"La obra de la Justicia será la Paz y los frutos de la Justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Is. 32, 17"

28 de diciembre de 2009

Final del Día de los Inocentes

Según los Evangelios, el rey Herodes, al no tener forma de saber qué niño nacido en su territorio era el Mesías -que según él, le destronaría-, ordenó matar a todos los niños menores de dos años. Por si las dudas. También los Evangelios relatan cómo San José fue alertado por un ángel, logrando huir oportunamente con María y el niño Jesús. Este relato tiene como fecha asignada para su conmemoración el día 28 de diciembre, conocido como el día de los Santos Inocentes.

La tradición popular ha cambiado el sentido original y lo ha convertido en un día dedicado a las bromas pesadas y los engaños para hacer caer a los ingenuos. Cuando comenzó el día tenía el buen ánimo de tomarle el pelo a mis amigos, pero falto de tiempo y concentración en el asunto, no pude urdir un plan para tal fin.

Al final del día sentía una profunda tristeza. Dos niños de 4 y 6 años murieron en Cojutepeque como resultado de la explosión de una granada que desconocidos arrojaron dentro de un consultorio médico (casualmente también había estado en un consultorio con mi pequeño durante el día) Una jovencita de 16 años fue asesinada de varios tiros en el rostro.

Según estadísticas del Instituto de Medicina Legal dicen que más de 480 menores de edad han sido asesinados en el año 2009.

El día de los inocentes no es un día para bromear.

"En Ramá se oyó una voz, hubo lágrimas y gemidos: es Raquel, que llora a sus
hijos y no quiere que la consuelen, porque ya no existen." (Mateo 2, 18) 

23 de noviembre de 2009

El silencio de El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica

Tomada de El Mundo, España.

Durante el fin de semana pasado, el periódico español El Mundo, publicó la imagen de un acta manuscrita en la cual se daba cuenta de la supuesta reunión realizada el día 15 de noviembre de 1989 en la que el entonces Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, General René Emilio Ponce, dio la orden de eliminar a Ignacio Ellacuría y no dejar testigos. La nota señala también al supuesto planificador del crimen y a otros participantes de la reunión.

La noticia fue rápidamente publicada por ediciones digitales de otros períodicos, pero las ediciones digitales de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, no presentan referencia alguna de ella, guardando un extraño y sospechoso silencio ante un acontecimiento noticioso importante: no todos los días se presenta un documento que puede ser prueba contundente en un juicio, máxime cuando se trata de uno de los casos más emblemáticos de la impunidad del período bélico y uno de los de mayor interés en la comunidad internacional.

¿Es normal que un periodico omita o excluya una noticia de este calibre? No, no lo es, por ello su comportamiento parece sugerir su muda complicidad con la impunidad y el ocultamiento de la verdad.

P. D.: Tanto el Gerente de Redacción y el Jefe de Redacción de La Prensa Gráfica son exalumnos jesuitas.

20 de noviembre de 2009

Militarizar la seguridad pública: un análisis desde la toma de decisiones


Hace unos días platicaba con una persona de la cooperación internacional sobre el contexto de la (in)seguridad en El Salvador. En principio era una charla informativa, pero ya entrado en confianza, esta persona, con mucho tacto, me manifestó, -palabras más, palabras menos- lo siguiente: “la decisión de Funes de sacar el ejército se ha visto muy mal en el exterior. No sé entiende cómo el primer gobierno de izquierda lo haya hecho. Uno lo esperaría si Ávila fuera el presidente, pero no de Funes.”

También me enteré de que recientemente, un conglomerado de organismos de sociedad civil de diferentes países de América Latina habría enviado una carta al Presidente Funes manifestando su desencanto por la medida asumida.

Sin duda, el Presidente enfrenta no solo rechazo a su decisión en el exterior, sino que también de sectores críticos internos, aunque estos últimos, minoritarios frente a la apabullante aprobación de la mayoría de la ciudadanía en este tema y la bendición de los medios de comunicación más conservadores, entre ellos, El Diario de Hoy, otrora bestia negra del candidato Funes, ahora, principal entusiasta de la iniciativa.

Sin duda, esta ha sido una de las decisiones más difíciles del Presidente por el enorme peso simbólico (negativo) que tiene la militarización dentro del imaginario de la izquierda. Sin embargo, su enorme capital político y aprobación social, amortiguan los costos de dicha decisión.

El Presidente fue puesto entre la espada de la presión pública, la histeria mediática y una agenda de militarización exitosamente levantada por su propio ministro de Defensa Nacional -de la cual se habría distanciado en su momento- y la pared de pagar los costos políticos de la crítica de sectores ideológicamente afines, entre ellos, la comunidad de derechos humanos, diversos intelectuales, pero principalmente, del propio FMLN. Los acontecimientos nos indican que lo segundo pesó menos que lo primero.

Las valoraciones sobre esta decisión deben de verse desde diversos ángulos. En los zapatos de la gente común y corriente de los municipios más violentos, la medida puede ser positiva en tanto les incrementa su sensación de seguridad, aún y cuando sean registrados y tratados como sospechosos en sus propios barrios y colonias. Lo mismo es válido para la gran cantidad de consumidores de noticias, afectados masivamente por la victimización terciaria generada desde los medios de comunicación.

Si nos ponemos en los zapatos del Presidente, la agenda mediática provocaba el descrédito de las instituciones de seguridad -y en consecuencia, del gobierno- y las sometía a una lógica de una crítica histérica e intensiva que, con estribillos como “hay que hacer algo ya” o “queremos resultados, no explicaciones” y con la exigencia imposible que un gobierno de pocos meses, resolviese la herencia de veinte años de fracaso en la materia, rechazaba cualquier explicación amplia y no simplista del fenómeno como presupuesto para interpretar la acción gubernamental.

Esta lógica dejaba poco margen para una adecuada transición de las nuevas autoridades y para que las instituciones se concentraran en el diseño e implementación de planes, al tiempo que se generaba un creciente y peligroso clima de incertidumbre que amenazaba la gobernabilidad misma. La histeria colectiva generada por un rumor sobre un supuesto "toque de queda" decretado por las pandillas fue demostrativo del nivel de miedo presente en la sociedad y de la falta de confianza en las instituciones.

En esta perspectiva, el Presidente debía responder a la exigencia pública y mediática de seguridad, y bajar la presión y el desgaste a su gobierno, para lo cual era necesario un gesto concreto de acción en ese sentido. Lograr estos objetivos era una cuestión estratégica.

Justo en ese momento, una bien intencionada columna del padre José María Tojeira, rector de la UCA, proponiendo el trasplante de personal militar a la PNC para incrementar el pie de fuerza institucional, seguida de una positiva valoración del Presidente sobre ésta, abrió la puerta a un efecto no deseado: la militarización de la seguridad pública.

La propuesta de Tojeira fue utilizada y distorsionada como una trampa para poner como una prioridad en agenda una participación más activa del ejército en tareas de seguridad pública, espacio en el que el Ministro de la Defensa Nacional –montado en las poderosas cajas de resonancia de los medios dominantes- tomó un rol protagónico. Nada pudieron las aclaraciones posteriores de Tojeira para detener los efectos no deseados.

Por su parte, las autoridades de seguridad pública no se pronunciaron ni a favor ni en contra de la agenda de militarización, sino que al ser abordados, remitieron la decisión al Presidente y mantuvieron una actitud disciplinada y de respeto a la autoridad presidencial.

La actuación del ministro de Defensa Nacional ponía en evidencia la falta de integración del gabinete en esta materia. El General Munguía levantó -desde el inicio de su gestión como ministro (e incluso antes)- el estandarte de la militarización de la seguridad pública.

Esta situación no es exclusiva del contexto actual, ya en la administración anterior, el entonces Ministro de Defensa, General Otto Romero, se habría expresado en términos similares sobre la iniciativa de involucrar al ejército en funciones de seguridad pública.

Adicionalmente se deben agregar a este contexto, la presencia de presiones geopolíticas para instalar este esquema de militarización de la seguridad interna de los países del área mesoamericana, zona caliente de la política norteamericana de control del tráfico de drogas y otras manifestaciones delictivas, entre ellas, las pandillas juveniles, ascendidas a la categoría de amenaza regional y transnacional.

En diversas ocasiones, el Comando Sur de los Estados Unidos ha hecho incidencia alrededor de esta agenda, la política oficial del gobierno estadounidense para el tratamiento de pandillas en el ámbito regional, incluye la participación del sector Defensa Nacional. Recientemente, el Centro Hemisférico de Estudios de Defensa Nacional, realizó en El Salvador un Taller de Defensa Nacional, en el cual se abordó el papel del ejército en funciones de seguridad interior.

La mezcla de presión del público y de los medios, la necesidad de respuestas y el favorecimiento mediático de la agenda de la militarización, forzaron, a mi forma de ver, el desenlace de la decisión presidencial de incrementar, durante 180 días, el número de efectivos en tareas de seguridad pública, con un ingrediente adicional: la autonomía de las labores militares respecto del mando policial, es decir, que el despliegue de efectivos militares patrulla, realiza controles de vehículos y de personas sin control o guía policial, así como también realiza capturas. No obstante lo anterior, el Presidente incorporó en la iniciativa la rendición de cuentas a la Asamblea Legislativa en los términos establecidos en la Constitución y que no se había implementando antes.

Al asumir que este despliegue militar se rige por las disposiciones constitucionales, entonces, debemos presumir que también se estaría aceptando que se cumplieron los presupuestos constitucionales: el agotamiento de los medios ordinarios y la necesidad de restablecimiento de la paz interna.

Personalmente creo que dichos medios ordinarios no se habían agotado, por el contrario, no se había implementado el régimen de disponibilidad policial y, por otro lado, la segunda quincena de octubre tuvo un promedio de nueve homicidios al día, en contraste con la primera quincena en la cual el promedio fue de dieciséis y fue esta lamentable coyuntura la que terminó dando el empujón a la decisión de militarizar la seguridad pública. Cuando el ejército se incorpora, el promedio ya había descendido, pero el Ministro de Defensa atribuye dicho descenso a la participación del ejército.

