Populismo punitivo: el irracionalismo penal de hoy

Aumento de penas, creación de nuevos delitos, propuestas de pena de muerte, castración química, reducción de la edad penal para juzgar menores, legislaciones de emergencia, recorte de las facultades judiciales, ampliación desmesurada de las facultades policiales, mayores restricciones penitenciaria, militarización, en resumen: macropenalismo puro y duro, son solo algunas propuestas surgidas desde una forma común –demagógica y fraudulenta- de hacer política: el populismo punitivo.

El populismo, dentro de sus acepciones, es una forma de acción política basada en la toma de decisiones o generación de propuestas populares es decir, de agrado de la población mediante la manipulación de sus emociones, con el fin de obtener apoyos y réditos electorales, aun y cuando dichas decisiones o propuestas atenten contra el mismo Estado Democrático de Derecho que auspicia su participación política y le permite difundir sus opiniones, por irresponsables que sean. No obstante, ante las críticas, el populismo se ampara en una lógica seudo pragmática por la cual, la institucionalidad y la normatividad son solo obstáculos para la “eficacia” y, por tanto, pueden ser violentadas en nombre del pueblo, categoría que es manipulada según las conveniencias del momento.

Históricamente, los gobiernos populistas no han logrado generar cambios reales en las estructuras que gobiernan, por el contrario, han sido igualmente útiles a las formas de dominación existentes y se han visto manchadas por la corrupción institucionalizada y graves violaciones a los derechos de la ciudadanía. El populismo es fraudulento pues no puede cumplir lo que promete, sus propuestas son irreales y solo buscan complacer las emociones de la gente pero no satisfacer sus necesidades reales de una manera seria y coherente.

La sociología jurídico-penal ha acuñado el término populismo punitivo para denominar aquellas tendencias políticas orientadas a ofrecer respuestas “rápidas” y “eficaces” a los problemas de seguridad de una sociedad a través de la ampliación del sistema penal y de un funcionamiento reactivo y represivo de éste como respuesta primordial. Esta tendencia es acompañada de discursos maniqueos que dividen la sociedad en buenos y malos, donde estos últimos no son reconocidos como ciudadanos (aunque un voto de ellos no lo despreciarían) y trazan una línea divisoria simplista pero marcadamente autoritaria: o con nosotros (la gente “decente”, “honrada”) o con los delincuentes. Esta forma específica de populismo es igualmente demagógica y fraudulenta que el género al que pertenece.

Uno de los mayores ejemplos de populismo punitivo que hemos vivido fue la campaña de los planes “Mano dura” y “Súper mano dura” impulsados por el expresidente Flores y el Presidente Saca respectivamente: gran despliegue publicitario, capturas masivas, ley antimaras, militarización de la seguridad pública, exhibiciones del entonces Presidente Flores con las víctimas, campañas de odio y desprestigio contra los jueces y sectores críticos al plan ¿Todo esto para qué? Para obtener un aumento de los homicidios y una victoria electoral de su partido ¿Quién salió beneficiado? No cumplir, una vez electo, con lo que se promete, en nuestro caso, acabar con la fiesta de los “malacates”, es lo que podríamos denominar fraude postelectoral.

Luego de centrarse y reforzar el encierro como principal solución al problema de la inseguridad-cosa en la que se han esforzado notoriamente-, ahora el problema está en las cárceles. Ya no es solo el problema del hacinamiento, de la violencia interna y los motines penitenciarios. Se ha convertido al sistema penitenciario en una oficina privada del crimen organizado y coto de la corrupción más escalofriante.

¿Es esto racional? ¿estamos condenados a seguir en el mismo esquema represivo y propagandístico, pero ineficaz? Digo, como ciudadano, no puedo seguir confiando en un gobierno cuyo desatino y tozudez para abordar el tema de la inseguridad, solamente ha generado más daño ¿O es que mantenernos asustados les es útil para volver a ofrecernos soluciones salvadoras para que volvamos a votar por ellos, para que sigamos esclavizados a la seguridad privada, comprando armas para arriesgar nuestras vidas y alimentando ese comercio inhumano? Suena perverso, pero no creo que sea muy lejano de la realidad.

El populismo punitivo es una mentira, un fraude. Es inmoral e irresponsable en un tema donde su ligereza y superficialidad se paga con vidas humanas y con el dolor de las víctimas. Nadie tiene la solución mágica para la inseguridad, no es un problema que se resolverá de la noche a la mañana, y no obstante los esfuerzos, el delito siempre existirá en estas sociedades, solo podemos aspirar a llevarlo a un nivel “tolerable” y en eso hay que ser claros, quien ofrezca lo contrario, miente. El problema de la inseguridad hay que enfrentarlo con racionalidad y realismo, no con seudo pragmatismos, y con las armas del Estado democrático de derecho, a través de una política criminal consensuada democráticamente y aplicada sistemáticamente y con transparencia.

Hace algunos días, un columnista, en un matutino “criticaba a los que critican” -me doy por aludido- en materia de seguridad y los desafiaba a ir más allá de las críticas y del discurso de que “es un problema complejo” hacia la aportación de soluciones. No comparto totalmente esa opinión, pues la crítica no puede estar supeditada necesariamente a la propuesta (¿o es qué, si no tengo propuesta, mejor me callo y aguanto?) y eso me lleva al segundo punto: para proponer, responsablemente, es necesaria la existencia y disponibilidad de datos e indicadores precisos que permitan hablar con propiedad, cuestión particularmente difícil en nuestro medio donde la disponibilidad de información no es necesariamente la regla, pues la cuestión de la inseguridad no se limita al número de homicidios o las denuncias de extorsiones publicadas por los medios, un análisis más preciso necesitaría otros datos sobre victimización y capacidades institucionales, para solo mencionar algunos. Además, nadie esta en la posición ni en la capacidad de dar de manera especulativa e individualmente soluciones, sino que estas tienen que ser producto de una construcción colectiva entre funcionarios y ciudadanos con basamento en un rigor técnico y científico que permita dar respuestas coherentes con las problemáticas que se pretendan atacar. Un dato para el público: en El Salvador se han producido, desde diversos sectores no vinculados al Órgano Ejecutivo, al menos tres propuestas amplias y detalladas de política criminal que han sido presentadas ante el gobierno, pero que no han recibido la necesaria atención, sea por negligencia, sea por animadversión ideológica. El dato muestra dos cosas: uno, que a la par de un reclamo ciudadano por la seguridad, también existen propuestas concretas y dos, que ante tal nivel de indiferencia, mayor grado de presión, sea ésta, a través de la crítica.