Poner barbas en remojo...

Por Edgardo A. Amaya Cóbar

En menos de una semana El Salvador y Guatemala se han visto sacudidos por noticias que han generado un gran impacto en las sociedades de ambos países. El lunes 19 de febrero tres diputados salvadoreños y uno de sus guardaespaldas fueron asesinados y quemados en un predio cerca de ciudad de Guatemala. Tres días después, se reportó la captura de cuatro policías, miembros de la elite de investigaciones de la institución policial de ese país, quienes fueron sometidos a proceso penal con detención provisional. Al menos otros tres imputados se reportan como fugados.

El día domingo 25 de febrero, según datos recopilados por la prensa de declaraciones de testigos, un grupo armado –aparentemente policial, según El Faro- con los rostros cubiertos ingresó al Centro preventivo “El Boquerón” –centro de máxima seguridad- y una vez dentro, ubicaron y ejecutaron a los cuatro imputados detenidos. Según el relato periodístico, todo apunta a que este hecho fue cuidadosamente planificado y, desde mi punto de vista, cabría pensar en la complicidad de autoridades para su ejecución, pues previamente a los hechos, se cortó la energía eléctrica y se evacuaron las visitas.

También llama la atención el hecho que el comando habría podido entrar sin mayor resistencia y ubicara sin problemas a los imputados para su ejecución. A raíz de los acontecimientos, los internos se amotinaron exigiendo mayor seguridad para sus vidas, por haberse convertido ahora, en testigos de este nuevo hecho.

Resulta extraño entonces que Carlos Vielmann, ministro de Gobernación, ha sostenido que los hechos son el producto de un amotinamiento de internos y no, obra de un comando armado. Esta versión se apoya en declaraciones de pandilleros amotinados quienes reivindicaron el asesinato como una vendetta contra sus antiguos enemigos. Sin embargo, no es la primera vez que hechos similares han sucedido en Guatemala y de los que se ha señalado la posible complicidad o anuencia de las autoridades.

Este hecho, realizado a la usanza de grupos de crimen organizado o del narcotráfico, revelaría los poderosos intereses en juego y los poderes fácticos involucrados es este caso. Eliminar a los acusados buscaría acallar posibles delaciones posteriores sobre quién o quienes son los autores intelectuales del macabro hecho del pasado 19 de febrero. Esto viene a confirmar una de las líneas de investigación que se inclinaba a que la muerte de los diputados salvadoreños y su guardaespaldas estaría vinculada a un caso de narcotráfico.

Tanto el Presidente Berger como el Presidente Saca han sostenido que los asesinatos del pasado 19 de febrero, fueron producto de una “confusión”, por la que los policías implicados habrían actuado en la creencia errónea que sus víctimas eran narcotraficantes a quienes les robarían un alijo de droga o dinero. Esta hipótesis no ha sido confirmada por los investigadores del caso, tanto de Guatemala como de El Salvador. Incluso, un declarante anónimo de la policía guatemalteca manifestó: “hay vínculos con una organización del narcotráfico conformada por guatemaltecos y salvadoreños, entre ellos un contacto de mucho peso político y económico del vecino país, derivado de un mal negocio, lo cual es imperdonable entre el narcotráfico” (Periódico Siglo XXI, Guatemala 24/02/07)

Con estos hechos, estaríamos asistiendo a las muestras más dramáticas y terribles de cómo el crimen organizado -el de verdad, el que se infiltra en las instituciones gubernamentales y en la clase política- puede procurar su propia impunidad, poner en jaque a un gobierno y en zozobra al resto de la sociedad.

Esto debe llamarnos a una seria reflexión respecto de nuestra realidad. Cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar. Lejos de pensar que El Salvador no padece este mal, por el contrario, debemos preocuparnos por detectar cuál es su nivel de infiltración y suprimirlo, lo cual solo podrá pasar si existe la voluntad política y la independencia de ésta de los poderes fácticos establecidos.

Diputados y autoridades del partido en el gobierno y otros representantes de la derecha política han hecho alharaca de la nueva Ley contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja, la cual, solo regula tres delitos: homicidio agravado, secuestro y extorsión cometidas por dos o más personas. Como ya lo hemos expresado antes: Lejos de combatir el crimen organizado “de verdad”, parecería que le favorece, excluyéndolo por decreto.

Estos hechos demuestran que sin mecanismos de auditoria y transparencia –objetiva e independiente- de la función pública, sin fuerzas de seguridad e instituciones de justicia integras, sin mecanismos de auditoria sobre el financiamiento de los partidos políticos, sin fortalecimiento de la inteligencia policial y fiscal, una ley tan mal elaborada, y ajena a esta realidad, como la del Crimen Organizado, muestra con toda evidencia, su superfluidad y su carácter improvisado de marketing político y no como una respuesta realista al fenómeno que comentamos.

Cría cuervos...

Por Edgardo A. Amaya Cóbar

El asesinato, el pasado 19 de febrero, en Guatemala, de tres diputados salvadoreños al PARLACEN y del guardaespaldas que les acompañaba, ha conmocionado a la sociedad centroamericana y particularmente a la guatemalteca y salvadoreña, no solo por la crueldad de su ejecución sino también por los primeros resultados de las investigaciones y los probables móviles.

