Mesares invita a presentación de estudio

Estimados(as) Señores(as):

Reciba un cordial saludo de parte del Comité de Actividades Científicas del Colegio Médico de El Salvador y de Médicos Salvadoreños para la Responsabilidad Social, MESARES.

Como es de su conocimiento este año ha sido denominado “El AÑO de la PAZ”, por tal motivo nosotros como miembros del sector salud debemos y podemos buscar opciones concretas para contribuir a la construcción de la paz social en El Salvador.

Con esta idea te invitamos a una presentación académica a realizarse el lunes 29 de Enero 2007, en el Salón Principal del Colegio Médico de El Salvador, a las 6:30 de la tarde.

Inicialmente, se presentará el estudio “Características de los Pacientes con Diagnóstico de Lesiones No Mortales por Arma de Fuego y Estimado del Costo Económico de su Atención en los Hospitales Nacionales de Santa Ana y Sonsonate”, investigación conducida por Médicos Salvadoreños para la Responsabilidad Social (MESARES), y a continuación junto con académicos invitados, deseamos compartir propuestas que contribuyan a la solución del problema de la violencia desde nuestra identidad como profesionales de la salud.

Atentamente,

Dr. Iván Solano Leiva Dr. Ignacio Paniagua

Director del Comité de Actividades Presidente

Científicas MESARES

Colegio Medico de El Salvador.

La autorización de escuchas telefónicas para la investigación criminal

Por Edgardo A. Amaya Cóbar

Cada tanto tiempo -como los terremotos- la Asamblea Legislativa retoma la iniciativa de reformar la Constitución para permitir el uso de intervenciones telefónicas en materia de investigación criminal.

Las razones de estas idas y vueltas tienen que ver con un temor de algunos sectores basado, fundadamente, en un pasado en que las instituciones de seguridad cumplían tareas de persecución política en el marco de la doctrina de la Seguridad Nacional y de la guerra contrainsurgente. En consecuencia, se teme que esta reforma constitucional pueda ser una puerta abierta a nuevos abusos, ahora, amparados por la ley.

Estos temores son sobradamente razonables y comprensibles y debemos agregar que, si bien ya no vivimos la guerra fría, vivimos en los tiempos de la paranoia global sobre el terrorismo y otras yerbas similares, que en nuestro tropical contexto se convierten en argumentos fáciles para justificar recortes de libertades y las cada vez mayores intervenciones punitivas en la sociedad como ha sido manifiesto en la constante avanzada de la inflación penal.

No es un debate fácil, por lo que creo que es necesario revisar qué es lo que tenemos.

El artículo 24 de la Constitución en su parte final establece:

“Se prohíbe la interferencia y la intervención de las comunicaciones telefónicas.”

Sobre este tema el Informe Único de la Comisión de Estudio del Proyecto de Constitución de 1983 -el cual es un instrumento fidedigno para la interpretación constitucional (Art. 268 Cn.)- consideró:

“Al igual que la correspondencia, la conversación telefónica es un medio de comunicación privado y por que su administración es un servicio público debe de rodearse de las máximas garantías para que su uso no vulnere la privacidad a que las personas tienen derecho. Con ese propósito se incluye la prohibición de interferir e intervenir las conversaciones telefónicas. La violación de esta prohibición por parte de particulares, funcionarios o empleados públicos conlleva una responsabilidad penal o civil que la ley secundaria habrá de determinar.”

El mandato constitucional vigente no deja espacio a la reserva de ley para que puedan redefinirse sus ámbitos de aplicación. La prohibición es absoluta.

No obstante lo anterior, existen antecedentes de violaciones a este mandato constitucional. Basta recordar en el año 2000 el caso del desvío de llamadas de organismos de sociedad civil y personalidades de oposición política hacia un tercer receptor bajo el denominado código B-9. Las sospechas recayeron en el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) pero las investigaciones en el ámbito penal y político fueron infructuosas y condenadas al fracaso desde el inicio.

Menos intrigante que lo anterior, en el marco de la investigación criminal, con el uso de ciertas tecnologías comunes y corrientes como parlantes para teléfonos, identificadores de llamadas, grabadoras de mensajes, algunas investigaciones han recopilado- información de comunicaciones telefónicas (números de teléfonos, grabaciones de las llamadas) que es posteriormente utilizada en la investigación. La jurisprudencia de los tribunales no es unánime en este sentido, mientras que algunos la rechazan, otros la aceptan.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que muchos casos, particularmente en materia de narcotráfico, son iniciados a partir de fuente independiente es decir, por vía de supuestas delaciones anónimas, las que en realidad podrían ser eufemismos utilizados para blanquear investigaciones realizadas por medios irregulares, como por ejemplo, escuchas telefónicas.

