"La obra de la Justicia será la Paz y los frutos de la Justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Is. 32, 17"

6 de enero de 2007

Lo bueno, lo malo y lo feo de 2006

A continuación, presento una selección, arbitraria, sobre lo que creo que fue lo más importante de 2006. No es una lista exhaustiva, sino, una valoración más genérica, que queda a disposición de ustedes discutirla.

Lo bueno
Dentro de los aspectos positivos del 2006 en materia de seguridad y justicia penal podemos encontrar una mayor presencia de voces que abordan, proponen y ejecutan visiones alternativas para el tratamiento y abordaje de la violencia y la criminalidad, tales como las iniciativas de control de armas en el nivel municipal, el empoderamiento de los gobiernos locales sobre temas de seguridad y la toma de conciencia de grupos vinculados a la élites (Ej. FUSADES) sobre el fracaso y la necesidad de enfoques alternativos. El Faro y La Prensa Gráfica lideraron esta visión, lo que en alguna medida coadyuvó a impulsar la iniciativa de Medios por una cultura de paz. Sin ser excesivamente optimista sobre el destino y frutos de esta iniciativa, fue un paso significativo, un mea culpa tácito por la centralidad otorgada a la violencia en el ambiente mediático salvadoreño.

A pesar de lo polémico de la siguiente afirmación, creo que el discurso del embajador de los Estados Unidos en el mes de octubre, llamando a las autoridades nacionales a asumir un mayor compromiso en el trabajo en contra de la violencia y la criminalidad, marcó un punto de inflexión en el debate sobre la política de seguridad, pues desnudó el dato de la ausencia de una política gubernamental seria y estructurada frente a la problemática, y fue más allá, señalando aspectos claves como el déficit de financiación de esta y la necesidad de que los ciudadanos y los empresarios paguen los impuestos.

En esta coyuntura, presionado por el peso de las criticas, el gobierno creó la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y Paz social, una entidad plural (a pesar de lo arbitrario de sus criterios de selección) creada como entidad asesora del Presidente, mismo que se comprometió a dar seguimiento a las recomendaciones de ella emanada. Aunque el compromiso gubernamental frente a esta ha sido ambiguo. la Comisión ha sabido mantener su autonomía y lograr cierto nivel de fuerza moral en sus posiciones, con la que ha logrado mantener firmes sus propuestas a pesar de las resistencias políticas. De esta forma se logró impulsar una reforma en sede legislativa de la ley de armas de cara a incrementar el nivel de control sobre las armas circulando en espacios públicos, un paso insuficiente en sus alcances, pero un avance respecto de la cerrazón de la derecha política y del gobierno en este tema. (El 4 de enero de 2007, fecha que escapa a este análisis, el Presidente devolvió el decreto legislativo con observaciones que modifican lo aprobado por los diputados, por lo que la vigencia del decreto aún está pendiente)

La creación de un Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, con todos los matices que puedan plantearse, es un aspecto positivo, pues la dimensión del problema de la inseguridad siempre necesitó de una agencia política específica que lo atendiese. La iniciativa es positiva, a pesar de las consideraciones que haremos más adelante.

Lo malo
Pese a las crecientes críticas, incluso de sectores afines como la ANEP, el gobierno se mantuvo la mayor parte del 2006 apegado al esquema político criminal con que venía abordando el fenómeno de la violencia y criminalidad: fetichismo jurídico, endurecimiento penal, militarización de la seguridad pública, por los cuales impulsó modificaciones al régimen penitenciario para quitar el control judicial y para endurecer las condiciones de los internos, lo cual ha contribuido a incrementar los niveles de conflictividad interna de los penales y la presión de los familiares de los privados de libertad y en el transcurso de 2006 también se evidenció la existencia de corrupción en el sistema penitenciario y el débil control sobre las actividades ilegales que los internos realizan. (Al momento que escribo esto, las noticias dan cuenta de un amotinamiento penitenciario que inició el día viernes 4 de enero y que habría cobrado la vida de 21 internos del Centro Penal de Apanteos, Santa Ana)

Incluso, a pesar de plantear y asumir, al menos discursivamente, la necesidad de un cambio de estrategia, el gobierno continuó impulsando apuestas por reformas legales tales como la tristemente celebre Ley contra el crimen organizado y delitos de realización compleja y ha intentado manipular a la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y Paz Social, en dichas apuestas o utilizarla solo como una fachada del supuesto cambio, pero sin un compromiso real hacia ésta.

En la misma línea, a pesar de lo positivo de revivir el ministerio de Seguridad Pública y Justicia, nuevamente esta iniciativa surgió marcada por el continuismo al nombrar como titulares a quienes desde el ministerio de Gobernación atendieron el tema y fracasaron.