La reacción de los gobiernos ha sido impresionante y, por qué no decirlo: inusual. Ha sido sorprendente tal nivel de eficacia e igualmente sorprendente el señalamiento de las investigaciones –en el plazo de tres días- sobre la participación, de al menos seis elementos elites de investigaciones de la policía guatemalteca, cuatro de los cuales han sido ya capturados y sometidos a proceso con abundante evidencia incriminatoria testimonial, documental y científica. Esto, en países donde los niveles de impunidad del delito de homicidio superan el 90%.

Para una gran parte de la ciudadanía guatemalteca o para personas medianamente informadas sobre la realidad de ese país, la sorpresa no es quizás tan impactante, en el peor de los casos solo sería la confirmación de una corazonada, dados los persistentes y continuos señalamientos hacia miembros de este cuerpo de seguridad sobre su participación en actividades delictivas a todo nivel, graves violaciones a los derechos humanos, actividades de exterminio y participación en estructuras de crimen organizado y narcotráfico, sin agregar la sospecha sobre su vinculación con los asaltos en las carretera a ciudadanos salvadoreños que visitan dicho país.

Antes de este hecho, en el año 2005, importantes jefes antinarcóticos de este cuerpo policial fueron apresados en Estados Unidos por participar en estructuras de narcotráfico, lo que estaría indicando, un nivel de intervención del crimen organizado en esta institución a un nivel de metástasis que pone en crisis la legitimidad no solo de la policía sino del Estado mismo y de su capacidad de hacer cumplir su propia legalidad. La pregunta entonces es: ¿Cómo es que este enquistamiento del crimen organizado se dio y se desarrolló ampliamente en la institución?

Las explicaciones a esta interrogante pueden ser múltiples, pero quisiera señalar algunas puntuales: un defectuoso proceso de reforma policial –derivado de los acuerdos de paz-, sin mayor depuración, la ausencia de estándares profesionales y técnicos elevados, la malas condiciones laborales de sus miembros de los niveles básicos, la debilidad de los sistemas de auditoria institucional ante un sistema político de gestión autoritaria del poder, la corrupción, la impunidad inveterada y la debilidad estructural del sistema de justicia, la permanente influencia de sectores militares -vinculados al pasado más oscuro- en la toma de decisiones sobre seguridad.

A lo que se debe sumar, la influencia del narcotráfico y el crimen organizado en la esfera política, cuyas evidencias más contundentes se reflejan en la cantidad de funcionarios públicos muertos en hechos relacionados con ajustes de cuentas de estas actividades criminales.

Independientemente de los contextos geográficos, estos hechos tan lamentables impactan ahora a sectores normalmente ajenos o indiferentes a la violencia que cotidianamente sufren las mayorías: las elites, que ven resquebrajada su idea de seguridad y resguardo de esa problemática. Usualmente, muchas de las presiones y cambios más importantes en materia de seguridad pueden darse al momento que las elites, que no cuestionan las políticas gubernamentales, al contrario, las apoyan, las azuzan, en ocasiones tolerando el uso de la violencia institucional u otras acciones ilícitas cuando son aplicadas a los otros, pero que no es lo mismo cuando las dimensiones del problema que subestimaron, estalla en sus caras. Cría cuervos y te sacarán los ojos.

La crueldad y la brutalidad de los hechos acaecidos en Guatemala deben servir como una dramática lección de cómo -también en El Salvador- la tolerancia o falta de atención a la impunidad, a la corrupción y al respeto de los derechos humanos por las instituciones estatales pueden generar la cooptación de estas por las estructuras que supuestamente deben combatir. Una vez contaminadas su efectividad y su legitimidad, paulatinamente se van perdiendo hasta genera estados de crisis como los que vive en este momento la institucionalidad guatemalteca.

De este sombrío panorama deben extraerse además, otras lecciones relativas a los procesos de transición que se dieron en Guatemala y El Salvador que tienen que ver con una de las mayores deudas históricas de nuestras sociedades: la superación de la impunidad y el conocimiento de la verdad del pasado bélico. Las elites han argumentado -explícita o implícitamente, por acción u omisión- en ambos países, que el olvido, la impunidad, son el precio para no alterar la paz lograda. Hechos como el que tristemente comentamos han permitido dimensionar nuevamente el dolor, la indignación, la impotencia, la incertidumbre que sufren las víctimas y el deseo de saber la verdad y la aplicación de la justicia.

Todas las víctimas. Todos aquellos que han perdido seres queridos por la violencia. Al igual que las víctimas actuales, también quieren superar la terrible duda que ocupa sus afligidos corazones: donde están, qué les pasó, cómo, por qué. Preguntas que sin sus respectivas respuestas, prolongan la dolorosa agonía que arrastran por años, muchos, hasta su muerte. Responder esa pregunta no debe ser considerado un reclamo caprichoso, un acto de rebelión, una disputa ideológica o partidaria, considerarlo así es inhumano. Buscar la verdad debe ser considerado en su básica dimensión: un acto de humanidad ante las personas que sufren a sus seres queridos.