Lo que colijo respecto de estos antecedentes, es que, aunque exista una prohibición, en la práctica, se salta o se buscan atajos para evadirla, cuando no, violarla flagrantemente. Es decir, al no haber alternativas, se hace de hecho y de manera no controlada.

Mi punto es que si, de todas formas se hace en la práctica, lo que sería conveniente es una regulación rigurosa al respecto, la que debería contar con aval constitucional pero con reserva de ley y obligatoria necesidad de revisión judicial de su pertinencia, su autorización motivada y control judicial, así como una imputación concreta hacia el o los investigados.

Tendría fuertes objeciones a que dicha actividad investigativa fuera realizada por la policía, pues me parece muy probable que esta eventual facultad sea distorsionada debido a su pertenencia orgánica de la institución al Ejecutivo y estar sometida a su influencia y volubilidad política.

Personalmente creo que la intervención telefónica es una herramienta necesaria y útil (pero no en el nivel de non plus ultra, como lo sugiere el ministro Figueroa), para delitos de criminalidad organizada, delincuencia económica y otros similares de realización compleja (la gran mayoría de ellos, no incluidos en el minúsculo y absurdo catálogo de la seudo-ley contra el Crimen Organizado y delitos de realización compleja) Es decir, los delitos de los poderosos. Aunque claro, no debemos ser ingenuos, pues para combatir este tipo de delincuencia, lo que más se necesita, además de herramientas, es voluntad, la cual, no parece ser muy abundante por aquí en estos días.

Reflexiones sobre el XV aniversario de los Acuerdos de Paz

Por Edgardo A. Amaya Cóbar

El 16 de enero recién pasado se cumplieron 15 años de la firma de los acuerdos de paz, entre el Gobierno de El Salvador y el entonces grupo guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que pusieron fin a 12 años de guerra civil en el país. La dimensión del acontecimiento exige un trabajo riguroso y detallado de revisión histórica y política. Lamentablemente, las dimensiones y capacidades de este blog, no pueden satisfacerlas de momento, por lo que presentamos solo algunas valoraciones.

Entrando en materia debemos decir que los acuerdos, entre sus diversos impactos, significaron una transformación importante del sistema político salvadoreño, hasta entonces cerrado a la pluralidad ideológica, el cual se abrió para dar cabida a la expresión política más crítica del status quo.

Esta transformación requirió el aseguramiento o creación de ciertas condiciones institucionales que garantizaran el juego democrático y que permitieran superar la militarización de la sociedad, por lo cual, se recurrió de manera inédita en la historia nacional, a la reforma de la Constitución de acuerdo a sus propios procedimientos internos. (Ver: Principales cambios en materia de seguridad y justicia y matriz de análisis de los Acuerdos)

El proceso de paz salvadoreño, a pesar de sus limitaciones, ha sido un caso ejemplarizante en el ámbito de los procesos de construcción de paz en el nivel internacional, pues luego de la firma de los acuerdos, no hubo resabios de acciones armas. La desactivación del conflicto armado fue efectiva y duradera. Este aspecto de los acuerdos fue logrado. No obstante lo anterior, el tortuoso proceso de cumplimiento de los acuerdos deja muchas dudas sobre sus logros.

Quince años después, ha sido muy positivo el hecho que el gobierno, la sociedad y otras fuerzas políticas hayan impulsado la iniciativa de una celebración del acontecimiento y el decreto de su aniversario como día de fiesta nacional. Esto a pesar del desacuerdo existente entre quienes afirman que los acuerdos de cumplieron y se finiquitaron, quienes han intentado sepultarlos en la historia y los que pensamos que hay deudas por saldar. Quitando esta diferencia, el valor del acontecimiento mantiene su vigencia en el tiempo y le da un impulso a la sociedad a mantener su memoria histórica y colectiva, invita a reflexionar sobre los logros y fracasos.

