Derechos Humanos buscan declarar inconstitucional Ley Antiterrorista - Monday, November 27, 2006 hora 12:19, Diario ColatinoDe izquierda a derecha Benjamín Cuéllar, Director del IDHUCA; Edgardo Amaya, del Centro de Estudios Penales de El Salvador, y Arturo Méndez Azahar, del Foro para la Defensa de la Constitución. Foto: Wilfredo Lara.
Benjamín López
Redacción Diario Co Latino
Diversas instituciones encargadas de velar por los derechos humanos en El Salvador y en la defensa de la Constitución, realizarán un Foro denominado “Ley antiterrorista amenaza al movimiento social”, el cual se desarrollará el 5 de diciembre, en un hotel capitalino, desde las 8:00 de la mañana.
El foro de carácter crítico-propositivo busca “alertar” a la sociedad y al movimiento social salvadoreño sobre las “trampas” e inconstitiucionalidad de la Ley Antiterrorista aprobada el pasado mes de septiembre por la Asamblea Legislativa.
“Las formas de lucha tradicionales del movimiento social, están tipificadas como delitos de terrorismo en esta ley”, recalca Arturo Méndez Azahar, Abogado y responsable de la Coordinación Jurídica Política del Foro, al referirse a la importancia de la actividad.
En la disertación participarán la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), el Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (IEJES), la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), el Instituto de los Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y el Foro para la Defensa de la Constitución.
Sobre el tapete jurídico se analizarán los artículos de la referida ley desde las perspectiva penal, procesal penal y derechos humanos. Del acopio de cada organización saldrá un documento para luego dar el siguiente paso que será promover un proceso de inconstitucionalidad contra la Ley Antiterrorista.
“Trataremos uno por uno los artículos de la Ley, uno por uno los cerrojos, los blindajes para que no se violen los derechos humanos”, explica Benjamín Cuéllar, Director del IDHUCA, quien de paso sugiere: “El terrorismo hay que combatirlo, hay que prepararnos, hay que estar prevenidos y la mejor prevención es retirar las tropas de Irak”.
“La represión a la protesta social” es el punto de mayor preocupación de los disertantes del Foro y en función de ello consideran que la Ley Antiterrorista debe revisarse. Además, hay aspectos en la mencionada ley que ya están contemplados en otros proyectos de ley como la Ley contra el Crimen Organizado y el Código Procesal Penal.
En su análisis, Edgar Amaya, de FESPAD, considera que desde el Ejecutivo se está creando un contexto de “Control jurídico-normativo” sobre la población. “Uno no niega que pueden existir algunos aspectos necesarios de reformar, pero la manera inconsulta, secreta como se realizan esos proyectos indican otras cosas”, sostiene el perito en estudios penales.
“Los antecedentes son bastante claros como la reforma a la Ley de Procedimientos Constitucionales para amarrarle las manos a los jueces y todas aquellas iniciativas que buscan eliminar el control judicial y darle más facultad a la Policía”, interpreta Amaya.
Fluidas y claras como las aguas de un río, las críticas del representante de FESPAD también se filtran hasta la agenda dispuesta por el Ejecutivo: “El Gobierno juega a dos canchas, una es abrir una comisión nacional que da propuestas positivas, muy loables, de amplia cobertura mediática, mientras al otro lado está el proyecto jurídico-político de control de expresiones populares y protestas”, analiza el profesional del Derecho.
Al caudal de críticas, Benjamín Cuéllar agrega que este tipo de normativa es un obstáculo para que los sectores sociales puedan manifestarse en ejercicio de todas las garantías previstas constitucionalmente. “Se necesita que la gente empuje la rueda de la historia de El Salvador y que camine, que avance, no que se mueva en el mismo lugar, porque cada vez tocamos fondo más hondo”, valora, de manera metafórica, el director del IDHUCA.
El Foro “Ley Antiterrorista amenaza al movimiento social”, se registra como un múltiple esfuerzo realizado en pro de concienzar a los diversos sectores poco informados sobre esta temática con repercusiones directas en la libertad de expresión ciudadana.
“Si viviéramos en un país realmente democrático, diríamos que el 75% de esta ley es bueno, porque trata el tema de seguridad de los aeropuertos, navíos -que ya estaban contemplados en la legislación internacional- pero, también, tiene un 25% de cascaritas o trampas donde hacer apología al terrorismo es delito, sin definir que es terrorismo, y las penas son bastantes desproporcionadas”, cita a manera de ejemplo, Edgar Amaya, de FESPAD.
Alimentado por el aporte de IEJES, FESPAD, IDHUCA, UNES y Foro para Defensa de la Constitución, el producto final de este esfuerzo se convertirá en una pieza jurídica que buscará hacer eco en la Corte Suprema de Justicia a fin de declarar inconstitucional la Ley Antiterrorista.
“Pueda ser que la Corte Suprema de Justicia hoy cumpla con su deber, sí no lo cumple va a confirmar que se necesita un cambio”, concluye Méndez Azahar. Reforzando la tesis de su colega, el director del IDHUCA, quien libera una conclusión más: “Aquí están acostumbrados a jugar en potrero, sin árbitro, sin reglas del juego, sin uniforme, haciendo foul, pero ahora ya los estamos metiendo a jugar en “Liga de Campeones” (un nivel mayor) que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, expresa Benjamín Cuéllar, instancias que tocarían, de no encontrar eco en la cuestionada Corte Suprema de Justicia salvadoreña.