Y finalmente, si no hay justicia, estos hechos, se repetirán. Es tiempo de cambiar, de evitar un camino que nos llevaría a la completa perdición.

Otro material de referencia en El Períodico de Guatemala:

Mujeres torturadas por agentes de la policía

Una PNC que recibe órdenes de militares

Reseña: "La cultura del control" de David Garland

Estimados y estimadas,

he publicado en mi blog "Recensiones" la reseña del libro La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea, del sociologo David Garland, uno de los estudiosos más importantes del mundo sobre la materia. Les invito a leerla.

Organizaciones impiden momentáneamente reconocimiento legislativo a D´Aubuisson

Gloria Silvia Orellana

Redacción Diario Co Latino 15/02/07

A cinco minutos de iniciada la sesión plenaria, y con 77 votos , incluyendo los de los partidos de derecha que habían impulsado el dictamen para designar como hijo meritísimo al fundador del partido ARENA, Roberto D´Aubuisson Arrieta, este fue enviado, junto al resto de dictámenes, al seno de la comisión de Educación y Cultura.

La modificación de agenda incluyó el acuerdo de enviar las piezas a las comisiones directamente, sin discusión, y tras un receso de la sesión plenaria, que se reanudaría hasta en horas de la tarde.

Previo a estas decisiones, la fracción de ARENA, se reunió de emergencia, entre el abucheo de la multitud que había ingresado al pleno. Paralelamente la Junta Directiva también, sostuvo una reunión mientras, los legisladores del FMLN inundaron con afiches de Monseñor Oscar Arnulfo Romero.

Se dijo que el Partido ARENA intentaba una maniobra, es decir, retirar el dictamen, en horas de la mañana, para que los protestantes se retiraran e introducirlo nuevamente en horas de la tarde o noche.

Repudio Popular frente al Palo de Hule

“Con gran indignación y con el irrespeto a la memoria de las miles de víctimas de los escuadrones de la muerte y el magnicidio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, vemos como los partidos ARENA, PCN y PDC, pretenden dar tributo a la memoria del asesino Roberto D´Aubuisson. Es burlarse de la ley de la república”, argumentó María Julia Hernández, desde la Tribuna Abierta instalada frente al recinto de la Asamblea Legislativa.

El dictamen que designa como hijo meritísimo al ex presidente Napoleón Duarte y al fundador del partido ARENA, Roberto D´Aubuisson, ha generado una serie de reacciones en contra de la designación del último. En una tribuna pública ante el palacio legislativo, las organizaciones : CODEFAM, COMAFAC, COMADRES, FESPAD, CDHES, LAS DIGNAS, CEBES-CEIPES, DDH- Sínodo Luterano, Asociación PRO BÚSQUEDA, IDHUCA, Centro de Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec” y Tutela Legal del Arzobispado, expresaron públicamente su rechazo a la iniciativa legislativa.

La directora de Tutela Legal agregó que ya diversas instancias de reconocida credibilidad internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de la Verdad y el tribunal federal de Fresno, California, han encontrado suficiente evidencia, para señalar como autor intelectual del asesinato del Arzobispo de San Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, así como el fundador de los escuadrones de la muerte, al ex militar Roberto D´Aubuisson Arrieta y su grupo de seguridad allegado, entre ellos Álvaro Saravia, Fernando Sagrera, Eduardo Ávila y Alejandro Cáceres, entre otros.

“Han transcurrido 27 años del asesinato de Monseñor Romero y la justicia no se aplica a los responsables, es una historia contada desde los victimarios. Pedimos en nombre de las víctimas, del clamor de un pueblo expresamos nuestro rechazo a esta acción oficial, que perpetra la impunidad y el irrespeto a la vida”, señaló.

Por su parte, el FMLN reiteró en conferencia de prensa, que no darán sus votos para ninguno de los designados, y afirmó el jefe de fracción, Leonel González, que no pueden ir en contra de la ley de la república.“El artículo 131, numeral 22 de la constitución, define claramente las actuaciones por las que se puede distinguir a un salvadoreño excepcional y (Roberto) D´Aubuisson, no reúne los méritos. Anunciamos que nuestra fracción no se dejará provocar por el partido ARENA y presentará solamente los argumentos de fondo y verdad”, señaló.

El Salvador: en contra de la infamia

A continuación se presenta el texto de la pieza de correspondencia que la Concertación por la Paz, la Dignidad y la Justicia, junto con ciudadanos y ciudadanas, presentamos hoy 14 de febrero, a la Asamblea Legislativa de El Salvador, en rechazo la iniciativa de distinguir como Hijo meritísimo de El Salvador, al fallecido mayor Roberto D'aubuisson, fundador del partido en el gobierno Alianza Repúblicana Nacionalista, ARENA y uno de los personajes del pasado reciente de El Salvador más señalado por su participación en graves y masivas violaciones a los derechos humanos en el contexto previo y durante el conflicto bélico. Los vínculos de referrencia (links) han sido agregados por el administrador de este blog.