En el marco de esta reflexión surgen algunas interrogantes desafiantes: ¿Vivimos en paz?, ¿Por qué la gente se va (o tiene el deseo de irse) de un país, que se supone, logró la paz?, ¿se puede hablar de paz en el marco de un fuerte impacto de la violencia en la vida social?

Como lo afirmaba el profesor noruego Johan Galtung, investigador sobre procesos de paz: “La paz no es la ausencia de guerra, es la ausencia de violencia”, lo que quiere decir que vivimos una paz truncada. Si bien, se desactivó la máxima expresión de violencia: la guerra, el acuerdo no impactó en la violencia social de la posguerra, aunque esta ya había sido prevista de antemano en documentos del proceso como el Informe de la Misión Técnica de las Naciones Unidas para la creación de una Policía Nacional Civil en El Salvador (Informe Rodés) el cual indicaba la necesidad urgente de tomar medidas para contener el alza de la violencia y criminalidad en la posguerra inmediata. Esta recomendación no fue atendida oportunamente.

Pero la violencia actual no es, en gran medida, una derivación inmediata y previsible de la posguerra, las dinámicas actuales de la violencia y la criminalidad se ha transformado, tiene otros actores diferentes a los de la primera mitad de los años 90. Paradójicamente, las condiciones de desigualdad e injusticia social, potenciadoras de la violencia social y en gran parte, causas históricas y estructurales del conflicto armado, son según los análistas, más pronunciadas ahora que en los años previos y durante la guerra.

Por otro lado, sí hubo aspectos del proceso de paz y el proceso político posterior que han contribuido en gran manera al contexto presente: el fomento de la impunidad a través la renuncia o negativa a favorecer un proceso de aplicación de justicia a los graves hechos del pasado y la insistencia por mantener la impunidad de estos por medio de la ley de amnistía y la manipulación, cooptación o debilitamiento de las instancias de justicia o de control de la función pública.

De esta forma, personas y estructuras involucradas en graves hechos de violencia en el pasado y protegidos por estas maniobras, habrían mutado sus actividades hacia otros ilícitos como el crimen organizado a gran escala u otras actividades criminales y que podrían formar parte importante del ciclo de violencia social que azota al país.

Luego de catorce años del Informe de la Comisión de la Verdad, derivada de los acuerdos de paz, muchas de las reformas de las instituciones de justicia y seguridad propuestas por el documento mencionado (Ver matriz de análisis), las que eran consideradas como indispensables para el logro del Estado de derecho, no se realizaron y las que sí se han cumplido no escapan de cuestionamientos sobre su coherencia con el diseño institucional trazado por el proceso de paz y la Constitución.

Reformas tales como el fortalecimiento de la independencia judicial del poder político, así como el respeto a las decisiones judiciales en el ámbito interno del Órgano Judicial, la reorganización del gobierno de poder judicial concediendo las labores de administración al Consejo Nacional de la Judicatura, son deudas que aún no han sido saldadas y que de cuyo cumplimiento depende la existencia de un verdadero Órgano garante de los derechos y libertades de los ciudadanos.

No obstante lo anterior, también puede decirse que el Órgano Judicial ha tomado, a partir del cambio de mecanismo de elección de sus magistrados, un mayor protagonismo en la resolución de conflictos jurídicos, especialmente en el ámbito de jurisdicción constitucional, aún y cuando algunos de sus fallos sean polémicos e incluso, el relativo a la ley de Amnistía haya sido criticado por la ONU, es posible decir que actos de instancias estatales son sometidos frecuentemente a revisión jurídica por estas vías, lo que indica un aspecto positivo en el proceso de fortalecimiento de la institucionalidad.

Por otro lado, las diferentes reformas normativas, especialmente las suscitadas en materia penal han generado procesos de desarrollo técnico-institucional muy positivos especialmente en instituciones como la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional Civil. Sin embargo, ello contrasta con los limitados resultados que en la aplicación del derecho se obtienen en el sistema judicial, que socavan la credibilidad de estas instituciones.

Sin hacer una evaluación más amplia y pormenorizada, podemos afirmar que los acuerdos de paz mantienen su vigencia quince años después, pues, como lo hemos mostrado, aún hay aspectos de la institucionalidad y la democracia pendientes de desarrollo y corrección, para contar con las herramientas necesarias para la pacificación social y la reconciliación de la sociedad salvadoreña.

