Ojos que no ven, corazón que no siente (o de los usos de la ignorancia)

Tengo la desagradable sensación de estar siendo embaucado...

Hasta hace tres semanas, según las noticias de los medios de comunicación locales, parecía que El Salvador vivía la peor crisis de gobernabilidad de la posguerra, que la delincuencia había sobrepasado las capacidades del Estado, que en poco tiempo esto sería la anarquía total.

De pronto, este globo a punto de estallar –esa histeria colectiva- comenzó a desinflarse paulatinamente y la lectura actual de los periódicos o el monitoreo de los noticieros dominantes nos dan una sospechosa sensación de “bussines as usual”… Vaya tranquilizante (!?)

Paso entonces revista a los antecedentes: hace tres semanas el gobierno conformó, súbitamente y con bombo y platillo, la denominada Comisión Nacional para la Seguridad Ciudadana y la Paz Social, con la participación de múltiples y destacadas personalidades nacionales (y notables excepciones) lo que enviaba el mensaje político de que el gobierno buscaría nuevas alternativas para enfrentar la crisis de la inseguridad pública.

Esa misma semana FUSADES presentó su propuesta de seguridad. Pocos días después, varios medios de comunicación, escritos, televisivos y radiales, firmaron un convenio para adoptar pautas de autorregulación para disminuir los efectos negativos de la sobreexposición de la violencia en los diferentes medios, iniciativa que fue bien recibida por múltiples sectores como un aporte a la tranquilidad de la ciudadanía [Sobre este punto, recomiendo que lean la atinada columna de Paolo Lüers]. Bueno, era lo que hacía falta, no solo noticias tristes y negativas, había que agregar algo de optimismo.

Pero a estos antecedentes, sume usted las restricciones informativas adoptadas por la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y más recientemente (noviembre) del Instituto de Medicina Legal, respecto a ya no dar reportes estadísticos sobre homicidios, podemos empezar a tener algunas sospechas.

Mi sospecha es ¿existe una acción concertada por la cual pretenden bajar la presión del reclamo ciudadano por la seguridad por vía de la negación de la realidad, es decir, mediante restricciones informativas? ¿reducción de la inseguridad ciudadana por vía de la ignorancia?

Estoy de acuerdo que la violencia ha recibido una centralidad excesiva en el manejo noticioso de diversos medios, pero reducir su presencia y centralidad no debería implicar una reducción de la información básica que la ciudadanía amerita para poder tomarle el pulso a la política de seguridad, que hasta ahora han sido hecho a través de las estadísticas sobre el número mensual o diario de homicidios.

El miedo, el crimen, que fueron aspectos claves en el discurso electoral de ARENA a fines del pasado gobierno y en la campaña del actual, se han convertido ahora en su Némesis, en sus principales y más visibles fracasos. No hay duda entonces que un beneficiario directo de la restricción informativa sería el gobierno, en su ánimo por recomponer su maltrecha imagen.

Las instituciones públicas y los medios de comunicación deben entender que existe un interés social por la situación de la seguridad y la ciudadanía tiene derecho a saber qué está sucediendo y saber qué hacen las instituciones de proveer seguridad. De esta manera, con información adecuada y sin restricciones, la ciudadanía puede ejercer un mejor papel cívico que el que desempeñarían, sumidos en la ignorancia.

Organización comunitaria para la seguridad ¿de qué estamos hablando?

Dime con quien andas y te diré quién eres…

La reciente visita de Alvaro Uribe, Presidente colombiano, a El Salvador dejó como legado una “nueva” receta en materia de seguridad: la organización vecinal, misma que ha sido retomada con entusiasmo por el gobierno salvadoreño, el que, cual rayo, nos cuenta que tiene casi seiscientos grupos comunitarios y vecinales organizados en el país (La Prensa Gráfica 19/11/06)

Más que emocionarnos, antes debemos tomar una dosis de precaución, porque, como lo hemos dicho antes, a veces, más importante que lo que se dice, es quien lo dice. Y viniendo del Presidente colombiano, es preferible ir con cuidado. Y viendo cómo ha reaccionado el gobierno, mejor, mucho más cuidado.

Debo decir que soy partidario de la organización comunitaria para la gestión de ciertas problemáticas de seguridad, asimismo, cualquier estudioso de la materia reconocerá que Colombia ha tenido importantes experiencias de gestión de la violencia urbana, reconocidas mundialmente. Pero debemos aclara que dichas experiencias han surgido de gobiernos locales, de posiciones ideológicas alternativas a la derecha de Uribe (como el caso de Antanas Mockus o el de Enrique Peñalosa) más caracterizada por su discurso guerrerista, a lo que se sumarían las críticas hacia su aparente generosidad en el tratamiento de los grupos paramilitares colombianos.

Por otro lado debemos decir que la opción de la organización comunitaria fue una propuesta polémica a mediados de la década de los años noventa, cuando el señor Hugo Barrera, entonces ministro de Seguridad Pública, lanzó la iniciativa de crear grupos de vecinos organizados para trabajar en contra de la inseguridad.

En ese momento, la propuesta levantó polémica y no era para menos -ni lo es ahora-, pues se presentaba en un momento de la posguerra en donde para muchos existía el miedo hacia nuevas formas de control paramilitar o parapolicial y sus probables usos para la persecución o control político de la población, en particular, de los opositores gubernamentales.

Viniendo la propuesta de uno de los ministros más recalcitrantes de aquel gobierno, alguien inclinado a las acciones de línea dura, que torció el rumbo de la reforma policial agregando arbitrariamente elementos de los antiguos cuerpos de seguridad (muchos de ellos vetados por la Comisión de la Verdad), las oposiciones eran razonables y no producto de la paranoia ideológica de algunos.

