"Y si de justicia se trata y de encontrar las causas de nuestros males, yo creo que el nuevo gobierno no debe parar hasta encontrar la última causa que está en la injusticia social." Monseñor Oscar Arnulfo Romero, Homilía 25 de noviembre de 1979
Escribo estas líneas cuando el conteo oficial de las víctimas por las recientes lluvias provocadas por el paso del huracán Ida asciende a 124 y se estiman otros 60 desaparecidos a causa de los estragos, así como miles de damnificados que perdieron sus viviendas o bienes.
La madrugada del día 8 de noviembre, enlutó aún más a la sociedad salvadoreña. Tal como lo expuso el Presidente Funes, esta tragedia, causó más daño en El Salvador, que el huracán Mitch en 1999. Cuatro horas de lluvia bastaron para causar más daño que en aquel entonces causaron cuatro días de precipitaciones.
Una vez más los ayes de la vulnerabilidad pesan sobre el estado salvadoreño. La destrucción del ecosistema, un modelo de desarrollo destructivo, aunado a un crecimiento poblacional desordenado y mal uso del suelo, son factores que explican el gran impacto de los desastres en la vida de la población.
La exclusión de amplios segmentos poblacionales por la pobreza, el desempleo y la ausencia de políticas sociales estructuradas y amplias (llevadas a su mínima expresión por 20 años de gobiernos de signo neoliberal) contribuyen substancialmente a incrementar el impacto de los desastres naturales al arrojar a las personas necesitadas o de menores ingresos a vivir en lugares no adecuados y propensos a ser afectados seriamente por todo tipo de fenómenos naturales.
Esta tragedia, marca, dramáticamente, el ineludible desafío y compromiso que debe asumir el presente gobierno en aras de sentar las bases de un sistema de protección social que reduzca esos niveles de exclusión, así como a fomentar un modelo de desarrollo más comprometido con el ambiente.
Espero que esta dura lección cause efectos en la Asamblea Legislativa: recientemente, en el marco de la discusión sobre el proyecto de Ley Ordenamiento Territorial, pese a haber un dictamen favorable de la comisión legislativa que estudió el documento, la aprobación se vio detenida por la moción del diputado Rodolfo Parker -abogado cercano al gran capital- para evitar que la ley pueda determinar la designación de zonas protegidas o restringidas a la construcción.
Ojalá aprendamos que de seguir regateando con el ambiente, los costos se pagan con la vida, integridad y posesiones de las personas, particularmente, de las más necesitadas.
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