"La obra de la Justicia será la Paz y los frutos de la Justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Is. 32, 17"

22 de febrero de 2010

La falsa dicotomía entre prevención y represión

En el marco de la discusión de la Política de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia, como lo decíamos en el post previo, pueden detectar dos visiones sobre la forma de abordar del fenómeno de la inseguridad a partir de las opiniones y críticas de diversos actores que asistieron a su discusión. No quiero simplificar ni sugerir que estas son las únicas dos posiciones, de hecho, ni siquiera fueron tan evidentes, pero sí notorias para alguien que lee entre líneas: se trata del énfasis que se demanda a esta política, más prevención o más represión.

Ambas posiciones salen, en voz de algunos interlocutores, de concepciones muy anquilosadas e ideologizadas de lo que implica hacer prevención y hacer represión en el marco de las políticas de seguridad, visiones, que muchas veces están mediatizadas por la calidad de información que transmiten los medios de comunicación. Vamos por partes:

En primer lugar se tiende a concebir la prevención con una visión un tanto caricaturesca de intervenciones de carácter "débil", "light", basadas en un altruismo ingenuo de hippies hablando de amor y paz en medio de un matadero o, aunque no se le estigmatice de esa forma, se le señala la falta de resultados inmediatos.

Las experiencias y estudios en materia de prevención han avanzado muchísimo para llegar a plantearla como un ejercicio técnico, serio, realista y orientado al logro de objetivos concretos. En el marco de las discusiones de insumos para esta política, la forma más sencilla de entender la prevención fue a través de dos ideas fundamentales y estratégicas: la territorialización de la función estatal y la intervención multiagencial en los espacios olvidados o abandonados, en los cuales, la violencia es una clara señal de la ausencia del Estado. Esta es la lógica que ha impregnado la conformación de los Consejos Municipales de Prevención de Violencia que han sido activados en algunas de los municipios con mayores niveles de incidencia delictiva.

La experiencia del Distrito Italia en Tonacatepeque -citada por el Ministro durante la presentación de la política a la prensa- ejemplifica cómo una relativamente pequeña y barata estrategia de colaboración entre el nivel central y local en conjunto con la comunidad pueden generar resultados importantes: de ser considerado uno de los territorios más violentos del país en términos de homicidios, luego de una intervención con acciones de disuasión y control por parte de la PNC y la FA, mejora de la infraestructura vial, ornato, organización deportiva y comunitaria para la convivencia, así como la legalización de terrenos, este territorio ha logrado tener tres meses sin la comisión de homicidios.

Pasando al otro tema: la represión, en los sectores críticos y de derechos humanos, la mención del Presidente de dar énfasis a lo represivo ha encendido las alarmas. Dado que vengo de ese ámbito no me es difícil intuir que dichos temores se basan, en primer lugar, en la connotación claramente negativa que tiene el término "represión" en contextos que han salido de regímenes autoritarios: abuso de la fuerza, tortura, coacción, desapariciones, etc. ("A más represión, más lucha" decían los grafitis de las organizaciones revolucionarias), así como también, por los negativos antecedentes que se tienen del pasado reciente respecto del ejercicio de la represión por las fuerzas de seguridad en el contexto de las metodologías de mano dura.

La mención de la represión, desde un punto de vista técnico y jurídico no tiene las connotaciones arriba señaladas. La represión es una función estatal consignada en la Constitución y las leyes. Toda sociedad necesita una dosis de control de las conductas que ha seleccionado como las más graves.

Una revisión de la literatura nos dice que las experiencias más exitosas de prevención o control del delito han tenido un componente represivo. De nada sirve mejorar un barrio, abrir escuelas y guarderías si los actores violentos siguen viviendo ahí y son tanto victimarios como víctimas potenciales de rivales o sostienen estructuras y mercados ilegales nocivos para la comunidad.

Durante mi experiencia en sociedad civil criticamos la opción que se tomó para favorecer la cantidad sobre la calidad de policías luego de los Acuerdos de Paz, la falta de desarrollo de capacidades de investigación criminal y de inteligencia criminal, así como otras deficiencias de capacitación del personal que redundaban en una falta de eficacia de la labor policial. Criticamos una policía muy orientada a la presión de grupos poblacionales (jóvenes de zonas desfavorecidas) y a las capturas masivas sin fundamento, que luego eran liberadas del sistema judicial.

Cuando criticábamos la falta de eficacia y sus métodos poco sofisticados, lo que decíamos era que la policía no estaba cumpliendo a cabalidad con sus funciones represivas, de tal suerte que una decisión política orientada a suplir las falencias arriba señaladas, inevitablemente terminará favoreciendo las capacidades represivas de aplicación de la ley de esta institución.

Represión no debería ser automáticamente sinónimo de Mano Dura ni de abuso. Estas metodologías de mano dura, paradójicamente pretendían mostrar un ejercicio de fuerza represiva, cuando lo que pusieron en evidencia fue la debilidad para aplicar eficientemente la ley.

Debe haber represión, pero bien hecha, focalizada, contundente y eficaz. Esta es una aspiración legítima para una opción política orientada al combate del delito y la impunidad, así como un presupuesto para la protección de los derechos humanos, en tanto no sería utilizada indiscriminadamente.

Al final, la lección que debería quedar es: sin una cuota de aplicación oportuna y contundente de la ley, no es posible crear un campo de trabajo adecuado y estable para la prevención. Sin prevención, proliferan los hechos delictivos, que a la larga, debilitan la capacidad de control de éstos por parte de las autoridades. Es una simbiosis sin la cual, no se puede avanzar en una política pública de seguridad que pretenda ser eficiente.