Un punto de análisis desde las políticas públicas es el establecimiento de los pros y contras de la decisión tomada y sus eventuales consecuencias. A continuación mis perspectivas:

A favor:
  • Mejora la imagen del gobierno frente a la gente.
  • Mayor presencia de uniformados en el territorio favorece la sensación o percepción de seguridad de la gente y disuade la comisión de ciertos hechos delictivos.
  • La acción redujo la presión mediática y pública en esta materia sobre el gobierno y permite a las autoridades de seguridad pública aprovechar el espacio para desarrollar sus iniciativas.
En contra:
  • Es la versión corregida y aumentada de una medida más propia de la derecha política: "Más de lo mismo"
  • Devalúa la institucionalidad establecida y reinstala el clivage del militarismo en la agenda pública de las políticas de seguridad en particular, y de la militarización de la sociedad en general, en lugar de avanzar hacia su superación, en cumplimiento con el modelo centroamericano de Seguridad Democrática.
  • Contribuyó a deteriorar la ya golpeada imagen del sector seguridad pública.
  • Se favorecen los intereses de los sectores más conservadores y autoritarios que siempre estuvieron en contra del proyecto de reforma policial y propugnaban por mantener el control militar de la seguridad pública.
  • Es como meterse en Irak: una vez adentro ¿cómo salir? Cerca del cierre de la intervención militar, veremos casi con seguridad, una agenda mediática para prolongar la medida, además de las peticiones de ciudadanos que la apoyen.
  • Rechazo de la medida por sectores progresistas afines, socios o aliados tanto en el nivel nacional como internacional.
  • Puede tener efectos perversos como el Plan Mano Dura: su ritmo no es sostenible a mediano y largo plazo, la visión cortoplacista y la presión territorial, expande el delito a otros lugares y estimula la sofisticación de la delincuencia; genera un descenso rápido, pero su duración es efímera y se revierte de manera más gravosa, tal como sucedió luego de los planes de Mano Dura.
  • La presencia del ejército si bien puede tener efectos disuasorios, también puede ser provocativo de un incremento de la violencia como desafío a las autoridades (ya hubo un homicidio en distrito Italia, bajo las narices del ejército) o como un atentado contra las mismas.
  • La falta de entrenamiento e inexperiencia del ejército puede provocar violaciones a los derechos humanos de la población. De hecho, ya hay reportes.
  • Tal como ha sido manejado por los medios de comunicación, se da una imagen de falta de integración del gabinete o la existencia de agendas paralelas.
Haga usted su balance.

16 de noviembre de 2009

Libro: ¿Qué hacer con las pandillas?


Dejo con ustedes el enlace para descargar el libro ¿Qué hacer con las pandillas? editado por Gino Costa y Carlos Romero, publicado por la organización Ciudad Nuestra de Perú en 2009.

8 de noviembre de 2009

Las otras inseguridades: vulnerabilidad y exclusión social

"Y si de justicia se trata y de encontrar las causas de nuestros males, yo creo que el nuevo gobierno no debe parar hasta encontrar la última causa que está en la injusticia social." Monseñor Oscar Arnulfo Romero, Homilía 25 de noviembre de 1979


Escribo estas líneas cuando el conteo oficial de las víctimas por las recientes lluvias provocadas por el paso del huracán Ida asciende a 124 y se estiman otros 60 desaparecidos a causa de los estragos, así como miles de damnificados que perdieron sus viviendas o bienes.

La madrugada del día 8 de noviembre, enlutó aún más a la sociedad salvadoreña. Tal como lo expuso el Presidente Funes, esta tragedia, causó más daño en El Salvador, que el huracán Mitch en 1999. Cuatro horas de lluvia bastaron para causar más daño que en aquel entonces causaron cuatro días de precipitaciones.

Una vez más los ayes de la vulnerabilidad pesan sobre el estado salvadoreño. La destrucción del ecosistema, un modelo de desarrollo destructivo, aunado a un crecimiento poblacional desordenado y mal uso del suelo, son factores que explican el gran impacto de los desastres en la vida de la población.

La exclusión de amplios segmentos poblacionales por la pobreza, el desempleo y la ausencia de políticas sociales estructuradas y amplias (llevadas a su mínima expresión por 20 años de gobiernos de signo neoliberal) contribuyen substancialmente a incrementar el impacto de los desastres naturales al arrojar a las personas necesitadas o de menores ingresos a vivir en lugares no adecuados y propensos a ser afectados seriamente por todo tipo de fenómenos naturales.

Esta tragedia, marca, dramáticamente, el ineludible desafío y compromiso que debe asumir el presente gobierno en aras de sentar las bases de un sistema de protección social que reduzca esos niveles de exclusión, así como a fomentar un modelo de desarrollo más comprometido con el ambiente.

Espero que esta dura lección cause efectos en la Asamblea Legislativa: recientemente, en el marco de la discusión sobre el proyecto de Ley Ordenamiento Territorial, pese a haber un dictamen favorable de la comisión legislativa que estudió el documento, la aprobación se vio detenida por la moción del diputado Rodolfo Parker -abogado cercano al gran capital- para evitar que la ley pueda determinar la designación de zonas protegidas o restringidas a la construcción.

Ojalá aprendamos que de seguir regateando con el ambiente, los costos se pagan con la vida, integridad y posesiones de las personas, particularmente, de las más necesitadas.

4 de noviembre de 2009

Sobre maras, pandillas y la academia: ¿Qué es lo que sabemos?

Transcribo un interesante intercambio que sostuve con la doctora Sonja Wolf, estudiosa del fenómeno de las pandillas, particularmente en El Salvador (su tesis doctoral -realizada con una amplia investigación de campo- versa sobre alternativas de intervención sobre esa materia)

El intercambio se originó a raíz de la búsqueda de antecedentes de una supuesta "especialista" argentina en la cuestión de las maras. Lo dejo a continuación:

Sonja Wolf ¿Alguien ya conoce este libro sobre las "maras" y sus "embriones" en Argentina?

Fuente: sociedadymedios.blogspot.com
Socióloga, especialista en la problemática de Las Maras en Centroamérica y su estado embrionario en Argentina. Analista de Televisión. Columnista de: Total News Agency. A.N.A News Agency (New York). Opiniones de Vanguardia (Montevideo/Uruguay).



Edgardo Alberto Amaya Cóbar
No sé si reír o llorar... Esta "especialista" me atrevo a pensar que jamás ha puesto un pie en centroamérica... ni ha hablado con pandillero alguno. No le hagas publicidad no merecida a alguien que precisamente se monta en un "tema de moda" para promocionarse.

Sonja Wolf
Si, acabo de encontrar un artículo suyo y me pareció bastante raro. Hay especialistas y hay "especialistas"...

Edgardo Alberto Amaya Cóbar
Los únicos especialistas en esto son los mareros y los pandilleros... los demás son (somos) curiosos con alguna información...

Sonja Wolf
Espero que no. Es el argumento que defiende Homies Unidos y qué saben o proponen ellos para controlar el problema de las pandillas?

Edgardo Alberto Amaya Cóbar
Claro, eso es otro extremo, el de quien se propone monopolizar el tema con fines distintos al que mencionas. Pero hay que hacer un ejercicio socrático sobre el asunto ¿Qué sabemos? y ¿Cómo lo sabemos? Poveda se metió en el barrio y convivió allí y presentó un resultado valioso, con un objetivo claro: sensibilizar. Pero ¿donde está la producción de conocimiento más etnográfico? Es un desafío difícil pero pendiente. Los estudios basados en encuestas pueden ser útiles, pero, perdón por mi suspicacia: realmente se reponde con honestidad? y, de ello, qué nos dice realmente sobre las maras.

Sonja Wolf
De acuerdo. Pienso que los que queremos investigar el tema sí podemos lograr una aproximación a ello, no tenemos que haber sido pandilleros para entender algo del tema. Lo que hizo Christian debería servirnos como ejemplo, pero el problema se ha vuelto tan complicado y peligroso que me temo que ya no se puede hacer un trabajo etnográfico en muchas de las comunidades afectadas. Siempre será mejor una combinación de métodos. Las encuestas pueden servir, aunque el uso de cualquier método siempre dependará de lo que quieres saber. También creo que los estudios iniciales que se hicieron en El Salvador sí han sido valiosos, pero últimamente ha habido más reciclaje de información y especulación que verdaderas investigaciones. Es hora de enfrentar este reto, pero creo que actualmente nadie saber cómo hacer buenas investigaciones sobre las pandillas sin arriesgar (perder?) la vida.

Edgardo Alberto Amaya Cóbar
That is the question...

(Correo adicional a la discusión:
Edgardo Alberto Amaya Cóbar El 04 de noviembre a las 16:05
El tema de los expertos viene de charlas con JR. que me decía que a pesar de conocer a varios miembros de pandillas de larga data, no se atrevía a decir que supiera mucho sobre las pandillas, yo comparto esa opinión. Al padre Toño y el padre Pepe -en ambos extremos- no creo que les guste, pero ellos tampoco son académicos ni trabajan para producir conocimiento sistemáticamente, sino que se valen de sus experiencias personales, muy valiosas, pero no sistematizadas ni confrontadas con otro conocimiento.

Más allá de una serie de hipótesis más o menos probadas sobre sus orígenes sociales, lo que sigue son resultados de encuestas que arrojan algunos datos. Más allá de eso, no hay un conocimiento que desvirtúe contundentemente el "conocimiento policial" de la materia y sus tecnologías y esa ausencia permite la instalacion de la versión oficial en los medios y agenda pública.)

