Hipótesis sobre crimen organizado, corrupción y las maras o pandillas juveniles en El Salvador

Actualmente existe en El Salvador, una muy difundida sensación de perdida de control o hasta de fracaso en el tratamiento del problema de las padillas juveniles o maras, las que aparentemente actúan con sobrada impunidad mientras que el alcance de sus actividades delincuenciales se amplía y sofistica cada vez más, como dan cuenta los noticieros y la prensa, sin que se vea una respuesta contundente desde el estado al fenómeno.

Lo anterior solo presenta una fotografía, muy somera de la situación, en consecuencia, no pretende explicar una realidad más detallada y llena de matices. No obstante lo anterior, sobre esa base es posible iniciar algunas reflexiones sobre las temáticas mencionadas, en orden, a estimular un debate más amplio y generar otras hipótesis de conocimiento e intervención.

1. La primera reflexión se orienta hacia “lo que sabemos” y “cómo lo sabemos”. No creo estar muy equivocado al afirmar que la mayoría de la gente tiene un conocimiento de la realidad delincuencial del país a través de los medios de comunicación locales. No creo equivocarme tampoco al afirmar que un importante porcentaje de las coberturas del ámbito policial y judicial se refieren a actos delictivos cometidos por miembros de maras. Además, sin atreverme a afirmarlo, pero sí a sospecharlo, creo que gran parte de estas coberturas se origina a partir de la fuente policial. Hechas estas afirmaciones y sospechas, podemos concluir que el panorama noticioso por el cual se informa la gente se encuentra sesgado, en tanto solo presenta una fracción de los hechos, talvez, poco representativa y, en consecuencia, distorsiona la percepción de la realidad de la gente.
2. Dado que si afirmamos que existe una visión sesgada de la situación delincuencial, resulta obvio que existen otros tipos de manifestaciones delictivas, de igual o mayor impacto que las maras o pandillas que no aparecen dentro de esta visión cotidiana y popular de la delincuencia. Nos referimos a la criminalidad organizada.
3. Pero, ¿qué es el crimen organizado? Este es un terreno escabroso, pues las elaboraciones teóricas y jurídicas sobre este tema son múltiples y no concordantes, por lo que no existe una definición media ampliamente aceptada, por lo que los instrumentos internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, tipifican ciertas actividades o hechos concretos y modalidades de ejecución, pero no define qué se entiende por este tipo de criminalidad.

A pesar de esta dificultad, es posible rescatar algunas de sus características recogidas en diversas legislaciones y elaboraciones doctrinarias, tales como algunos criterios, inspirados en los propuestos por el Consejo de Europa (2002:6): la primera tiene que ver con el carácter colectivo y ánimo de permanencia en el tiempo de los actores, quienes actúan de acuerdo con una cierta división o especialización laboral y una jerarquía más o menos permanente. Este criterio es insuficiente pues hasta los saqueadores de casas pueden tener una estructura. No basta entonces con el carácter colectivo y estructurado, sino que a ella debe agregarse una cierta cultura organizacional propia.

Con lo hasta aquí dicho, uno puede llegar a la conclusión que las pandillas o maras, encajan dentro de esta visión de la criminalidad organizada. Antes de llegar a dicha conclusión, es necesario tomar en cuenta otros elementos.

Parece que por el estado del conocimiento sobre la temática de las maras, se debe ser cauteloso, pues aunque las pandillas tengan un elevado grado de organización y se constituyan como una solida subcultura, no existen suficientes evidencias que indiquen que actúen como un todo coordinado, más bien, lo que algunos hechos muestran es que existen grupos específicos dentro de las pandillas, en ciertos lugares, que han realizado o realizan actividades criminales de mediana o gran envergadura como tráfico de drogas, secuestros y extorsiones, lo que paulatinamente se ha ido extendiendo hacia otros territorios, en alguna medida, debido a la creación de centros de formación y capacitación especializada con que han contado las pandillas, léase: sectores propios en el sistema penitenciario, donde se propicia el intercambio permanente entre las agrupaciones más experimentadas y las menos, para luego, trasladar la experiencia hacia el exterior. Clasificar las pandillas o maras, sin matizaciones, como crimen organizado, no sería totalmente fiel a la verdad, aun y cuando, es necesario tener presente que su evolución indica estar orientándose en ese sentido.

Una segunda característica de la criminalidad organizada tiene que ver con la noción de crimen-empresa, es decir, se maneja en un área de productos o servicios ilegales. Al igual que el mundo empresarial “legal”, la criminalidad organizada tiene el ánimo de lucro, tanto económico como de otro tipo (poder e influencias) y comparte asimismo, la lógica de competencia, por la cual se disputa un mercado específico. En este sentido, este tipo de actividad supone un control sobre los procesos, productos y ganancias. La evidencia conocida, presenta a las pandillas como entidades subcontratadas para ciertos fines específicos: seguridad de operaciones, distribución de droga, intimidación de testigos, ejecuciones, pero no controlan algunos negocios con los que se les vincula como el trafico de drogas, armas o el tráfico de personas, aunque puedan estar desarrollando actividades a escala por cuenta propia como las extorsiones.

