Sobre el lanzamiento de la Política de justicia, seguridad y convivencia

Sobre esto, debo aclarar mi posición: como persona involucrada desde 2008, en el proceso de reflexión y formulación de las propuestas de seguridad del que sería el actual gobierno, mi posición no puede ser objetiva. Este post no comenta la política en sí ni sus componentes específicos, más bien se orienta al análisis del contexto y las reacciones que se han manifestado en los medios dominantes. 

El pasado viernes 5 de febrero, el Presidente de la República, junto con su gabinete de seguridad, compartió con las gremiales de la empresa privada y con directores de medios de comunicación su política de justicia, seguridad y convivencia, que sería el marco de las principales estrategias de trabajo del sector en el quinquenio, las cuales serán presentadas a diversos actores de la vida nacional en los próximos días. 

Esta iniciativa sale al paso de las críticas que señalaban la inexistencia de un plan para abordar la cuestión de la inseguridad en el país en un contexto en que múltiples hechos violentos han marcado la agenda informativa, así como también el surgimiento de diversas propuestas de sectores empresariales en materia de seguridad. (Qué irónico, en los pasados gobiernos, la sociedad civil hacía –hacíamos- ejercicios de propuesta en materias de políticas de seguridad como contrapeso a la política oficial, ahora lo hacen los sectores que estaban al otro lado)

Me atrevo a decir que esta es la propuesta gubernamental más amplia y comprensiva hasta el momento, al incluir al conjunto de instituciones vinculadas a la seguridad y la justicia del órgano ejecutivo, así como temáticas nuevas como la atención a víctimas, un énfasis importante en la prevención social de la violencia y delincuencia y un apartado de reformas institucionales. 

Las palabras iniciales del Presidente Funes, recogidas por los medios escritos, marcan fuertemente la pauta del contexto desde el que se lanza esta política de seguridad: 

Funes reconoció que la ola de delincuencia se ha recrudecido, en gran medida como producto de las operaciones criminales de las maras, que están bien armadas, están al servicio del crimen organizado y han tomado el control de varias zonas.

Agregó que, aunque el crimen organizado ha permeado instituciones como incluso la Policía, El Salvador "está a tiempo" de evitar convertirse en un Estado fallido y que por eso se desarrolla una permanente depuración de la fuerza pública.

"Es un Estado que está siendo provocado por el crimen organizado, sin duda, pero tenemos la capacidad de respuesta y con el concurso de todos ustedes tenemos garantizada la victoria", dijo. (El Diario de Hoy, “Lanzan plan operativo anticrimen”, 5 de febrero de 2010)

El Presidente Funes ha señalado con claridad que el alza delictiva está relacionada con la respuesta dada desde grupos criminales organizados contra la acción del gobierno. Señala además el problema de la infiltración de estas agrupaciones en instituciones estatales, desde donde adormecen o sabotean las iniciativas para el control y represión de este tipo de delincuencia: es como correr una carrera de obstáculos con un pie engangrenado. Tal como lo señalan John Bailey y Matthew Taylor (2009): 

La delincuencia organizada es capaz de desafiar al Estado, no con el ánimo de asumir sus poderes, sino de alcanzar ciertos objetivos políticos. (…) la confrontación [por el crimen organizado] señala el cálculo de las organizaciones criminales, y es probable en condiciones bajo las cuales, segmentos del crimen organizados creen que el costo de tolerar las acciones gubernamentales es más alto que el riesgo de llamar la atención sobre ellos. (Traducción libre de este servidor) 

Con esta iniciativa, el Presidente Funes realizó algunos gestos políticos importantes: ratificó la confianza y dio un espaldarazo a su gabinete de seguridad y puso en el debate otras variables en la discusión sobre las políticas de seguridad, para trascender del fácil binomio impuesto por los medios de comunicación dominantes y actores políticos conservadores que establecen una falaz relación causal entre cambio de gobierno y alza de hechos delictivos. Probablemente esto es lo que no querían oír, pero es el complejo contexto de violencia que se ha generado en Centroamérica en los años recientes y que no había sido visibilizado ni tratado de manera directa. 

Un detalle que no es menor es su mención sobre las pandillas. En la nota periodística citada, les atribuye una cuota del recrudecimiento de la violencia, pero no llega a equipararlas con el crimen organizado, sino que las coloca como instrumentos al servicio de aquel. Esto, en contraposición con la agenda mediática que coloca como su delfín a Rodrigo Ávila, ex director de la PNC en pasadas administraciones, quien propugna por una nueva criminalización de las pandillas (Mano dura reloaded) y su equiparación con el crimen organizado mediante la importación de modelos legales aplicados en Estados Unidos, así como la propuesta de “toques de queda” contra las pandillas, que, dicho sea de paso, fue descartada por el Presidente al presentar esta política. 

La presentación de la política ha contribuido a cambiar en alguna medida la opinión publicada sobre la cuestión de seguridad, aun y cuando, la cobertura de la violencia sigue siendo prioridad en todos los medios.