Octubre que todo lo sacude...

Luego de que el Embajador de los Estados Unidos en El Salvador y las principales cúpulas empresariales del país se manifestaran públicamente y con un llamado contundente a parar la violencia, el gobierno salvadoreño ha reaccionado de manera acelerada, aunque bastante a la saga, pues el clamor de la población por mejorar las condiciones de seguridad ciudadana, es de antiguo conocido.

Dentro de las medidas tomadas por el ejecutivo se encuentran la creación de un anteproyecto de Ley contra el Crimen organizado, redactado en poco tiempo y sin ningún tipo de discusión preliminar, lo que demostraría su permanente apuesta al tratamiento de la problemática de l violencia desde la visión legal y represiva.

No estoy por plantear los pormenores del citado anteproyecto, sus falencias técnicas o normativas, sino la forma en cómo éste se inserta en el marco de las respuestas gubernamentales al problema de la violencia y criminalidad.

Sin discutir la necesidad de combatir el crimen organizado, el anteproyecto propuesto es solo una medida aislada, que no se ve complementada por otras políticas y acciones institucionales, es decir, como siempre, se pone la yunta delante de los bueyes. A grandes rasgos, el anteproyecto buscaría crear judicaturas especiales, y conociendo la animadversión ideológica de la derecha política que impulsa esta medida hacia la judicatura independiente, estaríamos posiblemente ante un intento de crear “jueces a la medida”, medida que ha recibido apoyo de representantes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Nacional de la Judicatura.

Por otro lado, suena paradójico el hecho que una ley especial que se aplicaría a delitos de realización compleja, disponga solamente de un período de 20 días de instrucción judicial, mientras que los demás delitos, no comprendidos por esta ley, tendrían 6 meses y posibilidad de ampliación de la instrucción por la vía del proceso penal ordinario. Esta aparente contradicción o paradoja, solo se explica por la intención de trasladar el plazo y las actividades de investigación bajo control judicial, a una etapa previa sin supervisión de legalidad, donde los elementos recabados podrían ser llevados a juicio sin un control previo de calidad, y los que tendrían, por ley, un valor (prueba tazada), independientemente del criterio del juez sobre su validez o veracidad. Es decir, una ley que buscaría asegurar condenas, limitando el papel de revisor imparcial del juez.

La ley necesitaría solamente 43 votos para ser aprobada y por lo que las correlaciones políticas de la Asamblea indican, ésta será aprobada sin mayores dilaciones ni debate.

La segunda acción gubernamental en esta coyuntura ha sido la creación de la Comisión Nacional para la Seguridad Ciudadana y la Paz Social, un colectivo de personalidades convocadas por el Ejecutivo para emitir lineamientos de políticas y acciones para enfrentar la problemática de la seguridad en El Salvador. Según lo planteado por el Presidente Saca en el discurso de nombramiento de la comisión, ésta actuaría de manera independiente y autónoma y comprometió al Ejecutivo "a respetar e implementar las acciones que proponga" la nueva entidad.

En los términos expuestos, la iniciativa parece valiosa e importante como un instrumento de participación para la construcción alternativa de respuestas a la problemática enfrentada. Sin embargo, creo que esta iniciativa surge a la sombra de sus antecedentes previos y sus escasos resultados.

Las primeras mesas a las que convocó el gobierno, hacia el inicio de sus gestiones en 2004, produjo resultados en el ámbito de la reforma legal, así como valiosas recomendaciones en materia de prevención y reinserción. Las reformas legales fueron aprobadas por las Asamblea Legislativa, pero de las recomendaciones en materia de prevención y reinserción, no se vieron acciones concretas para su realización. El segundo antecedente, fue el denominado “Consejo Consultivo” en 2005 que murió por perdida de interés y no dejó legado. Con estos antecedentes, más que un voto de confianza, uno solo podría dar un beneficio de la duda.

Creo que es importante que esta entidad tenga carácter permanente, pues eso le da mayor presencia. Desde diversos sectores y propuestas, como la presentada por FESPAD a inicios de 2005 se indicaba la necesidad de genera una estructura rectora de las políticas públicas de cara a tratar la problemática de la violencia y la criminalidad y cómo ésta entidad integra y no duplica trabajo de otras entidades llamadas a fines similares como el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que según su mandato es la máxima autoridad asesora del Presidente de la República en materia de seguridad pública.