Invitación a foro debate sobre Acuerdos de Paz de El Salvador

MESARES presenta investigación sobre impacto de las armas de fuego en la salud

En el inicio del 2007 -Año Nacional de la Paz Social- la Asociación Médica Salvadoreña para la Responsabilidad Social, MESARES tiene el agrado de presentarle(s) el estudio titulado “Características de los Pacientes con Diagnóstico de Lesiones No Mortales por Arma de Fuego y Estimado del Costo Económico de su Atención en los Hospitales Nacionales de Santa Ana y Sonsonate”. Con este trabajo de investigación científica realizado con el apoyo y auspicio de la Organización Panamericana de la Salud, OPS y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, deseamos, desde el sector salud, aportar elementos para el tratamiento de tan neurálgico y complicado problema de la violencia en El Salvador.

Invitamos, especialmente a los miembros del sector salud, a asumir el desafío de construir la paz social buscando una fórmula para el tratamiento de tan grave dolencia, lo cual sólo puede alcanzarse con el esfuerzo integrado y coordinado de todos los sectores.

Consideramos que desde la salud pública se puede contribuir utilizando la investigación científica y la epidemiología para la realización de un diagnóstico a profundidad, para la generación de información objetiva, para la construcción de hipótesis de causalidades, para el diseño de políticas y programas integrales con el modelo de funciones de prevención, promoción, protección, identificación de patrones de violencia, monitoreo y evaluación de intervenciones.

Dr. Ignacio Paniagua

Presidente MESARES

1ª. Calle Pte. No. 917, San Salvador. Tel. 2271 1980, Tel-fax: 2221-1384, E-mail: mesares@navegante.com.sv

Crisis penitenciaria: la bomba estalló (otra vez)

Por Edgardo A. Amaya Cóbar

Nuevamente la crisis del sistema penitenciario ha tomado por asalto las principales páginas y espacios de atención mediática y del público. El amotinamiento del pasado fin de semana (4-6 de enero 2007) en el Centro Penal de Apanteos, Santa Ana, que dejó como saldo la muerte de 21 personas privadas de libertad, se coloca entre las más graves de los últimos años, solo superada por la de agosto de 2004, con más de una treintena. Pero lo abultado de las cifras no es parámetro para medir su gravedad. Una perspectiva clara de los acontecimientos necesita ser vista a partir de sus antecedentes.

Las informaciones sobre los acontecimientos son aún imprecisas pero las versiones oficiales e orientan hacia hipótesis conspirativas por las cuales el amotinamiento sería perpetrado por determinado grupo al interior de la cárcel para el logro de otros fines como una fuga o una purga interna. Sin negar la posibilidad o hasta la probabilidad de dichas hipótesis, lo que ellas hacen es desviar la atención del problema hacia las responsabilidades individuales o grupales detrás de los hechos, para invisibilizar u obviar interesadamente el contexto penitenciario en el que se dieron los acontecimientos y las resposabilidades institucionales existentes.

Lo ocurrido es una manifestación de un efecto acumulativo de múltiples factores endógenos y exógenos del sistema penitenciario, pero el problema principal es de tipo estructural: la visión político criminal del gobierno.

En más de una ocasión, autoridades del gobierno han justificado su política de seguridad tomando como criterio de éxito el número de personas privadas de libertad, lo cual es una derivación lógica del esquema de acción gubernamental: la visión del control, asumiendo que los problemas de criminalidad y violencia son problemas “legales” y en consecuencia, la aplicación de la sanción correspondiente o al menos, el inicio de un procedimiento, son considerados indicadores de resultados (podríamos dar múltiples argumentos en contra de esta falacia argumentativa, pero lo dejaremos de lado por el momento)

En reiteradas ocasiones, los informes de FESPAD, sobre la cuestión de la seguridad pública y la justicia penal, han sido reiterativos en señalar el carácter profundamente represivo y reactivo de la visión gubernamental respecto del fenómeno criminal, su insistencia por abordar la problemática desde el sistema penal exclusivamente y su abandono de los fines constitucionales del sistema penitenciario (resocialización, reinserción), los que han sido desplazados por la visión punitiva y escarmentadota impuesta desde el gobierno.