Con estos antecedentes, y conociendo la línea ideológica político criminal del actual gobierno ¿qué podemos esperar?

El sí y el no de la organización comunitaria para la seguridad

Creo que las iniciativas de organización local o comunitaria para la seguridad deberían tener en cuenta los siguientes criterios:

NO	SÍ
Organizar a la comunidad para denunciar	Organizar a la comunidad para generar confianza mutua
“Combatir el delito”: Organizar a la comunidad para tareas de control: patrullajes, vigilancia armada, control/detención de sospechosos, allanamientos.	“Prevenir el delito”: Organizar a la comunidad para la intervenciones preventivas sobre factores de riesgo: iluminación, ornato, atención a jóvenes, resolución pacífica de conflictos, tratamiento de la violencia intrafamiliar.
Organizar a la comunidad como una extensión de las instituciones de seguridad. (papel pasivo)	Organizar a la comunidad para empoderarla y gestionar seguridad de las instituciones según sus necesidades. Contraloría democrática de las instituciones de seguridad. (papel activo)
Visión exclusivamente securitista (policial)	Visión amplia y de acción multiagencial, incluye otras instituciones públicas y privadas.
Agenda dictada desde otra agencia o actor. Centralista.	Agenda propia. Coordinación local (descentralización)

WOLA publica nuevo documento sobre pandillas en Centroamérica

Llegó un correo a mi cuenta, que comparto con ustedes:

Estimados(as) colegas,

A La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) le complace compartir con Ud. nuestro último informe sobre pandillas: Pandillas Juveniles en Centroamérica: Cuestiones Relativas a los Derechos Humanos, la Labor Policial Efectiva y Prevención. Esperamos que el informe le sea de gran utilidad y por favor, no dude en contactarnos si tiene alguna pregunta. El informe está disponible en español y en inglés.

Sin palabras...

Humor serio

Octubre que todo lo sacude...

Luego de que el Embajador de los Estados Unidos en El Salvador y las principales cúpulas empresariales del país se manifestaran públicamente y con un llamado contundente a parar la violencia, el gobierno salvadoreño ha reaccionado de manera acelerada, aunque bastante a la saga, pues el clamor de la población por mejorar las condiciones de seguridad ciudadana, es de antiguo conocido.

Dentro de las medidas tomadas por el ejecutivo se encuentran la creación de un anteproyecto de Ley contra el Crimen organizado, redactado en poco tiempo y sin ningún tipo de discusión preliminar, lo que demostraría su permanente apuesta al tratamiento de la problemática de l violencia desde la visión legal y represiva.

No estoy por plantear los pormenores del citado anteproyecto, sus falencias técnicas o normativas, sino la forma en cómo éste se inserta en el marco de las respuestas gubernamentales al problema de la violencia y criminalidad.

Sin discutir la necesidad de combatir el crimen organizado, el anteproyecto propuesto es solo una medida aislada, que no se ve complementada por otras políticas y acciones institucionales, es decir, como siempre, se pone la yunta delante de los bueyes. A grandes rasgos, el anteproyecto buscaría crear judicaturas especiales, y conociendo la animadversión ideológica de la derecha política que impulsa esta medida hacia la judicatura independiente, estaríamos posiblemente ante un intento de crear “jueces a la medida”, medida que ha recibido apoyo de representantes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Nacional de la Judicatura.

Por otro lado, suena paradójico el hecho que una ley especial que se aplicaría a delitos de realización compleja, disponga solamente de un período de 20 días de instrucción judicial, mientras que los demás delitos, no comprendidos por esta ley, tendrían 6 meses y posibilidad de ampliación de la instrucción por la vía del proceso penal ordinario. Esta aparente contradicción o paradoja, solo se explica por la intención de trasladar el plazo y las actividades de investigación bajo control judicial, a una etapa previa sin supervisión de legalidad, donde los elementos recabados podrían ser llevados a juicio sin un control previo de calidad, y los que tendrían, por ley, un valor (prueba tazada), independientemente del criterio del juez sobre su validez o veracidad. Es decir, una ley que buscaría asegurar condenas, limitando el papel de revisor imparcial del juez.

La ley necesitaría solamente 43 votos para ser aprobada y por lo que las correlaciones políticas de la Asamblea indican, ésta será aprobada sin mayores dilaciones ni debate.

La segunda acción gubernamental en esta coyuntura ha sido la creación de la Comisión Nacional para la Seguridad Ciudadana y la Paz Social, un colectivo de personalidades convocadas por el Ejecutivo para emitir lineamientos de políticas y acciones para enfrentar la problemática de la seguridad en El Salvador. Según lo planteado por el Presidente Saca en el discurso de nombramiento de la comisión, ésta actuaría de manera independiente y autónoma y comprometió al Ejecutivo "a respetar e implementar las acciones que proponga" la nueva entidad.

En los términos expuestos, la iniciativa parece valiosa e importante como un instrumento de participación para la construcción alternativa de respuestas a la problemática enfrentada. Sin embargo, creo que esta iniciativa surge a la sombra de sus antecedentes previos y sus escasos resultados.

Las primeras mesas a las que convocó el gobierno, hacia el inicio de sus gestiones en 2004, produjo resultados en el ámbito de la reforma legal, así como valiosas recomendaciones en materia de prevención y reinserción. Las reformas legales fueron aprobadas por las Asamblea Legislativa, pero de las recomendaciones en materia de prevención y reinserción, no se vieron acciones concretas para su realización. El segundo antecedente, fue el denominado “Consejo Consultivo” en 2005 que murió por perdida de interés y no dejó legado. Con estos antecedentes, más que un voto de confianza, uno solo podría dar un beneficio de la duda.