San Salvador, febrero 14, 2007

Señores Secretarios
Asamblea Legislativa

Nosotros, miembros de la concertación por la paz, la dignidad y la justicia social, expresamos:

Hace casi un mes, los salvadoreños y salvadoreñas conmemoramos el XV aniversario de los Acuerdos de Paz de 1992. Dicho acontecimiento propició un espacio de reflexión en la sociedad sobre los avances del país y los desafíos que se plantean para el futuro en la construcción de una verdadera paz.

Sin duda, algunos objetivos de los acuerdos de paz se han cumplido como el cese del enfrentamiento armado, la creación de una nueva institucionalidad y una mejora substancial del respeto de los derechos civiles y políticos respecto del período bélico, lo cual ha favorecido el que podamos dar inicio a la construcción, todavía muy incipiente, de un proceso de democratización en nuestro país.

No obstante lo anterior, algunos aspectos relevantes de dichos acuerdos -y básicos para el logro de una verdadera convivencia democrática y pacífica-, son aún deudas pendientes por saldar, tales como la reconciliación de la sociedad salvadoreña, la cual, aún a 15 años de finalizado el conflicto sigue siendo un acuerdo incumplido de manera deliberada y en el que muchas personas y familias que sufrieron graves hechos de violencia sobre sus seres queridos, por parte de los contendientes en el marco de la guerra, aún no ven justicia por estos hechos, ni un proceso legal que les de la verdad que buscan conocer, ni una reparación por los daños sufridos.

En este contexto de ausencia de justicia y de verdad sobre los hechos del pasado para miles de salvadoreños y salvadoreñas víctimas directas de la violencia del período bélico, recibimos la noticia de la intención de diputados de esta Asamblea de nombrar como Hijo Meritísimo de El Salvador al fallecido mayor Roberto D’aubuisson Arrieta.

Esta iniciativa nos causa profunda consternación y especial indignación, dados los graves señalamientos realizados en contra del mayor D’aubuisson sobre su participación o autoría intelectual en crímenes de lesa humanidad, graves violaciones a los derechos humanos y otros hechos de violencia -entre ellos, el asesinato del Arzobispo de San Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero- y su participación en la organización y accionar de los escuadrones del la muerte; hechos consignados por el Informe de la Comisión de la Verdad, cuyos resultados y recomendaciones fueron truncadas por una ley de amnistía general que favoreció la impunidad de los hechos del pasado bélico, misma que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diversas instancias de protección de Derechos Humanos de Naciones Unidas así como diversas organizaciones y ciudadanos salvadoreños ha pedido reiteradamente su derogación.

Los señalamientos en contra del mayor D’aubuisson incluyen, además, una supuesta conspiración golpista a inicios de los 80, misma que fue investigada por instituciones oficiales en ese entonces.

Es previsible que los auspiciadores de esta iniciativa y sus seguidores rechacen estos señalamientos. No obstante su reacción, deben comprender y asumir que mientras no exista una investigación real y revelación de la verdad sobre los hechos del pasado, los señalamientos seguirán pesando sobre su memoria.

Creemos que el perfil que debería cumplir cualquier nominado como Hijo meritísimo de El Salvador, además de una trayectoria intachable y sin señalamientos, debería tener como premisa que dicha mención sea del consenso de la sociedad, representada en su pluralidad por la Asamblea Legislativa, dado que la patria nos pertenece a todos y todas. Cualquier imposición mecánica por vía de la mayoría de esta nominación carecería de legitimidad al no representar las opiniones de toda la sociedad.

Resulta tristemente paradójico el hecho que esta iniciativa surja una semana después de que Naciones Unidas solicitara nuevamente la derogación de la Ley de Amnistía para dar paso a las investigaciones sobre las desapariciones forzadas realizadas en el pasado por cuerpos de seguridad y escuadrones de la muerte; y que altos funcionarios de Gobierno han expresado que no cumplirán con tal recomendación.

La polémica impulsada por esta iniciativa, es un claro acto de provocación y demostración de poder de sus promotores, lo cual trasciende el ámbito de la discusión legislativa y tiene consecuencias sociales y políticas que afectan a terceras personas.

La figura del mayor Roberto D’aubuisson, lejos de ser una figura que convoque al consenso, es un factor de confrontación y polarización y la sola iniciativa de hacerle merecedor de semejante distinción constituye una apología a la impunidad y al cierre de caminos para la búsqueda de la verdad y la justicia, así como una ofensa hacia aquellos que aun sufren las secuelas de las injusticias del pasado y que buscan reparación y justicia.

En consideración de lo anterior, las personas e instituciones suscritas manifestamos:

1. Rechazamos la iniciativa de nombrar como Hijo Meritísimo de El Salvador al mayor Roberto D’aubuisson por los graves señalamientos de crímenes y violaciones a derechos humanos en los que habría participado y que no han sido objeto de investigación judicial objetiva, imparcial e independiente para el descubrimiento de la verdad.

