Comunicado de ex consultores PNUD

La impunidad con cifras oficiales

Entre diciembre 2006 y mayo 2007, un equipo de seis abogados y un médico forense, por contratación de PNUD, ejecutamos el proyecto “Deficiencias policiales, fiscales y judiciales en la investigación y juzgamiento causantes de impunidad”, cuyo Informe Final se hizo público por decisión del organismo internacional el 6 de junio del presente año. (Puede consultarse en http://www.elfaro.net/secciones/Noticias/20070723/informe.pdf). En esa ocasión, los resultados fueron comentados por los distinguidos profesionales René Hernández Valiente, Francisco Bertrand Galindo h. y Joaquín Samayoa, quienes destacaron el rigor metodológico, la solidez de las conclusiones y la utilidad de las recomendaciones.

Dado el objeto de la consultoría, el Informe aborda con crudeza las graves deficiencias en la investigación del delito de homicidio y el juzgamiento del delincuente origen de la impunidad. Las más relevantes deficiencias policiales y fiscales encontradas en los expedientes administrativos estudiados fueron: a) desprotección de la escena del delito; b) frecuente falta de identificación y procesamiento de huellas; c) reiterada ausencia de exámenes serológicos; d) repetida ausencia de prueba balística; e) inadecuado proceso de búsqueda, identificación y localización de testigos; f) sistema de protección de testigos inoperante; g) numerosos expedientes sin hojas de autopsia; h) falta o insuficientes inspecciones oculares e i) continuo incumplimiento policial de las instrucciones fiscales, dejando de manifiesto la descoordinación entre ambos. En los expedientes judiciales se encontró como deficiencias principales: a) insuficiente fundamentación de las resoluciones; b) inadecuada apreciación de medios de prueba; c) pasiva actitud del Juez en la búsqueda de la verdad.

El Informe estableció, además, que el 85.8 % del total de homicidios ocurridos en 2005 en los municipios de San Salvador, San Ana y San Miguel, no habían sido llevados ante los Tribunales, y que sólo el 3.8 % habían sido esclarecidos y condenados judicialmente. Utilizando las cifras oficiales del Instituto de Medicina Legal (Boletín sobre homicidios, Año 2, Nº 1, enero 2006), esos porcentajes apenas se modifican: el primero baja a 82.6 % y el segundo sube a 4.8.

El Informe plantea de manera constructiva recomendaciones que ayudarían a superar las debilidades encontradas, enfatizando en la necesidad de fortalecer la investigación científica del delito, mejorar la coordinación entre las instituciones relacionadas con la administración de justicia penal, realizar evaluaciones internas de las instituciones, promover la capacitación y motivación personal y mejorar el sistema de registros estadísticos.

El Gobierno de la República, a través de su Ministro de Seguridad Pública y de Justicia, salió al paso de manera agresiva, más interesado en ocultar los problemas que en buscar soluciones a la violencia y la impunidad que golpean al país y ahuyentan la inversión.

Impidiendo la discusión de fondo, el Ministro sostuvo que los resultados del Informe no son válidos porque los consultores somos militantes o simpatizantes de la izquierda. Después dijo que los datos de homicidios del 2005 son desfasados y no reflejan los avances recientes. Luego, que PNUD habría roto el protocolo al no mostrar el Informe al Gobierno antes de dar a conocer sus resultados. Finalmente, ha insinuado que el PNUD fue defraudado o engañado por los consultores.

Tales actuaciones no convencieron a nadie salvo a la señora Representante Residente de PNUD, quien ha decidido archivar el Informe y el tema en sus relaciones con el Gobierno, al cual el Organismo se debe, según su particular punto de vista. Ciertamente, en un país polarizado y violento como el nuestro, donde prevalece la impunidad, se oculta las deficiencias, se presentan resistencias institucionales a buscar soluciones reales al problema de la inseguridad y se alteran con facilidad los índices delincuenciales, hace falta más experiencia, visión y capacidad que la suya para conducir la asistencia internacional en materia de gobernabilidad democrática.

Por otra parte, contrariando toda dimensión ética, el Director del Instituto de Medicina Legal, IML, en declaraciones aparecidas en un periódico local, afirmó que el PNUD fue “estafado” porque las cifras de homicidios reveladas en el Informe son inexactas. Ante tales declaraciones, hemos presentado solicitudes al Director del IML y al Honorable Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Al primero para que proporcione los datos oficiales sobre homicidios y permita confrontarlos con nuestros hallazgos; a la segunda, para que ordene una auditoría en el IML, con el objeto de garantizar la transparencia en el manejo de las estadísticas sobre los delitos de esta naturaleza. Todavía no hemos recibido respuesta.

Han pasado casi cuatro meses desde que el Informe se hizo público y nadie ha presentado evidencia seria, comprobable, que contradiga nuestra investigación.

Finalmente, al tiempo que les estimulamos a profundizar en el tema, agradecemos a los rectores universitarios, académicos, intelectuales, religiosos, profesionales, editorialistas, organismos no gubernamentales, colegas, jóvenes y a la población en general, por las muestras de reconocimiento y apoyo a nuestra labor técnica, de solidaridad ante al embate del Ministro de Seguridad Pública y Justicia, y ante la inaceptable actuación de la representación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

San Salvador, 25 de septiembre de 2007

Francisco Díaz DUI 02377745-6

Sidney Blanco DUI 02484765-2