Los efectos de esta visión se han traducido en acciones como, múltiples reformas normativas orientadas a la creación de nuevos delitos, es decir, más posibilidades de ir a la cárcel; aumento de penas, que implica que la gente esté más tiempo en la cárcel; eliminación o restricción de vías alternas de resolución de conflictos penales; restricción de las posibilidades de libertad durante el proceso (detención provisional automática para ciertos delitos); reducción del control judicial sobre las acciones de investigación y sobre las pruebas, con el objetivo de “facilitar” condenas; restricción de las posibilidades de libertad anticipada (eliminación de beneficios penitenciarios para ciertos delitos); virtual eliminación del control de los jueces de vigilancia penitenciaria sobre las acciones de la administración en el manejo de los privados de libertad; creación de un centro y un régimen penitenciario de Máxima Seguridad, nugatorio de múltiples derechos humanos; regulaciones del régimen interno de las cárceles que dificultan el acceso de visitas y de contacto familiar a los privados de libertad.

Metafóricamente podemos decir que este esquema político criminal lo que ha hecho es crear un animal con un enorme hocico, capaz de tragar mucho, pero con poco estómago para digerir y por ello, está condenado a indigestarse. Este esquema que comentamos se ha traducido en el ámbito penitenciario en elevados niveles de sobrepoblación, hacinamiento, insuficiente cobertura de programas de atención y servicios para los internos, abonando al descontento y la violencia interna de los centros penales.

En el caso que comentamos, la población del Centro Penal de Apanteos, Santa Ana, alcanzaba los 3,200 privados de libertad, en un lugar con una capacidad instalada de 1,800 personas, es decir, un 78% de exceso. En el nivel nacional, la población penitenciaria, según datos publicados en La Prensa Gráfica, alcanzó la cifra de 14,682 privados de libertad, para una capacidad instalada total de 7,372, esto es, un 99% de exceso sobre la capacidad real existente.

Este es un panorama demostrativo de la falta de previsión y racionalidad de este tipo de gestión gubernamental de la criminalidad. Queda en evidencia también la ausencia de prevención del delito. Se desnuda un esquema de gestión por el cual se apuesta por la reacción frente al delito más que a la evitación del mismo mediante estrategias alternativas a la intervención del sistema penal. Lo que genera un circulo vicioso: la ausencia de prevención facilita el incremento de la conflictividad y el crimen, lo que favorece una mayor reacción del sistema penal y en consecuencia, el crecimiento de sus ingresos.

El sistema penitenciario es el catalizador de todas estas fallas.

La metáfora que hemos propuesto con anterioridad no se limita a aspectos de flujos de trabajo, sino que genera un efecto transversal que se refleja por ejemplo en la infradotación de recursos y capacidades adecuadas para el sistema penitenciario. Donde una de las ausencias más graves y lamentables es la de la Escuela Penitenciaria, la cual tendría que ser un espacio de formación y capacitación profesional y de carrera para los miembros del sistema penitenciario. Pero su inexistencia obviamente genera un vacío de capacidades en la administración penitenciaria para poder enfrentar de mejor manera los desafíos. A lo anterior se deben sumar los problemas de corrupción y de criminalidad interna, de las que algunas de sus manifestaciones son ya de dominio público, pero cuya verdadera dimensión aún no es apreciada a cabalidad.

En conclusión, la letalidad de los hechos violentos del pasado fin de semana, no es un hecho aislado exclusivamente achacable a planes individuales o grupales, sino que se da en un contexto de precarias condiciones de vida penitenciaria, hacinamiento, violencia interna, corrupción y debilidad estatal en la gestión penitenciaria, cuya responsabilidad recae mayormente en el gobierno y las autoridades penitenciarias.

Lo bueno, lo malo y lo feo de 2006

A continuación, presento una selección, arbitraria, sobre lo que creo que fue lo más importante de 2006. No es una lista exhaustiva, sino, una valoración más genérica, que queda a disposición de ustedes discutirla.

Lo bueno
Dentro de los aspectos positivos del 2006 en materia de seguridad y justicia penal podemos encontrar una mayor presencia de voces que abordan, proponen y ejecutan visiones alternativas para el tratamiento y abordaje de la violencia y la criminalidad, tales como las iniciativas de control de armas en el nivel municipal, el empoderamiento de los gobiernos locales sobre temas de seguridad y la toma de conciencia de grupos vinculados a la élites (Ej. FUSADES) sobre el fracaso y la necesidad de enfoques alternativos. El Faro y La Prensa Gráfica lideraron esta visión, lo que en alguna medida coadyuvó a impulsar la iniciativa de Medios por una cultura de paz. Sin ser excesivamente optimista sobre el destino y frutos de esta iniciativa, fue un paso significativo, un mea culpa tácito por la centralidad otorgada a la violencia en el ambiente mediático salvadoreño.