Sonja Wolf
Si, la ausencia de buenas investigaciones crea este problema de la hegemonía del discurso oficial. Me parece curioso que las investigaciones en El Salvador ni siquiera hacen referencia a la literatura sobre pandillas que existe en otras partes - así se podría refutar la tesis, p.ej. que las pandillas son crimen organizado. Esto se repite hasta la saciedad y no tiene sentido. Personas como el Padre Pepe, pues, hasta la fecha se les ha dado demasiada confianza. Se dan esta imagen de expertos, pero generalizan demasiado. En el Polígono ni siquiera hay pandilleros, pero todo mundo le pinta como centro modelo de rehabilitación sin previamente averiguar que es lo que el Padre está haciendo y a quién sirve realmente. Siento que en El Salvador faltan muchos conocimientos tanto sobre las pandillas como sobre programas y políticas de pandillas - ejemplo CNSP: no saben qué están haciendo, y el aporte de Aida Santos parece que tampoco sirve.


Edgardo Alberto Amaya Cóbar
Totalmente de acuerdo, pero también hay que señalar que algunas iniciativas sufren de falta de difusión debida y discusión, como el reciente libro de Wim Savenije que a pesar de resumir muy bien la evolución cronológica de las visiones del fenómeno (oficiales y académicas) y repleto de entrevistas, no ha tenido una recepción entusiasta.

Sonja Wolf
Sí, lo mismo aquí en México. Publican pocas copias de un libro y luego tiene poca difusión. Muy lamentable. El inglés y los trabajos redactados en este idioma prevalecen en el mundo académico.


2 de noviembre de 2009

Día de los muertos

EL DESCANSO DEL GUERRERO

Los muertos están cada día más indóciles.

Antes era fácil con ellos:
les dábamos un cuello duro una flor
loábamos sus nombres en una larga lista:
que los recintos de la patria
que las sombras notables
que el mármol monstruoso.

El cadáver firmaba en pos de la memoria
iba de nuevo a filas
y marchaba al compás de nuestra vieja música.

Pero qué va
los muertos son otros desde entonces.

Hoy se ponen irónicos
preguntan.

Me parece que caen en la cuenta
de ser cada vez más la mayoría!


Roque Dalton, Taberna y otros lugares

26 de octubre de 2009

[El Salvador] Militarización de la Seguridad Pública o de “policías y ladrones” a “soldados y ladrones”

La idea de incorporar de manera más activa al ejército en tareas de seguridad pública se mantiene en agenda salvadoreña con mucha fuerza. Tanto interés ha generado la iniciativa que recientemente se llevó a cabo un taller sobre el tema dirigido por el Centro de Asuntos Hemisféricos de la Defensa Nacional con sede en los Estados Unidos.

Las declaraciones del ministro de la Defensa Nacional mencionan una eventual ampliación de las facultades coercitivas a los militares en el marco de su actividad de apoyo a la seguridad pública. Incluso, llega a ofrecer metas de reducción de delitos de un 10% en seis meses.

Sobre la base de un contexto marcado por la emergencia, se invisibilizan otros aspectos de gran trascendencia como la vigencia de los mecanismos constitucionales para el uso de la Fuerza Armada en tareas de seguridad interna, y en general, la necesidad de fortalecer el rendimiento institucional antes que promover su desnaturalización. El Dr. Antonio Martínez Uribe plantea estas cuestiones substanciales en una reciente columna (aunque no comparto su tajante afirmación de que el control civil de la seguridad ha fracasado en todas partes)

Las discusiones centrales en este tema tienen que ver con la decisión política de confiar o no el control de la seguridad a autoridades civiles como lo manda la Constitución, o si, paradójicamente, un gobierno del que forma parte la exguerrilla dará continuidad a la inercia histórica autoritaria y cederá a las presiones geopolíticas para devolverle un rol protagónico a las Fuerzas Armadas.

Se ha dado por sentado y con mucha facilidad que la situación ha rebasado los medios ordinarios, sin embargo, no parece que éstos se hayan agotado aún, falta tomar medidas de mayor operatividad policial como la implementación del régimen de disponibilidad (y no el acuartelamiento como lo sugiere el PCN) Tampoco ninguna autoridad responsable en la materia ha oficializado dicho supuesto como para fomentar el tema en agenda, por lo que su promoción en agenda responde a intereses sectoriales o particulares de los que siempre rechazaron el modelo policial surgido de los Acuerdos de Paz.

Adicionalmente, la sugerencia de dotar de facultades coercitivas a los militares ignora la existencia de condicionamientos constitucionales: La FGR y la PNC son las entidades encargadas de la aplicación de la ley según la Constitución, agregar a otro actor en la materia no sería coherente con el mandato constitucional.

En segundo lugar, como se ha señalado por diferentes actores: los militares son formados para actuar en un contexto blanco y negro (amigo-enemigo) y no en uno gris, como el que cotidianamente enfrentan las fuerzas policiales. Además: ¿quién dice que el control militar de la seguridad pública ha sido efectivo en El Salvador? Este país ya era reconocido como uno de los más violentos del continente desde finales de la década de los sesenta según OPS y lo que vino después fue peor.

La discusión generada por esta agenda de militarización, lejos de elevar la calidad de los argumentos y análisis desde una óptica de políticas públicas de seguridad, las devalúa y minusvalora. En ningún momento se ven planteamientos técnicamente fundamentados sobre las necesidades operativas de la PNC, por el contrario, los datos existentes no dicen que esta fuerza policial es, según un reciente estudio de USAID sobre la policía salvadoreña: la de mayor cobertura poblacional de Centroamérica en razón del número de policías respecto de la población, la Policía con el presupuesto más alto de la región, la policía con la mejor tecnología de la región y la Policía con los niveles educativos más altos de su personal.

Con estos elementos, una propuesta incrementalista como la de meter al ejército es de un simplismo muy pedestre y termina obviando y apartando de la discusión las razones y mecanismos por los que la operatividad policial puede ser mejorada en su rendimiento. No poner esto en discusión es dejar el problema instalado y crear uno nuevo con el manejo de los militares en la seguridad.

21 de octubre de 2009

Histeria colectiva y democracia

(publicada en Contrapunto el día 20 de octubre de 2009)

Edgardo A. Amaya Cóbar*

San Salvador, 19 de octubre. Durante días previos se venía acumulando tensión sobre una supuesta amenaza de grupos pandilleriles que habrían establecido un “toque de queda” en diferentes puntos del país. La amenaza había circulado por correos electrónicos en términos poco claros y algunos medios le dieron difusión, al tiempo que eran desmentidas por autoridades policiales y se señalaba que era una campaña de miedo con segundas o terceras intenciones.

Es necesario comprender de que vivimos en el país del “dicen que…” (entropía comunicativa por excelencia) para adivinar las dimensiones del impacto que dicho rumor tuvo. Muchas escuelas, oficinas y negocios cerraron anticipadamente, empresarios del transporte también finalizaron jornada con muchas horas de anticipación. Es difícil saber la magnitud total que tuvo la supuesta amenaza, lo cierto es que logró en buena medida su objetivo: intimidar y lograr fortalecer el peso simbólico de la inseguridad, llevándola a niveles cuasi apocalípticos y en estas condiciones, se da una suerte de fenómeno contradictorio por el cual, los efectos ocasionados por el rumor se convierten para algunos en la prueba de su veracidad:”era cierto porque la gente obedeció”.

El rumor cayó en el suelo fértil de la inseguridad colectiva. Más que una amenaza real y creíble, lo que fue efectivo en este caso es la carga simbólica que han alcanzado las pandillas en el imaginario social. Para remacharlo, cualquier hecho de violencia que se suscitara, sería automáticamente relacionado al supuesto “toque de queda” y con ello solo se fortalecería el peso simbólico de las pandillas y se incrementaría la inseguridad subjetiva de la colectividad.

Además de los costos económicos y humanos de la situación generada por este rumor, existen claros costos políticos: se favorece el proceso de deterioro de la imagen al que han sido sometidas las autoridades de seguridad pública. Sin embargo, la cuestión no se reduce a ese debilitamiento de imagen de x o y funcionario: se refiere a la vigencia de la institucionalidad y el apoyo al sistema.

Desde hace años, los estudios de cultura política en la región como Latinobarómetro o el Barómetro de las Américas vienen señalando el grave riesgo de que el miedo a la inseguridad termine socavando la vigencia del régimen democrático y sus instituciones y promueve la aparición de caudillos autoritarios o de prácticas claramente contrarias al estado de derecho como respuestas desesperadas contra la inseguridad, las que irían desde la reducción de derechos y libertades, militarización de la seguridad, hasta ejecuciones, linchamientos y otro tipo de comportamientos extralegales. Como bien lo ha dicho Eduardo Galeano: “Los asustados pueden ser más peligrosos que el miedo que los asusta”.

Por lo anterior, me parece que la circulación del rumor que generó este estado de paranoia e histeria colectiva es sospechosa, no solo por sus intenciones inmediatas: generar miedo y acelerar la desesperación de la gente, sino por las de largo plazo: como el favorecimiento de intereses económicos de determinadas mafias que quieren controlar territorios o sectores, o estimular la creación de un terreno fértil para la inestabilidad política o una ruptura del Estado de Derecho, en el más grave de los casos.

Otra sospecha es relativa a la autoría de la amenaza, si esta verdaderamente se originó desde alguna pandilla, un bromista o si es una maniobra pensada desde el escritorio de algún actor político. Talvez suene a conspiracy theory, pero no parece casual que esto suceda justo en el momento en que se discuten trascendentales decisiones gubernamentales en materia de seguridad y en el que el principal partido de derecha sufre una fuerte división interna que lo debilita y cuyos alcances han salpicado al partido en el gobierno. Si bien, no se deben cerrar las posibilidades, también se debe ser suspicaz sobre las mismas.