El crimen organizado no se limita a operar solamente en el campo de la economía ilegal, sino que utiliza y necesita de la economía legal en la que existe, para blanquear los recursos obtenidos y encubrir sus actividades criminales. No hay evidencias conocidas de que las actividades criminales de las pandillas estén mutando hacia la economía legal.

La tercera gran característica que tiene que ver con la relación del crimen organizado con la institucionalidad estatal. El crimen organizado buscará su impunidad a través del uso (o cooptación) de la institucionalidad del estado, sea a través de la corrupción o de la intimidación y amenazas, para adormecer a los controles que deberían combatirlo y aplicar la justicia y para lograr su filtración al mundo “legal”. Muchas veces estas acciones no se limitan a la mera búsqueda de impunidad, sino que además implicarían, la complicidad de agentes estatales en actividades criminales y en la “regulación del mercado” o control de la competencia, o inclusive, establecer las reglas del juego, cuando penetra instancias de decisión política.

4. Existen diversos antecedentes en el país que nos dan cuenta de estas situaciones en diversos niveles, tales como policías que han sido capturados por extorsionar a distribuidores de drogas, policías organizados en redes de robo de vehículos, hasta un exdiputado condenado por narcotráfico e investigaciones en marcha en contra de otros miembros de la clase política por delitos relacionados con economía ilícita, por citar ejemplos que salen a flote. Esto revelan la existencia de vasos comunicantes entre el crimen y la institucionalidad, especialmente con la esfera política. Lo que no sabemos es el nivel de influencia y distorsión que tenga ésta en el funcionamiento institucional. Aquí cabe plantear la hipótesis de que a menor nivel de transparencia institucional, mayor riesgo de afectación del crimen organizado.

La proliferación de la corrupción tiene serias implicaciones, no se limita a las ganancias ilícitas e ilegítimas de quienes participan de ellas, sino que tiene consecuencias concomitantes que afectan directamente a la ciudadanía: distorsión del servicio, pérdida de calidad, exclusión de los beneficios públicos, pues éstos se desplazan a la esfera privatizada por la corrupción. Pero en temas tan sensibles como la seguridad pública y la justicia, se traduce en la falta de garantías de justicia, falta de eficacia, impunidad, brutalidad, falta de protección efectiva de las autoridades y hasta riesgos para la integridad física y la vida de las personas que recurren a la justicia en casos delicados.

Esto es particularmente sensible en El Salvador, donde las instituciones contraloras de la transparencia gubernamental y de los funcionarios, han sido cuestionadas en su eficiencia y eficacia para la realización de las funciones a las que se encuentran llamadas y por su parte, ha existido una tendencia del poder político a debilitarlas, sea por su reducción o mediante la cooptación de éstas por partidos o grupos específicos.

Para el caso del diputado Silva, actualmente en espera de antejuicio por casos de cohecho y lavado de millonarias cantidades de dinero, llama a sospecha que la Fiscalíala señale ahora que parte de sus actividades fraudulentas que se le imputan, residían en lograr contratos públicos con Alcaldías, sin que sus empresas tuvieran capacidad o idoneidad para ejecutar las obras o que las obras fueron asignadas sin licitación previa ¿acaso eso no es algo que Corte de Cuentas de la República debería haber detectado? Vale la pena recordar que el PCN, partido al que pertenece el diputado Silva, ha reclamado la Corte de Cuentas como patrimonio del partido, el trozo del pastel que le corresponde del reparto partidocrático de las instituciones públicas y la maneja desde hace ya muchos años, a pesar de las críticas a su ineficiencia e ilegitimidad de su mandato.

5. En este contexto, donde se sabe de la existencia de agrupaciones de crimen organizado de diversos niveles de impacto e influencia, donde miembros de este tipo de criminalidad se han enquistado en instituciones, donde las instancias contraloras de la función pública carecen de efectividad, no es raro entonces que el crimen organizado no reciba la atención que merece, pues es probable que tenga capacidad de desviar la atención hacia otro lado, como las pandillas por ejemplo. Pero dado que estas le son funcionales, en tanto les proveen servicios y a la vez sirven de cortina de humo, las políticas hacia este fenómeno podrían encontrarse condicionadas o influenciadas por esta circunstancia. Mientras exista demanda y oferta de estos servicios, el producto seguirá en el mercado. De ser así, la ciudadanía estaría secuestrada en un círculo perverso.

Sin negar el gran impacto que el accionar delincuencial ocasionado por los miembros de pandillas o maras, es necesario establecer con claridad y precisión, cual es el lugar y nivel que estos ocupan en el ciclo de la economía criminal. En este sentido, considerarlas como el principal problema de seguridad pública, puede ser una consideración discutible frente a las evidencias de infiltración del crimen organizado en la institucionalidad y la clase política, lo que puede ser igual o más dañino que el accionar pandilleril.