Martes, 16 de Septiembre de 2008 / Diario CoLatino
La inminente aprobación del Código Procesal Penal
Jaime Martínez VenturaAbogado*
Gracias a la labor de los medios de comunicación y no por el cumplimiento de la obligación constitucional que tienen las instituciones y funcionarios de gobierno, de realizar sus actos de manera pública y transparente, la población en general ha tenido cierto conocimiento que desde el año pasado y en el transcurso de éste, el Gobierno actual, a través del Ministerio de Seguridad y otras instituciones relacionadas con la justicia, han venido impulsando la aprobación de lo que ellos denominan un nuevo código procesal penal, como parte de la insistente y fracasada política criminal primordialmente punitiva, ante la grave situación de criminalidad y violencia que aqueja al país.
Gracias a la labor de los medios y de los diversos análisis y eventos realizados por un amplio número de instituciones y organizaciones de todo tipo como Facultades de Derecho de prestigiosas universidades, entre ellas la Universidad de El Salvador y la Universidad Evangélica, las asociaciones de abogados, institutos de investigación jurídica, organizaciones de derechos humanos, y otras que se pronunciaron en contra de esa propuesta legislativa, trascendió al conocimiento público que ese proyecto adolece de una serie de defectos técnicos jurídicos, atenta contra garantías constitucionales del debido proceso penal, atenta contra el espíritu y letra de los Acuerdos de Paz y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.
Más grave aun, pretende convertir a la Fiscalía General de la República, en el amo y señor del proceso penal, al trasladarle funciones que por esencia pertenecen a los Jueces, con lo que se atenta contra los principios republicanos de separación de poderes y del papel de los jueces como garantes de la Constitución y de los derechos humanos.
Debido a ese amplio rechazo, la Asamblea Legislativa, desarrolló un seminario taller sobre el mencionado Proyecto, en un hotel capitalino los días 20 y 21 de mayo de 2008, en el cual los participantes por unanimidad recomendaron que dicho proyecto no fuera aprobado y se enviara al archivo, por las razones que fueron expuestas.
Ante este resultado, los diputados(as) se vieron obligados a detener el proceso de discusión y decidieron integran una Comisión Ad Hoc, con representación de un diputado por cada fracción legislativa. Esta comisión, a su vez nombró a una “Comisión Técnica”, conformada por un grupo de juristas destacados pero que no representan totalmente el pluralismo del pensamiento jurídico del país, para revisar el proyecto indicado o para la elaborar otra propuesta que superara las observaciones realizadas.
Durante los días posteriores se tuvo conocimiento que la referida “Comisión Técnica”, funcionó con total hermetismo y con injerencia de personajes vinculados a la contrarreforma penal macro-penalista y autoritaria que también estuvieron vinculados en la elaboración del Proyecto rechazado por la comunidad jurídica. Ahora, tres meses después, dicha “Comisión Técnica”, presentó un supuesto nuevo proyecto al que denominan “Proyecto Alternativo del Código Procesal Penal”, el cual ha sido analizado y discutido por los diputados integrantes de la Comisión Ad Hoc, en reuniones realizadas los días jueves 11, viernes 12, jueves 18 y viernes 12 de septiembre, en el Hotel Alicante de la localidad de Apaneca.
Ese llamado “Proyecto Alternativo”, aparentemente es mejor que el anterior, porque se ha presentado como una propuesta que se basa en el Código Procesal Penal actual, que busca equilibrar la eficiencia penal con las garantías de las personas imputadas; con arraigo en nuestra idiosincrasia jurídica, sin costos de capacitación por tratarse de un proceso ya conocido, y sin necesidad de romper con toda la estructura del proceso penal actual. Sin embargo, lo que no se dice claramente es que como el supuesto “Proyecto Alternativo” está basado en el actual Código Procesal Penal, ha heredado los gravísimos defectos de su predecesor, siendo el más preocupante, las más de 200 reformas que le fueron incluidos mediante 19 decretos de reforma aprobadas entre 1998 y 2007.
