(Paréntesis)

Abro un paréntesis antes de continuar comentando el debate sobre el Proyecto de Código Procesal Penal.

El Lunes pasado, el períodico digital El Faro, publicó un impactante reportaje intitulado: Los testigos falsos de la Fiscalía, elaborado por Daniel Valencia. A quienes no lo vieron, les recomiendo que lo lean, es impresionante.

A raíz de tal reportaje, escribí unas palabras como lector del mencionado períodico, las que transcribo a continuación:

En primer lugar, felicitaciones por tan valiente reportaje. Lo que cuenta Daniel Valencia es indignante y escandaloso. Tal como ha sido planteado ¿cuantas personas han sufrido detención provisional o hasta sentencias condenatorias con dichas practicas ilícitas? En un país decente los fiscales y policías involucrados serían objeto de investigación y proceso penal, además de las responsabilidades administrativas correspondientes. Las personas afectadas injustamente podrían reclamar una indemnización y el Fiscal General –que admite saber de la práctica- sería retirado de su cargo. Pero tal como son las cosas en El Salvador, uno no puede esperar mucho de las instituciones si miembros de partidos políticos las presiden y son cubiertos desde el congreso por los mismos partidos a los que pertenecen.

Hace algunos meses algún medio hacía escándalo por la exigencia de ciertos tribunales de develar la identidad de los testigos protegidos, para que estos mostraran su rostro en la audiencia, acusando a los juzgadores de ser los culpables indirectos de la muerte o peligro posterior sufrida por los testigos delatados. El reportaje de El Faro muestra las irregularidades que podrían cometerse y que comprometen seriamente la justicia y la verdad, así como la libertad de imputados bajo acusaciones y testimonios falsos.

Un testigo corre riesgo porque si presenció realmente hechos o sabe cosas, los verdaderos delincuentes intentarán evitar que declare ante las autoridades. Un testigo falso corre riesgo por prestarse a dar declaraciones falsas por dos circunstancias: porque los verdaderos delincuentes al atentar contra él, fortalecen su calidad, desviando así la atención de los verdaderos móviles y circunstancias o, por otro lado, puede correr peligro como producto de una venganza privada de quienes se ven afectados por sus declaraciones ilegítimas.

Estas prácticas son productos concomitantes de la entrega de facultades extraordinarias a los fiscales y policías y de la falta de controles establecidos sobre estos, esquema que el proyecto de Código Procesal Penal busca ampliar y profundizar. El reportaje es una seria advertencia de lo que sería un proceso penal sin control, tal como ha sido propuesto y se discute ahora en la Asamblea.

Finalmente: unas preguntitas ¿En qué consistían las coacciones a los testigos forzados? ¿Se tranza la impunidad de ciertos hechos a cambio de testimonios? ¿Se les amenaza con involucrarlos en otros delitos? ¿Eran imputados “criteriados” en otros procesos?

Edgardo Amaya

Tanto esta nota, como muchas otras reacciones por el reportaje han sido publicadas en la edición de esta semana. Las puede ver haciendo clic aquí.