Avanzada autoritaria

Por Edgardo A. Amaya Cóbar

La captura de catorce personas en el marco de una manifestación y el posterior procesamiento y detención preventiva contra trece de las mismas por cargos de la ley antiterrorista, es la evidencia dramática de la reconversión autoritaria de la institucionalidad salvadoreña. Constituye una confirmación contundente de lo que veníamos denunciando respecto de la Ley antiterrorista y la ley contra el Crimen Organizado: que fueron creadas para ser instrumentalizadas de acuerdo a conveniencias políticas y no para cumplir necesariamente los fines de los que dicen ocuparse, básicamente: crear un ambiente de intimidación para coartar de hecho y de derecho, la libertad de expresión y manifestación de la ciudadanía inconforme.

Sin embargo, este dato si bien, el más demostrativo en la actualidad, solo es la secuela de una serie de acontecimientos -algunos conocidos, otros no- que dan cuenta de la creciente devaluación de los derechos y libertades de la ciudadanía frente a la arbitrariedad y al poder punitivo del estado, con lo cual se da una general devaluación de la calidad de nuestra democracia.

Periódicamente hay peticiones de investigación de hechos violatorios de los derechos humanos a la Fiscalía General de la república. La respuesta es el silencio. Lo que pone en duda la voluntad de dicha institución por proteger los derechos humanos de los ciudadanos del país y de controlar los abusos de poder denunciados. No se trataría entonces, solamente de la arbitrariedad policial políticamente motivada, sino de un desinterés (¿o complicidad?) por combatir la impunidad y la arbitrariedad del poder. Por el contrario, la FGR, se muestra presta a acusar de actos de terrorismo a un grupo de manifestantes detenidos por la policía, sin revisar la actuación de ésta.

En este torcido entramado institucional, los jueces independientes y de vocación democrática han marcado la diferencia con su autoridad moral y altura profesional, frente a las visiones autoritarias y abusivas que atentan contra los derechos de los ciudadanos. Lamentablemente, parece que esta expectativa ha sido manchada. El cuestionable fallo de la jueza especializada por el cual ordenó procesar a trece de los catorce capturados, y ordenó la detención provisional de los mismos, nos hace temer la confirmación de otro de nuestros temores: la selección de jueces a la medida de las exigencias de esta avanzada autoritaria que se orienta a consolidarse, devolviéndonos a épocas previas a los Acuerdos de Paz.

Tal como lo manifestó la Comisión de la Verdad en sus recomendaciones, respecto del pasado bélico: “Se debilitó el sistema judicial en la medida en que la intimidación la apresó y se sentaron las bases para su corrupción; como este poder nunca había gozado de una verdadera independencia institucional de las ramas legislativa y ejecutiva, su ineficacia no hizo sino incrementarse hasta convertirse, por su inacción o actitud de lamentable supeditación, en factor coadyuvante de la tragedia que ha sufrido ese país (…) Para evadir todo riesgo de recaer en el status quo ante, es indispensable que El Salvador, establezca y fortalezca el correcto equilibrio de poder entre los Organos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, e instituya el pleno e indisputable control civil sobre toda fuerza militar, paramilitar, de inteligencia o de seguridad.” (negritas agregadas)

“El pueblo que olvida su historia esta condenado a repetirla”. En el contexto que se ha generado, se comete una grave omisión del pasado, dentro de las causas del conflicto se encontraban la injusticia social, la violación sistemática de los derechos fundamentales, y como correlato de estas causas, la ausencia de un poder judicial independiente y capaz de sancionar dichas violaciones y proteger a la ciudadanía de los abusos del poder. La tendencia del gobierno por liberarse de controles democráticos, entre ellos, las manifestaciones de disconformidad de la ciudadanía, puede ser un arma de doble filo al cerrar los canales de expresión de la población.