2. Exhortamos a la Asamblea Legislativa a retomar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas y entidades locales para que se derogue la Ley de Amnistía de 1993. Así como las recomendaciones a adoptar estándares internacionales de protección de los Derechos Humanos como la recientemente aprobada Convención contra la desaparición forzada de personas.

3. Solicitamos respeto y consideración a las víctimas del conflicto y a sus familiares y dolientes que aún claman por justicia en sus respectivos casos.

(Firmas y sellos)

La implementación de la Ley contra el crimen organizado y delitos de realización compleja: mitos y verdades (II)

Por Edgardo A. Amaya Cóbar

A pocos días de entrada en vigencia la Corte Suprema de Justicia no ha logrado definir si creará nuevos tribunales o convertirá a algunos de los ya existentes en tribunales especiales. Ambas opciones son víctimas de la improvisación: si se crean nuevos tribunales, implica crear nuevas plazas y mayores costos; si se convierten los ya existentes, se reducen costos, pero la carga de trabajo que dejarían de percibir se distribuiría en los otros juzgados, ya saturados.

Por otro lado, no se han previsto otros aspectos como los impactos que podría tener el funcionamiento de estos tribunales –con una visión claramente punitiva– en el conjunto del sistema penal, principalmente en el ámbito penitenciario, que enfrenta niveles de hacinamiento históricos y elevados niveles de conflictividad interna.

Hay que tener a la vista, además, las repercusiones política que este proceso tiene en el ámbito de la judicatura y del gobierno del Órgano Judicial. La creación de nuevas plazas judiciales ha generado una feroz competencia por ellas, tanto en el nivel interno de la judicatura, particularmente por agrupaciones gremialistas judiciales tradicionales, como en el exterior por parte de abogados. Esto, aunado a la propuesta del magistrado presidente de la Sala de lo Penal de establecer un examen “ideológico” a los aspirantes, con el fin de excluir a los jueces “garantistas”.

El Consejo Nacional del Judicatura ha convocado a un proceso de selección el cual se encuentra abierto tanto para juzgadores como para profesionales del derecho. Esto contradice la tónica de conformación de las propuestas del CNJ, las cuales deberían –tal como se ha venido haciendo– priorizar tanto a los miembros de la carrera judicial a partir de sus méritos, como a los graduados del Programa de Formación Inicial (PFI) de jueces que impulsa el mismo Consejo.

La apertura de esta supuesta selección supone una involución en los procesos existentes implementados y genera sospechas sobre posibles intereses de promocionar a participantes específicos de acuerdo a exigencias ajenas a la función judicial.

En conclusión, hemos sostenido que la aprobación e implementación de la ley que comentamos no responden de manera coherente y eficaz a la problemática real de la criminalidad organizada en El Salvador. Es una legislación técnicamente deficiente y su proceso de implementación es improvisado. El exceso de expectativas generadas casual o intencionalmente sobre ésta, así como las transformaciones en el proceso de selección de las judicaturas previstas por la ley, dejan entrever las motivaciones políticas de su impulso e implementación.

Lo más grave de este contexto es la cada vez mayor y evidente manipulación del Ejecutivo hacia el Órgano Judicial, no contento con la independencia judicial que se hizo patente en el freno a la legislación antimaras por parte de los jueces, ahora se receta jueces según sus necesidades, sin ningún tipo de pronunciamiento o debate por parte del Órgano Judicial, que ha procedido obedientemente a la implementación de una ley, creada por el gobierno, no por éste Órgano, que afecta de manera sensible su estructura y presupuesto, lo que pone claramente en duda su independencia.

La implementación de la Ley contra el crimen organizado y delitos de realización compleja: mitos y verdades

Por Edgardo A. Amaya Cóbar

Nos encontramos a las puertas de la entrada en vigencia de la denominada Ley contra el crimen organizado y delitos de realización compleja y es lamentable apreciar semejante pérdida de tiempo y recursos en esfuerzos mediocres, nacidos de la improvisación y de las estrategias de marketing de la derecha política y su sequito judicial. Es un hito de la arbitrariedad político criminal gubernamental.

En buena medida, medios de comunicación han pecado, por ingenuidad o por malicia, en generar un exceso de falsas expectativas y apoyos alrededor de esta ley, en consonancia con el ánimo gubernamental de presentarla como otra de sus panaceas para enfrentar la criminalidad y la violencia, cuando su ámbito de aplicación sería sumamente limitado como se verá más adelante.

Esta ley, desde su elaboración, aprobación y ahora, en su fase de implementación, se ha visto marcada por una evidente improvisación y falta de seriedad, reflejada en su precariedad técnica, como en su falta de inserción en políticas concretas y definidas.

Entre los falencias técnicas, la más fuerte es su visión sumamente restringida –cuando no, errática– del crimen organizado, que no incluye en su ámbito de aplicación figuras delictivas establecidas por la legislación internacional sobre la materia. Es más, la misma ley derogó el artículo 22-A del Código Penal, el cual reunía un amplio catálogo de figuras delictivas, que en la ley actual se reduce a tres: Homicidio simple y agravado, secuestro y extorsión, cuya frontera divisoria respecto de los delitos “comunes” no es tan marcada. Lejos de combatir el crimen organizado “de verdad”, parecería que le favorece, excluyéndolo por decreto.

