"La obra de la Justicia será la Paz y los frutos de la Justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Is. 32, 17"

27 de julio de 2007

FESPAD pide rechazar propuesta de reformas al Código Penal

Edgardo Amaya, coordinador del proyecto de Seguridad Pública y Justicia de FESPAD y María Silvia Guillén, directora de FESPAD.


Eduardo Toledo
Gloria Silvia Orellana
Mirna Jiménez
Redacción Diario Co Latino 26 de julio de 2007


La directora de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), María Silvia Guillén, dijo que las propuestas de reforma «son un intento de seguir politizando la vida jurídica del país” , por lo que pidió a los órganos del Estado mayor seriedad ”.

Para esta fundación las leyes: Antiterrorista y del Crimen Organizado, y los Tribunales Especiales, lo único que pretenden es crear en el país un estado de excepción permanente y que la población tenga menos libertades.

Con dichas reformas al Código Penal, en el artículo 348, lo que se pretende es trasladar de forma corregida y aumentada la Ley Antiterrorista, lo que se traduce en una pena ilegítima y con imputados sin derecho a juicio.

«Las personas no podrán gozar de medidas sustitutivas, lo cual se convierte en un escarmiento y una medida ejemplarizante para intimidar a la ciudadanía», dijo Edgardo Amaya, coordinador del proyecto de Seguridad pública y Justicia de FESPAD.

Amaya sostuvo que “las leyes del Crimen Organizado y la Antiterrorista han contribuido a crear un sistema paralelo, lo cual constituye una violación al derechos de los y las imputadas, a un juicio justo, según los estándares establecidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

Por ello FESPAD pide a la Asamblea Legislativa no aprobar las propuestas de reformas del artículo 348 del Código Penal; a la Fiscalía General de la República le pide iniciar las investigaciones por los acontecimientos de Suchitoto y los delitos que la Policía Nacional Civil cometió, y al Órgano Judicial le pide resolver las acciones constitucionales presentadas ante la Sala de lo Constitucional .

IDHUCA un desacierto más del Ejecutivo
Por su parte, Guadalupe de Espinoza, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), consideró un desacierto la petición del Ejecutivo de penalizar con diez años el “atentar” contra la paz pública.

La jurista explicó que el derecho penal es la “última” alternativa de un Estado para aplicar al “problema” que aborden, y el Ejecutivo, al realizar este cambio en el contenido o tipificación del delito quita el nivel de concreción de la ley.

“El concepto ha quedado muy ambiguo porque según conceptos del derecho penal, quitar la paz pública es un ataque gravísimo al sentimiento generalizado de la población a su seguridad y no una simple molestia por no llegar a tiempo a otro sitio”, argumentó.

Asimismo, observó contradicciones subjetivas que rayan en lo ilógico. “Si usted va por la calle y en su pasado fue víctima de la Fuerza Armada durante el conflicto armado –suponga- los ve desfilar por las principales calles y con armas, ese desasosiego provocado y temor se constituye en un delito contra usted y puede ir a la Fiscalía General de la República a interponer su denuncia, porque sería una agresión”, ejemplificó.

Según Presidente Saca se abusa de la libertad
En el marco de la celebración del Día del Periodista realizada ayer, el Presidente de la república Elías Antonio Saca afirmó que las reformas que se han presentado al pleno legislativo son para poner orden.

“Tienen por objeto preservar las libertades pero a la vez darle un marco legal a las autoridades para poder llevar a la justicia a aquellos que abusando de las libertades cierren calles, o dañan la propiedad privada”, declaró Saca.

La interrupción de consultas por impedir el paso a hospitales en huelgas es un punto al que el ejecutivo le ha puesto énfasis y piensan sancionarlo severamente.

“Aquí nadie tiene ningún problema para manifestarse, todo mundo puede ir a la calle, puede manifestarse, puede decir lo que quiera del gobierno, lo que no se puede y lo que no se vale en la democracia es destruir la propiedad privada y la propiedad país. Lo que no se vale en la democracia es impedir que los pacientes vayan a los hospitales, lo que no se vale en la democracia es impedir que se celebre una audiencia”, fueron las justificaciones de Saca.