Ante la violencia en el país, un sector dominante de la opinión publicada –que no, opinión pública-, parte un abordaje del problema desde la visión de control, según la cual, el tratamiento de la violencia debe basarse en una intervención más eficaz del sistema penal y sus agencias: policía, fiscalía, judicatura, sistema penitenciario, las leyes y su respectiva aplicación.
En mi opinión, esta visión es reduccionista pues se basa en una clasificación formal y abstracta: el delito, y no real de los conflictos, sin ir más allá en la búsqueda y tratamiento alternativo de los factores facilitadores de la violencia. La complejidad de la violencia va más allá de un régimen jurídico y de la reacción del sistema penal a ésta. Ello no implica negar que el sistema penal juegue un papel en la contención de múltiples conflictos. Pero debemos insistir en que su intervención tiene limitantes estructurales respecto del complejo contexto social en que opera.
Desde esta visión se omiten, interesadamente, los factores estructurales que dan paso a la violencia, su reproducción y mantenimiento: la desigualdad, exclusión, el valor y uso cultural de la violencia en nuestra sociedad; fragmentación social y la ausencia de un modelo de desarrollo humano preocupado en la inversión en capital social, así como la falta de una fortaleza institucional que pueda combatir la impunidad.
Esta omisión nos llevaría a una trampa por la cual, la violencia y la criminalidad son un problema "moral", de la maldad de la condición humana o de la pérdida de valores, generando un maniqueísmo de buenos y malos, simplificador y políticamente explotable como excusa por funcionarios cuestionados ante la realidad de la violencia.
Las respuestas desde la visión de control son a posteriori, reactivas, y dependen de la ocurrencia de un daño previo. Partir de ellas como solución, es una visión obtusa. En esta línea discursiva se adscriben clichés, tales como leyes para suizos o leyes que benefician a los delincuentes, que propugnan por el endurecimiento de la legislación penal (aumento de penas, reducción de garantías, nuevos delitos, etc.), sin tener en cuenta los problemas materiales y falencias técnicas de las instituciones encargadas, la ausencia de políticas estratégicas, integrales y racionales. Tampoco tienen en cuenta el daño causado a las instituciones, que se traduce en saturación, desgaste y debilitamiento de sus capacidades de respuesta, así como la disminución de su legitimidad respecto del orden constitucional.
Estas propuestas, vacías y superficiales, en boca de operadores de justicia y seguridad pública son demagógicas. Luego de cerca de trescientas reformas a las leyes penales y del fracaso de las estrategias reactivas como mano dura, existe evidencia empírica que muestra la falacia de esta línea discursiva. Una acción política basada en respuestas exclusivamente represivas superficiales y reformas legales es coexistente con un incremento de homicidios.
Desde esta visión se omiten, interesadamente, los factores estructurales que dan paso a la violencia, su reproducción y mantenimiento: la desigualdad, exclusión, el valor y uso cultural de la violencia en nuestra sociedad; fragmentación social y la ausencia de un modelo de desarrollo humano preocupado en la inversión en capital social, así como la falta de una fortaleza institucional que pueda combatir la impunidad.
Esta omisión nos llevaría a una trampa por la cual, la violencia y la criminalidad son un problema "moral", de la maldad de la condición humana o de la pérdida de valores, generando un maniqueísmo de buenos y malos, simplificador y políticamente explotable como excusa por funcionarios cuestionados ante la realidad de la violencia.
Las respuestas desde la visión de control son a posteriori, reactivas, y dependen de la ocurrencia de un daño previo. Partir de ellas como solución, es una visión obtusa. En esta línea discursiva se adscriben clichés, tales como leyes para suizos o leyes que benefician a los delincuentes, que propugnan por el endurecimiento de la legislación penal (aumento de penas, reducción de garantías, nuevos delitos, etc.), sin tener en cuenta los problemas materiales y falencias técnicas de las instituciones encargadas, la ausencia de políticas estratégicas, integrales y racionales. Tampoco tienen en cuenta el daño causado a las instituciones, que se traduce en saturación, desgaste y debilitamiento de sus capacidades de respuesta, así como la disminución de su legitimidad respecto del orden constitucional.
Estas propuestas, vacías y superficiales, en boca de operadores de justicia y seguridad pública son demagógicas. Luego de cerca de trescientas reformas a las leyes penales y del fracaso de las estrategias reactivas como mano dura, existe evidencia empírica que muestra la falacia de esta línea discursiva. Una acción política basada en respuestas exclusivamente represivas superficiales y reformas legales es coexistente con un incremento de homicidios.
La violencia actual tiene como uno de sus factores posibilitantes, una larga secuencia de omisiones o negligencias institucionales: falta de abordaje técnico, ausencia de planificación y acuerdos interinstitucionales y multisectoriales, apuesta exclusiva por la represión, prevalencia de intereses políticos y el uso ideológico y superficial del problema.
Investigaciones e informes sobre la justicia penal y la seguridad pública en El Salvador, demuestran la existencia de cuestiones bastante más complejas y profundas que afectan de manera sensible la capacidad de dar respuestas efectivas y eficientes a las demandas sociales. Por ejemplo:
- La ausencia o debilidad del gobierno de la seguridad pública ejercido por el Ministerio de Gobernación, esto es, la virtual acefalía del sector en la generación y conducción de políticas públicas de seguridad, las cuales se limitan a respuestas policiales y no a un abordaje más amplio e integral de la problemática.
- Falta de acuerdos y procesos de trabajo conjunto entre la PNC y la Fiscalía General de la República, las investigaciones sobre la temática indican la existencia de criterios de éxito disímiles entre ambas instituciones y la carencia de espacios de compartimentación de experiencia y comunicación, así como de evaluación.
- La FGR no ha desarrollado una política pública de persecución penal que sirva como un mecanismo de racionalización de la demanda que enfrenta y que permita la inversión de sus energías institucionales en las áreas prioritarias.
Funcionarios del Ministerio de Gobernación y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia hablan de revisiones integrales de la legislación penal, sin una discusión seria y realista de las falencias y necesidades de fortalecimiento institucional o peor aún, de la capacidad de la conducción política de las instituciones encargadas de la seguridad pública y su responsabilidad por el estado de la cuestión.
Es una propuesta irresponsable y amnésica. Obvia las dificultades prácticas e institucionales, así como las necesidades de recursos económicos y de capacitación para echar a andar un proceso de reforma de las dimensiones propuestas.
La propuesta no es inocente. Desvía la atención del público de los problemas de rendimiento institucional y de la evaluación política sobre los éxitos o fracasos de las políticas de seguridad ejecutadas hasta el momento y sobre los responsables de su ejecución y conducción.
Es una propuesta irresponsable y amnésica. Obvia las dificultades prácticas e institucionales, así como las necesidades de recursos económicos y de capacitación para echar a andar un proceso de reforma de las dimensiones propuestas.
La propuesta no es inocente. Desvía la atención del público de los problemas de rendimiento institucional y de la evaluación política sobre los éxitos o fracasos de las políticas de seguridad ejecutadas hasta el momento y sobre los responsables de su ejecución y conducción.
(Una versión reducida de este artículo fue publicada en el Diario El Mundo, El Salvador, el día 04 de julio 2006, con el título "Reforma integral de la ley penal: más de lo mismo")