Como cualquier medida improvisada, sin inserción en políticas concretas y sin planificación previa, tiene consecuencias financieras inmediatas, regularmente negativas, pues genera gastos no previstos y rompe con las planificaciones originales, alterando los presupuestos.

Según las informaciones periodísticas, la implementación de dicha ley costaría aproximadamente $4 millones anuales, costos que no estaban originalmente previstos en el Presupuesto del año 2007 para el Órgano Judicial. Este repentino gasto se da cuando el Gobierno argumenta necesitar un préstamo de $100 millones de dólares para mejorar la seguridad pública y el sistema penitenciario. ¿Por qué si se necesitan $100 millones, se toman decisiones improvisadas que agravan el déficit presupuestario?

El magistrado presidente de la Sala de lo Penal, el más animoso impulsor de esta normativa, alega que esta ley supondría un ahorro y mejoraría la eficiencia del sistema en el procesamiento de los casos. Sin embargo es muy difícil –sino imposible– encontrar la supuesta racionalidad económica de lo alegada: ¿cómo es más barato invertir $4 millones en implementar una ley que procesa delitos, que ya son conocidos por los tribunales penales, mediante la creación de nuevas instancias judiciales cuyos costos de operación son más elevados que los ordinarios?

El mismo funcionario alega que el procedimiento sería más expedito que el procedimiento ordinario, lo cual no deja de llamar la atención pues se esperaría que los delitos de realización compleja necesitaran mayor preparación que los casos ordinarios. Una lectura de los plazos procesales dispuestos, no tiene una diferencia significativa respecto del Código Procesal Penal vigente, sus plazos son solo ligeramente mayores.

Uno de los objetivos perseguidos por los impulsores de esta ley, se encuentra por fuera de su aplicación a determinadas figuras delictivas. Cómo lo manifestó el magistrado presidente de la Sala de lo Penal: busca generar un nuevo esquema procesal penal, que desde nuestro punto de vista, sería más autoritario y con menos garantías. Esta es su prueba piloto, lo cual es preocupante considerando el débil nivel técnico de la iniciativa y arbitraria forma de imposición.

Jueces travestís

Por Edgardo A. Amaya Cóbar

Asistimos a un creciente activismo de algunos representantes de la judicatura, abiertamente adscrito al fetichismo jurídico y populismo punitivo –propios del discurso oficial–, que goza de la complaciente –cuando no, cómplice– cobertura de algunos medios de comunicación, los que favorecen opiniones compatibles con sus agendas en lo que respecta a la justicia y su animadversión ideológica hacia la judicatura independiente. “Para que apriete la cuña, tiene que ser del mismo palo”.

Esta filiación ideológica aunada su falta de identidad político-institucional como juzgadores, los lleva a proponer perfiles alternativos de la figura judicial –como lo vemos ahora en el contexto de la selección los nuevos jueces contra el crimen organizado–, distorsionantes de la independencia y la imparcialidad, plegados a agendas externas a la función judicial. Un perfil político-ideológico, no técnico.

Su travestismo consiste en pretender convertir al juez en verdugo, aliado del acusador y apéndice del Ejecutivo –distorsionando el diseño constitucional de aplicación de justicia–, y lo que es peor, llegan a sugerir la propuesta de vulnerar el mismo esquema de constitucionalidad y legalidad en favor de los animos punitivos, alegando que los derechos humanos o las garantías son estorbos para la aplicación de la ley.

Para ellos existen dos tipos de jueces mutuamente excluyentes: los duros –donde se ubican e identifican– y sus contrarios, los garantistas, señalados de revoltosos e izquierdistas. De esta forma, siguiendo su lógica de exclusión refleja, serían ellos, derechistas.

Esta retórica barata, propia de una mentalidad autoritaria y maniquea, encubre interesadamente hechos o los tergiversa. Por ejemplo, se quejan de que las leyes son favorables a los delincuentes o que los jueces son “hipergarantistas” y favorecen al imputado, bien ¿cómo entonces es que las cárceles, terriblemente hacinadas, han alcanzado una cifra record de 14,683 personas privadas de libertad (207 presos por cada 100 mil habitantes), en su gran mayoría condenadas? ¿no es inconsecuente e irresponsable plantear más condenas, sin otras alternativas, en un contexto tan grave como el existente?

Plantean implícitamente que los jueces deberían servir solo para condenar, pero un contraste con la realidad, muestra que su coherencia es deficitaria. Para ellos existen dos tipos de sospechosos: los de su discurso, los malos, el delincuente común u organizado de mediana escala, el pandillero, que merecen condena ipso facto. Y los otros sospechosos, los que no entran en su discurso, son los buenos, los que tienen derecho a la presunción de inocencia, a quienes no se les importuna, no se les molesta, se les dispensa buen trato y pleitesía.