*Abogado y colaborador de Contrapunto
Blog: http://seguridadyjusticia.blogspot.com

Informe: Victimización y percepción de inseguridad en El Salvador 2009

El Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (IUDOP) presentó este día su informe Victimización y percepción de inseguridad en El Salvador 2009. El cual contiene valiosa información para complementar el análisis sobre la realidad delincuencial en el país.

Pueden ver el boletín de prensa que resume el informe aquí y el informe completo aquí.

20 de octubre de 2009

Informe Regional de Desarrollo Humano 2009-2010 PNUD

El día 20 de octubre, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó en El Salvador su Informe de Desarrollo Humano para Centroamérica 2009-2010: "Abrir espacios a la seguridad ciudadana y el desarrollo humano". El texto de dicho informe se puede descargar desde aquí.

Cumplimos cuatro años!!!

Muchas gracias por sus visitas y comentarios en este tiempo.

19 de octubre de 2009

Homicidios y gestión de la seguridad: alternativas

Hasta aquí las hipótesis sobre la crisis actual de homicidios. No son todas, pero la pregunta que sigue es: ¿Es posible salir de este contexto tan crítico?
Sí, lo es y existen evidencias de que es posible reducir el impacto de la violencia en la sociedad partiendo de las condiciones existentes en ciudades latinoamericanas. Casos como los de Bogotá, Medellí y Calí en Colombia, Sao Paulo e incluso, -a pesar de las noticias recientes- Rio de Janeiro, en Brasil, han logrado una reducción significativa del impacto de la violencia letal en años recientes.
En el caso colombiano, la participación activa de los gobiernos locales, la coordinación interinstitucional en todos los niveles de gobiernos y una estrategia de seguridad de “entrar-controlar-quedarse” logró reducir significativamente el impacto que la violencia tenía en ciudades otrora consideradas insalvables de las manos del narco como Calí y Medellín.

En Brasil, un aporte importante en la reducción de la violencia armada lo dio la aprobación del denominado “Estatuto del Desarme” por el cual se prohibió, bajo la amenaza de graves sanciones, la portación de armas en espacios públicos, así como medidas tributarias de control del comercio de armas y procesos de sensibilización y desarme de población. En Rio, desde la implementación del estatuto, se habría reducido en un 18% las muertes por armas de fuego, lo que se traduce en 6 mil vidas.

Es posible salir del estado actual, pero ello requiere no solo voluntad política sino también, creatividad, propuestas y compromiso de toda la sociedad para poder echar a andar iniciativas orientadas a pacificar la sociedad salvadoreña.

Homicidios y gestión de la seguridad: hipótesis 4

Hipótesis 4: Otra de las cuestiones relacionadas con el cambio de las reglas de la violencia son las consecuencias de las políticas de manodurismo y énfasis en las maras o pandillas.

Las pandillas no solo se volvieron más sofisticadas para evadir el control policial, sino que también, la concentración en la cárcel de sus líderes terminó fortaleciendo su capacidad de acción coordinada y de intercambio de información y experiencias. Si antes se consideraban como “outsourcing” del crimen organizado, una vez fortalecidos estuvieron en la capacidad de hacerse la siguiente pregunta: ¿por qué hacer el trabajo sucio si podemos tener el negocio? Y con ella, la incursión a nuevas actividades delictivas por parte de algunos de sus miembros, el caso más notorio es el de la extorsión.

Pero la concentración de cabecillas en centros penitenciarios generó un efecto no deseado en las propias pandillas: el divisionismo y la eventual pérdida de control del liderazgo tradicional frente a uno más joven que surge en el exterior de los muros penitenciarios, más violento y desafiante, incluso, frente a los más antiguos, lo que ha generado un proceso de pugnas y purgas internas que añaden cifras al conteo mensual de homicidios.

Las extorsiones también se han convertido en foco de conflictividad: como en toda organización, el reparto o disposición de los recursos es una de las principales y más frecuentes causas de conflicto y los “ajusticiamientos” que se dan en el marco de pugnas por el control de los recursos son un aspecto particular de esta dinámica.

Homicidios y gestión de la seguridad: hipótesis 3

Hipótesis 3: Otra variable en el cambio de las reglas de la violencia viene dado por el contexto económico actual: según cifras oficiales, se han perdido más de 30 mil empleos y para el fin de 2009 la cifra podría ser de 50 mil. La literatura criminológica ha señalado la influencia de este fenómeno social y su relación con el comportamiento criminal en una sociedad, Rusche y Kirchheimer descubrieron una tendencia según la cual, en épocas de crisis se aplicaba más encarcelamiento como control de la mano de obra excedente, la tendencia se invertía en tiempos de bonanza económica. No podemos obviar el fuerte peso que el agravamiento de las condiciones de supervivencia tiene en el contexto, fenómeno que no puede ser intervenido exclusivamente desde estrategias de control.

Como una derivación de lo anterior, la crisis podría estar estimulando formas delincuencias de tipo patrimonial como las ampliamente difundidas extorsiones. Ellas también aportan una cifra no menor a la letalidad de la violencia, puesto que las mejores amenazas son aquellas que se está dispuesto a cumplir, de esta forma, el homicidio es el principal mensaje para asegurar el éxito de la industria extorsiva (el que no cumple, muere), teniendo en cuenta que probablemente dichas acciones quedaran impunes. No es que todos los extorsionistas maten o tengan la voluntad o posibilidad de hacerlo, pero se ven beneficiados por esos mensajes que otros sí realizan, con lo cual se fortalecen. Sin embargo, en el peor de los casos, también las limitaciones económicas actuales impiden que las víctimas cumplan con las condiciones impuestas por los delincuentes, aumentando el riesgo de convertirse en un mensaje aleccionador de los extorsionistas.

Homicidios y gestión de la seguridad: hipótesis 2

Hipótesis 2: Como consecuencia de lo anterior, resulta significativo que por primera vez en el discurso de las autoridades de seguridad pública el narcotráfico y el crimen organizado sean identificados como actores significativos de la violencia, los cuales habían sido invisibilizados gracias al énfasis puesto en las maras o pandillas por el discurso de las administraciones anteriores. A lo anterior debemos agregar como antecedentes las investigaciones en curso contra importantes jefes policiales por su relación con el narcotráfico y los frecuentes e importantes decomisos de droga de los últimos meses.

Tal como lo propuso el estudio sobre crimen y violencia en Centroamérica de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD) la subregión centroamericana sufre las consecuencias de la presión de la lucha contra el narcotráfico en sus dos extremos: México y Colombia. Lo anterior vuelve a Centroamérica en una región en disputa de las rutas de transporte de droga por los carteles de esos países en relación con los locales, dichas disputas no se resuelven pacíficamente sino por la fuerza.

La violencia del narcotráfico no solo se deriva de la pelea por rutas, sino también por la disputa del mercado local de distribución y comercialización: nuestros países son también países consumidores y no meras plataformas para el tráfico. El Salvador, para el caso, ha sido considerado como uno de los mayores consumidores per capita de cocaína, lo cual da una muestra de la importancia que para el narcotráfico tiene un mercado como éste.

Homicidios y gestión de la seguridad: hipótesis 1

Hipótesis 1: Es necesario tener en cuenta es el impacto que genera un cambio de lo que Eric Hobsbawn denomina “las reglas de la violencia”, es decir, a ciertas pautas institucionalizadas del comportamiento violento en una sociedad, que generan una cierta “predictibilidad” de la violencia. Mi hipótesis al respecto es que con el cambio del gobierno también ha habido un cambio de dichas reglas y que el proceso se encuentra en un trance anómico. Sobre este punto hay varias cuestiones que analizar.

Hay un cambio substancial en las jefaturas del sector seguridad pública y en general, de la visión sobre la gestión de la seguridad. Si bien, queda claro que las nuevas autoridades marcan distancia respecto de las modalidades de manodurismo y presión policial como estrategia de control, aún no han logrado explicitar de manera clara ante el público la visión a implementar en los próximos años, aunque ello no se deba, necesariamente, a la falta de planes o lineamientos estratégicos. Sin embargo, por la presión de los acontecimientos, la decisión política se está acercando a retomar algunas de dichas medidas de control, aunque con algunos matices.

Pero lo que aquí interesa destacar es que el cambio de titulares y jefaturas y los reacomodos que éstas han dispuesto han generado reacciones. Las investigaciones realizadas al interior de la PNC por las nuevas autoridades han detectado pistas que podrían revelar turbias relaciones entre algunos miembros del personal policial y el crimen organizado, no solo en los niveles básicos, sino también en altos oficiales. Si las investigaciones continúan y confirman las sospechas, posiblemente las ramificaciones de dicho fenómeno salpiquen a otros actores políticos.

Tal como se ha determinado en otros contextos como Argentina: la corrupción policial y sus relaciones con sectores políticos y criminales, se transforma en una llave reguladora de la violencia social y la delincuencia. Esta permite negociar con otros actores algunos niveles de estabilidad.

Al ordenar la casa, aparecen las cucarachas. Probablemente hace mucho rato que estuvieron ahí, pero no te das cuenta sino hasta que se da la necesidad y la decisión de ordenar y limpiar. Al verse descubiertas, las cucarachas se alborotan y esto incrementa la sensación de insalubridad ya existente.

Lo mismo sucedería al romper redes de corrupción y sus ramificaciones criminales: al verse amenazadas o descubiertas, podrían generar reacciones de resistencia al cambio, sobretodo, si tomamos en cuenta las palabras del Presidente Funes en su discurso de toma de posesión donde ofreció un combate frontal al narcotráfico y crimen organizado. Vale recordar que el Presidente Colom de Guatemala vivió también una fuerte oleada de violencia que se interpretó como un desafío de parte del crimen organizado a su gobierno. Sería absurdo concluir que para evitarnos el alboroto, se dejasen las cosas como están.

