El veto del Presidente Funes al decreto legislativo por el cual se pretendía incrementar la penalidad para menores de edad en conflicto con la ley es un gesto esperanzador y significativo respecto de la manera en que se desarrollará la dinámica política alrededor del marco nomativo penal y su estrecha vinculación con los discursos del populismo punitivo.
El Presidente atajó muy bien la papa caliente enviada desde la Asamblea y medió el asunto mediante una comisión técnica que realizó una consulta con diversos actores involucrados en el ámbito de la justicia juvenil. El resultado de dicha consulta sería un insumo para la decisión a tomar respecto del decreto legislativo.
El resultado es el que ahora conocemos por las noticias: vetó el decreto por razones de su afectación a tratados internacionales de derechos de la niñez y juventud, así como a la Constitución de la República.
De esta manera, el Presidente no se dejó presionar por los ánimos punitivos de los legisladores y de los medios de comunicación que acuerparon la iniciativa y se inclinó por el respeto a la normativa constitucional vigente. Es un gesto sensato, pero además valiente, pues se pone a contracorriente en un contexto de miedo al crimen que dificulta un aboradaje serio y con cabeza fría de la situación.
Como lo decía recientemente el Dr. Antonio Rangel Bandeiras, experto brasileño en control de armas, durante su estadía en San Salvador: el crimen genera miedo. El miedo es una pasión. La pasión no es buena para la cabeza.
Por supuesto, el veto no obvia la necesidad de dar tratamiento a la situación de los jóvenes en estructuras organizadas para la violencia, como un enfoque orientado a las causas y no a los efectos.
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