Reflexiones sobre el XV aniversario de los Acuerdos de Paz

Por Edgardo A. Amaya Cóbar

El 16 de enero recién pasado se cumplieron 15 años de la firma de los acuerdos de paz, entre el Gobierno de El Salvador y el entonces grupo guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que pusieron fin a 12 años de guerra civil en el país. La dimensión del acontecimiento exige un trabajo riguroso y detallado de revisión histórica y política. Lamentablemente, las dimensiones y capacidades de este blog, no pueden satisfacerlas de momento, por lo que presentamos solo algunas valoraciones.

Entrando en materia debemos decir que los acuerdos, entre sus diversos impactos, significaron una transformación importante del sistema político salvadoreño, hasta entonces cerrado a la pluralidad ideológica, el cual se abrió para dar cabida a la expresión política más crítica del status quo.

Esta transformación requirió el aseguramiento o creación de ciertas condiciones institucionales que garantizaran el juego democrático y que permitieran superar la militarización de la sociedad, por lo cual, se recurrió de manera inédita en la historia nacional, a la reforma de la Constitución de acuerdo a sus propios procedimientos internos. (Ver: Principales cambios en materia de seguridad y justicia y matriz de análisis de los Acuerdos)

El proceso de paz salvadoreño, a pesar de sus limitaciones, ha sido un caso ejemplarizante en el ámbito de los procesos de construcción de paz en el nivel internacional, pues luego de la firma de los acuerdos, no hubo resabios de acciones armas. La desactivación del conflicto armado fue efectiva y duradera. Este aspecto de los acuerdos fue logrado. No obstante lo anterior, el tortuoso proceso de cumplimiento de los acuerdos deja muchas dudas sobre sus logros.

Quince años después, ha sido muy positivo el hecho que el gobierno, la sociedad y otras fuerzas políticas hayan impulsado la iniciativa de una celebración del acontecimiento y el decreto de su aniversario como día de fiesta nacional. Esto a pesar del desacuerdo existente entre quienes afirman que los acuerdos de cumplieron y se finiquitaron, quienes han intentado sepultarlos en la historia y los que pensamos que hay deudas por saldar. Quitando esta diferencia, el valor del acontecimiento mantiene su vigencia en el tiempo y le da un impulso a la sociedad a mantener su memoria histórica y colectiva, invita a reflexionar sobre los logros y fracasos.

En el marco de esta reflexión surgen algunas interrogantes desafiantes: ¿Vivimos en paz?, ¿Por qué la gente se va (o tiene el deseo de irse) de un país, que se supone, logró la paz?, ¿se puede hablar de paz en el marco de un fuerte impacto de la violencia en la vida social?

Como lo afirmaba el profesor noruego Johan Galtung, investigador sobre procesos de paz: “La paz no es la ausencia de guerra, es la ausencia de violencia”, lo que quiere decir que vivimos una paz truncada. Si bien, se desactivó la máxima expresión de violencia: la guerra, el acuerdo no impactó en la violencia social de la posguerra, aunque esta ya había sido prevista de antemano en documentos del proceso como el Informe de la Misión Técnica de las Naciones Unidas para la creación de una Policía Nacional Civil en El Salvador (Informe Rodés) el cual indicaba la necesidad urgente de tomar medidas para contener el alza de la violencia y criminalidad en la posguerra inmediata. Esta recomendación no fue atendida oportunamente.

Pero la violencia actual no es, en gran medida, una derivación inmediata y previsible de la posguerra, las dinámicas actuales de la violencia y la criminalidad se ha transformado, tiene otros actores diferentes a los de la primera mitad de los años 90. Paradójicamente, las condiciones de desigualdad e injusticia social, potenciadoras de la violencia social y en gran parte, causas históricas y estructurales del conflicto armado, son según los análistas, más pronunciadas ahora que en los años previos y durante la guerra.

Por otro lado, sí hubo aspectos del proceso de paz y el proceso político posterior que han contribuido en gran manera al contexto presente: el fomento de la impunidad a través la renuncia o negativa a favorecer un proceso de aplicación de justicia a los graves hechos del pasado y la insistencia por mantener la impunidad de estos por medio de la ley de amnistía y la manipulación, cooptación o debilitamiento de las instancias de justicia o de control de la función pública.

De esta forma, personas y estructuras involucradas en graves hechos de violencia en el pasado y protegidos por estas maniobras, habrían mutado sus actividades hacia otros ilícitos como el crimen organizado a gran escala u otras actividades criminales y que podrían formar parte importante del ciclo de violencia social que azota al país.

Luego de catorce años del Informe de la Comisión de la Verdad, derivada de los acuerdos de paz, muchas de las reformas de las instituciones de justicia y seguridad propuestas por el documento mencionado (Ver matriz de análisis), las que eran consideradas como indispensables para el logro del Estado de derecho, no se realizaron y las que sí se han cumplido no escapan de cuestionamientos sobre su coherencia con el diseño institucional trazado por el proceso de paz y la Constitución.

Reformas tales como el fortalecimiento de la independencia judicial del poder político, así como el respeto a las decisiones judiciales en el ámbito interno del Órgano Judicial, la reorganización del gobierno de poder judicial concediendo las labores de administración al Consejo Nacional de la Judicatura, son deudas que aún no han sido saldadas y que de cuyo cumplimiento depende la existencia de un verdadero Órgano garante de los derechos y libertades de los ciudadanos.

No obstante lo anterior, también puede decirse que el Órgano Judicial ha tomado, a partir del cambio de mecanismo de elección de sus magistrados, un mayor protagonismo en la resolución de conflictos jurídicos, especialmente en el ámbito de jurisdicción constitucional, aún y cuando algunos de sus fallos sean polémicos e incluso, el relativo a la ley de Amnistía haya sido criticado por la ONU, es posible decir que actos de instancias estatales son sometidos frecuentemente a revisión jurídica por estas vías, lo que indica un aspecto positivo en el proceso de fortalecimiento de la institucionalidad.

Por otro lado, las diferentes reformas normativas, especialmente las suscitadas en materia penal han generado procesos de desarrollo técnico-institucional muy positivos especialmente en instituciones como la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional Civil. Sin embargo, ello contrasta con los limitados resultados que en la aplicación del derecho se obtienen en el sistema judicial, que socavan la credibilidad de estas instituciones.

Sin hacer una evaluación más amplia y pormenorizada, podemos afirmar que los acuerdos de paz mantienen su vigencia quince años después, pues, como lo hemos mostrado, aún hay aspectos de la institucionalidad y la democracia pendientes de desarrollo y corrección, para contar con las herramientas necesarias para la pacificación social y la reconciliación de la sociedad salvadoreña.