With a little help from my “friends” (?)…

Por Edgardo A. Amaya Cóbar

El Salvador tuvo como celebre huésped al Fiscal General de los Estados Unidos, Alberto Gonzalez –a la sazón, cerebro encargado de justificar la situación ilegal de cientos de presos de guerra afganos en las cárceles de Guantánamo, fuera de los estatutos del derecho de guerra o de la protección legal básica estadounidense, impulsor de escuchas telefónicas e intercepción de correos electrónicos sin orden judicial (procedimiento declarado ilegal) y vocero legal del ala dura de la lucha contra el terrorismo-.

El hecho que el Fiscal General de los Estados Unidos, venga a El Salvador a tratar, entre otros temas, el combate a las pandillas, no es algo que pueda tomarse a la ligera. Sin caer en complejos de inferioridad u odiosas comparaciones, se debe reconocer que el hecho que un funcionario de primer nivel de la administración Bush se apersone a discutir un tema como el de las pandillas y su tratamiento regional, es algo que va mucho más allá de una mera reunión de cortesía. Sin querer sonar chovinista, los acontecimientos parecen indicar el inicio de un nuevo frente de alineamiento de la región a las políticas de seguridad de la primera potencia.

Creo que las pandillas o maras son una preocupación legítima para cualquier gobernante por el impacto que tienen en ciclos de violencia y delincuencia dentro de los respectivos países. Sin embargo, esta preocupación es sobredimensionada por un lado, y muy poco precisa por otro. Se convierte a la pandilla o mara en el “enemigo público N° 1” mientras se obvian o ignoran otras manifestaciones criminales que constituyen poderes fácticos que pueden condicionar o hasta manipular a los gobiernos (crimen organizado, narcotráfico), o se generaliza a la mara o pandilla desde el niño de 11 años que pasa su prueba de ingreso mediante un delito, con el líder o con las cúpulas de poder que planifican y ordenan hechos de gran envergadura.

En este escenario de visiones sobredimensionadas y generalizadoras, también las respuestas suelen ser poco adecuadas o al menos parciales e incompletas. En este caso, el Fiscal General de los Estados Unidos y sus homólogos locales, junto con los cuerpos de policía, reeditan más estrategias de control. Esto, en principio, no está ni bien ni mal, al fin y al cabo, son organismos de aplicación de la ley, es lógico que funcionen en ese campo.

Lo que sí no puede ser es que el análisis sobre la problemática de las pandillas continúe centrándose desde la visión del control como única alternativa o que la prevención sea vista como algo marginal. Viniendo esta propuesta desde Estados Unidos, el Estado-penal por excelencia, no deberíamos tener muchas expectativas sobre nuevos enfoques.

Una lectura de las noticias deja entrever otras cosas: primero, lo obvio, que las pandillas son un problema de seguridad para Estados Unidos, por eso son importantes, si no lo fueran, no estaríamos escribiendo esto ni nuestras instituciones estarían recibiendo equipos, dinero, capacitación… y órdenes. (Con esto no quiero decir que las maras o pandillas no sean un problema para nosotros, lo son –dramáticamente–, pero en este contexto, esto parece ser una cuestión secundaria)

En el marco de esta preocupación por “su” seguridad –según el discurso de las autoridades norteamericanas–, nuestros países son tanto la causa del problema como los receptores y destinatarios para el mismo, que deben recibir a todos los deportados con antecedentes criminales de los que Estados Unidos no quiere hacerse cargo y a quienes nuestros gobiernos los reciben a regañadientes con una triste moraleja: Allá no te quisieron y aquí tampoco te queremos: los hermanos lejanos solo son queridos si logran quedarse lejanos y mandan dólares (aunque sea vendiendo droga en las esquinas)

No discuto el hecho de enfrentar un problema común de manera conjunta por varios países, lo que creo que es discutible es la limitación de las estrategias (control) y temas seleccionados (maras) pues este marco, más bien parece que se busca crear una nueva amenaza para la región, dicho esto en la jerga de la Seguridad Hemisférica.

Una amenaza, como lo fueron los comunistas, subversivos, o lo es aún la droga, que genera y sirve para justificar más burocracias y más gasto en el sistema penal y de seguridad en todos los países involucrados, con todos los efectos perversos que ello ha generado: más violaciones a los derechos humanos, más corrupción, y un ciclo perverso por el cual las burocracias necesitan a sus fantasmas para seguir viviendo.

Finalmente, no deja de ser una iniciativa reduccionista e insuficiente. Se debe reconocer que la problemática de las maras o pandillas, la criminalidad y la violencia asociada a estas tiene raíces en las condiciones de desigualdad, exclusión, falta de oportunidades, migración forzada y la desintegración familiar derivada de dichos procesos y que inundan la historia de vida de miles de jóvenes de nuestros países. Algo que no es una responsabilidad exclusiva de malos gobiernos en la región sino que se conjuga en el marco de las relaciones del norte y el sur, por lo que una cooperación internacional más coherente con esta problemática sería la orientada a reducir esas condiciones que orientan el camino de muchos jóvenes hacia la violencia.