Dice Roberto Gargarella que el derecho a la protesta debería figurar como un derecho prioritario, en cualquier sociedad que se precie de democrática o aspire a ello, no solo en términos electorales, sino substanciales, es decir, donde efectivamente el pueblo tenga incidencia en la toma de decisiones.
De la misma manera, el jurista señala los peligros de la manipulación de la relación conflictiva entre los derechos a protestar y los derechos de los afectados por dichas el ejercicio de aquel derecho. Según el autor citado, este no es el conflicto principal. Considerarlo de esa forma es contraponer actores que originalmente no son partes en conflicto. Regularmente, las protestas suelen reinvindicar unas demandas específicas al estado, los protestantes se encuentran en una situación conflictiva respecto de las acciones u omisiones estatales y no en contra de terceros, aún y cuando éstos se vean afectados de alguna manera por dicho conflicto, pero ello, en cierta medida, es incontrolable.
La protesta social, particularmente la realizada en ejercicio del derecho de reunión y expresión a través de concentraciones, marchas o cortes de rutas son medidas de presión para llamar la atención sobre las demandas planteadas. En el pasado, se acusaba a quienes usaban estos métodos de ser grupos de fachada manipulados por partidos o grupos opositores al gobierno. En el presente, se sugiere algo similar, aunque no expresamente.
Lo más raro de todo es que sectores de derecha, sigan acusando a la izquierda -ahora gobernante- de tales acciones, argumentando que las protestas son muestra de la división existente entre el Presidente y su partido. Otros señalan el surgimiento de nuevos liderazgos políticos que buscan protagonismo.
Independientemente de lo anterior, no es prudente descalificar una demanda probablemente legítima por la existencia de segundas o terceras agendas tras de ella. Lo más sano es escuchar y constatar la existencia y dimensión de los problemas y sus actores, antes que descartarlos. Ello no implica tampoco ser ingenuo frente a esas realidades de manipuleo o aprovechamiento de ciertos líderes que utilizan el chantaje como moneda de cambio. Solamente un manejo transparente del conflicto puede poner ante los ojos del público las verdaderas razones en discusión.
Ante la frecuencia de este tipo de actividades, se promueve por algunos formadores de opinión el uso de la fuerza para el restablecimiento del orden y se critica a la policía por no hacerlo oportundamente, el argumento tras de esta posición radica en la afectación que se hace a terceros, el cual, es un argumento sensible en tanto, miles de personas sufren descuentos de sus salarios o pérdidas mayores según sea la actividad que vean frustrada.
Sin embargo, el uso de la fuerza en estas situaciones es la forma más brutal de descalificación de esas peticiones. Se debe usar la fuerza para el restablecimiento del orden pero bajo parametros normativos claros y en situaciones extremas, no debe ser una acción inmediata que anule la vigencia del derecho a la protesta.
Pero la pregunta que deberíamos formularnos es ¿Por qué la gente protesta? Bueno, básicamente porque tiene demandas insatisfechas frente al gobierno, pero entonces ¿esta es la única forma de hacer efectivas las demandas? No es la única, pero parece una efectiva y eso estimula su uso y abuso, aunque a veces, también uno extraña la falta de creatividad.
Hay que sumar un elemento adicional: por sus antecedentes, la izquierda ahora gobernante ha sido defensora de la protesta social y ésta ha sido un instrumento de muchas de sus acciones políticas, entonces ¿sería coherente que un usuario y defensor de este recurso, lo niegue a otros y opte por descalificaciones políticas o al uso de la fuerza? No, no lo es y puede ser aprovechado como un punto débil en el contexto de la presión y negociación por quienes plantean demandas, así como también como una provocación de detractores políticos para hacer que las autoridades "se ensucien las manos" reprimiendo y restarles autoridad moral.
Pero de momento solo hemos respondido parcialmente la cuestión de por qué la gente protesta. Una visión más sistémica e histórica puede darnos otro elemento a considerar: la ausencia de canales efectivos de entrada de esas demandas al sistema político así como el desuso de las pocas existentes, sumada a la percepción o experiencia (negativa) respecto de la capacidad de respuesta estatal en un contexto de debilidad institucional. Esto aparece como una cuestión fundamental y central.
El tratamiento de este problema pasa por la revisión y mejora de los canales y mecanismos de gestión de demandas y conflictos, así como la promoción de esos mecanismos oficiales. No es aceptable en este contexto que la primera instancia de negociación sobre el conflicto sea la policía. En Perú, por ejemplo, durante la gestión del ministro Gino Costa, se crearon comisiones especiales de alto nivel para la negociación de conflictos, que se constituyeron en instancias de reacción inmediata para desentrampar de manera rápida conflictos sociales.
Mejorar la atención a las demandas ciudadanas supone un esfuerzo conjunto entre autoridades y ciudadanía, pero más de los primeros que se ven comprometidos por la insignia del cambio a ser realmente efectivos en la respuesta a dar. Por su parte, la ciudadanía debe prestar vigilancia y auditoría social permanente al estado, a fin de garantizar esas respuestas. Por otro lado, la promoción de medios de comunicación más abiertos y accesibles para el público también entran en estas necesidades, de modo que la protesta deje paulatinamente de ser el recurso preferencial para entrar en agenda pública.
A estas alturas, quien perdió su día de trabajo o tuvo que suspender compromisos importantes por una manifestación o corte de ruta se está preguntando ¿y entonces, qué propone respecto mi problema, que es el problema de miles de personas que sufrieron las consecuencias de esos conflictos? Pues negociación y adaptación a las contingencias por parte de las autoridades (búsqueda y proporción de alternativas a la situación más inmediata: liberar carriles, retiro pactado a cierta hora o una vez se contacten con autoridades demandadas) y el uso de la fuerza como último recurso ante situaciones de disturbios.