Homicidios y gestión de la seguridad. Algunas hipótesis (intro)

No hace falta esperar el fin de año para saber que El Salvador terminará con una tasa escalofriante de homicidios (probablemente arriba de 75 por cada 100 mil habitantes) La pregunta que a todos nos intriga es ¿por qué vivimos este fenómeno? ¿Por qué una tendencia hacia la estabilización recupera súbitamente un impulso ascendente? Y más personalmente ¿por qué ahora?

Creo que es un error caer en el juego de regatear muertos. Es sádico-masoquista la fijación en los números como marcador de un partido, incluso un matutino sensacionalista lleva su cuenta particular en una sección denominada el “muertometro”, quitando espacio y dedicación a una discusión seria y con los pies en la tierra sobre el fenómeno, en la que las cifras sean un elemento de discusión, entre otros igualmente importantes.

Un primer aspecto a considerar es que para discutir a fondo sobre un fenómeno, es necesario conocerlo. Tenemos datos de homicidios en circulación y en abundancia, pero no revelan las características de la fenomenología, por ejemplo, cuantos son ocasionados como consecuencia de otros delitos (robos violentos, violaciones, violencia intrafamiliar) o como acciones directas (ajustes de cuentas, venganzas, riñas), así como una clasificación de los actores violentos (cónyuges, delincuentes comunes, pandillas, crimen organizado) y de los factores de riesgo asociados (drogas, alcohol, armas)

Adicionalmente a esta clasificación de los homicidios, es necesario su mapeo para determinar zonas de mayor incidencia. Es sabido en el marco de estudios criminológicos que una alta concentración de homicidios en un territorio específico tendría que ver con patrones establecidos de violencia en los que usualmente, un pequeño número de actores violentos ocasionan un elevado número de muertes.

También la literatura especializada establece patrones cíclicos de comportamiento en el caso de homicidios, particularmente en días de la semana, del mes, épocas del año como los períodos vacacionales, e inclusive, en períodos más amplios, lo cual es importante tener en cuenta a la hora del análisis y de las intervenciones.

Con una clasificación adecuada, se implementan acciones coherentes. Algunos homicidios podrían ser evitados a partir de una mayor disuasión, como en el caso de los que se podrían derivar de la delincuencia común, pero no otros en los que existe una planificación previa y una decisión para su ejecución como en el caso de los ajustes de cuentas de delincuentes organizados y la respuesta tenga que ser la desarticulación de dichas estructuras a partir de ejercicios de inteligencia e investigación. Los crímenes más impredecibles son los ocasionados en presencia de factores de riesgo como consumo de drogas, alcohol y uso armas, pues surgen de conflictos espontáneos con desenlaces fatales, en este caso, las medidas de prevención deben pasar por la regulación de esos vectores.

12 de octubre de 2009

Homicidios y gestión de la seguridad: propuestas y verdades incomodas

Recientemente la propuesta de incorporar personal del ejército como personal operativo en funciones policiales ha tomado mucha relevancia. Dicha propuesta fue planteada por el padre José María Tojeira, Rector de la Universidad Centroamericana (UCA), la cual ha encontrado eco en el Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada, quien ha calificado la propuesta como “audaz”.

Tojeira propone esta medida en el marco de las alarmantes cifras de delitos como los homicidios y las extorsiones. Dicha propuesta buscaría aumentar la capacidad operativa en tareas de cobertura territorial, prevención y disuasión delictiva.

Antes de sentar posición sobre esta propuesta es necesario establecer algunos presupuestos: 1. Es cierto, los niveles de homicidios son inusuales y alarmantes y cuestionan la capacidad de control del sector seguridad y justicia penal sobre este fenómeno. 2. También es cierto que una mayor cobertura territorial y funcionamiento operativo contribuiría a mejorar algunas condiciones de seguridad, sobre todo, de tipo subjetivo (sensación de seguridad)

Dicho lo anterior, hay algunos aspectos que me preocupan sobre esta medida. Sin un orden de importancia, podría mencionar una inquietud de tipo constitucional: si la justificación para el uso del ejército es una situación de emergencia, deben seguirse los pasos correspondientes para implementar la iniciativa. De lo contrario, vendría realizándose de la cuestionable manera como se ha hecho hasta ahora.

Una segunda preocupación es política y tiene que ver con la tentación de hacer más de lo mismo. Una de las críticas más tristes que se puede hacer a una izquierda es que retome el continuismo de los métodos de la derecha en materia de seguridad. Esto no es solamente una cuestión ideológica, sino práctica: esos métodos fracasaron o, en el mejor de los casos, no lograron afectar substancialmente el fenómeno de la violencia y la inseguridad.

Lo anterior nos lleva a la tercera cuestión que tiene que ver con los efectos prácticos: tal como se dijo, este tipo de medidas han demostrado no tener un impacto significativo en la seguridad objetiva, sino más bien en la subjetiva. El ejército ha estado involucrado en tareas de seguridad pública desde los Acuerdos de Paz y las variables de reducción o aumento de la delincuencia no parecen estar relacionadas con dicha participación.

Se deben agregar las necesarias gestiones de cambio de las formas intervención militar por las policiales y la dualidad que esto puede genera en la institución policial. Además de los diferentes códigos de obediencia que rigen en las diferentes culturas organizacionales y la existencia de salarios diferenciados por funciones similares, pues la propuesta del padre Tojeira apunta a mantener el bajo salario militar del personal a incorporarse a tareas policiales.

Si partimos del dato que los homicidios y las extorsiones han aumentado, entonces, la respuesta debería ser adecuada a dichas circunstancias. Para el caso, un aumento de la presencia de fuerzas de seguridad en el territorio, no tendría efecto sobre la extorsión por la forma en que esta se realiza, tomando en cuenta que, según datos de la PNC, la mayoría de estas provendrías de las cárceles.

Posiblemente una mayor presencia, pueda restringir la operatoria de algunos homicidios, pero es poco probable que detengan aquellos derivados de acciones planificadas y dirigidas, tal como muchos de los homicidios que diariamente son reportados por los medios, en los que precede la desaparición o privación de libertad de la víctima, ocultamiento de los cadáveres y otras prácticas que indican la existencia de planificación y premeditación.

Solamente un conocimiento claro y profundo de las tipologías, metodologías y actores relacionados con los homicidios en los territorios podría arrojar medidas más concretas y adecuadas a este flagelo, dicho conocimiento se construye a partir de análisis de información e inteligencia criminal. Sin este presupuesto, cualquier estrategia de tratamiento sería palos de ciego.

Fuera de la efectividad de la medida en la reducción del delito, preocupan otras cosas adicionales: la desnaturalización de la PNC y del Ejército y la institucionalización de los “parches” como salida a los problemas. Guatemala y México no son buenos ejemplos de lo que sucede cuando se involucra al ejército en tareas de seguridad interna.

Si bien es cierto, el gobierno debería tener gestos concretos en materia de seguridad, orientados hacia los principales fenómenos de violencia y delincuencia, ello no debería partir de enfoques simplistas o reciclados.

Lamentablemente, la honestidad no es algo que se considere popular. Por el contrario, parece que la exigencia de algunos medios sobre esta materia es, como la frase acuñada durante la crisis de inicios de la década en Argentina: “Basta de realidades, queremos promesas”

Publicaciones recientes

Algunos materiales de reciente publicación y de interés para los involucrados en el estudio de la seguridad:

Savenije, Wim (2009) Maras y Barras. Pandillas y violencia juvenil en los barrios marginales de Centroamérica. San Salvador: FLACSO. Ver Reseña.


Arias, Patricia (2009) Seguridad Privada en América Latina: el lucro y los dilemas de una regulación deficitaria. Santiago: FLACSO. Descargar

11 de octubre de 2009

Documento: Los principales desafíos para la Seguridad Pública en El Salvador 2009

Recientemente recibí, gracias a Wim Savenije, investigador sobre violencia juvenil y pandillas, el informe 'Los principales desafíos para la seguridad pública en El Salvador 2009', como ayuda memoria del almuerzo de trabajo que organizó FLACSO El Salvador el 2 de julio como parte del foro "15 AÑOS DE PANDILLAS EN CENTROAMÉRICA: BALANCE Y PERSPECTIVAS".

El documento resume la visión de diversos actores involucrados en el análisis y gestión de la cuestión de la seguridad, el cual puede servir de plataforma de discusión sobre las principales acciones a emprender en materias de políticas públicas de seguridad.

Queda para su conocimiento y difusión.

2 de septiembre de 2009

Mataron a Christian Poveda

Me enteré al final de la tarde, haciendo mi revisión de prensa. Aun estoy en shock y es demasiado prematuro hablar sobre el suceso hasta que contemos con más y mejor información que la que preliminarmente ha circulado.

No conocí a Christián Poveda, pero el impacto de su trabajo lo había vuelto en un personaje reconocido y se le miraba comprometido con una misión que pretendía buscar alternativas a la violencia en el país, cuestión en la que hacíamos causa común, por tanto, es cómo si hubiese muerto un compañero, un camarada.

Christián Poveda, documentalista franco-español, fue corresponsal de prensa internacional y cubrió múltiples conflictos en el mundo, entre ellos, el salvadoreño. Poveda se interesó en el problema de las maras y pandillas juveniles y decidió preparar un documental al respecto, para lo cual, audazmente se sumergió durante 18 meses a convivir con miembros de la pandilla Barrio 18 en La Campanera, municipio de Soyapango, y a contar la historia como pocos: desde adentro y desde la voz de los protagonistas. El resultado fue el documental "La Vida Loca", que ha sido difundido tanto en ámbitos académicos como en festivales de cine, sacudiendo incluso al observador menos atento.

Recuerdo que hace tres o cuatro meses, una persona con apellido rimbombante y de abolengo confesaba en una columna periodística, que su propuesta original sobre las pandillas era el extermino de las mismas, pero que el citado documental le había hecho cambiar radicalmente de opinión y pasar a ser un convencido de la necesidad de un tratamiento de intervención social especial a la problemática. Vaya! pensé, si esta película lograba sensibilizar a tal grado a alguien situado en una posición dura, ojalá sirviese de instrumento para una discusión amplia e integral de la problemática.

