Cría cuervos...

Por Edgardo A. Amaya Cóbar

El asesinato, el pasado 19 de febrero, en Guatemala, de tres diputados salvadoreños al PARLACEN y del guardaespaldas que les acompañaba, ha conmocionado a la sociedad centroamericana y particularmente a la guatemalteca y salvadoreña, no solo por la crueldad de su ejecución sino también por los primeros resultados de las investigaciones y los probables móviles.

La reacción de los gobiernos ha sido impresionante y, por qué no decirlo: inusual. Ha sido sorprendente tal nivel de eficacia e igualmente sorprendente el señalamiento de las investigaciones –en el plazo de tres días- sobre la participación, de al menos seis elementos elites de investigaciones de la policía guatemalteca, cuatro de los cuales han sido ya capturados y sometidos a proceso con abundante evidencia incriminatoria testimonial, documental y científica. Esto, en países donde los niveles de impunidad del delito de homicidio superan el 90%.

Para una gran parte de la ciudadanía guatemalteca o para personas medianamente informadas sobre la realidad de ese país, la sorpresa no es quizás tan impactante, en el peor de los casos solo sería la confirmación de una corazonada, dados los persistentes y continuos señalamientos hacia miembros de este cuerpo de seguridad sobre su participación en actividades delictivas a todo nivel, graves violaciones a los derechos humanos, actividades de exterminio y participación en estructuras de crimen organizado y narcotráfico, sin agregar la sospecha sobre su vinculación con los asaltos en las carretera a ciudadanos salvadoreños que visitan dicho país.

Antes de este hecho, en el año 2005, importantes jefes antinarcóticos de este cuerpo policial fueron apresados en Estados Unidos por participar en estructuras de narcotráfico, lo que estaría indicando, un nivel de intervención del crimen organizado en esta institución a un nivel de metástasis que pone en crisis la legitimidad no solo de la policía sino del Estado mismo y de su capacidad de hacer cumplir su propia legalidad. La pregunta entonces es: ¿Cómo es que este enquistamiento del crimen organizado se dio y se desarrolló ampliamente en la institución?

Las explicaciones a esta interrogante pueden ser múltiples, pero quisiera señalar algunas puntuales: un defectuoso proceso de reforma policial –derivado de los acuerdos de paz-, sin mayor depuración, la ausencia de estándares profesionales y técnicos elevados, la malas condiciones laborales de sus miembros de los niveles básicos, la debilidad de los sistemas de auditoria institucional ante un sistema político de gestión autoritaria del poder, la corrupción, la impunidad inveterada y la debilidad estructural del sistema de justicia, la permanente influencia de sectores militares -vinculados al pasado más oscuro- en la toma de decisiones sobre seguridad.

A lo que se debe sumar, la influencia del narcotráfico y el crimen organizado en la esfera política, cuyas evidencias más contundentes se reflejan en la cantidad de funcionarios públicos muertos en hechos relacionados con ajustes de cuentas de estas actividades criminales.

Independientemente de los contextos geográficos, estos hechos tan lamentables impactan ahora a sectores normalmente ajenos o indiferentes a la violencia que cotidianamente sufren las mayorías: las elites, que ven resquebrajada su idea de seguridad y resguardo de esa problemática. Usualmente, muchas de las presiones y cambios más importantes en materia de seguridad pueden darse al momento que las elites, que no cuestionan las políticas gubernamentales, al contrario, las apoyan, las azuzan, en ocasiones tolerando el uso de la violencia institucional u otras acciones ilícitas cuando son aplicadas a los otros, pero que no es lo mismo cuando las dimensiones del problema que subestimaron, estalla en sus caras. Cría cuervos y te sacarán los ojos.

La crueldad y la brutalidad de los hechos acaecidos en Guatemala deben servir como una dramática lección de cómo -también en El Salvador- la tolerancia o falta de atención a la impunidad, a la corrupción y al respeto de los derechos humanos por las instituciones estatales pueden generar la cooptación de estas por las estructuras que supuestamente deben combatir. Una vez contaminadas su efectividad y su legitimidad, paulatinamente se van perdiendo hasta genera estados de crisis como los que vive en este momento la institucionalidad guatemalteca.

De este sombrío panorama deben extraerse además, otras lecciones relativas a los procesos de transición que se dieron en Guatemala y El Salvador que tienen que ver con una de las mayores deudas históricas de nuestras sociedades: la superación de la impunidad y el conocimiento de la verdad del pasado bélico. Las elites han argumentado -explícita o implícitamente, por acción u omisión- en ambos países, que el olvido, la impunidad, son el precio para no alterar la paz lograda. Hechos como el que tristemente comentamos han permitido dimensionar nuevamente el dolor, la indignación, la impotencia, la incertidumbre que sufren las víctimas y el deseo de saber la verdad y la aplicación de la justicia.

Todas las víctimas. Todos aquellos que han perdido seres queridos por la violencia. Al igual que las víctimas actuales, también quieren superar la terrible duda que ocupa sus afligidos corazones: donde están, qué les pasó, cómo, por qué. Preguntas que sin sus respectivas respuestas, prolongan la dolorosa agonía que arrastran por años, muchos, hasta su muerte. Responder esa pregunta no debe ser considerado un reclamo caprichoso, un acto de rebelión, una disputa ideológica o partidaria, considerarlo así es inhumano. Buscar la verdad debe ser considerado en su básica dimensión: un acto de humanidad ante las personas que sufren a sus seres queridos.

Y finalmente, si no hay justicia, estos hechos, se repetirán. Es tiempo de cambiar, de evitar un camino que nos llevaría a la completa perdición.

Otro material de referencia en El Períodico de Guatemala:

Mujeres torturadas por agentes de la policía

Una PNC que recibe órdenes de militares