"La obra de la Justicia será la Paz y los frutos de la Justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Is. 32, 17"

26 de noviembre de 2006

Endurecimiento penal y control de armas: señales cruzadas

Por Edgardo A. Amaya Cóbar

La segunda quincena de noviembre aparece plagada de un discurso gubernamental que juega a dos canchas. Por un lado muestra un inusitado apoyo a la propuesta de control de armas emanada de la Comisión Nacional para la Seguridad Ciudadana y la Paz Social. Por otro, urge a la misma Comisión, un informe sobre la discusión del proyecto de ley contra el crimen organizado. Es decir, por un lado, apoya formas alternativas de tratamiento de la situación de la violencia y criminalidad en el país y por otro, insiste en su vieja escuela de la visión del control.

No es que un abordaje preventivo excluya una intervención represiva, si esta es necesaria y justificada. De lo que se trata es del tipo de intervención punitiva que ha venido proponiendo el gobierno en los últimos años: una basada en legislaciones penales más duras, técnicamente malogradas, con marcados sesgos autoritarios y en un contexto institucional precarizado para su aplicación.

No obstante, parece que no todo es pesimismo, en medio de la grave crisis de la seguridad pública y a pesar de la insistencia de seguir abordando el problema de la violencia prioritariamente desde el sistema penal, los debates en el marco de la Comisión Nacional para la Seguridad Ciudadana y la Paz Social, en medio del escepticismo, empieza a dar señales positivas, tales como la propuesta de prohibir la portación de armas en espacios públicos en todo el país (misma que en un principio fue propuesta para solamente los 20 municipios más violentos)

Con la información disponible, aún no se conocen en detalle los alcances de la propuesta, pero el sorprendente e inusual apoyo (o por lo menos, no oposición) del Ejecutivo y de la derecha política de la Asamblea, por el momento, parecerían indicar que la propuesta del control de armas podría tener algunas condiciones para comenzar a diseñarse como estrategia en vía de se implementada.

Resulta esperanzador el hecho que esta propuesta, luego de años de insistencia en el tema, reciba por fin la atención que merece. Esto es positivo por varios motivos, entre ellos, que es una propuesta novedosa que se plantea como una forma de intervención alternativa sobre el fenómeno de la violencia y cuyas experiencias locales han dejado resultados positivos como el caso de la experiencia Municipio Sin Armas implementada por PNUD en San Martín.

Por otro lado, debe decirse que una política orientada en este sentido tendría a su favor un gran nivel de información generada por estadísticas y estudios que dan cuenta del impacto y problemática del uso de armas en la sociedad salvadoreña, así como también se cuenta con propuestas concretas de acción en el ámbito legal e institucional.

No obstante lo positivo de impulsar esta propuesta, es necesario plantar pies en tierra y pensar con cabeza fría y concienzudamente la forma en cómo esta iniciativa puede articularse en una política y una estrategia concreta. Esta propuesta, si de verdad pretende convertirse en una alternativa a lo hecho hasta la actualidad, no puede repetir errores conocidos tales como el de confiar todo a la reforma de la ley.

La ley es un instrumento de una estrategia, pero no es la estrategia en sí, ello es algo más amplio, que incluye líneas de base, actores, discursos, previsión de resistencias, negociaciones, acciones preparatorias, objetivos, metas, plazos, mecanismos de verificación, etc.

En este punto la participación de la PNC es fundamental por lo que se debe hacer una planificación en conjunto con la institución para determinar la progresividad o maneras de implementación de la medida.

Además es necesario establecer con claridad, para interés del público, cuales son los alcances de la propuesta. Creo que sería útil establecer ciertos niveles de acción con sus respectivas estrategias, los digo, sin pensar en un orden específico:

  • Campañas de sensibilización e información sobre la nueva política de control de armas.
  • Recuperación de armas en situación irregular: a través de campañas públicas y decretos de amnistía temporales y específicos para que las personas que tengan armas ilegales puedan entregarla a las autoridades con fines a su destrucción. En ningún momento debería permitirse que armas ilegales sean regularizadas mediante decretos especiales, que terminan “lavando” armas posiblemente involucradas en crímenes.
  • Eliminación de la portación de armas en espacios públicos: una prohibición de estas dimensiones requiere de una estrategia de control muy elaborada y diferenciar otros subniveles: sancionar administrativamente la violación de la restricción cuando esta sea realizada con armas legales, mediante multas ejemplarizantes y decomiso del arma y sanciones penales para los reincidentes. Sanción penal para las armas irregulares que violen la restricción.
  • Combate del tráfico ilegal de armas de fuego y adopción de reglamentaciones modelo de la OEA sobre la materia.

No dudo que con las capacidades acumuladas de la Comisión, estas consideraciones ya han sido previstas, pero presentarlas ahora obedece al temor de que una implementación improvisada malogre los loables objetivos de esta propuesta en pos de reducir la letalidad de la violencia armada. Asesoramiento técnico e internacional en la materia no es despreciable, una propuesta de estas dimensiones amerita la mejor elaboración posible para lograr éxitos palpables y positivos para nuestra sociedad.

Un comentario furtivo

El día viernes (24/11/06) por la noche miré (y escuché) en canal 10 el pronunciamiento de la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo, respecto de la propuesta de control de armas. Reafirmando lo dicho en otras ocasiones sobre el tema: que al no existir garantías para la seguridad de las personas en este clima de violencia, no debería establecerse la restricción.

Intento comprender pero la verdad es que hay algo que no me cuadra y es que, dicho de esa forma, ha sido la procuradura la que ha insistido en la necesidad de que el Estado salvadoreño asuma su compromiso de respeto y vigencia de los derechos humanos y ahora, con lo dicho, viene a coincidir con la actitud gubernamental antes criticada por la PDDH. Al parecer, ahora la procuradora estaría de acuerdo con la negligencia estatal por la que se delega y deja en manos de los ciudadanos el cuidado de su propia seguridad, alegando que la gente tiene derecho a defenderse.

A veces hay casos de casos, “cosas veredes, amigo Sancho” dijo el Quijote y ahora podemos atestiguar como dos personajes tan distantes políticamente como el editorialista de El Diario de Hoy y la señora procuradora de derechos humanos, aparezcan ahora tan afines en esta polémica, ambos a favor de las armamentización.