4%, y en menor medida al sistema penitenciario. Tanto los recursos dedicados a prevención como a atención a víctimas tuvieron como prioridad, los municipios seleccionados del Plan El Salvador Seguro, en sus fases I y II.

En el marco de las inversiones en prevención de la violencia, se obtuvieron destacables resultados, tales como 4,566 estudiantes retornaron al sistema educativo gracias a las medidas de flexibilización de la educación, lo que contribuyó a aumentar la cobertura del sistema educativo y reducir el impacto de la deserción escolar, la que en 2016 alcanzó un 2.2%, la más baja de los últimos años.




También 7,782 estudiantes, 347 docentes y 3,002 madres y padres de familia atendidos directamente con servicios de atención psicosocial en las escuelas, servicio que se inició en escuelas priorizadas por el Plan El Salvador Seguro y que alcanzaron indirectamente a una población de 76 mil miembros de sus comunidades educativas.

En el campo de la inserción productiva 3,201 jóvenes fueron beneficiados en las áreas de habilidades para la vida y el trabajo; pasantías; emprendimientos y formación técnica del programa Jóvenes con Todo, mientras que en atención a víctimas, se amplío de 17 a 25 los Hospitales Nacionales con servicios especializados de atención a víctimas y se han instalado 15 Oficinas Locales de Atención a Víctimas en igual número de municipios del Plan El Salvador Seguro, entre otros resultados.



De todo lo anterior, el gobierno ha dado informe técnico y financiero al CNSCC, mientras que la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, también hizo visitas para verificar in situ las acciones realizadas con los recursos erogados, teniendo una perspectiva positiva del curso de las mismas. Un dato interesante es que dichas visitas, se realizaron en gobiernos locales dominados por la oposición política.




Sin embargo, desde el mes de diciembre, cuando correspondía hacer la última erogación de fondos del año 2016, éstos solo fueron entregados parcialmente por la Asamblea solamente en lo relativo al pago de bonos para miembros de las fuerzas de seguridad, dejando en suspenso los recursos para las acciones de prevención y atención a víctimas.

Las razones de dicha entrega parcial, son, según algunos diputados, que los recursos han sido utilizados para fines distintos a la seguridad. Este argumento tiene pies de barro, pues, los dos decretos que regulan los fondos de Contribución Especial, establecen claramente como finalidades muchas de las acciones que han sido financiadas, es decir, no se han utilizado para fines distintos a los que los decretos establecen.

Luego, otras posiciones han expresado su apuesta por invertir más en seguridad que en prevención. Este argumento también es débil pues tal como se muestra en el gráfico, seguridad ha sido la principal beneficiaria de la contribución especial. Aquí influye la inercia de una tendencia de pensamiento que aún sigue creyendo que el fenómeno de la violencia y criminalidad se resuelve con más fuerza, lo cual, nuestra experiencia histórica nos ha mostrado que es una visión fallida y contraproducente.

Sin embargo, algunos diputados de oposición que al conocer los resultados y presenciar los avances en el territorios, dieron un espaldarazo a las acciones impulsadas, luego, a la hora de votar por los recursos pendientes, tuvieron reparos para dar el aval.

Sería lamentable si este cambio de postura tuviese por explicación un cálculo electoral y no necesariamente los resultados en sí, es decir,  que parte de la oposición se haya montado en el juego de suma cero creyendo que saboteando los avances, afectan electoralmente al gobierno. Esa sería mezquindad pura y dura, pues por negar los recursos al gobierno, niegan a la gente los beneficios para los que serían utilizados, especialmente cuando se trata de abordar algunos de los aspectos que alimentan las vulnerabilidades sociales de las que se nutre la violencia y a los que el enfoque represivo llega tarde, solo una vez que ya se ha dado el problema.

Hay que recordar que la lógica represiva nos tiene encerrados en el circulo vicioso en el cual la persecución amplía la demanda  de grandes recursos para el logro de sus objetivos, llena las bartolinas, requiere policías, guardias penitenciarios, fiscales, jueces y defensores para atender el enorme flujo de casos, luego las cárceles se llenan y es necesario gastar más en el sistema penitenciario. En cambio, la prevención lejos de generar un costo en el largo plazo, genera ahorros y contribuye a descongestionar la demanda del sistema de seguridad y de justicia, por lo tanto, no sería ético negarse a invertir en esta materia por un miope cálculo electoral.