Para muestra, ¿En el caso de la Sección de Probidad, los ex miembros de la administración Flores, incluido el mismo ex Presidente, fueron objeto de la lógica de este discurso de culpabilidad automática de alguno de estos voceros judiciales pro-oficialismo? ¿Acaso no, mediante maniobra jurídicamente cuestionable –defendida y apoyada por alguno de estos voceros–, se reformaron las facultades de la Sección de Probidad de la CSJ para quitarle el desarrollo de las investigaciones, de las que posteriormente la Corte dio, sin mayores detalles, una resolución limpiando las sospechas planteadas previamente sobre la mayoría de investigados, noticia a la que la prensa apenas dedicó espacio.

En resumen, éste discurso es esquizoide e incoherente. Además, atentatorio contra la democracia y la institucionalidad cuando sugiere tácitamente la necesidad de desobedecer la Constitución y otras leyes –que como juzgadores juraron cumplir– como los tratados internacionales ratificados por el país y vigentes como leyes de la república. Ello es un acto apologético de la anomia, que se coloca en las antípodas del Estado de derecho.

WOLA e Investigadores Presentan Estudio Transnacional sobre Maras

(Comunicado de Prensa, tomado de la página http://www.wola.org)

Washington DC., 8 de febrero de 2007 –Hoy la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) y un equipo de investigación encabezado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), presentarán las conclusiones de un estudio trasnacional que duró más de un año y que compara a las maras en diferentes países Centroamericanos, México y en el área de Washington DC en Estados Unidos. El equipo presentará sus conclusiones durante la conferencia de prensa titulada “Maras en Centro América, México y Washington D.C.: Un Examen Transnacional” la cual se llevará a cabo en el Salón Zenger del National Press Club de 10:00 a 11:00 de la mañana, el día jueves 8 de febrero.

Entre las conclusiones del equipo de investigación se encuentran (enlace al reporte abajo):

1) Las recomendaciones de políticas sobre cómo tratar con maras y temas de seguridad pública deben basarse en un análisis serio sobre la naturaleza del problema, en vez de basarse en mitos, anécdotas o especulación. Las maras son dinámicas: cambian, crecen, se encogen y no deberían de ser tratadas como si fueran un problema estático que se mantiene igual en todas las regiones y a través del tiempo.

2) El análisis hecho por el equipo de investigación sugiere que las maras son una seria amenaza para la seguridad pública en El Salvador, Honduras y Guatemala, aunque la naturaleza de las maras varía de país en país. Al mismo tiempo, las maras son un menor problema y una menor amenaza en Nicaragua. En Washington DC, Estados Unidos, las pandillas conformadas por inmigrantes de Centro América o hijos de inmigrantes, están activas en zonas muy específicas y no representan un problema grave para la seguridad pública en este momento.

3) Sorprendentemente, los investigadores encontraron que las pandillas formadas por inmigrantes Centroamericanos, o conectadas a las maras en Centro América tales como la Mara Salvatrucha o la mara Calle 18, no se han esparcido por México. Las maras mexicanas existen y los grupos criminales de tráfico de drogas son un serio problema en México. Sin embargo, pese a la retórica alarmista, la investigación muestra que las maras de origen centroamericano no son un problema mayor en México.

4) En El Salvador, Honduras y Guatemala, en donde el problema es serio, las respuestas del gobierno se han enfocado fuertemente en estrategias de aplicación de ley represivas. Esta estrategia ha sido contraproducente. La investigación muestra que las pandillas se han organizado más, en vez de menos, como respuesta a las políticas duras de la policía. La seguridad pública no ha mejorado como resultado de estas estrategias.

5) La investigación sugiere que existen “mejores prácticas” en Centroamérica y en los Estados Unidos que deben ser exploradas con más profundidad y que pueden rendir mejores resultados. Estas prácticas incluyen esfuerzos para tratar el problema de una manera integral, como lo han hecho las autoridades locales del área de Washington DC; la participación de la policía en programa de prevención, como lo ha hecho la policía en Nicaragua; y los esfuerzos por desarrollar respuestas que se basan en la comunidad, como ha sucedido en comunidades locales a través de Centroamérica. Estas lecciones deben de ser también consideradas en México, en donde hay necesidad de brindar respuestas preventivas y coordinadas, así como de políticas distintivas y responsables que traten con la violencia juvenil.

El reporte y el resumen ejecutivo están disponibles en la pagina de Internet de WOLA: www.wola.org

Para más información contactar a:
Geoff Thale, Titular del Programa de Maras: 202-664-7887
Connie McGuire, Coordinadora de Investigación sobre Maras: 202-321-2144

With a little help from my “friends” (?)…

Por Edgardo A. Amaya Cóbar

El Salvador tuvo como celebre huésped al Fiscal General de los Estados Unidos, Alberto Gonzalez –a la sazón, cerebro encargado de justificar la situación ilegal de cientos de presos de guerra afganos en las cárceles de Guantánamo, fuera de los estatutos del derecho de guerra o de la protección legal básica estadounidense, impulsor de escuchas telefónicas e intercepción de correos electrónicos sin orden judicial (procedimiento declarado ilegal) y vocero legal del ala dura de la lucha contra el terrorismo-.

