En su discurso de toma de posesión del 1 de diciembre, el presidente Calderón dijo: "Instruyo al procurador general de la República y al gabinete de Seguridad Nacional a que en un plazo no mayor de 90 días presenten un programa de seguridad para renovar los mecanismos de procuración e impartición de justicia".
Espero que el paquete de reformas que será presentado al Congreso de la Unión el o antes del 1 de marzo será una iniciativa coherente y constructiva. El desafío más complicado es político. ¿Puede la nueva administración generar el apoyo público necesario para las reformas, y puede conseguir los votos que requiere mientras aún conserva su impulso inicial? ¿O la iniciativa será aniquilada o desmembrada en el Congreso? La seguridad pública es una de las tres prioridades principales del presidente Calderón. Como fue mencionada en primer lugar en su discurso de toma de posesión, por delante de la pobreza y el desempleo, uno podría inferir que es su prioridad más alta.
El contenido de la reforma misma nos dirá mucho sobre la capacidad programática de esta administración, y el destino de la reforma en el debate público y en el Congreso nos dirá mucho sobre la capacidad política de la administración.
¿Por qué esperar una iniciativa de reforma de la seguridad pública útil? En algunos aspectos importantes, la iniciativa puede partir de bases ya creadas. Por ejemplo, el presidente Zedillo introdujo reformas legales significativas a mediados de los 90, junto con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. La Secretaría de Seguridad Pública tiene cinco años de experiencia. Asimismo, vemos una continuidad importante y capacidad para el trabajo en equipo dentro de la administración Calderón.
Dos de los funcionarios clave del nuevo gabinete, el procurador general de la República, Eduardo Medina, y el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, llevan una experiencia valiosa a sus nuevos puestos. Medina encabezó el Cisen durante los primeros años de la administración Fox, antes de pasar a la SSP en 2005. Y García Luna ocupó cargos importantes en el Cisen durante la administración de Zedillo, antes de trasladarse a la PGR para crear la Agencia Federal de Investigación.
Estos dos "arquitectos de programas" han demostrado que ellos y sus equipos pueden trabajar juntos. Además, no hay razón para esperar que Medina y García Luna tengan dificultades para colaborar con los otros dos miembros clave del gabinete de seguridad, los secretarios de Defensa y de Marina. Aunque no es miembro formalmente del gabinete de seguridad, el secretario de Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña, ex alcalde de Guadalajara y ex gobernador de Jalisco, también trae a su puesto un conocimiento considerable sobre asuntos de seguridad. El hecho de que el gabinete de seguridad haya emprendido una operación antinarcóticos conjunta en Michoacán después de apenas 11 días en sus cargos, es evidencia del trabajo en equipo.
Hay, por lo tanto, buenas razones para esperar que la iniciativa de reforma estará bien construida. Con esto quiero decir que debe existir una lógica interna que conecte las medidas de corto plazo con una estrategia de largo alcance y conecte a éstas con los recursos. El plan requerirá de algunos elementos que puedan arrojar mejorías tangibles en el corto plazo, así como un mapa sobre a dónde debe dirigirse el sistema de justicia en los próximos 30 años. En algo inherente a una república federal, gran parte del plan involucrará el compartir la información y fortalecer la colaboración entre los niveles de gobierno.
La fase crítica será la interacción entre el debate público sobre seguridad y las acciones del Congreso en torno de las propuestas de reforma. Me parece que los mexicanos son profundamente ambivalentes en el tema de la seguridad pública. Por un lado, observo una profunda preocupación -un temor casi palpable- por los delitos violentos, que se refleja tanto en conversaciones personales como en numerosas encuestas de opinión.
Por otro lado, observo una profunda desconfianza hacia la policía y escepticismo hacia el sistema de justicia, que también se reflejan en conversaciones y sondeos de opinión. A menudo, el escepticismo ante el sistema de justicia es parte de un cuestionamiento más profundo sobre la legitimidad del gobierno mismo.
Esta combinación de ambivalencia y escepticismo puede frecuentemente ser apreciada en la reacción de la gente al uso de la fuerza por parte del gobierno. Las opiniones varían, por supuesto, pero una fuerte corriente normalmente condena el uso de la fuerza por parte del gobierno por considerarla partidista y autoritaria. Por lo tanto, en vez de ver a los nuevos miembros del gabinete de seguridad como profesionales experimentados, algunos sectores de la opinión pública consideran que son evidencia de un gobierno de línea dura que recurrirá más a la represión que a los consensos.
En algunos aspectos, Calderón enfrenta un reto más grande en materia de reforma de la justicia que su antecesor. La legitimidad de su elección sigue siendo disputada, y confronta una compleja y volátil mezcla de violencia política y criminal.
Pero en otros aspectos la oportunidad que surge en los primeros meses de 2007 es más prometedora. El equipo de Calderón es más coherente y uno espera más disciplina y dirección en Los Pinos. El paquete de reformas a la justicia de la administración Fox salió de la nada en abril de 2004 y fue depositado como el proverbial niño abandonado en los escalones del Congreso. No sorprende que ese "huérfano" no haya sido adoptado.
Esta vez la gran prueba será si Calderón puede ofrecer argumentos persuasivos para la reforma. Esto significa no solamente un comunicado de prensa y discursos por aquí y por allá, sino más bien una enérgica campaña para dar forma a la opinión pública. El apoyo público ayudará al Presidente a "vender" su propuesta en el Congreso.
Seamos optimistas por el momento. El paquete de reformas estará bien concebido. El Presidente persuadirá a la opinión pública y obtendrá el apoyo del Congreso. También seamos realistas. ¿Veremos grandes avances en seguridad pública en el próximo año o dos? Lo más probable es que no. El crimen violento tiene un poderosa inercia y se reproduce a sí mismo a través de muy variados mecanismos.
Si la experiencia de Estados Unidos en los 80 puede servir de guía, uno puede esperar que el rápido crecimiento del narcomenudeo en México exacerbe los crímenes violentos durante todavía algún tiempo.
Aún así, la clave es emprender reformas útiles al inicio del sexenio y crear un ímpetu reformista que se pueda mantener en los próximos años.
*Tomado de el períodico El Universal, México, Diciembre 13, 2006.
** Director del Proyecto México en la Universidad de Georgetown, Estados Unidos. Compilador, junto con Lucia Dammert del libro: Seguridad y reforma policial en las américas. Experiencias y desafíos. Siglo XXI editores, México, 2005.
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