A continuación se presenta el texto de la pieza de correspondencia que la Concertación por la Paz, la Dignidad y la Justicia, junto con ciudadanos y ciudadanas, presentamos hoy 14 de febrero, a la Asamblea Legislativa de El Salvador, en rechazo la iniciativa de distinguir como Hijo meritísimo de El Salvador, al fallecido mayor Roberto D'aubuisson, fundador del partido en el gobierno Alianza Repúblicana Nacionalista, ARENA y uno de los personajes del pasado reciente de El Salvador más señalado por su participación en graves y masivas violaciones a los derechos humanos en el contexto previo y durante el conflicto bélico. Los vínculos de referrencia (links) han sido agregados por el administrador de este blog.
San Salvador, febrero 14, 2007
Señores Secretarios
Asamblea Legislativa
Señores Secretarios
Asamblea Legislativa
Nosotros, miembros de la concertación por la paz, la dignidad y la justicia social, expresamos:
Hace casi un mes, los salvadoreños y salvadoreñas conmemoramos el XV aniversario de los Acuerdos de Paz de 1992. Dicho acontecimiento propició un espacio de reflexión en la sociedad sobre los avances del país y los desafíos que se plantean para el futuro en la construcción de una verdadera paz.
Sin duda, algunos objetivos de los acuerdos de paz se han cumplido como el cese del enfrentamiento armado, la creación de una nueva institucionalidad y una mejora substancial del respeto de los derechos civiles y políticos respecto del período bélico, lo cual ha favorecido el que podamos dar inicio a la construcción, todavía muy incipiente, de un proceso de democratización en nuestro país.
No obstante lo anterior, algunos aspectos relevantes de dichos acuerdos -y básicos para el logro de una verdadera convivencia democrática y pacífica-, son aún deudas pendientes por saldar, tales como la reconciliación de la sociedad salvadoreña, la cual, aún a 15 años de finalizado el conflicto sigue siendo un acuerdo incumplido de manera deliberada y en el que muchas personas y familias que sufrieron graves hechos de violencia sobre sus seres queridos, por parte de los contendientes en el marco de la guerra, aún no ven justicia por estos hechos, ni un proceso legal que les de la verdad que buscan conocer, ni una reparación por los daños sufridos.
En este contexto de ausencia de justicia y de verdad sobre los hechos del pasado para miles de salvadoreños y salvadoreñas víctimas directas de la violencia del período bélico, recibimos la noticia de la intención de diputados de esta Asamblea de nombrar como Hijo Meritísimo de El Salvador al fallecido mayor Roberto D’aubuisson Arrieta.
Esta iniciativa nos causa profunda consternación y especial indignación, dados los graves señalamientos realizados en contra del mayor D’aubuisson sobre su participación o autoría intelectual en crímenes de lesa humanidad, graves violaciones a los derechos humanos y otros hechos de violencia -entre ellos, el asesinato del Arzobispo de San Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero- y su participación en la organización y accionar de los escuadrones del la muerte; hechos consignados por el Informe de la Comisión de la Verdad, cuyos resultados y recomendaciones fueron truncadas por una ley de amnistía general que favoreció la impunidad de los hechos del pasado bélico, misma que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diversas instancias de protección de Derechos Humanos de Naciones Unidas así como diversas organizaciones y ciudadanos salvadoreños ha pedido reiteradamente su derogación.
Los señalamientos en contra del mayor D’aubuisson incluyen, además, una supuesta conspiración golpista a inicios de los 80, misma que fue investigada por instituciones oficiales en ese entonces.
Es previsible que los auspiciadores de esta iniciativa y sus seguidores rechacen estos señalamientos. No obstante su reacción, deben comprender y asumir que mientras no exista una investigación real y revelación de la verdad sobre los hechos del pasado, los señalamientos seguirán pesando sobre su memoria.
Creemos que el perfil que debería cumplir cualquier nominado como Hijo meritísimo de El Salvador, además de una trayectoria intachable y sin señalamientos, debería tener como premisa que dicha mención sea del consenso de la sociedad, representada en su pluralidad por la Asamblea Legislativa, dado que la patria nos pertenece a todos y todas. Cualquier imposición mecánica por vía de la mayoría de esta nominación carecería de legitimidad al no representar las opiniones de toda la sociedad.
Resulta tristemente paradójico el hecho que esta iniciativa surja una semana después de que Naciones Unidas solicitara nuevamente la derogación de la Ley de Amnistía para dar paso a las investigaciones sobre las desapariciones forzadas realizadas en el pasado por cuerpos de seguridad y escuadrones de la muerte; y que altos funcionarios de Gobierno han expresado que no cumplirán con tal recomendación.
La polémica impulsada por esta iniciativa, es un claro acto de provocación y demostración de poder de sus promotores, lo cual trasciende el ámbito de la discusión legislativa y tiene consecuencias sociales y políticas que afectan a terceras personas.
La figura del mayor Roberto D’aubuisson, lejos de ser una figura que convoque al consenso, es un factor de confrontación y polarización y la sola iniciativa de hacerle merecedor de semejante distinción constituye una apología a la impunidad y al cierre de caminos para la búsqueda de la verdad y la justicia, así como una ofensa hacia aquellos que aun sufren las secuelas de las injusticias del pasado y que buscan reparación y justicia.
En consideración de lo anterior, las personas e instituciones suscritas manifestamos:
1. Rechazamos la iniciativa de nombrar como Hijo Meritísimo de El Salvador al mayor Roberto D’aubuisson por los graves señalamientos de crímenes y violaciones a derechos humanos en los que habría participado y que no han sido objeto de investigación judicial objetiva, imparcial e independiente para el descubrimiento de la verdad.
2. Exhortamos a la Asamblea Legislativa a retomar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas y entidades locales para que se derogue la Ley de Amnistía de 1993. Así como las recomendaciones a adoptar estándares internacionales de protección de los Derechos Humanos como la recientemente aprobada Convención contra la desaparición forzada de personas.
3. Solicitamos respeto y consideración a las víctimas del conflicto y a sus familiares y dolientes que aún claman por justicia en sus respectivos casos.
(Firmas y sellos)
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