Control de armas: dos pasitos pa’lante y uno para atrás

Por Edgardo A. Amaya Cóbar

Como hemos comentamos con anterioridad, el Órgano Ejecutivo, en particular, el ahora ex ministro de Gobernación, René Figueroa, actual ministro de Seguridad y Justicia, emitió declaraciones ambiguas respecto de la propuesta de control de armas emanada de la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y Paz Social, la cual se orientaba a la eliminación de la portación de armas en espacios públicos.

Ante las declaraciones del ministro, el coordinador de la Comisión declaró encontrarse confundido al respecto y del mandato presidencial de la Comisión. El incidente, fue una manera elegante de pedirle claridad al gobierno sobre sus posturas y compromisos.

A pesar de esta circunstancia, una propuesta de reforma de la ley de armas fue introducida en la Asamblea Legislativa para formalizar la propuesta previamente formulada. Luego del debate, el resultado si bien no fue el pretendido, es lo que hay, marcó algún avance en la materia, en una Asamblea en la que la derecha política –tradicionalmente reacia al control de armas- posee la mayoría simple y la capacidad de bloquear cualquier iniciativa de control. Sorprendentemente, la reforma del artículo 62 de la ley de armas y la inclusión de un nuevo artículo 62-A obtuvo una abrumadora votación de 80 votos de 84 posibles.

Las reformas por un lado, ampliaron y aclararon limitaciones espaciales para la portación de armas, pero que no aportaron mayormente al impacto de la reforma.

Por otro lado, se creó la posibilidad de establecer prohibiciones de portación en lugares y tiempos específicos por orden de los ministerios de Seguridad y Justicia y el de Defensa, en consulta, con las municipalidades.

Se debe decir a favor de un mecanismo similar ha sido uno de los pasos tomados en otros contextos, con resultados positivos, como en el caso de Bogotá, para controlar el impacto de la violencia armada, donde era la municipalidad la que establecía las limitaciones temporales y espaciales de la prohibición.

No obstante lo anterior, lo negativo es que el mecanismo propuesto lo que hace es burocratizar la toma de decisiones sobre el tema y restringe a las municipalidades la posibilidad de regular sobre esta materia, sobre la cual ya, tres alcaldías (San Martín, Ilopango y Santa Tecla, todas bajo administración del FMLN) habían emitido ordenanzas y a la que pronto se sumarían el resto de alcaldías del Área Metropolitana de San Salvador, según lo anunciaron el día 11 de diciembre en una presentación conjunta.

Sobre este tema, me llama la atención la publicación del Diario de Hoy, del día 12 de diciembre, donde, coherente con su obtusa apuesta de abordaje de la violencia desde la visión del control, por la vía punitiva, coloca como titular de la primera plana: “Diputados critican la veda de armas” y en seguida, en las páginas posteriores recoge las opiniones de algunos distinguidos diputados, las de los diputados de ARENA no tienen desperdicio: revelan cuan sumisos son a los mandatos del Ejecutivo, pues, respecto de la aprobación de las reformas, ahora resulta que, según ellos, fue una “imposición” de la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y Paz Social (misma que nombró el Presidente de la República, quien es también presidente del partido ARENA), ahora dicen que eso debió haberse discutido más, pero que votaron porque era urgente. Vaya, tan democráticos hoy en día. ¿Es que estos diputados admiten -sin reparo- que votan cumpliendo órdenes a pesar de sus opiniones y conciencia?

Y creo que nuevamente, con estas declaraciones, se pone en evidencia la forma en cómo se toman las decisiones en materia de seguridad y gestión de la violencia: de una manera improvisada, acrítica e irreflexiva, sin debate, donde se vota por el rédito político y no por solucionar problemas concretos.