A pesar de lo polémico de la siguiente afirmación, creo que el discurso del embajador de los Estados Unidos en el mes de octubre, llamando a las autoridades nacionales a asumir un mayor compromiso en el trabajo en contra de la violencia y la criminalidad, marcó un punto de inflexión en el debate sobre la política de seguridad, pues desnudó el dato de la ausencia de una política gubernamental seria y estructurada frente a la problemática, y fue más allá, señalando aspectos claves como el déficit de financiación de esta y la necesidad de que los ciudadanos y los empresarios paguen los impuestos.

En esta coyuntura, presionado por el peso de las criticas, el gobierno creó la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y Paz social, una entidad plural (a pesar de lo arbitrario de sus criterios de selección) creada como entidad asesora del Presidente, mismo que se comprometió a dar seguimiento a las recomendaciones de ella emanada. Aunque el compromiso gubernamental frente a esta ha sido ambiguo. la Comisión ha sabido mantener su autonomía y lograr cierto nivel de fuerza moral en sus posiciones, con la que ha logrado mantener firmes sus propuestas a pesar de las resistencias políticas. De esta forma se logró impulsar una reforma en sede legislativa de la ley de armas de cara a incrementar el nivel de control sobre las armas circulando en espacios públicos, un paso insuficiente en sus alcances, pero un avance respecto de la cerrazón de la derecha política y del gobierno en este tema. (El 4 de enero de 2007, fecha que escapa a este análisis, el Presidente devolvió el decreto legislativo con observaciones que modifican lo aprobado por los diputados, por lo que la vigencia del decreto aún está pendiente)

La creación de un Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, con todos los matices que puedan plantearse, es un aspecto positivo, pues la dimensión del problema de la inseguridad siempre necesitó de una agencia política específica que lo atendiese. La iniciativa es positiva, a pesar de las consideraciones que haremos más adelante.

Lo malo
Pese a las crecientes críticas, incluso de sectores afines como la ANEP, el gobierno se mantuvo la mayor parte del 2006 apegado al esquema político criminal con que venía abordando el fenómeno de la violencia y criminalidad: fetichismo jurídico, endurecimiento penal, militarización de la seguridad pública, por los cuales impulsó modificaciones al régimen penitenciario para quitar el control judicial y para endurecer las condiciones de los internos, lo cual ha contribuido a incrementar los niveles de conflictividad interna de los penales y la presión de los familiares de los privados de libertad y en el transcurso de 2006 también se evidenció la existencia de corrupción en el sistema penitenciario y el débil control sobre las actividades ilegales que los internos realizan. (Al momento que escribo esto, las noticias dan cuenta de un amotinamiento penitenciario que inició el día viernes 4 de enero y que habría cobrado la vida de 21 internos del Centro Penal de Apanteos, Santa Ana)

Incluso, a pesar de plantear y asumir, al menos discursivamente, la necesidad de un cambio de estrategia, el gobierno continuó impulsando apuestas por reformas legales tales como la tristemente celebre Ley contra el crimen organizado y delitos de realización compleja y ha intentado manipular a la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y Paz Social, en dichas apuestas o utilizarla solo como una fachada del supuesto cambio, pero sin un compromiso real hacia ésta.

En la misma línea, a pesar de lo positivo de revivir el ministerio de Seguridad Pública y Justicia, nuevamente esta iniciativa surgió marcada por el continuismo al nombrar como titulares a quienes desde el ministerio de Gobernación atendieron el tema y fracasaron.

La Policía Nacional Civil, siguió en un proceso de deterioro en el marco de su crisis de “baja intensidad”, a lo largo del año, la prensa escrita reveló la crisis presupuestaria y de personal que sufre la institución, con un déficit de aproximadamente 6 mil miembros para poder dar cobertura territorial eficiente. Paralelamente, la prensa destacó múltiples hechos delictivos de gravedad que involucraron a agentes de la PNC.

En el ámbito de la justicia, destacan, como en otros años, la distribución partidocrática de importantes cargos de elección de segundo grado como la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República y la Procuraduría General de la República. En el que se destacó el nombramiento de un miembro del partido en el gobierno como Fiscal General de la República.

