¿Quiere el gobierno abordar seriamente el problema de la inseguridad?

Por Edgardo Amaya Cóbar

Parece sorprendente pero es una respuesta difícil de contestar. Uno pensaría que el gobierno debería estar interesado en encontrar respuestas efectivas pues el fracaso de su actual política de seguridad es la caída de uno de sus fuertes electorales y un mal sabor de boca en muchos de sus votantes.

La política de seguridad no solo no pudo contener las tendencias delictivas, sino que parece haber contribuido a elevarlas, este dato se confirmaría por el elevado número de homicidios registrados, según la FGR, en 2004 registró 3,897 homicidios; en 2005 se registró una leve baja llegando la cifra a 3,781 y en 2006 se registró un nuevo incremento llegando a registrarse un total de 3,906 homicidios, superando la cifra de 2004.

Los datos sobre victimización (porcentajes de la población que se declaran víctimas de un hecho delictivo) recopilados por las encuestas del IUDOP muestran una tendencia sostenida al alza en los últimos años desde el 2004, en el que el índice de victimización fue de 13.7, que en 2005 subió a 14.8, continuó al alza en 2006 cuando llegó a 18.2 y a fines de mayo de 2007 este llego a 19.4.

No obstante lo anterior, la necesidad de cambio en la gestión de la seguridad se ve confrontada por acciones gubernamentales que indican lo contrario. Las turbias maniobras para desplazar o minimizar el impacto del trabajo de la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana que pasan desde declaraciones negativas por parte de funcionarios del actual gobierno descalificando el trabajo de ésta, hasta –como lo han revelado recientes informaciones– la constitución de equipos paralelos en el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia para elaborar estrategias paralelas y más ideológicamente cercanas al tradicional enfoque del Ejecutivo sobre la cuestión de la inseguridad.

Queda entonces evidenciado el continuismo en la gestión de la seguridad, que se gestó de origen al crear el MSPJ y nombrar como titulares de éste, a los mismos funcionarios que llevaron la política de seguridad en el Ministerio de Gobernación.

Esta acción no solo muestra la falta de lealtad a los compromisos adquiridos por el gobierno, sino que falta de claridad sobre la gestión de la inseguridad, continuamente inventa instrumentos a los que no da seguimiento. Lo único permanente es la improvisación. Las víctimas las pone la población.

Recientemente el Ministro del ramo brindó un informe dando cuenta de la supuesta reducción de delitos en el presente año –fácil decir desde que el Ejecutivo no comparte la información sobre homicidios registrados–, aparte de las sospechosa construcción del dato, lo que se puede adivinar de semejante declaración es el tácito mensaje: “vamos bien, ¿para qué cambiar?” por el cual, el ministro pretende justificar el trabajo del gobierno, de paso, justificar su permanencia en el cargo y, quién sabe si sus aspiraciones políticas futuras. Si Sarkozy ganó dando palos…

Lo revelado por las informaciones sobre este equipo paralelo es que dentro de sus líneas de trabajo estarían incluyendo la reforma integral de la legislación penal, cuestión que como hemos criticado antes, resulta más fácil para el Ejecutivo que los diputados aprueben una ley que hacer inversiones serias y enfrentar el tema de la inseguridad por los cuernos.

Además ¿Quién dice que el problema de la inseguridad es un problema solamente legal o judicial? Los datos hablan por sí solos: según un estudio de PNUD, un 86% de los homicidios no era investigado, es decir, no llegaban a sede judicial. Simplemente el sistema no tiene la capacidad de identificar sospechosos y llevarlos a la justicia, entonces ¿es este un problema de leyes o un problema de capacidad institucional? Obviamente es lo segundo y reformando la ley no cambiará esa realidad. Nadie se vuelve eficaz por decreto.

Entonces, la pregunta inicial se responde de manera negativa. Parece que el gobierno pretende seguir gestionando la inseguridad por vía legal y mediática y no a partir de la gestación seria y fundada de políticas públicas que atiendan una de las más urgentes necesidades de la población.