Con ocasión del proceso de consulta que el Presidente Funes impulsó de la Política de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia que elaboró el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, se han suscitado las más variadas reacciones de los grupos que fueron invitados a dicho proceso.
Paradójicamente los grupos más conservadores y que mayor presión ejercían (sector empresarial) sobre el gobierno han sido los que han dado opiniones o reacciones moderadas y orientadas al beneficio de la duda, pero cuestionando la factibilidad financiera u operativa de las acciones propuestas.
Algunos sectores progresistas (organismos de sociedad civil), critican y denuncian un marcado énfasis en la represión y la militarización de la seguridad pública. Algunos, sugieren –en la misma línea que el partido ARENA y sectores conservadores- que las cosas no habrían cambiado respecto del esquema del manodurismo de administraciones previas y que esto es más de lo mismo.
Algunos líderes de opinión conservadores, han señalado que en el contexto de elevados niveles de criminalidad en los que vivimos, no es para andar con paños tibios (prevención) y hay que aplicar medidas de choque y de corto plazo para establecer mejores niveles de seguridad. A contracara están los que denuncian el énfasis represivo de la política gubernamental y la poca atención dedicada al tema preventivo. Pareciera que no hablan del mismo tema.
Lamentablemente, mucha gente seria ha emitido juicios de valor sobre la política, -o sobre lo que se ha publicado de ella- anticipándose a su oficialización y publicación definitiva y detallada. La más patética e infundada crítica es la que sostiene que nada ha cambiado o que se recicla material. Sobre esto hay que considerar los siguientes elementos que marcan diferencia:
La política incluye no solo el tema de seguridad, como fue el énfasis en las gestiones previas, sino que contempla el tema de justicia y convivencia. Dentro de sus contenidos la prevención social aparece como un eje particular de trabajo y no como un contenido marginal, en esta ámbito propone le mejora de las acciones orientadas al control de armas, tema en el que las administraciones previas se opusieron a cualquier cambio y promovieron la armamentización ciudadana.
El modelo actual de participación ciudadana, se desarrolla a través de Consejos Municipales de Prevención de violencia con una vinculación directa con los Gobiernos locales y las instancias nacionales presentes en el territorio. No son grupos de activistas partidarios, organizados so pretexto de la seguridad ciudadana, desvinculados de las autoridades.
Lo que muchos han señalado como novedoso es la inclusión de la víctima dentro de la política, un sujeto largamente olvidado y frecuentemente defraudado por la impunidad, que necesita ser reivindicado en su dignidad. El Salvador es un país de víctimas.
¿Se reconoció antes la corrupción y la influencia del crimen organizado como problemas urgentes a abordar? Lejos de atender eficientemente el problema, la administración Flores estableció un proceso extraordinario de depuración sin ningún tipo de investigación profunda, el cual a raíz de su irregularidad constitucional y legal, terminó costando cientos de miles de dólares en concepto de demandas favorables a las personas destituidas por este mecanismo. Y en segundo lugar, eliminó la autonomía e independencia de la Inspectoría General al convertirla en una dependencia policial y la debilitó financieramente para limitar sus alcances.
No hay comentarios:
Publicar un comentario