De la misma manera, el jurista señala los peligros de la manipulación de la relación conflictiva entre los derechos a protestar y los derechos de los afectados por dichas el ejercicio de aquel derecho. Según el autor citado, este no es el conflicto principal. Considerarlo de esa forma es contraponer actores que originalmente no son partes en conflicto. Regularmente, las protestas suelen reinvindicar unas demandas específicas al estado, los protestantes se encuentran en una situación conflictiva respecto de las acciones u omisiones estatales y no en contra de terceros, aún y cuando éstos se vean afectados de alguna manera por dicho conflicto, pero ello, en cierta medida, es incontrolable.
La protesta social, particularmente la realizada en ejercicio del derecho de reunión y expresión a través de concentraciones, marchas o cortes de rutas son medidas de presión para llamar la atención sobre las demandas planteadas. En el pasado, se acusaba a quienes usaban estos métodos de ser grupos de fachada manipulados por partidos o grupos opositores al gobierno. En el presente, se sugiere algo similar, aunque no expresamente.
Lo más raro de todo es que sectores de derecha, sigan acusando a la izquierda -ahora gobernante- de tales acciones, argumentando que las protestas son muestra de la división existente entre el Presidente y su partido. Otros señalan el surgimiento de nuevos liderazgos políticos que buscan protagonismo.
Independientemente de lo anterior, no es prudente descalificar una demanda probablemente legítima por la existencia de segundas o terceras agendas tras de ella. Lo más sano es escuchar y constatar la existencia y dimensión de los problemas y sus actores, antes que descartarlos. Ello no implica tampoco ser ingenuo frente a esas realidades de manipuleo o aprovechamiento de ciertos líderes que utilizan el chantaje como moneda de cambio. Solamente un manejo transparente del conflicto puede poner ante los ojos del público las verdaderas razones en discusión.
Ante la frecuencia de este tipo de actividades, se promueve por algunos formadores de opinión el uso de la fuerza para el restablecimiento del orden y se critica a la policía por no hacerlo oportundamente, el argumento tras de esta posición radica en la afectación que se hace a terceros, el cual, es un argumento sensible en tanto, miles de personas sufren descuentos de sus salarios o pérdidas mayores según sea la actividad que vean frustrada.
Sin embargo, el uso de la fuerza en estas situaciones es la forma más brutal de descalificación de esas peticiones. Se debe usar la fuerza para el restablecimiento del orden pero bajo parametros normativos claros y en situaciones extremas, no debe ser una acción inmediata que anule la vigencia del derecho a la protesta.
Pero la pregunta que deberíamos formularnos es ¿Por qué la gente protesta? Bueno, básicamente porque tiene demandas insatisfechas frente al gobierno, pero entonces ¿esta es la única forma de hacer efectivas las demandas? No es la única, pero parece una efectiva y eso estimula su uso y abuso, aunque a veces, también uno extraña la falta de creatividad.
Hay que sumar un elemento adicional: por sus antecedentes, la izquierda ahora gobernante ha sido defensora de la protesta social y ésta ha sido un instrumento de muchas de sus acciones políticas, entonces ¿sería coherente que un usuario y defensor de este recurso, lo niegue a otros y opte por descalificaciones políticas o al uso de la fuerza? No, no lo es y puede ser aprovechado como un punto débil en el contexto de la presión y negociación por quienes plantean demandas, así como también como una provocación de detractores políticos para hacer que las autoridades "se ensucien las manos" reprimiendo y restarles autoridad moral.
Pero de momento solo hemos respondido parcialmente la cuestión de por qué la gente protesta. Una visión más sistémica e histórica puede darnos otro elemento a considerar: la ausencia de canales efectivos de entrada de esas demandas al sistema político así como el desuso de las pocas existentes, sumada a la percepción o experiencia (negativa) respecto de la capacidad de respuesta estatal en un contexto de debilidad institucional. Esto aparece como una cuestión fundamental y central.
El tratamiento de este problema pasa por la revisión y mejora de los canales y mecanismos de gestión de demandas y conflictos, así como la promoción de esos mecanismos oficiales. No es aceptable en este contexto que la primera instancia de negociación sobre el conflicto sea la policía. En Perú, por ejemplo, durante la gestión del ministro Gino Costa, se crearon comisiones especiales de alto nivel para la negociación de conflictos, que se constituyeron en instancias de reacción inmediata para desentrampar de manera rápida conflictos sociales.
Mejorar la atención a las demandas ciudadanas supone un esfuerzo conjunto entre autoridades y ciudadanía, pero más de los primeros que se ven comprometidos por la insignia del cambio a ser realmente efectivos en la respuesta a dar. Por su parte, la ciudadanía debe prestar vigilancia y auditoría social permanente al estado, a fin de garantizar esas respuestas. Por otro lado, la promoción de medios de comunicación más abiertos y accesibles para el público también entran en estas necesidades, de modo que la protesta deje paulatinamente de ser el recurso preferencial para entrar en agenda pública.
A estas alturas, quien perdió su día de trabajo o tuvo que suspender compromisos importantes por una manifestación o corte de ruta se está preguntando ¿y entonces, qué propone respecto mi problema, que es el problema de miles de personas que sufrieron las consecuencias de esos conflictos? Pues negociación y adaptación a las contingencias por parte de las autoridades (búsqueda y proporción de alternativas a la situación más inmediata: liberar carriles, retiro pactado a cierta hora o una vez se contacten con autoridades demandadas) y el uso de la fuerza como último recurso ante situaciones de disturbios.
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