Creo que es importante que esta entidad tenga carácter permanente, pues eso le da mayor presencia. Desde diversos sectores y propuestas, como la presentada por FESPAD a inicios de 2005 se indicaba la necesidad de genera una estructura rectora de las políticas públicas de cara a tratar la problemática de la violencia y la criminalidad y cómo ésta entidad integra y no duplica trabajo de otras entidades llamadas a fines similares como el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que según su mandato es la máxima autoridad asesora del Presidente de la República en materia de seguridad pública.

Por otro lado, la Comisión debe establecer con claridad su relación respecto del Ministerio de Gobernación y su Viceministerio de Seguridad Ciudadana, instancias responsables de la conducción de las políticas de seguridad de acuerdo con el reglamento interno del Órgano Ejecutivo. En alguna manera, la constitución de esta Comisión vendría a suplir la falta de un verdadero gobierno de la seguridad pública por parte del Ministerio de Gobernación, en lo relativo a la generación de políticas de seguridad. En alguna medida, estas dualidades o acciones subsidiarias, muestran la falta de claridad del gobierno para abordar el fenómeno.

En cuanto a la conformación de la Comisión, no me opongo a que este compuesta por personalidades y representaciones de partidos políticos. Todos tendrán algo que aportar. Pero uno debe preguntarse sobre las garantías de pluralidad y sobre todo de representatividad de los participantes, no solo por una cuestión ideológica y de visiones de abordar del fenómeno, sino por la necesidad de conocer los problemas de la gente que más sufre la problemática y cuales son las soluciones que éstos visibilizan. En este sentido, sería interesante incluir a las municipalidades como interlocutores en esta materia.

Aunque la Comisión tenga un mandato amplio y el deber de generar propuestas integrales, El Diario de Hoy, del día dos de noviembre ha destacado que el primer punto de agenda de esta instancia sería la discusión sobre la legislación penal y de seguridad, lo cual ya indicaría una desviación o perversión del mandato original de esta instancia.

La Comisión aparece como un mensaje político que reconoce la necesidad de un abordaje integral de la problemática de la violencia y criminalidad a través de políticas públicas. Como lo hemos dicho antes, centrarse nuevamente en la discusión sobre la legislación es “más de lo mismo” y la experiencia reciente en El Salvador nos dice que hay un axioma según el cual “más de lo mismo” equivale a peores resultados. Esta opción de la derecha, además lejana, con la posición de su más importante think tank, FUSADES, que destacaría problemas estructurales como la mala distribución presupuestaria en los campos de justicia y seguridad como una falencia importante en el actual estado de crisis.

No obstante lo anterior, mi percepción es que se estaría fraguando un ambiente para favorecer una salida autoritaria y no precisamente una más democrática. Muy a la manera de las peores derechas políticas que buscan el tensionamiento de las situaciones de conflictividad para favorecer desenlaces por la fuerza. Esperamos que esta comisión no sea instrumentalizada en estas maniobras.

Lo que El Salvador necesita con urgencia son políticas públicas integrales en materia de seguridad ciudadana, que reduzcan la conflictividad y los riesgos que la favorecen o generan, los cuales obedecen a un contexto social más amplio que trasciende lo jurídico-penal. Y por otro lado, necesita una renovación de las instancias de gobierno de la seguridad pública para que generen políticas coherentes con los datos de la realidad y no sean basadas en visiones ideologizadas o de provecho político, independientemente de su ineficacia.

Precisamente para que la Comisión logre generar resultados provechosos, necesitará hacer un gran ejercicio de reflexión para la generación de políticas públicas concretas y de largo alcance. En primer lugar, deberá priorizar los problemas más urgentes de solución, no podrá hacerlo todo, por lo que las prioridades, deseablemente deben ser pocas y realistas para dar resultados visibles.

Una vez seleccionadas las prioridades, se requerirá la generación de líneas de base y planificaciones metodológicamente estructuradas, por lo que la Comisión debe contar con una instancia técnica que provea información, que genere análisis y diagnósticos y que pueda generar un proceso de consulta y construcción de políticas con rigor científico y metodológico. Estas políticas públicas deben responder además, preguntas claves: ¿quién lo hace?, ¿cómo lo hace?, ¿Cuándo se hace?, ¿Cuánto cuesta? y ¿Cómo se mide su avance? Tengo la impresión, que entre menos profundidad y detalle tengan las propuestas, menor es su posibilidad de ser atendidas.

Esto nos lleva a otro punto, la Comisión, como instancia que atiende un problema de interés nacional, debe regirse por un principio de transparencia y de rendimiento de cuentas, generando los mecanismos de información para la sociedad.

No quiero ser pesimista, pero la experiencia me lleva a serlo. Espero que esta comisión logre generar resultados concretos y que cuente con el consenso social necesario para resolver los problemas de violencia que nos afectan y que el gobierno comprenda que la crisis de seguridad pública, de no ser atendida de manera eficiente, compromete su autoridad y credibilidad frente a la población.

San Salvador, noviembre 2, 2006

Comentarios sobre el discurso del Embajador de los Estados Unidos, Douglas Barclay

Durante la primera quincena de octubre, hemos podido ser testigos de un alza en la intensidad del debate sobre la violencia y la inseguridad llevado por las empresas de comunicación local y sus versiones de la opinión publicada. Parece que hoy es importante lo que desde hace mucho tiempo era obvio.

