La semana pasada, el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia presentó ante la Asamblea Legislativa el anteproyecto de Código Procesal Penal que dicha cartera de Estado ha venido anunciando. El dichoso proyecto de código "salvadoreño" (saludos a los abogados Jaime Bautista de Colombia y Héctor Quiñonez de Puerto Rico) lo hemos conseguido y pueden bajarlo haciendo click aquí.
Esta medida se inserta en la sistemática práctica oficial de securitizar la justicia. Mi visión es que si un atleta saltador de obstáculos falla en superarlos, la solución no es reducir los obstáculos, sino mejorar o cambiar al atleta. Pero aqui pasa a la inversaentre el Ejecutivo y el Judicial, si aquel no logra superar los requisitos de legalidad del judicial, lo que hace es rebajarlos o devaluarlos a su gusto y medida.
Por otro lado, esta securitización de la justicia recurre al fetichismo jurídico, a la amenaza simbólica, pero no a la efectividad real. En promedio, del universo de casos que ingresan a la FGR en promedio, un 35% pasa a sede judicial. Es decir, estas propuestas de reforma legal, son hechas para ese 35% y no para el otro 65% que queda en impunidad. Por otro lado, si bien, es importante responder a los hechos delictivos, lo mejor sería evitar que estos sucedan, es decir, prevenir. En conclusión: esta iniciativa es otro despilfarro de dinero de nuestros impuestos en medidas que solo buscan redituar la decadente imagen del gobierno en materia de seguridad.
La última encuesta del IUDOP muestra cómo, desde al año 2004, la victimización de los salvadoreños y salvadoreñas por la delincuencia ha crecido de un 13.7% a un 19.4% en 2007, es decir, 5.7% de aumento, revirtiendo la tendencia al decrecimiento experimentada hasta 2004. En este reporte de encuesta también se consigna el dato de que el 66% de las víctimas no denunciaron los hechos. En conclusión, las acciones gubernamentales no han contribuido a mejorar las condiciones de seguridad de la población, las cuales se han deteriorado.
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