"La obra de la Justicia será la Paz y los frutos de la Justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Is. 32, 17"

30 de julio de 2009

El empresariado ante las reformas en la PNC

Precisamos hacer una revolución ética, el bien público no puede ser confundido con el bien personal (…)

En mi gobierno se acabó el tiempo del padrinazgo y de la impunidad. Y es con esta disposición que vamos a enfrentar todas las formas de delito (…)

Presidente Mauricio Funes, 01 de junio 2009.

He querido iniciar estas líneas citando el discurso inaugural del Presidente Funes el pasado primero de Junio, porque me parece que son las respuestas a algunas interrogantes que son planteadas por las empresas de comunicación dominantes.

Ante los movimientos y cambios en la División Elite contra el Crimen Organizado (DECO) la empresa privada y los medios impresos conservadores se han posicionado de manera crítica y veladamente amenazadora frente a la decisión de las autoridades. Tal como lo señalé en el post previo, tras una aparente preocupación legítima, se esconden otras motivaciones:
En perspectiva histórica y política, el estado de la investigación criminal es una consecuencia específica del amplio proceso de reforma policial y del sector seguridad pública de la transición y cuyas distorsiones tuvieron importantes impactos institucionales y sociales. El crecimiento desordenado de la institución y la apuesta política por mantener estructuras de investigación del pasado, políticamente maleables y cuestionadas; los obstáculos y sabotajes gestados en contra de toda iniciativa de desarrollo de una investigación criminal profesional, técnica e independiente, provocaron el estancamiento y debilitamiento de ésta área.

Lo anterior es correlato de una marcada tendencia de manejo de la gestión pública basada en intereses y demandas particulares y no en la atención prioritaria de necesidades sociales y respecto a los derechos de la población (…).

Al comparar el trabajo y resultados de las unidades elites de la PNC y FGR, respecto del estado de las unidades ordinarias de investigación, las distancias comparativas son amplias. Existen claras diferencias entre los resultados positivos de las instancias dedicadas al tema narcotráfico o crimen organizado, respecto los niveles deficitarios de las áreas dedicadas a la “delincuencia común”. Esa distancia comparativa se puede observar y constatar en la cantidad y calidad de recursos de los que han sido dotadas las primeras (equipos, sistemas de información, recurso humano por caso), en detrimento de las segundas, así como en el interés político por resolver o combatir este tipo de criminalidad, la que no se ha reflejado en las instancias de delincuencia común, como aquellas encargadas de la investigación de homicidios, principal problema de violencia en el país.

En el caso concreto de la lucha contra el secuestro y sus celebrados éxitos, se dan dos mensajes: por un lado, se demuestra que la voluntad política y apoyo institucional son factores claves para resolver graves problemas de criminalidad. El segundo mensaje es que existen dos tipos o sectores de investigación criminal. Uno, el ordinario, para la delincuencia común que afecta a la mayoría de la población y, el elite, que capitaliza el apoyo político e institucional, y que además se ve beneficiado por inversión, dotación de recursos y otros patrocinios del sector privado económicamente poderoso y políticamente influyente, que alquila o compra un servicio de mejor calidad para sí, lo que por definición es excluyente y discriminatorio, no solo para la población sino para los mismos operadores del sistema. (Amaya Cóbar, Edgardo y Oswaldo Feusier Ayala, Relación entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil en el marco de la investigacion criminal, FESPAD Ediciones, San Salvador, octubre 2005.)
Precisamente es el Diario de Hoy el que muestra esas relaciones de padrinazgo éticamente discutibles. Según la nota “Patronato DECO en el limbo”:
A principios de la presente década cuando el país sufría de una avalancha de secuestros, la empresa privada tuvo a bien organizar un Patronato para brindarle el apoyo logístico necesario a la recién creada División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) por el ex director de la Policía José Luis Tobar Prieto, quien ahora se encuentra marginado en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

Desde aquella época, la unidad élite ha recibido la cooperación de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y, según su dirigencia, está en la disposición de continuar con esa colaboración.

Esa cooperación empresarial le ha permitido a la Policía tener en la DECO a su mejor unidad especializada al grado que algunos de sus miembros han compartido la experiencia antisecuestro en las policías de varios países latinoamericanos como Guatemala, Honduras, Colombia o Panamá.
Creo que no hacen mayores explicaciones sobre las inquietudes éticas que genera lo previamente citado. La reacción de ANEP, en parte, se explica por la perdida de un nicho de influencia en las instituciones de seguridad y utiliza todas las cajas de resonancia disponibles para hacerse sentir. Otro de los beneficiarios de este esquema, el fiscal de crimen organizado Rodolfo Delgado -a la sazón, señalado por la PDDH en un caso de tortura en el que se condenó el accionar de la DECO-, suma su voz a las protestas, quien, cual agorero dice: "El mensaje que se envía es que ellos [los delincuentes] están ganando", advirtió, "y si no han ganado totalmente, se están creando las condiciones para que lo logren".

Este discurso tiene una doble moral o una pésima memoria. Ningún sector economicamente influyente ni sus secuaces alzaron la voz ante el desmantelamiento del Departamento de Investigación del Crimen Organizado (DICO) creado a propuesta del Grupo Conjunto para la Investigación de Grupos Armados Ilegales con Motivación Política y constituido con un riguroso método de selección y entrenamiento supervisado por la ONU. Curiosamente comenzó a ser debilitado y desmantelado tras las investigaciones del caso Sombra Negra en el que se vieron involucrados jefes policiales y posteriormente, su desaparición se vio acelerada tras denunciar la participación de otros jefes policiales en tareas de exterminio de presuntos delincuentes.

Hoy la historia es otra. Como dice Mickey Rouke en esa maravillosa película Barrio Chino: “Hay un nuevo jefe en la ciudad y el nuevo jefe tiene nuevas reglas”.