Más allá de la cotidiana y desbordada violencia, el debate parece haber sufrido una suerte de sacudida a partir del discurso del señor Embajador de los Estados Unidos, Douglas Barclay, en un foro organizado por FUSADES, a inicios de este mes.

En segundo lugar podemos encontrar el reclamo de las cúpulas empresariales tales como la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Cámara Salvadoreña de Comercio e Industria y la Asociación Salvadoreña de Industriales y finalmente, la manifestación pública de diversas iglesias sobre la misma temática.

El discurso del señor embajador generó múltiples y variadas reacciones, mayoritariamente de aceptación y algunas de rechazo con cierto dejo de chovinismo. Personalmente pienso que en campo de la diplomacia y las relaciones internacionales “no hay almuerzo gratis”, y las buenas intenciones pueden venir acompañadas de segundas o terceras. Fuera de esta suspicacia, el discurso en alguna medida sonó como un padre alcahuete que –por fin- regaña a su largamente consentido y malcriado hijo (que en buena medida imita los defectos del padre)

Voy a limitarme a comentar el discurso del embajador Barclay en aquello que atañe a materias de seguridad y justicia, puntos a decir verdad, centrales de la mencionada presentación. Llama la atención el pragmatismo con el que es abordada la cuestión de la violencia: hay que detenerla porque afecta la economía: “Piensen cuan gravemente está afectando el crimen a su economía. Aumenta los precios y los costos de hacer negocios (…) El crimen tiene el potencial de destruir todas las oportunidades creadas por CAFTA, por el Acuerdo de la Cuenta del Reto del Milenio y por otras iniciativas comerciales y económicas.” (Cómo dirían por ahí: “!Es la economía, estúpido¡”)

Pero a la par, también sentencia que la violencia puede truncar logros alcanzados desde los acuerdos de paz. El discurso no los menciona, pero podemos decir: alto al fuego, mayor respeto y vigilancia de los derechos humanos, en particular de los civiles y políticos y la desmilitarización de la seguridad pública mediante la separación de las tareas de seguridad interna y externa, es decir, separación de las funciones policiales de las de la defensa nacional, a cargo del ejército. De hecho el discurso habla de una mejor y más grande fuerza policial, no de una remilitarización.

Es interesante la provocación de generar un reclamo democrático por la seguridad: “¿Dónde está la condena pública masiva y la presión hacia sus representantes electos, tanto hacia el gobierno central, como al poder legislativo y los gobiernos locales para lograr un programa integrado contra la criminalidad?” Así como también el duro reclamo a la clase política: “¿Dónde está la voluntad política para enfrentar este problema y solucionarlo ya?”

En el campo de las propuestas concretas del discurso, se insiste en algunos puntos previamente planteados por actores sociales locales: la necesidad de una política criminal desde el gobierno, fundada en datos de la realidad, transparente y eficiente y por otro lado, de manera tácita, la necesidad de luchar contra la corrupción como presupuesto de la eficiencia de la acción gubernamental frente a las demandas sociales. En este mismo sentido se orienta el comentario sobre la necesidad de mejorar la recaudación tributaria cuando dice: “Ya sea que decidan crear nuevos impuestos o no, las personas y los empresarios deben pagar los impuestos que deben ahora” Parece que, en leguaje diplomático, la distinción o mención específica de “los empresarios” no es gratuita.

No obstante lo anterior, las propuestas relativas a la apuesta por el desarrollo de las capacidades punitivas del estado, son simplistas y poco realistas. Encarcelar 12 mil pandilleros o aumentar las dimensiones del sistema penitenciario para tal escenario, no es algo que quepa dentro de la compresión de lo real de un sistema de justicia. Pero la manzana no cae lejos del árbol y el consejo viene del representante de la mayor potencia penitenciaria global.

En lo relativo al funcionamiento de las instituciones de justicia, el funcionario retoma las críticas hacia el estamento judicial, criticado por sus fallos y diversidad de criterios a la hora de aplicar justicia. Nuevamente, la propuesta es simplista: el problema del sistema judicial se resuelve con un Código de Reglas de Evidencia. La uniformidad por decreto.

Tal como el mismo embajador lo reconoció: “Tal vez les estoy diciendo cosas que ustedes ya saben (…)” Lo dicho, en buena medida, coincide con planteamientos ya hechos por diversos sectores sociales en el país, pero más dramáticamente, por el clamor de la población que cotidianamente sufre los embates de la violencia y la criminalidad. Pero en este contexto importa tanto lo que se dice como quien lo dice, de quien viene el criterio de “autoridad”.

San Salvador, Octubre 22, 2006

El axioma del populismo punitivo:

Hablando del diablo...

Hipótesis sobre crimen organizado, corrupción y las maras o pandillas juveniles en El Salvador

Actualmente existe en El Salvador, una muy difundida sensación de perdida de control o hasta de fracaso en el tratamiento del problema de las padillas juveniles o maras, las que aparentemente actúan con sobrada impunidad mientras que el alcance de sus actividades delincuenciales se amplía y sofistica cada vez más, como dan cuenta los noticieros y la prensa, sin que se vea una respuesta contundente desde el estado al fenómeno.

Lo anterior solo presenta una fotografía, muy somera de la situación, en consecuencia, no pretende explicar una realidad más detallada y llena de matices. No obstante lo anterior, sobre esa base es posible iniciar algunas reflexiones sobre las temáticas mencionadas, en orden, a estimular un debate más amplio y generar otras hipótesis de conocimiento e intervención.