Pero ahora han matado a Poveda, ha caído como una víctima más de la absurda e irracional violencia del país. Alguien que quizo abrir un camino para tratar la violencia donde nadie se atrevía, ha sido silenciado por ella. Surge el desencanto y las dudas. Surgen los que acusan a la víctima: "si te metes en lugares peligrosos con gente peligrosa, algo te pasará"; saltan los fachas a decir que siempre tuvieron razón y que había que meter presos a todos: a ver tú, defensor de delincuentes, ¿qué dices ahora?. Lo peor puede venir de nosotros: dejar de creer, perder la esperanza.

No sería justo para la memoria de Christian Poveda hundirnos en el desencanto, sumarlo al body count diario como un número más, precisamente el hecho de haber invertido parte de su vida en un proyecto que buscaba buscar alternativas, hace que su regalo sea más valioso y, por tanto, debe ser honrado continuando la búsqueda que él inició, heredándonos una propuesta.

28 de agosto de 2009

Protestas sociales: otra forma es posible

Dice Roberto Gargarella que el derecho a la protesta debería figurar como un derecho prioritario, en cualquier sociedad que se precie de democrática o aspire a ello, no solo en términos electorales, sino substanciales, es decir, donde efectivamente el pueblo tenga incidencia en la toma de decisiones.

De la misma manera, el jurista señala los peligros de la manipulación de la relación conflictiva entre los derechos a protestar y los derechos de los afectados por dichas el ejercicio de aquel derecho. Según el autor citado, este no es el conflicto principal. Considerarlo de esa forma es contraponer actores que originalmente no son partes en conflicto. Regularmente, las protestas suelen reinvindicar unas demandas específicas al estado, los protestantes se encuentran en una situación conflictiva respecto de las acciones u omisiones estatales y no en contra de terceros, aún y cuando éstos se vean afectados de alguna manera por dicho conflicto, pero ello, en cierta medida, es incontrolable.

La protesta social, particularmente la realizada en ejercicio del derecho de reunión y expresión a través de concentraciones, marchas o cortes de rutas son medidas de presión para llamar la atención sobre las demandas planteadas. En el pasado, se acusaba a quienes usaban estos métodos de ser grupos de fachada manipulados por partidos o grupos opositores al gobierno. En el presente, se sugiere algo similar, aunque no expresamente.

Lo más raro de todo es que sectores de derecha, sigan acusando a la izquierda -ahora gobernante- de tales acciones, argumentando que las protestas son muestra de la división existente entre el Presidente y su partido. Otros señalan el surgimiento de nuevos liderazgos políticos que buscan protagonismo.

Independientemente de lo anterior, no es prudente descalificar una demanda probablemente legítima por la existencia de segundas o terceras agendas tras de ella. Lo más sano es escuchar y constatar la existencia y dimensión de los problemas y sus actores, antes que descartarlos. Ello no implica tampoco ser ingenuo frente a esas realidades de manipuleo o aprovechamiento de ciertos líderes que utilizan el chantaje como moneda de cambio. Solamente un manejo transparente del conflicto puede poner ante los ojos del público las verdaderas razones en discusión.

Ante la frecuencia de este tipo de actividades, se promueve por algunos formadores de opinión el uso de la fuerza para el restablecimiento del orden y se critica a la policía por no hacerlo oportundamente, el argumento tras de esta posición radica en la afectación que se hace a terceros, el cual, es un argumento sensible en tanto, miles de personas sufren descuentos de sus salarios o pérdidas mayores según sea la actividad que vean frustrada.

Sin embargo, el uso de la fuerza en estas situaciones es la forma más brutal de descalificación de esas peticiones. Se debe usar la fuerza para el restablecimiento del orden pero bajo parametros normativos claros y en situaciones extremas, no debe ser una acción inmediata que anule la vigencia del derecho a la protesta.

Pero la pregunta que deberíamos formularnos es ¿Por qué la gente protesta? Bueno, básicamente porque tiene demandas insatisfechas frente al gobierno, pero entonces ¿esta es la única forma de hacer efectivas las demandas? No es la única, pero parece una efectiva y eso estimula su uso y abuso, aunque a veces, también uno extraña la falta de creatividad.

Hay que sumar un elemento adicional: por sus antecedentes, la izquierda ahora gobernante ha sido defensora de la protesta social y ésta ha sido un instrumento de muchas de sus acciones políticas, entonces ¿sería coherente que un usuario y defensor de este recurso, lo niegue a otros y opte por descalificaciones políticas o al uso de la fuerza? No, no lo es y puede ser aprovechado como un punto débil en el contexto de la presión y negociación por quienes plantean demandas, así como también como una provocación de detractores políticos para hacer que las autoridades "se ensucien las manos" reprimiendo y restarles autoridad moral.

Pero de momento solo hemos respondido parcialmente la cuestión de por qué la gente protesta. Una visión más sistémica e histórica puede darnos otro elemento a considerar: la ausencia de canales efectivos de entrada de esas demandas al sistema político así como el desuso de las pocas existentes, sumada a la percepción o experiencia (negativa) respecto de la capacidad de respuesta estatal en un contexto de debilidad institucional. Esto aparece como una cuestión fundamental y central.

El tratamiento de este problema pasa por la revisión y mejora de los canales y mecanismos de gestión de demandas y conflictos, así como la promoción de esos mecanismos oficiales. No es aceptable en este contexto que la primera instancia de negociación sobre el conflicto sea la policía. En Perú, por ejemplo, durante la gestión del ministro Gino Costa, se crearon comisiones especiales de alto nivel para la negociación de conflictos, que se constituyeron en instancias de reacción inmediata para desentrampar de manera rápida conflictos sociales.

Mejorar la atención a las demandas ciudadanas supone un esfuerzo conjunto entre autoridades y ciudadanía, pero más de los primeros que se ven comprometidos por la insignia del cambio a ser realmente efectivos en la respuesta a dar. Por su parte, la ciudadanía debe prestar vigilancia y auditoría social permanente al estado, a fin de garantizar esas respuestas. Por otro lado, la promoción de medios de comunicación más abiertos y accesibles para el público también entran en estas necesidades, de modo que la protesta deje paulatinamente de ser el recurso preferencial para entrar en agenda pública.

A estas alturas, quien perdió su día de trabajo o tuvo que suspender compromisos importantes por una manifestación o corte de ruta se está preguntando ¿y entonces, qué propone respecto mi problema, que es el problema de miles de personas que sufrieron las consecuencias de esos conflictos? Pues negociación y adaptación a las contingencias por parte de las autoridades (búsqueda y proporción de alternativas a la situación más inmediata: liberar carriles, retiro pactado a cierta hora o una vez se contacten con autoridades demandadas) y el uso de la fuerza como último recurso ante situaciones de disturbios.

26 de agosto de 2009

Otra tergiversación de LPG II

tergiversar.

(Del lat. tergiversāre).

1. tr. Dar una interpretación forzada o errónea a palabras o acontecimientos.

2. tr. Trastrocar, trabucar.

Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua


Esta mañana comentaba con unos colegas hacerca del hecho que LPG dio amplia cobertura a los sectores opositores a las medidas administrativas de austeridad implementadas por el nuevo presidente de la CSJ, en contraste con la nula cobertura a la versión de éste sobre los acontecimientos.

En la edición electrónica de esta tarde, LPG rompe con ese capote y concede espacio a declaraciones del Dr. Belarmino Jaime, pero nuevamente tergiversa las informaciones.

En la nota "Autos administrativos a jueces" agrega bajo el titulo el siguiente texto: "Jaime desistió de la idea de bajar el personal de 9,000 a 4,000". Sin embargo, en la nota se da cuenta de lo siguiente:

(...) Jaime negó que haya planteado en Corte Plena tener un estudio que revela que el Órgano Judicial puede laborar con 4,000 de los 9,800 empleados.

“Lo que dije en Corte Plena es que me habían contado que había un estudio que decía que se podía trabajar con 4,000 empleados, pero no es con intención de estarle cortando la cabeza a nadie”, dijo.

Como se puede ver, el presidente niega haber barajado esa idea. Entonces ¿por qué arriba aseguran que él "desistió" de esa iniciativa? Si el desistió, como lo afirma la nota, significa afirmar tácitamente que tuvo esa idea. El presidente lo niega, por lo que no hace sentido lo arriba dicho en la nota. ¿Cómo pudo desistir de una idea que dice que no tuvo?
desistir.

(Del lat. desistĕre).

1. intr. Apartarse de una empresa o intento empezado a ejecutar o proyectado.

2. intr. Der. Abdicar o abandonar un derecho o una acción procesal.

Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua
Podemos hacer el siguiente razonamiento lógico:
  • LPG dice: Jaime tuvo idea de reducir el personal pero desistió de ella.
  • Jaime dice: Nunca tuvo idea de reducir personal.
  • Conclusión: alguien miente. Pero a partir de la información presentada, se deduce que es el medio el que lo hace, al menos en el contexto de esa nota.
No sé qué voluntad tenía de implementar una medida de ese tipo, pero ese no es el tema aquí. El asunto es que la nota no tiene sentido, tergiversa a través del resumen, pues en ningún momento se desprende del contenido decir del Dr. Jaime que haya "desistido", pero tal como lo pinta LPG, sigue siendo el principal candidato al malo de la película.

Otra tergiversación de LPG

Hoy miércoles 26 de agosto, LPG publica la nota "Melgar se contradice con cifra de homicidios", en la cual sugieren, cuando menos, negligencia del ministro de Justicia y Seguridad Pública en el manejo de los datos sobre homicidios.