En pocas palabras, no es realmente una propuesta alternativa en el sentido de ser algo distinto a la legislación anterior, sino más bien es un proyecto que de ser aprobado vendría a sistematizar y a legitimar todo el proceso de contrarreforma autoritaria con que fue desnaturalizado el Código Procesal Penal vigente desde marzo de 1998.
Lo más preocupante es que se ha tenido conocimiento que los partidos políticos de derecha con representación en la Asamblea Legislativa, haciendo uso de sus conocidos métodos autoritarios de imponer la aritmética política contra toda razón, dado que sus votos suman mayoría simple, suficiente para la aprobación de leyes secundarias, desde hace varias semanas habían tomado la decisión a espaldas del pueblo, de proceder a la aprobación del proyecto de Código Procesal Penal, haciendo caso omiso de las observaciones y recomendaciones de las diferentes organizaciones e instituciones que participamos en los espacios de consulta y, por lo tanto, el nombramiento de la mencionada “Comisión Técnica”, fue sólo una táctica encubridora de sus verdaderas intenciones.
Todo parece indicar, como lo comentó el amigo Magistrado Eliseo Ortíz en una de las reuniones de análisis de este supuesto “Proyecto Alternativo”, que como la primera propuesta de nuevo Código Procesal Penal era un monstruo impresentable, un Frankenstein que causaba horror con sólo mirarlo, ahora se nos presenta una versión amigable, una especie de Drácula de modales finos y bien vestido pero que en el fondo también es un monstruo que terminará chupando la sangre de la poca justicia que tenemos.
* Miembro del Consejo Latinoamericano del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, INECIP. Secretario de la Asociación de Abogados Democráticos de El Salvador. Miembro del movimiento “Unidad de Abogados por la Justicia y la Democracia, UNAJUD”, y miembro de la “Mesa Justicia Penal y Estado de Derecho”.
Gracias a la labor de los medios y de los diversos análisis y eventos realizados por un amplio número de instituciones y organizaciones de todo tipo como Facultades de Derecho de prestigiosas universidades, entre ellas la Universidad de El Salvador y la Universidad Evangélica, las asociaciones de abogados, institutos de investigación jurídica, organizaciones de derechos humanos, y otras que se pronunciaron en contra de esa propuesta legislativa, trascendió al conocimiento público que ese proyecto adolece de una serie de defectos técnicos jurídicos, atenta contra garantías constitucionales del debido proceso penal, atenta contra el espíritu y letra de los Acuerdos de Paz y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.
Más grave aun, pretende convertir a la Fiscalía General de la República, en el amo y señor del proceso penal, al trasladarle funciones que por esencia pertenecen a los Jueces, con lo que se atenta contra los principios republicanos de separación de poderes y del papel de los jueces como garantes de la Constitución y de los derechos humanos.
Debido a ese amplio rechazo, la Asamblea Legislativa, desarrolló un seminario taller sobre el mencionado Proyecto, en un hotel capitalino los días 20 y 21 de mayo de 2008, en el cual los participantes por unanimidad recomendaron que dicho proyecto no fuera aprobado y se enviara al archivo, por las razones que fueron expuestas.
Ante este resultado, los diputados(as) se vieron obligados a detener el proceso de discusión y decidieron integran una Comisión Ad Hoc, con representación de un diputado por cada fracción legislativa. Esta comisión, a su vez nombró a una “Comisión Técnica”, conformada por un grupo de juristas destacados pero que no representan totalmente el pluralismo del pensamiento jurídico del país, para revisar el proyecto indicado o para la elaborar otra propuesta que superara las observaciones realizadas.