1. La primera reflexión se orienta hacia “lo que sabemos” y “cómo lo sabemos”. No creo estar muy equivocado al afirmar que la mayoría de la gente tiene un conocimiento de la realidad delincuencial del país a través de los medios de comunicación locales. No creo equivocarme tampoco al afirmar que un importante porcentaje de las coberturas del ámbito policial y judicial se refieren a actos delictivos cometidos por miembros de maras. Además, sin atreverme a afirmarlo, pero sí a sospecharlo, creo que gran parte de estas coberturas se origina a partir de la fuente policial. Hechas estas afirmaciones y sospechas, podemos concluir que el panorama noticioso por el cual se informa la gente se encuentra sesgado, en tanto solo presenta una fracción de los hechos, talvez, poco representativa y, en consecuencia, distorsiona la percepción de la realidad de la gente.
2. Dado que si afirmamos que existe una visión sesgada de la situación delincuencial, resulta obvio que existen otros tipos de manifestaciones delictivas, de igual o mayor impacto que las maras o pandillas que no aparecen dentro de esta visión cotidiana y popular de la delincuencia. Nos referimos a la criminalidad organizada.
3. Pero, ¿qué es el crimen organizado? Este es un terreno escabroso, pues las elaboraciones teóricas y jurídicas sobre este tema son múltiples y no concordantes, por lo que no existe una definición media ampliamente aceptada, por lo que los instrumentos internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, tipifican ciertas actividades o hechos concretos y modalidades de ejecución, pero no define qué se entiende por este tipo de criminalidad.

A pesar de esta dificultad, es posible rescatar algunas de sus características recogidas en diversas legislaciones y elaboraciones doctrinarias, tales como algunos criterios, inspirados en los propuestos por el Consejo de Europa (2002:6): la primera tiene que ver con el carácter colectivo y ánimo de permanencia en el tiempo de los actores, quienes actúan de acuerdo con una cierta división o especialización laboral y una jerarquía más o menos permanente. Este criterio es insuficiente pues hasta los saqueadores de casas pueden tener una estructura. No basta entonces con el carácter colectivo y estructurado, sino que a ella debe agregarse una cierta cultura organizacional propia.

Con lo hasta aquí dicho, uno puede llegar a la conclusión que las pandillas o maras, encajan dentro de esta visión de la criminalidad organizada. Antes de llegar a dicha conclusión, es necesario tomar en cuenta otros elementos.

Parece que por el estado del conocimiento sobre la temática de las maras, se debe ser cauteloso, pues aunque las pandillas tengan un elevado grado de organización y se constituyan como una solida subcultura, no existen suficientes evidencias que indiquen que actúen como un todo coordinado, más bien, lo que algunos hechos muestran es que existen grupos específicos dentro de las pandillas, en ciertos lugares, que han realizado o realizan actividades criminales de mediana o gran envergadura como tráfico de drogas, secuestros y extorsiones, lo que paulatinamente se ha ido extendiendo hacia otros territorios, en alguna medida, debido a la creación de centros de formación y capacitación especializada con que han contado las pandillas, léase: sectores propios en el sistema penitenciario, donde se propicia el intercambio permanente entre las agrupaciones más experimentadas y las menos, para luego, trasladar la experiencia hacia el exterior. Clasificar las pandillas o maras, sin matizaciones, como crimen organizado, no sería totalmente fiel a la verdad, aun y cuando, es necesario tener presente que su evolución indica estar orientándose en ese sentido.

Una segunda característica de la criminalidad organizada tiene que ver con la noción de crimen-empresa, es decir, se maneja en un área de productos o servicios ilegales. Al igual que el mundo empresarial “legal”, la criminalidad organizada tiene el ánimo de lucro, tanto económico como de otro tipo (poder e influencias) y comparte asimismo, la lógica de competencia, por la cual se disputa un mercado específico. En este sentido, este tipo de actividad supone un control sobre los procesos, productos y ganancias. La evidencia conocida, presenta a las pandillas como entidades subcontratadas para ciertos fines específicos: seguridad de operaciones, distribución de droga, intimidación de testigos, ejecuciones, pero no controlan algunos negocios con los que se les vincula como el trafico de drogas, armas o el tráfico de personas, aunque puedan estar desarrollando actividades a escala por cuenta propia como las extorsiones.

El crimen organizado no se limita a operar solamente en el campo de la economía ilegal, sino que utiliza y necesita de la economía legal en la que existe, para blanquear los recursos obtenidos y encubrir sus actividades criminales. No hay evidencias conocidas de que las actividades criminales de las pandillas estén mutando hacia la economía legal.

La tercera gran característica que tiene que ver con la relación del crimen organizado con la institucionalidad estatal. El crimen organizado buscará su impunidad a través del uso (o cooptación) de la institucionalidad del estado, sea a través de la corrupción o de la intimidación y amenazas, para adormecer a los controles que deberían combatirlo y aplicar la justicia y para lograr su filtración al mundo “legal”. Muchas veces estas acciones no se limitan a la mera búsqueda de impunidad, sino que además implicarían, la complicidad de agentes estatales en actividades criminales y en la “regulación del mercado” o control de la competencia, o inclusive, establecer las reglas del juego, cuando penetra instancias de decisión política.

4. Existen diversos antecedentes en el país que nos dan cuenta de estas situaciones en diversos niveles, tales como policías que han sido capturados por extorsionar a distribuidores de drogas, policías organizados en redes de robo de vehículos, hasta un exdiputado condenado por narcotráfico e investigaciones en marcha en contra de otros miembros de la clase política por delitos relacionados con economía ilícita, por citar ejemplos que salen a flote. Esto revelan la existencia de vasos comunicantes entre el crimen y la institucionalidad, especialmente con la esfera política. Lo que no sabemos es el nivel de influencia y distorsión que tenga ésta en el funcionamiento institucional. Aquí cabe plantear la hipótesis de que a menor nivel de transparencia institucional, mayor riesgo de afectación del crimen organizado.