No es mi intención discutir si los datos de una u otra fuente son correctos o no, sino señalar que el periódico hace una valoración de los datos a partir de un parametro diferente al utilizado por el ministro. Mientras que éste habla de los últimos 9 días, el periódico usa todo el periodo de agosto (lo que incluye las vacaciones agostinas) de tal forma que los resultados, obviamente serán diferentes.

Envié un comentario sobre esto al periodico, a ver si lo publican.

La justicia como campo de batalla de la política

Publicado originalmente en Contrapunto

Cualquier lector medianamente informado puede percibir que la crisis de la institucionalidad en materia de justicia -que pasa por la ausencia de un Fiscal General y de un Procurador General, debido a la falta de nombramiento por parte de la Asamblea Legislativa- se encuentra íntimamente relacionada con el reacomodo de fuerzas políticas luego de los procesos eleccionarios de este año, que reconfiguraron las relaciones de poder al darle al FMLN la conducción del Ejecutivo y la bancada más grande de la Asamblea Legislativa.

Particularmente tendría que ver con el deseo de sectores de las pasadas administraciones del Ejecutivo de no verse perseguidos por irregularidades detectadas en sus respectivas gestiones y de esta forma, comprometer el prestigio del partido.

A pesar de los cambios, las relaciones al interior del Órgano Legislativo, no generaron mayores alteraciones en la correlación de poder interno, de tal forma que las bancadas más grandes, sumadas cuentan con los votos necesarios para nombrar aspirantes y, por sí solas, para vetarlos, lo cual nos ha llevado al estado actual de las cosas.

Cuando dentro de los nombramientos pendientes se agregaban los magistrados de la CJS, se preveía un escenario de negociación en el que los partidos mayoritarios buscarían repartirse un espacio de poder: para un bando el control de la Sala de lo Constitucional y para el otro, el Fiscal General. Afortunadamente, esa no fue la opción que predominó. A pesar de lo cuestionable del procedimiento de negociación y el irrespeto a lo establecido, la pluralidad predominó en el nombramiento de los nuevos magistrados, de tal suerte que no podría avizorarse un intento de control partidario.

Sin embargo, lo que ha venido después ha puesto las alarmas de sectores que pensaron en seguir influenciando y manejando la justicia. Resulta que el recién nombrado Presidente de la CSJ, el Dr. Belarmino Jaime, a quién se nombró por exclusión de otras propuestas mutuamente vetadas entre las bancadas dominantes y como una persona de aparente bajo perfil que no incomodaba a ninguna de las dos -aunque sectores de izquierda lo señalaron como agente del gran capital- se ha tomado en serio su promesa de acabar con el despilfarro de recursos y los privilegios en el Órgano Judicial.

Las medidas inmediatas han sido el retiro de algunos vehículos a los magistrados de la Corte, que según algunas informaciones, éstos tendrían asignados hasta cuatro. De la misma forma, redujo la dotación de vales de gasolina de 114 mensuales a 50 por magistrado, y se preparan otras medidas de reducción de gastos y depuración administrativa.

Como respuesta, ha recibido las críticas y resistencia de la mayoría de los magistrados de la CSJ, todos ellos de elecciones previas. Los otros cuatro magistrados entrantes, más el Doctor Marcel Orestes Posada, conforman el bloque que acuerpa al nuevo presidente en sus iniciativas.

El polémico magistrado Ulices del Dios Guzmán –aspirante frustrado en sus espectativas de presidir la CSJ-, lidera los reclamos, pero agregando señalamientos infundados e impertinentes tales como:

"El problema es que el presidente de la Corte tiene un comportamiento autoritario... lo que se hace sentir al interior de esta nueva integración es que es hay una especie de orientación ideológica y es orientación es incompatible con el comportamiento técnico, objetivo e imparcial que debe tener la Corte Suprema". (Ver La Prensa Gráfica, 21 de agosto de 2009)

El mismo magistrado, según la nota, sugiere la existencia de compromisos partidarios por parte del presidente y señala el peligro de una mayor división en el Órgano Judicial debido a las medidas implementadas.

No creo que el magistrado Guzmán, sea la persona con mayor autoridad moral, la objetividad y la imparcialidad para sugerirlo, ¿acaso no fue él quien pidió filtros ideológicos para elegir a los jueces especializados?

No creo que combatir el despilfarro y los privilegios excesivos sea algo que tenga que ver con cuestiones ideológicas o partidarias, como lo propone el magistrado Guzmán, sino con la ética y la decencia, y es un golpe bajo de mal gusto tratar de tergiversar los acontecimientos en aquel sentido o lanzar rumores ante los medios para generar inseguridad y resistencia a las iniciativas del nuevo presidente y encubriendo bajo su supuesta defensa de los trabajadores, la protección de sus privilegios e intereses personales.

Por otro lado, estos detractores han sugerido que el nuevo presidente impulsaría un plan de recorte de personal, con lo cual, han azuzado a las asociaciones de trabajadores y a una asociación judicial de tipo gremialista tradicional (esa que cada vez que tiene oportunidad, le da un premio al presidente de turno de la CSJ, por sus meritos, por buena gente y bla, bla, bla…)

Y aunque este pleito no responde, como he dicho, a una situación de disputas partidarias al interior de la CSJ, sí ha servido como señal de que no hay un escenario por el cual se prevea que el presidente de la Corte y la Sala de lo Constitucional presidida por el mismo puedan estar sujetos a influencias o manejos partidarios, por lo cual, los partidos, en particular, los de derecha, buscan desesperadamente hacerse con el control de la Fiscalía General de la República, ante la pérdida de influencia sobre la CSJ.

En esto ARENA ya tiene delantera, pues tiene a su delfín ejerciendo de facto en la institución, gracias a antojadizas interpretaciones de la legislación secundaria.Por ello, puede darse el lujo de no elegir un fiscal en tanto, ya lo tiene en funciones y las negociaciones y propuestas por incluir más aspirantes o pedir la mediación del Presidente Funes, más bien parecen tácticas dilatorias para encubrir sus verdaderos propósitos de mantener el control de la FGR como hasta ahora.

Al menos, tenemos la esperanza de que si las cosas se siguen haciendo bien en la CSJ, podremos tener más confianza en los fallos de la Sala de lo Constitucional, que pasará a ser el contrapeso de los manipuleos políticos de la justicia en otros ámbitos. Sin embargo, ello no es suficiente. Hace falta la participación activa de la ciudadanía en la procura de transparencia a la hora de elegir el nuevo fiscal. Solo una verdadera presión ciudadana podría quitar el velo que recubre las maniobras partidarias.

San Salvador, 24 de agosto de 2009.

15 de agosto de 2009

La guerra mediática de la (in)seguridad

Cada día, la presión de las empresas de comunicación más grandes del país cargan contra el sector seguridad del nuevo gobierno. A veces quisiera pensar que es el resultado de una preocupación legítima por la inseguridad, como parte de los problemas que vive la sociedad salvadoreña, pero la legitimad de su reclamo queda en duda cuando recurren a las medias verdades, a la omisión de fuentes o a la provocación de determinadas agendas.

Tanto EDH como LPG, han dedicado sendas notas al cuestionamiento hecho al Presidente Funes sobre una eventual destitución de funcionarios del Sector Seguridad (Ver aquí y aquí, respectivamente). Lo raro de este cuestionamiento es que aparece espontáneamente. Que yo sepa, no he tenido noticia de pronunciamientos en ese sentido. Ni la ANEP -principal crítica del sector seguridad- lo ha hecho. De repente, a estos periodicos se les ocurre meterlo en agenda, es decir, prender la mecha.

Tampoco tengo antecedente que lo hayan hecho durante la gestión pasada, que con René Figueroa y Astor Escalante como titulares, se dio el alza de homicidios y extorsiones que tenemos en la actualidad. Ahora estos medios pretenden plantearle a un gobierno con menos de 100 días en el poder -o crear agenda al respecto-, que cambie la conducción del sector seguridad, cuando no lo plantearon en los cinco años de desastrosa gestión en la administración pasada, a pesar de los reclamos en ese sentido por parte del sector sociedad civil organizada. Esto habla mucho de su falta de coherencia e imparcialidad.

Ya antes he dedicado una nota a estas "noticias" y a sus segundas o terceras intenciones. Estas que comentamos ahora son otro ejemplo de lo mismo. Paradójicamente, sus propias encuestas no les dan la razón. Por ejemplo, montaron una campaña de críticas en contra de el cambio de jefatura en la DECO y días despues, el 14 de agosto, para ser exactos, la encuesta online de El Diario de Hoy, reveló que casi el 80% de los votos de sus lectores apoyaron las medidas implementadas.

Un resultado similar obtuvo LPG al preguntarle a sus lectores sobre el trabajo de las nuevas autoridades en materia de seguridad en donde lograron una valoración positiva. Parecería que no le ponen atención a la opinión de sus propios lectores.

Esto solo es parte de una tendencia más amplia por sabotear y poner en crisis el actual gobierno por parte de sectores de la derecha, quienes escudandose tras las legítimas demandas de la población, tratan de imponer ajenas partidarias o sectoriales que poco o nada tienen que ver con esas necesidades.

Afortunadamente existen los blogs donde se puede opinar de manera diferente a la pretendida "verdad" de las empresas de comunicación.

Mi participación en el programa "Abriendo puertas" de YSUCA

El viernes 14 de agosto tuve el agrado de participar como invitado en el programa "Abriendo puertas" de la radio YSUCA, acompañado por Jeannette Aguilar, directora del IUDOP y con la conducción de Danilo Miranda. El audio del programa aquí.

12 de agosto de 2009

Control de Armas de Fuego: una opinión sensata

Con alguna frecuencia discrepo con las opiniones de Joaquín Samayoa, columnista de La Prensa Gráfica, pero hoy miércoles he leído con mucho agrado su nota sobre el control de armas de fuego, la cual me ha parecido muy atinada. La nota aquí.