El hecho que el Fiscal General de los Estados Unidos, venga a El Salvador a tratar, entre otros temas, el combate a las pandillas, no es algo que pueda tomarse a la ligera. Sin caer en complejos de inferioridad u odiosas comparaciones, se debe reconocer que el hecho que un funcionario de primer nivel de la administración Bush se apersone a discutir un tema como el de las pandillas y su tratamiento regional, es algo que va mucho más allá de una mera reunión de cortesía. Sin querer sonar chovinista, los acontecimientos parecen indicar el inicio de un nuevo frente de alineamiento de la región a las políticas de seguridad de la primera potencia.

Creo que las pandillas o maras son una preocupación legítima para cualquier gobernante por el impacto que tienen en ciclos de violencia y delincuencia dentro de los respectivos países. Sin embargo, esta preocupación es sobredimensionada por un lado, y muy poco precisa por otro. Se convierte a la pandilla o mara en el “enemigo público N° 1” mientras se obvian o ignoran otras manifestaciones criminales que constituyen poderes fácticos que pueden condicionar o hasta manipular a los gobiernos (crimen organizado, narcotráfico), o se generaliza a la mara o pandilla desde el niño de 11 años que pasa su prueba de ingreso mediante un delito, con el líder o con las cúpulas de poder que planifican y ordenan hechos de gran envergadura.

En este escenario de visiones sobredimensionadas y generalizadoras, también las respuestas suelen ser poco adecuadas o al menos parciales e incompletas. En este caso, el Fiscal General de los Estados Unidos y sus homólogos locales, junto con los cuerpos de policía, reeditan más estrategias de control. Esto, en principio, no está ni bien ni mal, al fin y al cabo, son organismos de aplicación de la ley, es lógico que funcionen en ese campo.

Lo que sí no puede ser es que el análisis sobre la problemática de las pandillas continúe centrándose desde la visión del control como única alternativa o que la prevención sea vista como algo marginal. Viniendo esta propuesta desde Estados Unidos, el Estado-penal por excelencia, no deberíamos tener muchas expectativas sobre nuevos enfoques.

Una lectura de las noticias deja entrever otras cosas: primero, lo obvio, que las pandillas son un problema de seguridad para Estados Unidos, por eso son importantes, si no lo fueran, no estaríamos escribiendo esto ni nuestras instituciones estarían recibiendo equipos, dinero, capacitación… y órdenes. (Con esto no quiero decir que las maras o pandillas no sean un problema para nosotros, lo son –dramáticamente–, pero en este contexto, esto parece ser una cuestión secundaria)

En el marco de esta preocupación por “su” seguridad –según el discurso de las autoridades norteamericanas–, nuestros países son tanto la causa del problema como los receptores y destinatarios para el mismo, que deben recibir a todos los deportados con antecedentes criminales de los que Estados Unidos no quiere hacerse cargo y a quienes nuestros gobiernos los reciben a regañadientes con una triste moraleja: Allá no te quisieron y aquí tampoco te queremos: los hermanos lejanos solo son queridos si logran quedarse lejanos y mandan dólares (aunque sea vendiendo droga en las esquinas)

No discuto el hecho de enfrentar un problema común de manera conjunta por varios países, lo que creo que es discutible es la limitación de las estrategias (control) y temas seleccionados (maras) pues este marco, más bien parece que se busca crear una nueva amenaza para la región, dicho esto en la jerga de la Seguridad Hemisférica.

Una amenaza, como lo fueron los comunistas, subversivos, o lo es aún la droga, que genera y sirve para justificar más burocracias y más gasto en el sistema penal y de seguridad en todos los países involucrados, con todos los efectos perversos que ello ha generado: más violaciones a los derechos humanos, más corrupción, y un ciclo perverso por el cual las burocracias necesitan a sus fantasmas para seguir viviendo.

Finalmente, no deja de ser una iniciativa reduccionista e insuficiente. Se debe reconocer que la problemática de las maras o pandillas, la criminalidad y la violencia asociada a estas tiene raíces en las condiciones de desigualdad, exclusión, falta de oportunidades, migración forzada y la desintegración familiar derivada de dichos procesos y que inundan la historia de vida de miles de jóvenes de nuestros países. Algo que no es una responsabilidad exclusiva de malos gobiernos en la región sino que se conjuga en el marco de las relaciones del norte y el sur, por lo que una cooperación internacional más coherente con esta problemática sería la orientada a reducir esas condiciones que orientan el camino de muchos jóvenes hacia la violencia.

"¿Imperialismo o negligencia? La militarización de asistencia norteamericana hacia América Latina"

"¿Imperialismo o negligencia? La militarización de asistencia norteamericana hacia América Latina" de James Loxton, es tel título de un interesante y actual análisis respecto de la asistencia militar norteamericana a los países de América Latina y su correlación con sus iniciativas geopolíticas. Este no es un análisis tradicional sino que da una perspectiva sorprendente y bastante original de esta dinámica, que se distancia de las interpretaciones más comunes y dominantes (talvez, también, simplistas)

Pueden acceder al artículo en la página del programa Seguridad y Ciudadanía de Flacso, Chile.

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