La proliferación de la corrupción tiene serias implicaciones, no se limita a las ganancias ilícitas e ilegítimas de quienes participan de ellas, sino que tiene consecuencias concomitantes que afectan directamente a la ciudadanía: distorsión del servicio, pérdida de calidad, exclusión de los beneficios públicos, pues éstos se desplazan a la esfera privatizada por la corrupción. Pero en temas tan sensibles como la seguridad pública y la justicia, se traduce en la falta de garantías de justicia, falta de eficacia, impunidad, brutalidad, falta de protección efectiva de las autoridades y hasta riesgos para la integridad física y la vida de las personas que recurren a la justicia en casos delicados.

Esto es particularmente sensible en El Salvador, donde las instituciones contraloras de la transparencia gubernamental y de los funcionarios, han sido cuestionadas en su eficiencia y eficacia para la realización de las funciones a las que se encuentran llamadas y por su parte, ha existido una tendencia del poder político a debilitarlas, sea por su reducción o mediante la cooptación de éstas por partidos o grupos específicos.

Para el caso del diputado Silva, actualmente en espera de antejuicio por casos de cohecho y lavado de millonarias cantidades de dinero, llama a sospecha que la Fiscalíala señale ahora que parte de sus actividades fraudulentas que se le imputan, residían en lograr contratos públicos con Alcaldías, sin que sus empresas tuvieran capacidad o idoneidad para ejecutar las obras o que las obras fueron asignadas sin licitación previa ¿acaso eso no es algo que Corte de Cuentas de la República debería haber detectado? Vale la pena recordar que el PCN, partido al que pertenece el diputado Silva, ha reclamado la Corte de Cuentas como patrimonio del partido, el trozo del pastel que le corresponde del reparto partidocrático de las instituciones públicas y la maneja desde hace ya muchos años, a pesar de las críticas a su ineficiencia e ilegitimidad de su mandato.

5. En este contexto, donde se sabe de la existencia de agrupaciones de crimen organizado de diversos niveles de impacto e influencia, donde miembros de este tipo de criminalidad se han enquistado en instituciones, donde las instancias contraloras de la función pública carecen de efectividad, no es raro entonces que el crimen organizado no reciba la atención que merece, pues es probable que tenga capacidad de desviar la atención hacia otro lado, como las pandillas por ejemplo. Pero dado que estas le son funcionales, en tanto les proveen servicios y a la vez sirven de cortina de humo, las políticas hacia este fenómeno podrían encontrarse condicionadas o influenciadas por esta circunstancia. Mientras exista demanda y oferta de estos servicios, el producto seguirá en el mercado. De ser así, la ciudadanía estaría secuestrada en un círculo perverso.

Sin negar el gran impacto que el accionar delincuencial ocasionado por los miembros de pandillas o maras, es necesario establecer con claridad y precisión, cual es el lugar y nivel que estos ocupan en el ciclo de la economía criminal. En este sentido, considerarlas como el principal problema de seguridad pública, puede ser una consideración discutible frente a las evidencias de infiltración del crimen organizado en la institucionalidad y la clase política, lo que puede ser igual o más dañino que el accionar pandilleril.

Desde Argentina: Se lanzó el Foro de Iniciativas para una Seguridad Democrática

Desde hace ya casi dos décadas que nuestro país fluctúa entre la retórica de la mano dura, que ha instalado una forma perversa de pensamiento mágico, y ciertos intentos de estrategias de prevención del delito, algunas de ellas bien intencionadas y correctamente orientadas, pero insuficientes.

Mientras tanto, la población queda atrapada entre la expansión de las industrias del miedo y la falsa opción que promete resultados a costa de las libertades públicas, que necesitamos y queremos proteger, justamente para vivir seguros y sin miedo.

Esto es utilizado por quienes desean transformarnos en una sociedad represiva que solo cuide las propiedades de los más poderosos y profundice la exclusión y la segregación cuando no la eliminación de los más pobres.

Sería nefasto quedar atrapados entre la violencia social y el abuso de poder. Entre el miedo a nuestros conciudadanos y el miedo a los policías. Existen otros caminos.

En primer lugar debemos asumir que es posible lograr un sistema de seguridad eficiente sin afectar las libertades públicas.

Existen muchas acciones posibles. Sin embargo, diez puntos principales son los que nos hemos propuesto impulsar como iniciativa ciudadana. Medidas suficientes, urgentes y de fondo para construir una nueva y eficiente política de seguridad democrática.

1. La puesta en marcha del Plan Nacional de Prevención del Delito, diseñado desde hace años y todavía sin ejecución enérgica, dándole impulso de tal modo que se coordinen esfuerzos nacionales, provinciales y municipales y no se malgasten recursos en iniciativas aisladas y de pura retórica, especialmente en aquellas estrategias de inclusión social y las que permitan prevenir el uso de drogas por niños y jóvenes, fundamentalmente en el Gran Buenos Aires.

2. La modernización del sistema de investigación de los delitos. Para ello es imprescindible convertir a la Policía Federal en la nueva Agencia Federal de Investigaciones. El Estado ha demostrado tener nula capacidad para investigar los delitos complejos, la criminalidad económica, la corrupción, el crimen organizado y todas las manifestaciones de criminalidad más grave.