10 de agosto de 2009

Resultados de la encuesta sobre la política de seguridad

La pregunta era: "¿Qué piensas de la política de seguridad gubernamental? Votaron 22 internautas, los cuales distribuyeron sus votos así: Las opciones "Bien, se nota el cambio"; "Es más de lo mismo" y "¿Cual política? No la conozco" recibieron cada una tres votos, es decir, cada una logró un 13%, mientras que la opción "Hay que darle tiempo... pero no tanto" acumuló 13 votos, es decir, un 59% del total.

Como reflexión es importante destacar que aunque hay un compas de espera de parte de los lectores, éste no puede ser prolongado, tácitamente se tiene la advertencia que al no ver resultados en un plazo prudencial, habrá exigencia de cuentas.

Es importante destacar que un importante porcentaje o no conoce la política o no percibe el cambio. Ello es preocupante y debe ser tomado en cuenta mediante una política de comunicación que brinde información adecuada y detallada a la población sobre lo que hacen las autoridades, con lo cual, se contaría con parametros claros de seguimiento y evaluación por parte del público.

Obviamente esta no es una encuesta con parámetros científicos, sino la opinión de los que por algún motivo visitaron este blog. Se les agradece su participación.

3 de agosto de 2009

Participa de la encuesta

He colocado una pequeña encuesta virtual en el lado derecho de este blog. Por favor, si tienes interés, has click y vota. Cierra el 10 de agosto a las 12 m.

30 de julio de 2009

El empresariado ante las reformas en la PNC

Precisamos hacer una revolución ética, el bien público no puede ser confundido con el bien personal (…)

En mi gobierno se acabó el tiempo del padrinazgo y de la impunidad. Y es con esta disposición que vamos a enfrentar todas las formas de delito (…)

Presidente Mauricio Funes, 01 de junio 2009.

He querido iniciar estas líneas citando el discurso inaugural del Presidente Funes el pasado primero de Junio, porque me parece que son las respuestas a algunas interrogantes que son planteadas por las empresas de comunicación dominantes.

Ante los movimientos y cambios en la División Elite contra el Crimen Organizado (DECO) la empresa privada y los medios impresos conservadores se han posicionado de manera crítica y veladamente amenazadora frente a la decisión de las autoridades. Tal como lo señalé en el post previo, tras una aparente preocupación legítima, se esconden otras motivaciones:
En perspectiva histórica y política, el estado de la investigación criminal es una consecuencia específica del amplio proceso de reforma policial y del sector seguridad pública de la transición y cuyas distorsiones tuvieron importantes impactos institucionales y sociales. El crecimiento desordenado de la institución y la apuesta política por mantener estructuras de investigación del pasado, políticamente maleables y cuestionadas; los obstáculos y sabotajes gestados en contra de toda iniciativa de desarrollo de una investigación criminal profesional, técnica e independiente, provocaron el estancamiento y debilitamiento de ésta área.

Lo anterior es correlato de una marcada tendencia de manejo de la gestión pública basada en intereses y demandas particulares y no en la atención prioritaria de necesidades sociales y respecto a los derechos de la población (…).

Al comparar el trabajo y resultados de las unidades elites de la PNC y FGR, respecto del estado de las unidades ordinarias de investigación, las distancias comparativas son amplias. Existen claras diferencias entre los resultados positivos de las instancias dedicadas al tema narcotráfico o crimen organizado, respecto los niveles deficitarios de las áreas dedicadas a la “delincuencia común”. Esa distancia comparativa se puede observar y constatar en la cantidad y calidad de recursos de los que han sido dotadas las primeras (equipos, sistemas de información, recurso humano por caso), en detrimento de las segundas, así como en el interés político por resolver o combatir este tipo de criminalidad, la que no se ha reflejado en las instancias de delincuencia común, como aquellas encargadas de la investigación de homicidios, principal problema de violencia en el país.

En el caso concreto de la lucha contra el secuestro y sus celebrados éxitos, se dan dos mensajes: por un lado, se demuestra que la voluntad política y apoyo institucional son factores claves para resolver graves problemas de criminalidad. El segundo mensaje es que existen dos tipos o sectores de investigación criminal. Uno, el ordinario, para la delincuencia común que afecta a la mayoría de la población y, el elite, que capitaliza el apoyo político e institucional, y que además se ve beneficiado por inversión, dotación de recursos y otros patrocinios del sector privado económicamente poderoso y políticamente influyente, que alquila o compra un servicio de mejor calidad para sí, lo que por definición es excluyente y discriminatorio, no solo para la población sino para los mismos operadores del sistema. (Amaya Cóbar, Edgardo y Oswaldo Feusier Ayala, Relación entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil en el marco de la investigacion criminal, FESPAD Ediciones, San Salvador, octubre 2005.)
Precisamente es el Diario de Hoy el que muestra esas relaciones de padrinazgo éticamente discutibles. Según la nota “Patronato DECO en el limbo”:
A principios de la presente década cuando el país sufría de una avalancha de secuestros, la empresa privada tuvo a bien organizar un Patronato para brindarle el apoyo logístico necesario a la recién creada División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) por el ex director de la Policía José Luis Tobar Prieto, quien ahora se encuentra marginado en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

Desde aquella época, la unidad élite ha recibido la cooperación de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y, según su dirigencia, está en la disposición de continuar con esa colaboración.

Esa cooperación empresarial le ha permitido a la Policía tener en la DECO a su mejor unidad especializada al grado que algunos de sus miembros han compartido la experiencia antisecuestro en las policías de varios países latinoamericanos como Guatemala, Honduras, Colombia o Panamá.
Creo que no hacen mayores explicaciones sobre las inquietudes éticas que genera lo previamente citado. La reacción de ANEP, en parte, se explica por la perdida de un nicho de influencia en las instituciones de seguridad y utiliza todas las cajas de resonancia disponibles para hacerse sentir. Otro de los beneficiarios de este esquema, el fiscal de crimen organizado Rodolfo Delgado -a la sazón, señalado por la PDDH en un caso de tortura en el que se condenó el accionar de la DECO-, suma su voz a las protestas, quien, cual agorero dice: "El mensaje que se envía es que ellos [los delincuentes] están ganando", advirtió, "y si no han ganado totalmente, se están creando las condiciones para que lo logren".

Este discurso tiene una doble moral o una pésima memoria. Ningún sector economicamente influyente ni sus secuaces alzaron la voz ante el desmantelamiento del Departamento de Investigación del Crimen Organizado (DICO) creado a propuesta del Grupo Conjunto para la Investigación de Grupos Armados Ilegales con Motivación Política y constituido con un riguroso método de selección y entrenamiento supervisado por la ONU. Curiosamente comenzó a ser debilitado y desmantelado tras las investigaciones del caso Sombra Negra en el que se vieron involucrados jefes policiales y posteriormente, su desaparición se vio acelerada tras denunciar la participación de otros jefes policiales en tareas de exterminio de presuntos delincuentes.

Hoy la historia es otra. Como dice Mickey Rouke en esa maravillosa película Barrio Chino: “Hay un nuevo jefe en la ciudad y el nuevo jefe tiene nuevas reglas”.

29 de julio de 2009

La mala leche de LPG


Mientras conducía al trabajo, ví un canillita ofreciendo La Prensa Gráfica de este día, cuya primera plana se encabezaba con la nota principal: "PNC desmantela unidad especial. Trasladan 26 investigadores de crimen organizado".

Al llegar a mi oficina, ingresé a la página de dicho periódico para leer la referida noticia y para constatar la relevancia que le habían otorgado. Se trata de un proceso de reorganización del área de investigaciones de la Policía que ha afectado a la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO).

Mi conclusión es que la noticia destaca una aparente preocupación legítima que entrelíneas sugiere juicios de valor sobre las decisión de las autoridades. No niego ni cuestiono la importancia del escrutinio de los medios sobre las decisiones gubernamentales, ello es necesario para garantizar la auditoría del público sobre los gobernantes. Lo que no me parece correcto es un ejercicio parcial o a medias del periodismo.

En la versión electrónica de LPG, la nota aparece con el título "Remueven 26 oficiales DECO: Quitan policías que indagaron a Perrones", ya intuyo la reacción deseada o esperada: "¡Qué barbaridad!, no solo la desmantelan, sino que quitan a los buenos policías."

En la nota citada, alaba los éxitos de la DECO, pero ignora todas las resoluciones e investigaciones por violación a los Derechos Humanos que tiene la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) u otras opiniones como las de aquellos que siempre creímos que dicha División servía solo a intereses muy concretos, a grupos poderosos preocupados por su seguridad y la de sus negocios: una instancia de lujo, en contraste con las precarias condiciones que se le otorgaban a las áreas de investigación de la delincuencia común que afecta a la mayoría de los salvadoreños (ver nota).

Como lector usuario de las TIC's, redacté y envié un comentario a la nota citada para que sea publicado en dicha página, aunque mi experiencia me dice que no suelen publicar comentarios muy críticos. Por lo anterior, les dejo copia del comentario realizado y enviado:
Me parece que esta noticia la han manejado de una manera muy desafortunada, y hasta puedo creer que mal intencionada. Una reforma del área de investigaciones no es lo mismo que un "desmantelamiento". Una rotación de personal no es lo mismo que una "remoción". Quien lo lee, sin mayores antecedentes, pensaría que las autoridades están en el plan de debilitar lo que ya existe, o que son presionables ante los reclamos de presuntos delincuentes.

La DECO se había convertido en una entidad élite privatizada y se había vaciado de capacidades a los territorios y a las áreas de investigación de la delincuencia común. Espero que las autoridades den paso a un área de investigación eficiente y al servicio de TODOS los y las ciudadanas del país.

Posdata: El comentario previo sí fue publicado a las 10:38 am por LPG, gesto que agradezco y que disipa alguna de mis sospechas.