Grupos de exterminio. Nuevos cuentos, viejas prácticas

Por Edgardo A. Amaya Cóbar

Recientemente los medios de comunicación han colocado en sus principales espacios la noticia sobre la existencia de grupos de exterminio de presuntos delincuentes, que tendrían participación de miembros o exmiembros de la PNC en sus actividades ilícitas.

Tras la noticia, se han generado algunas hipótesis sobre las segundas o terceras intenciones de la acción de las instituciones en este caso. En primer lugar, las especulaciones han surgido cuando, al capturarse el primer sospechoso -un sargento de la PNC señalado de actividades de sicariato, detenido en flagrancia por elementos militares a instancias de familiares de una de sus víctimas- puesto que las autoridades policiales han manifestado que ya existía una investigación en contra de dicho oficial. Sin embargo, había sido mantenido en su cargo en el área de investigaciones y, de no ser por la captura en flagrancia realizada por los efectivos militares, no podríamos adivinar cual hubiese sido el futuro de la supuesta investigación.

Posteriormente, las investigaciones han develado la existencia de otros involucrados, quienes, cuando menos, habrían encubierto o favorecido la evasión de la justicia de otros involucrados. Además, el relato periodístico sugiere el patrocinio de otros actores, en particular, empresarios de la zona.

La trama es conocida. La hemos visto antes en países como Brasil, Guatemala, Honduras. En determinados momentos, en el marco de elevados niveles de violencia, gran sensación de inseguridad ciudadana e impunidad, aparecen estas iniciativas, estos altruismos perversos, supuestos justicieros que operan ante la ineficacia de la institucionalidad, quienes desde los ojos de personas asustadas y desesperadas son aprobados y hasta defendidos.

Sin embargo, el desenlace de la trama, como ha sido visto, no es feliz. Dichas actividades generalmente están mediadas por la corrupción para favorecer la comisión e impunidad de otras actividades ilícitas: homicidios, amenazas. Luego, quienes las cometen y favorecen son criminales y corruptos, no justicieros. Cuando matan a un presunto delincuente, no hacen “justicia”, solamente regulan el mercado. No es un favor.

No bastando con ello, se vuelven tan fuertes y se instalan tanto, que terminan revirtiéndose en contra de aquellos que una vez creyeron en ellos y las posibilidades de su control son mínimas porque ellos manejan los hilos de la impunidad.

La temática sobre la existencia de grupos de exterminio en El Salvador no ha sido suficientemente tratada. Las posiciones oficiales al respecto, en particular, las de la PNC han sido ambiguas, cuando no, contradictorias, como en el contexto de las investigaciones de la denominada Sombra Negra donde se señaló que mandos de la misma institución intentaron sabotear las investigaciones realizadas por el Departamento de Investigación del Crimen Organizado (DICO) Posteriormente el DICO fue desarticulado cuando realizaba investigaciones sobre la participación de elementos policiales en la ejecución de presuntos delincuentes.

Entre los años 2000 y 2006, los seguimientos periodísticos de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) han recopilado más de seiscientos casos en los que, por la forma de su ejecución relacionado con los antecedentes de la víctima (pandillero, tatuado, presunto delincuente), presencia de elementos uniformados o enmascarados, uso de logística como vehículos y armas de grueso calibre, evidencias de planificación o las características de ejecución como tiro de gracia, manos o pies amarrados, plantean la probabilidad de ser producto de acciones de grupos de exterminio. Lo anterior se viene a sumar a lo planteado por otras instituciones como la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado que ha realizado investigaciones in situ y ha constatado la existencia de dicha práctica, en algunos casos, con participación de elementos policiales. Además se debe agregar el triste precedente de la denominada Sombra Negra, que operó en San Miguel en los años 94-95 y cuya investigación y proceso judicial dejaron impunes los hechos.

En lo consiguiente, la PNC ha negado la existencia de dichas agrupaciones, en otras lo han afirmado, pero siempre habían negado la existencia de la participación de la institución en dichas actividades.

Ahora, múltiples elementos de la institución enfrentan procesos por su participación en el marco de actividades ilícitas vinculadas con sicariatos por encargo y extorsiones. Sin duda, es un hecho positivo el que las autoridades judiciales y de seguridad hayan procedido a la investigación y procesamiento de los sospechosos, independientemente de su procedencia institucional. Lo que cabe esperar es que las investigaciones profundicen sobre las redes y niveles superiores en que se articulan estas prácticas y que éstas sean impactadas por la aplicación de la justicia.

Sin embargo, lo que vemos es una respuesta a hechos consumados, es decir, reactiva y como tal, busca la individualización de responsables por hechos concretos y por esta vía, argumentar la tesis de las “manzanas podridas” que es necesario retirar para evitar la contaminación del resto. Esta verdad es solamente parcial, pues reduce los hechos a la voluntad individual de los involucrados como factor de ocurrencia, descartando la negligencia institucional en su prevención oportuna a través de mecanismos de control y seguimiento eficientes y efectivos, lo cual es una debilidad crónica de la PNC desde su fundación. Entonces, la responsabilidad ya no es exclusivamente individual sino que involucra a la institución por negligencia y omisión.