3. La reorganización completa del sistema federal de seguridad. Para ello es indispensable convertir a la Gendarmería nacional y a la Prefectura en las únicas fuerzas de seguridad federal con despliegue territorial, modernizar las formas de coordinación con las policías provinciales y fortalecer los mecanismos institucionales de la Ley de seguridad interior.

4. Reformar la Justicia Federal, apegada hoy a procedimientos y formas organizativas obsoletas y a un diseño de su competencia que malgasta recursos y genera ineficacia.

5. Crear la Policía de la Ciudad de Buenos Aires mediante la transferencia de recursos hoy ya existentes en la Policía Federal y a partir de allí poner en marcha de modo permanente un Plan de Seguridad de la zona metropolitana de Buenos Aires, entre la Nación, la Ciudad y la Provincia.

6. El desarrollo permanente de un Plan de Desarme de la ciudadanía y el refuerzo de todos los sistemas de control de la tenencia y portación de armas, así como medidas de control e investigación del mercado legal e ilegal de armas. La urgente reglamentación y control del mercado de la seguridad privada.

7. El fortalecimiento de la Dirección de Inteligencia criminal, la generación de un sistema de información en coordinación con las provincias y a nivel regional. El rediseño de las facultades de la Secretaría de Inteligencia para que cumpla sus verdaderas funciones y no participe sin control en investigaciones judiciales.

8. El establecimiento de un cupo máximo de presos por cada unidad carcelaria, de modo que se pueda garantizar el nivel de vida intramuros que prevé la Constitución, se evite los efectos perniciosos de la sobrepoblación y se pueda reorganizar la administración penitenciaria para cumplir las finalidades de control y resocialización.

9. La reforma de todo el sistema de justicia penal juvenil, reconociendo los derechos constitucionales y garantías judiciales de los niños y jóvenes y generando las condiciones de especialización y cuidado que permite aumentar la eficacia de evitar la reincidencia en quienes recién comienzan su vida.

10. Abandonar la dispersión de la legislación penal, suspender toda reforma espasmódica y parcial y discutir con amplitud y profundidad un nuevo código penal para nuestro país que vuelva reunir todos los delitos y establezca reglas claras y comprensibles para toda la población.
Sin duda existen otros temas, pero estas iniciativas son las que nos permitirán dar un salto cualitativo en la política de seguridad, poner un rumbo definido que permita luego trabajar en el día a día, abandonar el debate insustancial y puramente emotivo, atacar las verdaderas causas de los problemas y dotar a nuestro sistema democrático de instrumentos modernos y eficientes para gestionar la conflictividad instalada en la sociedad sin caer en el abuso de poder que es una forma más grave y perniciosa de la violencia.

David Baigún (UBA–INECIP); Alberto Binder (INECIP-ILSED); Mercedes Depino (ILSED); Emilio García Méndez (Dip. Nac. /Fundación Sur); Darío Kosovsky (INECIP-ILSED); Claudio Lozano (Dip. Nac/ CTA / Centro de Estudios y Participación Comunal); Juan Pegoraro (P.E.C.O.S- IGG/UBA); orge Rivas (Partido Socialista); Margarita Stolbizer (UCR); Claudio Suarez (Ex Subsecretario de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires- ILSED-CEDEPI); Mabel Thwaites Rey (UBA)

Más información, comunicarse con Sidonie Porterie al (0221)155034303 o al ILSED, 4372-0180. Documento completo en www.ilsed.org

Populismo punitivo: el irracionalismo penal de hoy

Aumento de penas, creación de nuevos delitos, propuestas de pena de muerte, castración química, reducción de la edad penal para juzgar menores, legislaciones de emergencia, recorte de las facultades judiciales, ampliación desmesurada de las facultades policiales, mayores restricciones penitenciaria, militarización, en resumen: macropenalismo puro y duro, son solo algunas propuestas surgidas desde una forma común –demagógica y fraudulenta- de hacer política: el populismo punitivo.

El populismo, dentro de sus acepciones, es una forma de acción política basada en la toma de decisiones o generación de propuestas populares es decir, de agrado de la población mediante la manipulación de sus emociones, con el fin de obtener apoyos y réditos electorales, aun y cuando dichas decisiones o propuestas atenten contra el mismo Estado Democrático de Derecho que auspicia su participación política y le permite difundir sus opiniones, por irresponsables que sean. No obstante, ante las críticas, el populismo se ampara en una lógica seudo pragmática por la cual, la institucionalidad y la normatividad son solo obstáculos para la “eficacia” y, por tanto, pueden ser violentadas en nombre del pueblo, categoría que es manipulada según las conveniencias del momento.

Históricamente, los gobiernos populistas no han logrado generar cambios reales en las estructuras que gobiernan, por el contrario, han sido igualmente útiles a las formas de dominación existentes y se han visto manchadas por la corrupción institucionalizada y graves violaciones a los derechos de la ciudadanía. El populismo es fraudulento pues no puede cumplir lo que promete, sus propuestas son irreales y solo buscan complacer las emociones de la gente pero no satisfacer sus necesidades reales de una manera seria y coherente.

La sociología jurídico-penal ha acuñado el término populismo punitivo para denominar aquellas tendencias políticas orientadas a ofrecer respuestas “rápidas” y “eficaces” a los problemas de seguridad de una sociedad a través de la ampliación del sistema penal y de un funcionamiento reactivo y represivo de éste como respuesta primordial. Esta tendencia es acompañada de discursos maniqueos que dividen la sociedad en buenos y malos, donde estos últimos no son reconocidos como ciudadanos (aunque un voto de ellos no lo despreciarían) y trazan una línea divisoria simplista pero marcadamente autoritaria: o con nosotros (la gente “decente”, “honrada”) o con los delincuentes. Esta forma específica de populismo es igualmente demagógica y fraudulenta que el género al que pertenece.

