Crisis penitenciaria: la bomba estalló (otra vez)

Por Edgardo A. Amaya Cóbar

Nuevamente la crisis del sistema penitenciario ha tomado por asalto las principales páginas y espacios de atención mediática y del público. El amotinamiento del pasado fin de semana (4-6 de enero 2007) en el Centro Penal de Apanteos, Santa Ana, que dejó como saldo la muerte de 21 personas privadas de libertad, se coloca entre las más graves de los últimos años, solo superada por la de agosto de 2004, con más de una treintena. Pero lo abultado de las cifras no es parámetro para medir su gravedad. Una perspectiva clara de los acontecimientos necesita ser vista a partir de sus antecedentes.

Las informaciones sobre los acontecimientos son aún imprecisas pero las versiones oficiales e orientan hacia hipótesis conspirativas por las cuales el amotinamiento sería perpetrado por determinado grupo al interior de la cárcel para el logro de otros fines como una fuga o una purga interna. Sin negar la posibilidad o hasta la probabilidad de dichas hipótesis, lo que ellas hacen es desviar la atención del problema hacia las responsabilidades individuales o grupales detrás de los hechos, para invisibilizar u obviar interesadamente el contexto penitenciario en el que se dieron los acontecimientos y las resposabilidades institucionales existentes.

Lo ocurrido es una manifestación de un efecto acumulativo de múltiples factores endógenos y exógenos del sistema penitenciario, pero el problema principal es de tipo estructural: la visión político criminal del gobierno.

En más de una ocasión, autoridades del gobierno han justificado su política de seguridad tomando como criterio de éxito el número de personas privadas de libertad, lo cual es una derivación lógica del esquema de acción gubernamental: la visión del control, asumiendo que los problemas de criminalidad y violencia son problemas “legales” y en consecuencia, la aplicación de la sanción correspondiente o al menos, el inicio de un procedimiento, son considerados indicadores de resultados (podríamos dar múltiples argumentos en contra de esta falacia argumentativa, pero lo dejaremos de lado por el momento)

En reiteradas ocasiones, los informes de FESPAD, sobre la cuestión de la seguridad pública y la justicia penal, han sido reiterativos en señalar el carácter profundamente represivo y reactivo de la visión gubernamental respecto del fenómeno criminal, su insistencia por abordar la problemática desde el sistema penal exclusivamente y su abandono de los fines constitucionales del sistema penitenciario (resocialización, reinserción), los que han sido desplazados por la visión punitiva y escarmentadota impuesta desde el gobierno.

Los efectos de esta visión se han traducido en acciones como, múltiples reformas normativas orientadas a la creación de nuevos delitos, es decir, más posibilidades de ir a la cárcel; aumento de penas, que implica que la gente esté más tiempo en la cárcel; eliminación o restricción de vías alternas de resolución de conflictos penales; restricción de las posibilidades de libertad durante el proceso (detención provisional automática para ciertos delitos); reducción del control judicial sobre las acciones de investigación y sobre las pruebas, con el objetivo de “facilitar” condenas; restricción de las posibilidades de libertad anticipada (eliminación de beneficios penitenciarios para ciertos delitos); virtual eliminación del control de los jueces de vigilancia penitenciaria sobre las acciones de la administración en el manejo de los privados de libertad; creación de un centro y un régimen penitenciario de Máxima Seguridad, nugatorio de múltiples derechos humanos; regulaciones del régimen interno de las cárceles que dificultan el acceso de visitas y de contacto familiar a los privados de libertad.

Metafóricamente podemos decir que este esquema político criminal lo que ha hecho es crear un animal con un enorme hocico, capaz de tragar mucho, pero con poco estómago para digerir y por ello, está condenado a indigestarse. Este esquema que comentamos se ha traducido en el ámbito penitenciario en elevados niveles de sobrepoblación, hacinamiento, insuficiente cobertura de programas de atención y servicios para los internos, abonando al descontento y la violencia interna de los centros penales.

En el caso que comentamos, la población del Centro Penal de Apanteos, Santa Ana, alcanzaba los 3,200 privados de libertad, en un lugar con una capacidad instalada de 1,800 personas, es decir, un 78% de exceso. En el nivel nacional, la población penitenciaria, según datos publicados en La Prensa Gráfica, alcanzó la cifra de 14,682 privados de libertad, para una capacidad instalada total de 7,372, esto es, un 99% de exceso sobre la capacidad real existente.

Este es un panorama demostrativo de la falta de previsión y racionalidad de este tipo de gestión gubernamental de la criminalidad. Queda en evidencia también la ausencia de prevención del delito. Se desnuda un esquema de gestión por el cual se apuesta por la reacción frente al delito más que a la evitación del mismo mediante estrategias alternativas a la intervención del sistema penal. Lo que genera un circulo vicioso: la ausencia de prevención facilita el incremento de la conflictividad y el crimen, lo que favorece una mayor reacción del sistema penal y en consecuencia, el crecimiento de sus ingresos.

El sistema penitenciario es el catalizador de todas estas fallas.

La metáfora que hemos propuesto con anterioridad no se limita a aspectos de flujos de trabajo, sino que genera un efecto transversal que se refleja por ejemplo en la infradotación de recursos y capacidades adecuadas para el sistema penitenciario. Donde una de las ausencias más graves y lamentables es la de la Escuela Penitenciaria, la cual tendría que ser un espacio de formación y capacitación profesional y de carrera para los miembros del sistema penitenciario. Pero su inexistencia obviamente genera un vacío de capacidades en la administración penitenciaria para poder enfrentar de mejor manera los desafíos. A lo anterior se deben sumar los problemas de corrupción y de criminalidad interna, de las que algunas de sus manifestaciones son ya de dominio público, pero cuya verdadera dimensión aún no es apreciada a cabalidad.

En conclusión, la letalidad de los hechos violentos del pasado fin de semana, no es un hecho aislado exclusivamente achacable a planes individuales o grupales, sino que se da en un contexto de precarias condiciones de vida penitenciaria, hacinamiento, violencia interna, corrupción y debilidad estatal en la gestión penitenciaria, cuya responsabilidad recae mayormente en el gobierno y las autoridades penitenciarias.