Perdonen la falta de continuidad a esta saga. Lo cierto es que de un momento a estos días, todo el mundo calló, o al menos, se replegó (por ambos bandos) del debate, dado que la campaña política preelectoral se ha comido la agenda mediática. Lo cual, si bien para algunos esto es un respiro, para otros es la oportunidad de replantearse estratégicamente. Pues bien, en la Asamblea Legislativas, cansados de tanta crítica al proyecto, nombraron una comisión especial de reconocidos juristas orientada a replantear y enderzar el polémico proyecto legislativo y hacerlo más potable.
Conozco a algunos miembros de dicha comisión, pero me reservo sus identidades, dado que ésta no ha trascendido oficialmente. Mal haría en exponerlos por otras vías. Lo que sí puedo decir es que de un par de ellos, me constan sus elevadas credenciales académicas en el ámbito de las ciencias penales, además de que alguno de ellos fuera uno de los principales interlocutores desde el lado crítico al proyecto.
Fuera de lo anterior, lo que uno ve es que siempre el asunto va en secreto. Nadie sabe, nadie supo. Es decir, a pesar de que incluir opiniones calificadas y especializadas es un aspecto que contribuye a una mejora de la propuesta legislativa, la forma secreta de su realización solo legitima el esquema de cómo hasta ahora se ha manejado este delicado tema.
El asunto de fondo no se ha tocado: la necesaria publicidad de este proceso hacia la comunidad jurídica y hacia la sociedad en general, para una correcta determinación de necesidades a solventar y alcances a cubrir, no solo en el aspecto legal, sino en el conjunto del sistema penal. Sin esta participación, las decisiones seguirán siendo imposiciones de agendas que no necesariamente son compatibles con los verdaderos problemas de la justicia penal ni con la agenda del público, lo cual le resta legitimidad y credibilidad.
El viceministro Astor Escalante, ha manifestado en diferentes foros donde se ha discutido esta iniciativa que este proyecto ha sido más discutido que los proyectos de legislación penal ahora vigente. Si bien, él se basa en el dato de que existe un mayor nivel técnico de discusión entre los operadores de justicia -que no se daba hace más de diez años- las circuntancias son muy distintas y poco comparables. Omite mencionar que el proceso de difusión de los anteproyectos y proyectos llevaron cerca de cuatro años, en los cuales, el Ejecutivo imprimió y distribuyó la iniciativa a la comunidad jurídica para su conocimiento. Ahora, es la comunidad jurídica la que discute y reclama participación, mientras que las entidades oficiales se encierran en el secretismo.
Bueno, según me cuentan, es tarde para la participación. Si mis fuentes no me fallan, el proyecto de Código Procesal Penal será aprobado probablemente en la primera quincena del mes de septiembre. Otro madrugón.
Bueno, esta larga lamentación es para anunciarles que ponemos a su disposición una reciente versión del Proyecto de Código Procesal Penal correspondiente a la primera semana se septiembre de 2008.
Conozco a algunos miembros de dicha comisión, pero me reservo sus identidades, dado que ésta no ha trascendido oficialmente. Mal haría en exponerlos por otras vías. Lo que sí puedo decir es que de un par de ellos, me constan sus elevadas credenciales académicas en el ámbito de las ciencias penales, además de que alguno de ellos fuera uno de los principales interlocutores desde el lado crítico al proyecto.
Fuera de lo anterior, lo que uno ve es que siempre el asunto va en secreto. Nadie sabe, nadie supo. Es decir, a pesar de que incluir opiniones calificadas y especializadas es un aspecto que contribuye a una mejora de la propuesta legislativa, la forma secreta de su realización solo legitima el esquema de cómo hasta ahora se ha manejado este delicado tema.
El asunto de fondo no se ha tocado: la necesaria publicidad de este proceso hacia la comunidad jurídica y hacia la sociedad en general, para una correcta determinación de necesidades a solventar y alcances a cubrir, no solo en el aspecto legal, sino en el conjunto del sistema penal. Sin esta participación, las decisiones seguirán siendo imposiciones de agendas que no necesariamente son compatibles con los verdaderos problemas de la justicia penal ni con la agenda del público, lo cual le resta legitimidad y credibilidad.
El viceministro Astor Escalante, ha manifestado en diferentes foros donde se ha discutido esta iniciativa que este proyecto ha sido más discutido que los proyectos de legislación penal ahora vigente. Si bien, él se basa en el dato de que existe un mayor nivel técnico de discusión entre los operadores de justicia -que no se daba hace más de diez años- las circuntancias son muy distintas y poco comparables. Omite mencionar que el proceso de difusión de los anteproyectos y proyectos llevaron cerca de cuatro años, en los cuales, el Ejecutivo imprimió y distribuyó la iniciativa a la comunidad jurídica para su conocimiento. Ahora, es la comunidad jurídica la que discute y reclama participación, mientras que las entidades oficiales se encierran en el secretismo.
Bueno, según me cuentan, es tarde para la participación. Si mis fuentes no me fallan, el proyecto de Código Procesal Penal será aprobado probablemente en la primera quincena del mes de septiembre. Otro madrugón.
Bueno, esta larga lamentación es para anunciarles que ponemos a su disposición una reciente versión del Proyecto de Código Procesal Penal correspondiente a la primera semana se septiembre de 2008.
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