El foro de carácter crítico-propositivo busca “alertar” a la sociedad y al movimiento social salvadoreño sobre las “trampas” e inconstitiucionalidad de la Ley Antiterrorista aprobada el pasado mes de septiembre por la Asamblea Legislativa.
“Las formas de lucha tradicionales del movimiento social, están tipificadas como delitos de terrorismo en esta ley”, recalca Arturo Méndez Azahar, Abogado y responsable de la Coordinación Jurídica Política del Foro, al referirse a la importancia de la actividad.
En la disertación participarán la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), el Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (IEJES), la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), el Instituto de los Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y el Foro para la Defensa de la Constitución.
Sobre el tapete jurídico se analizarán los artículos de la referida ley desde las perspectiva penal, procesal penal y derechos humanos. Del acopio de cada organización saldrá un documento para luego dar el siguiente paso que será promover un proceso de inconstitucionalidad contra la Ley Antiterrorista.
“Trataremos uno por uno los artículos de la Ley, uno por uno los cerrojos, los blindajes para que no se violen los derechos humanos”, explica Benjamín Cuéllar, Director del IDHUCA, quien de paso sugiere: “El terrorismo hay que combatirlo, hay que prepararnos, hay que estar prevenidos y la mejor prevención es retirar las tropas de Irak”.
“La represión a la protesta social” es el punto de mayor preocupación de los disertantes del Foro y en función de ello consideran que la Ley Antiterrorista debe revisarse. Además, hay aspectos en la mencionada ley que ya están contemplados en otros proyectos de ley como la Ley contra el Crimen Organizado y el Código Procesal Penal.
En su análisis, Edgar Amaya, de FESPAD, considera que desde el Ejecutivo se está creando un contexto de “Control jurídico-normativo” sobre la población. “Uno no niega que pueden existir algunos aspectos necesarios de reformar, pero la manera inconsulta, secreta como se realizan esos proyectos indican otras cosas”, sostiene el perito en estudios penales.
“Los antecedentes son bastante claros como la reforma a la Ley de Procedimientos Constitucionales para amarrarle las manos a los jueces y todas aquellas iniciativas que buscan eliminar el control judicial y darle más facultad a la Policía”, interpreta Amaya.
Fluidas y claras como las aguas de un río, las críticas del representante de FESPAD también se filtran hasta la agenda dispuesta por el Ejecutivo: “El Gobierno juega a dos canchas, una es abrir una comisión nacional que da propuestas positivas, muy loables, de amplia cobertura mediática, mientras al otro lado está el proyecto jurídico-político de control de expresiones populares y protestas”, analiza el profesional del Derecho.
Al caudal de críticas, Benjamín Cuéllar agrega que este tipo de normativa es un obstáculo para que los sectores sociales puedan manifestarse en ejercicio de todas las garantías previstas constitucionalmente. “Se necesita que la gente empuje la rueda de la historia de El Salvador y que camine, que avance, no que se mueva en el mismo lugar, porque cada vez tocamos fondo más hondo”, valora, de manera metafórica, el director del IDHUCA.
El Foro “Ley Antiterrorista amenaza al movimiento social”, se registra como un múltiple esfuerzo realizado en pro de concienzar a los diversos sectores poco informados sobre esta temática con repercusiones directas en la libertad de expresión ciudadana.
“Si viviéramos en un país realmente democrático, diríamos que el 75% de esta ley es bueno, porque trata el tema de seguridad de los aeropuertos, navíos -que ya estaban contemplados en la legislación internacional- pero, también, tiene un 25% de cascaritas o trampas donde hacer apología al terrorismo es delito, sin definir que es terrorismo, y las penas son bastantes desproporcionadas”, cita a manera de ejemplo, Edgar Amaya, de FESPAD.
Alimentado por el aporte de IEJES, FESPAD, IDHUCA, UNES y Foro para Defensa de la Constitución, el producto final de este esfuerzo se convertirá en una pieza jurídica que buscará hacer eco en la Corte Suprema de Justicia a fin de declarar inconstitucional la Ley Antiterrorista.
“Pueda ser que la Corte Suprema de Justicia hoy cumpla con su deber, sí no lo cumple va a confirmar que se necesita un cambio”, concluye Méndez Azahar. Reforzando la tesis de su colega, el director del IDHUCA, quien libera una conclusión más: “Aquí están acostumbrados a jugar en potrero, sin árbitro, sin reglas del juego, sin uniforme, haciendo foul, pero ahora ya los estamos metiendo a jugar en “Liga de Campeones” (un nivel mayor) que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, expresa Benjamín Cuéllar, instancias que tocarían, de no encontrar eco en la cuestionada Corte Suprema de Justicia salvadoreña.
Hola Edgardo... muy loable esfuerzo el que están realizando, solo queria preguntar el lugar en el que se desarrollara el evento de este día 5 de diciembre.
ResponderEliminarDon René,
ResponderEliminarpues no sé a cual evento se refiere. Hoy 3 de diciembre hay una presentación del informe del estado de la región en el ICAS de la UCA a las 4:30 pm. Espero que no sea muy tarde... Saludos