Uno de los mayores ejemplos de populismo punitivo que hemos vivido fue la campaña de los planes “Mano dura” y “Súper mano dura” impulsados por el expresidente Flores y el Presidente Saca respectivamente: gran despliegue publicitario, capturas masivas, ley antimaras, militarización de la seguridad pública, exhibiciones del entonces Presidente Flores con las víctimas, campañas de odio y desprestigio contra los jueces y sectores críticos al plan ¿Todo esto para qué? Para obtener un aumento de los homicidios y una victoria electoral de su partido ¿Quién salió beneficiado? No cumplir, una vez electo, con lo que se promete, en nuestro caso, acabar con la fiesta de los “malacates”, es lo que podríamos denominar fraude postelectoral.

Luego de centrarse y reforzar el encierro como principal solución al problema de la inseguridad-cosa en la que se han esforzado notoriamente-, ahora el problema está en las cárceles. Ya no es solo el problema del hacinamiento, de la violencia interna y los motines penitenciarios. Se ha convertido al sistema penitenciario en una oficina privada del crimen organizado y coto de la corrupción más escalofriante.

¿Es esto racional? ¿estamos condenados a seguir en el mismo esquema represivo y propagandístico, pero ineficaz? Digo, como ciudadano, no puedo seguir confiando en un gobierno cuyo desatino y tozudez para abordar el tema de la inseguridad, solamente ha generado más daño ¿O es que mantenernos asustados les es útil para volver a ofrecernos soluciones salvadoras para que volvamos a votar por ellos, para que sigamos esclavizados a la seguridad privada, comprando armas para arriesgar nuestras vidas y alimentando ese comercio inhumano? Suena perverso, pero no creo que sea muy lejano de la realidad.

El populismo punitivo es una mentira, un fraude. Es inmoral e irresponsable en un tema donde su ligereza y superficialidad se paga con vidas humanas y con el dolor de las víctimas. Nadie tiene la solución mágica para la inseguridad, no es un problema que se resolverá de la noche a la mañana, y no obstante los esfuerzos, el delito siempre existirá en estas sociedades, solo podemos aspirar a llevarlo a un nivel “tolerable” y en eso hay que ser claros, quien ofrezca lo contrario, miente. El problema de la inseguridad hay que enfrentarlo con racionalidad y realismo, no con seudo pragmatismos, y con las armas del Estado democrático de derecho, a través de una política criminal consensuada democráticamente y aplicada sistemáticamente y con transparencia.

Hace algunos días, un columnista, en un matutino “criticaba a los que critican” -me doy por aludido- en materia de seguridad y los desafiaba a ir más allá de las críticas y del discurso de que “es un problema complejo” hacia la aportación de soluciones. No comparto totalmente esa opinión, pues la crítica no puede estar supeditada necesariamente a la propuesta (¿o es qué, si no tengo propuesta, mejor me callo y aguanto?) y eso me lleva al segundo punto: para proponer, responsablemente, es necesaria la existencia y disponibilidad de datos e indicadores precisos que permitan hablar con propiedad, cuestión particularmente difícil en nuestro medio donde la disponibilidad de información no es necesariamente la regla, pues la cuestión de la inseguridad no se limita al número de homicidios o las denuncias de extorsiones publicadas por los medios, un análisis más preciso necesitaría otros datos sobre victimización y capacidades institucionales, para solo mencionar algunos. Además, nadie esta en la posición ni en la capacidad de dar de manera especulativa e individualmente soluciones, sino que estas tienen que ser producto de una construcción colectiva entre funcionarios y ciudadanos con basamento en un rigor técnico y científico que permita dar respuestas coherentes con las problemáticas que se pretendan atacar. Un dato para el público: en El Salvador se han producido, desde diversos sectores no vinculados al Órgano Ejecutivo, al menos tres propuestas amplias y detalladas de política criminal que han sido presentadas ante el gobierno, pero que no han recibido la necesaria atención, sea por negligencia, sea por animadversión ideológica. El dato muestra dos cosas: uno, que a la par de un reclamo ciudadano por la seguridad, también existen propuestas concretas y dos, que ante tal nivel de indiferencia, mayor grado de presión, sea ésta, a través de la crítica.

Otro libro interesante para bajar en tu PC

Se trata del libro "El cuerpo del delito. Representación y narrativas mediáticas de de la (in)seguridad ciudadana". El autor es German Rey y ha sido patrocinado por al Friedrich Eberth Stiftung y el Centro de Competencia en Comunicación para América Latina.

El libro, es la publicación de un estudio realizado en nueve países de América Latina, incluído El Savador, en el cual se analiza la forma en cómo los medios de comuniación escritos manejan la información sobre la violencia y la inseguridad.

El libro se encuentra disponible en formato PDF en el siguiente link:

http://www.c3fes.net/docs/delitofinal.pdf

En la misma página (http://www.c3fes.net) pueden encontrar otros links interesantes cómo:

"Violencia y medios: seguridad pública, noticias y construcción del miedo"
Por: Marco Lara Klahr, Ernesto López Portillo Vargas.
Publicaciones libros de Insyde www.insyde.org.mx/publicaciones.php

"La comunicación como estrategia para orientar a la ciudadanía frente a la violencia y la criminalidad"
Por: Cecilia Dastres y Eva Muzzopappa
Publicado por: Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, Universidad de Chile www.cesc.uchile.cl