La Corte Suprema de Justicia, luego de un procedimiento irregular y no establecido legalmente, resolvió recortar las facultades de la Sección de Probidad, luego que esta presentara observaciones a las declaraciones patrimoniales de importantes figuras del gobierno pasado, incluido el expresidente Flores. La CSJ, recortó las facultades de investigación de la Sección de Probidad y posteriormente declaró que en los casos investigados no tenían irregularidades. El magistrado René Fortín Magaña, solicitó al Fiscal General la impugnación de la reforma de las facultades de la Sección de Probidad, apelando a su carácter de guardián de la legalidad, la petición no fue resuelta favorablemente por el recién nombrado Fiscal General.

Los jueces continuaron siendo objeto de presiones mediáticas y gubernamentales no solamente discursivas, sino que se han ampliado al seguimiento de juzgadores y sus actividades. En esta línea parecerían adscribirse los intentos por llevar a antejuicio o separar del caso a un magistrado de Cámara que conocerá el sonado caso del diputado Silva, acusado de actos de corrupción.

Lo feo
Nuevamente el cierre de año viene salpicado por un nuevo incremento en la cifra de homicidios (3,906 homicidios, un incremento de 3.36% respecto 2005) mismo que se ha visto acompañado por un incremento en las cifras de victimización, según la última encuesta del IUDOP.

Los hechos del 5 de julio de 2006, en los que en el marco de la confrontación entre manifestantes y la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), se suscitará un ataque armado en contra del contingente policial que dejó dos policías muertos y otros nueve heridos, fue sin duda un momento de gran tensión política y de fuertes enfrentamientos entre las principales fuerzas políticas del país, el gobierno acusó y responsabilizó al FMLN de los atentados, todo ello en medio de una serie de teorías conspirativas, entre ellas algunas poco creíbles como las del autoatentado, en su momento sugerida por el FMLN y la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, aunque posteriormente, el FMLN, cambiara su posición y condenara los hechos, achacándolos a grupos fanáticos.

La tesis del autoatentado, tendría a su base, el interés de sus patrocinadores en explotarlo al máximo para lograr un tensionamiento entre las extremas y un recrudecimiento de la polarización a niveles de ingobernabilidad (ilegalización del FMLN, persecución política, estado de excepción) lo cual no sucedió. Afortunadamente los ánimos fueron bajando paulatinamente, no sin algunas consecuencias negativas como el impulso dado al proyecto de Ley Antiterrorista, que fuera aprobada en octubre y que podría convertirse en un instrumento de control de la conflictividad social. Es decir, la consecuencia de los hechos del 5 de julio lo que hace es mermar el derecho de quienes legítimamente tienen algo que decir y pedir, que ahora pasaran a ser sospechosos permanentes.

Sin embargo, los resultados de las investigaciones no resolvieron algunas dudas, como el hecho que un empleado universitario que no participaba en los acontecimientos y que se encontraba a una distancia relativamente lejana de los hechos, resultara herido. O que el director de la PNC hablara de que la zona fue sobrevolada por un helicóptero y posteriormente se aceptara que fueron dos unidades aéreas. O cuál fue la misión que cumplían los miembros del Grupo de Reacción Policial (GRP) apostados en la azotea de un edificio cercano el día de los hechos.

A pesar de los usos interesados que han generado los acontecimientos, seré ingenuo pero creo que donde más teorías conspirativas hay lo más cierto es lo más evidente, y personalmente creo que existen grupos radicales fanáticos que tienen una opción violenta y los acontecimientos se explican desde ahí.

Con menor presencia en los medios, otros hechos graves tuvieron lugar en 2006 tales como la comisión de ejecuciones sumarias que estarían siendo realizadas por grupos de exterminio, tesis planteada desde hace mucho tiempo por organismos de derechos humanos como Tutela Legal del Arzobispado, FESPAD y también por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

En este contexto de ejecuciones también se registraron hechos que tendrían como trasfondo motivaciones políticas, tales como la tortura y el asesinato de los padres de una exlocutora de la otrora guerrillera Radio Venceremos y actual activista del FMLN, o el asesinato de una pareja de pastores luteranos, ambos miembros del FMLN, sin que hasta el momento existan resultados conocidos de las investigaciones de estos hechos que por sus antecedentes hacen obligatoria la hipótesis de la presencia de un retorno de la violencia política.