Por otro lado, la Comisión debe establecer con claridad su relación respecto del Ministerio de Gobernación y su Viceministerio de Seguridad Ciudadana, instancias responsables de la conducción de las políticas de seguridad de acuerdo con el reglamento interno del Órgano Ejecutivo. En alguna manera, la constitución de esta Comisión vendría a suplir la falta de un verdadero gobierno de la seguridad pública por parte del Ministerio de Gobernación, en lo relativo a la generación de políticas de seguridad. En alguna medida, estas dualidades o acciones subsidiarias, muestran la falta de claridad del gobierno para abordar el fenómeno.

En cuanto a la conformación de la Comisión, no me opongo a que este compuesta por personalidades y representaciones de partidos políticos. Todos tendrán algo que aportar. Pero uno debe preguntarse sobre las garantías de pluralidad y sobre todo de representatividad de los participantes, no solo por una cuestión ideológica y de visiones de abordar del fenómeno, sino por la necesidad de conocer los problemas de la gente que más sufre la problemática y cuales son las soluciones que éstos visibilizan. En este sentido, sería interesante incluir a las municipalidades como interlocutores en esta materia.

Aunque la Comisión tenga un mandato amplio y el deber de generar propuestas integrales, El Diario de Hoy, del día dos de noviembre ha destacado que el primer punto de agenda de esta instancia sería la discusión sobre la legislación penal y de seguridad, lo cual ya indicaría una desviación o perversión del mandato original de esta instancia.

La Comisión aparece como un mensaje político que reconoce la necesidad de un abordaje integral de la problemática de la violencia y criminalidad a través de políticas públicas. Como lo hemos dicho antes, centrarse nuevamente en la discusión sobre la legislación es “más de lo mismo” y la experiencia reciente en El Salvador nos dice que hay un axioma según el cual “más de lo mismo” equivale a peores resultados. Esta opción de la derecha, además lejana, con la posición de su más importante think tank, FUSADES, que destacaría problemas estructurales como la mala distribución presupuestaria en los campos de justicia y seguridad como una falencia importante en el actual estado de crisis.

No obstante lo anterior, mi percepción es que se estaría fraguando un ambiente para favorecer una salida autoritaria y no precisamente una más democrática. Muy a la manera de las peores derechas políticas que buscan el tensionamiento de las situaciones de conflictividad para favorecer desenlaces por la fuerza. Esperamos que esta comisión no sea instrumentalizada en estas maniobras.

Lo que El Salvador necesita con urgencia son políticas públicas integrales en materia de seguridad ciudadana, que reduzcan la conflictividad y los riesgos que la favorecen o generan, los cuales obedecen a un contexto social más amplio que trasciende lo jurídico-penal. Y por otro lado, necesita una renovación de las instancias de gobierno de la seguridad pública para que generen políticas coherentes con los datos de la realidad y no sean basadas en visiones ideologizadas o de provecho político, independientemente de su ineficacia.

Precisamente para que la Comisión logre generar resultados provechosos, necesitará hacer un gran ejercicio de reflexión para la generación de políticas públicas concretas y de largo alcance. En primer lugar, deberá priorizar los problemas más urgentes de solución, no podrá hacerlo todo, por lo que las prioridades, deseablemente deben ser pocas y realistas para dar resultados visibles.

Una vez seleccionadas las prioridades, se requerirá la generación de líneas de base y planificaciones metodológicamente estructuradas, por lo que la Comisión debe contar con una instancia técnica que provea información, que genere análisis y diagnósticos y que pueda generar un proceso de consulta y construcción de políticas con rigor científico y metodológico. Estas políticas públicas deben responder además, preguntas claves: ¿quién lo hace?, ¿cómo lo hace?, ¿Cuándo se hace?, ¿Cuánto cuesta? y ¿Cómo se mide su avance? Tengo la impresión, que entre menos profundidad y detalle tengan las propuestas, menor es su posibilidad de ser atendidas.

Esto nos lleva a otro punto, la Comisión, como instancia que atiende un problema de interés nacional, debe regirse por un principio de transparencia y de rendimiento de cuentas, generando los mecanismos de información para la sociedad.

No quiero ser pesimista, pero la experiencia me lleva a serlo. Espero que esta comisión logre generar resultados concretos y que cuente con el consenso social necesario para resolver los problemas de violencia que nos afectan y que el gobierno comprenda que la crisis de seguridad pública, de no ser atendida de manera eficiente, compromete su autoridad y credibilidad frente a la población.

San Salvador, noviembre 2, 2006