Durante los días posteriores se tuvo conocimiento que la referida “Comisión Técnica”, funcionó con total hermetismo y con injerencia de personajes vinculados a la contrarreforma penal macro-penalista y autoritaria que también estuvieron vinculados en la elaboración del Proyecto rechazado por la comunidad jurídica. Ahora, tres meses después, dicha “Comisión Técnica”, presentó un supuesto nuevo proyecto al que denominan “Proyecto Alternativo del Código Procesal Penal”, el cual ha sido analizado y discutido por los diputados integrantes de la Comisión Ad Hoc, en reuniones realizadas los días jueves 11, viernes 12, jueves 18 y viernes 12 de septiembre, en el Hotel Alicante de la localidad de Apaneca.
Ese llamado “Proyecto Alternativo”, aparentemente es mejor que el anterior, porque se ha presentado como una propuesta que se basa en el Código Procesal Penal actual, que busca equilibrar la eficiencia penal con las garantías de las personas imputadas; con arraigo en nuestra idiosincrasia jurídica, sin costos de capacitación por tratarse de un proceso ya conocido, y sin necesidad de romper con toda la estructura del proceso penal actual. Sin embargo, lo que no se dice claramente es que como el supuesto “Proyecto Alternativo” está basado en el actual Código Procesal Penal, ha heredado los gravísimos defectos de su predecesor, siendo el más preocupante, las más de 200 reformas que le fueron incluidos mediante 19 decretos de reforma aprobadas entre 1998 y 2007.
En pocas palabras, no es realmente una propuesta alternativa en el sentido de ser algo distinto a la legislación anterior, sino más bien es un proyecto que de ser aprobado vendría a sistematizar y a legitimar todo el proceso de contrarreforma autoritaria con que fue desnaturalizado el Código Procesal Penal vigente desde marzo de 1998.
Lo más preocupante es que se ha tenido conocimiento que los partidos políticos de derecha con representación en la Asamblea Legislativa, haciendo uso de sus conocidos métodos autoritarios de imponer la aritmética política contra toda razón, dado que sus votos suman mayoría simple, suficiente para la aprobación de leyes secundarias, desde hace varias semanas habían tomado la decisión a espaldas del pueblo, de proceder a la aprobación del proyecto de Código Procesal Penal, haciendo caso omiso de las observaciones y recomendaciones de las diferentes organizaciones e instituciones que participamos en los espacios de consulta y, por lo tanto, el nombramiento de la mencionada “Comisión Técnica”, fue sólo una táctica encubridora de sus verdaderas intenciones.
Todo parece indicar, como lo comentó el amigo Magistrado Eliseo Ortíz en una de las reuniones de análisis de este supuesto “Proyecto Alternativo”, que como la primera propuesta de nuevo Código Procesal Penal era un monstruo impresentable, un Frankenstein que causaba horror con sólo mirarlo, ahora se nos presenta una versión amigable, una especie de Drácula de modales finos y bien vestido pero que en el fondo también es un monstruo que terminará chupando la sangre de la poca justicia que tenemos.
* Miembro del Consejo Latinoamericano del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, INECIP. Secretario de la Asociación de Abogados Democráticos de El Salvador. Miembro del movimiento “Unidad de Abogados por la Justicia y la Democracia, UNAJUD”, y miembro de la “Mesa Justicia Penal y Estado de Derecho”.
Un saudoa la comunidad juridica en general, Soy un estudiante que actalmente realizo miproceso de grado sobre esta propuestda de codigo procesal penal. Me parese que con esta nueva propuesta ("Codigo Alternativo") ya se tiene una esperanza de que tal propuesta este mas apegada a derecho , comparada con la que ha existido , que contiene claras violaciones a Derechos fundamentales, mas bien creo que los que elaboraron esta propuesta ni se acordaron que existian, almenos en este nuevo tiraje de proyecto esperamos ya no tener al super mostro poderoso y facultado de todo poder, si no que sea una propuesa coherente a la realidad practica del proceso penal, y que esto no se vuelva un circo. Como dije, realizo mi tesis sobre este proyecto de codigo procesal penal, con esta investigacion tratamos de colocar anteojos a la comunidad en general. Muchas gracias
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