(Hacer clic en las imagenes para aumentarlas de tamaño)
La tabla precedente recopila datos tomados del World Prision Population List del año 2007. Como puede apreciarse, los datos de El Salvador correspondían al año 2005 y el dato de población proviene de una proyección estadística sobre la base del censo de 1992. La tasa obtenida, con dichos datos es de 174, colocándose por encima de la media latinoamericana.
El citado estudia menciona que el 61% de los países estudiados en el mundo tiene una tasa debajo de 150 personas por cada 100 mil habitantes, lo cual coloca a El Salvador, según los datos utilizados, en el 39% de países que superan esta tasa.
Sobre este punto podemos hacer algunas observaciones. Tal como lo han revelado los resultados del censo de 2007, somos menos de los que pensábamos, por lo que probablemente la población correspondiente a 2005 sería menor a la actual y, en consecuencia, la tasa de presos se elevaría respecto de esa población como una inevitable consecuencia aritmética. Dicho de otra forma, muy probablemente la tasa real de presos del año utilizado en el estudio sería mucho más alta que la presentada.
He agregado en la tabla de arriba, un dato denominado “El Salvador (a)” el cual es la ratio obtenida de la cifra de presos del mes de octubre de 2007 y el resultado del censo de población de 2007. El valor alcanzado de la operación es de 293 presos por cada 100 mil habitantes.
Luego, he agregado un segundo dato denominado “El Salvador (b)” el cual es una simulación elaborada con un dato de población penitenciaria recientemente manejado en un medio escrito teniendo como fuente a la Dirección de Centros Penales sobre la base de una cifra “redondeada” de 6 millones de habitantes. La tasa obtenida de esta simulación de 330 presos por cada 100 mil habitantes, dato que es más del doble de la media latinoamericana y supondría un aumento del 13% respecto del año 2007.
Es curioso que el listado muestra que el país supera a los considerados más violentos de la región (Guatemala, Honduras y Colombia) así como también que la pacífica Panamá tenga la proporción más alta de la región, cifra obtenida a causa de su baja población (debajo de los 4 millones) y al elevado número de personas privadas de libertad, particularmente por el abuso de la detención provisional que constituiría el 60% de su población penitenciaria (Reporte del Estado de la Justicia, CEJA) En las antípodas está el caso guatemalteco que, siendo uno de los países más violentos de la región, tiene una tasa de privados de libertad de las más bajas del mundo, donde una de las hipótesis sobre este fenómeno apunta a la ineficacia de su sistema de justicia.
Pero volviendo al caso salvadoreño, los escenarios propuestos indican un crecimiento de la tasa de privados de libertad de manera significativa en el período de un año, lo cual es una previsible del modelo de gestión de la conflictividad que hemos venido señalando: carcerización masiva, y que en el ámbito penitenciario se ha manifestado en: aumento de las penas y del tiempo efectivo en prisión; recorte o eliminación de salidas alternas en el proceso penal; recorte o eliminación de beneficios en la ejecución de la pena para ciertos delitos; la existencia de criterios de detención provisional automática (bendecidos por la Sala de lo Constitucional en abril de 2007, lo que estaría relacionado con el aumento de la población en detención preventiva desde entonces)
Este modelo de gestión de la conflictividad, tal como lo ha expuesto con harta claridad David Garlan en su libro “La Cultura del Control”, tiene en sus orígenes vinculaciones ideológicas y funcionales con la evolución del modelo neoliberal en Estados Unidos: reducción del estado de bienestar (welfare) y crecimiento del sistema penal para contener a las víctimas de la precarización del empleo y la muerte del modelo fordista de producción, lo que se tradujo en masas de nuevos desempleados e informales (underclass), sin mayores alternativas de asistencia debido al desmantelamiento de las políticas sociales.
Con estos antecedentes del modelo, las declaraciones del viceministro no dejan de tener un tono desagradable: “Personas ingresaron siendo analfabetas y ahora son bachilleres”. ¡Vaya logro!: La gente puede obtener en la cárcel la educación que el estado no pudo garantizarle oportunamente -además de que pueden permanecer mucho tiempo ahí para poder hacerlo-. Entonces ¿donde queda aquello de “educa al niño para no castigar al hombre”?
Ante el problema del hacinamiento, la alternativa tomada es la construcción de nuevas cárceles. Según la nota periodística, los cupos penitenciarios podrían aumentarse entre 8 mil y 10 mil plazas, lo cual, según la nota en referencia a lo dicho por el viceministro, solucionaría el actual problema. Para verificarlo, hay que hacer algunas cuentas: noticias recientes dicen que la población penitenciaria estaría en 19,800 internos. El cupo total de las cárceles es de aproximadamente 8 mil. Si a ello sumamos 10 mil espacios más -si tomamos la posibilidad más alta de lo que ha sido mencionado-, entonces se tendrían 18 mil cupos en total. Si sabemos de aritmética, rápidamente caeremos en la cuenta que el problema no se solucionará porque nos quedarían mil ochocientos presos por ubicar (si la población penitenciaria no creciera, lo cual es imposible en este contexto)
Sin negar que la construcción de cárceles sería necesaria para proveer de respuestas al crecimiento penitenciario, en la medida que éste debería crecer de acuerdo con la población, ello es solo una verdad parcial. No es racional ni sostenible en términos humanos, institucionales y presupuestarios, mantener este esquema de ampliación del sistema penitenciario como única alternativa.
El problema originario de la situación penitenciaria se encuentra en buena medida fuera de la cárcel y apunta hacia las opciones de política criminal adoptadas: favorecimiento de la represión antes que de la prevención social y una subpolítica penal altamente punitiva.
Mientras ésta siga siendo la opción adoptada, por muchas cárceles que existan, la conflictividad social en la que se manifiesta el delito continuará alimentando el sistema penal.
La ruptura de este esquema supone un cambio radical del enfoque estatal: la apuesta por un modelo preventivo supone por un lado, la opción por un modelo de política criminal orientado a consecuencias, es decir, que genere alternativas de tratamiento de la conflictividad para que la política criminal no cree más problemas de los que pretende solucionar. En el plano global supone la adopción de políticas redistributivas inspiradas en la inclusión de los sectores largamente excluidos y marginados de la sociedad, tanto en términos económicos y sociales como en términos políticos. Solo una perspectiva igualitarista de las políticas públicas contribuiría a una reducción real de la conflictividad social.
Cucharada de su propia medicina. Al gobierno que tanto le gusta presumir de cifras, estas no le hacen ningún favor. Lo más importante es el asunto de fondo que está detrás de estas cifras, la mentalidad hiper-punitiva del actual gobierno.
ResponderEliminar