La Policía Nacional Civil, siguió en un proceso de deterioro en el marco de su crisis de “baja intensidad”, a lo largo del año, la prensa escrita reveló la crisis presupuestaria y de personal que sufre la institución, con un déficit de aproximadamente 6 mil miembros para poder dar cobertura territorial eficiente. Paralelamente, la prensa destacó múltiples hechos delictivos de gravedad que involucraron a agentes de la PNC.

En el ámbito de la justicia, destacan, como en otros años, la distribución partidocrática de importantes cargos de elección de segundo grado como la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República y la Procuraduría General de la República. En el que se destacó el nombramiento de un miembro del partido en el gobierno como Fiscal General de la República.

La Corte Suprema de Justicia, luego de un procedimiento irregular y no establecido legalmente, resolvió recortar las facultades de la Sección de Probidad, luego que esta presentara observaciones a las declaraciones patrimoniales de importantes figuras del gobierno pasado, incluido el expresidente Flores. La CSJ, recortó las facultades de investigación de la Sección de Probidad y posteriormente declaró que en los casos investigados no tenían irregularidades. El magistrado René Fortín Magaña, solicitó al Fiscal General la impugnación de la reforma de las facultades de la Sección de Probidad, apelando a su carácter de guardián de la legalidad, la petición no fue resuelta favorablemente por el recién nombrado Fiscal General.

Los jueces continuaron siendo objeto de presiones mediáticas y gubernamentales no solamente discursivas, sino que se han ampliado al seguimiento de juzgadores y sus actividades. En esta línea parecerían adscribirse los intentos por llevar a antejuicio o separar del caso a un magistrado de Cámara que conocerá el sonado caso del diputado Silva, acusado de actos de corrupción.

Lo feo
Nuevamente el cierre de año viene salpicado por un nuevo incremento en la cifra de homicidios (3,906 homicidios, un incremento de 3.36% respecto 2005) mismo que se ha visto acompañado por un incremento en las cifras de victimización, según la última encuesta del IUDOP.

Los hechos del 5 de julio de 2006, en los que en el marco de la confrontación entre manifestantes y la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), se suscitará un ataque armado en contra del contingente policial que dejó dos policías muertos y otros nueve heridos, fue sin duda un momento de gran tensión política y de fuertes enfrentamientos entre las principales fuerzas políticas del país, el gobierno acusó y responsabilizó al FMLN de los atentados, todo ello en medio de una serie de teorías conspirativas, entre ellas algunas poco creíbles como las del autoatentado, en su momento sugerida por el FMLN y la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, aunque posteriormente, el FMLN, cambiara su posición y condenara los hechos, achacándolos a grupos fanáticos.

La tesis del autoatentado, tendría a su base, el interés de sus patrocinadores en explotarlo al máximo para lograr un tensionamiento entre las extremas y un recrudecimiento de la polarización a niveles de ingobernabilidad (ilegalización del FMLN, persecución política, estado de excepción) lo cual no sucedió. Afortunadamente los ánimos fueron bajando paulatinamente, no sin algunas consecuencias negativas como el impulso dado al proyecto de Ley Antiterrorista, que fuera aprobada en octubre y que podría convertirse en un instrumento de control de la conflictividad social. Es decir, la consecuencia de los hechos del 5 de julio lo que hace es mermar el derecho de quienes legítimamente tienen algo que decir y pedir, que ahora pasaran a ser sospechosos permanentes.

Sin embargo, los resultados de las investigaciones no resolvieron algunas dudas, como el hecho que un empleado universitario que no participaba en los acontecimientos y que se encontraba a una distancia relativamente lejana de los hechos, resultara herido. O que el director de la PNC hablara de que la zona fue sobrevolada por un helicóptero y posteriormente se aceptara que fueron dos unidades aéreas. O cuál fue la misión que cumplían los miembros del Grupo de Reacción Policial (GRP) apostados en la azotea de un edificio cercano el día de los hechos.

A pesar de los usos interesados que han generado los acontecimientos, seré ingenuo pero creo que donde más teorías conspirativas hay lo más cierto es lo más evidente, y personalmente creo que existen grupos radicales fanáticos que tienen una opción violenta y los acontecimientos se explican desde ahí.

Con menor presencia en los medios, otros hechos graves tuvieron lugar en 2006 tales como la comisión de ejecuciones sumarias que estarían siendo realizadas por grupos de exterminio, tesis planteada desde hace mucho tiempo por organismos de derechos humanos como Tutela Legal del Arzobispado, FESPAD y también por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

En este contexto de ejecuciones también se registraron hechos que tendrían como trasfondo motivaciones políticas, tales como la tortura y el asesinato de los padres de una exlocutora de la otrora guerrillera Radio Venceremos y actual activista del FMLN, o el asesinato de una pareja de pastores luteranos, ambos miembros del FMLN, sin que hasta el momento existan resultados conocidos de las investigaciones de estos hechos que por sus antecedentes hacen obligatoria la hipótesis de la presencia de un retorno de la violencia política.