El CNSCC: Cambiar la mirada sobre la seguridad ciudadana y la violencia

Por Edgardo A. Amaya Cóbar*
Originalmente publicado en el periódico digital ContraPunto.

A finales del mes de septiembre de 2014, el Presidente Sánchez Cerén, mediante decreto ejecutivo, estableció la creación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC), el cual se definió en dicha norma como una “instancia amplia, plural y permanente, con autonomía para el cumplimiento de sus objetivos y atribuciones”

En este sentido es importante destacar que en su conformación participan diversos actores sociales, que van desde el gobierno nacional, empresa privada, iglesias, medios de comunicación y partidos políticos. El proceso además es apoyado por Naciones Unidas a través de su representación en El Salvador, la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea y varios países amigos. Esta conjunción de actores muestra la importancia del tema y del espacio construido.

Su composición amplia y plural le convierte en un espacio de diálogo político, abriendo una valiosa posibilidad: deliberar de manera directa sobre algunos de los principales problemas y valladares del país en materia de seguridad, fuera de las dinámicas partidarias o electorales que muchas veces, no solo impiden un dialogo franco, sino que dificultan o anulan la búsqueda de cualquier alternativa.
Por ello, el CNSCC podría discutir y analizar algunos de los temas más preponderantes en materia de seguridad y allanar vías y acuerdos políticos para su abordaje. Creo que no se puede obviar analizar la trayectoria histórica de las respuestas a la inseguridad y sus resultados: durante mucho tiempo se pensó que poniendo a todos los malos en la cárcel el problema se solucionaría, hasta que nos dimos cuenta que la cárcel es también un problema. Uno muy grave. Actualmente, según la World Prison Population List (2013) El Salvador ocupa el puesto número quince en el ranking de los países con mayor tasa de prisionización del mundo.

No solo tenemos un terrible hacinamiento que contribuye a la corrupción y a la organización o fortalecimiento de grupos criminales al interior de sus muros que dirigen el actividades ilícitas dentro y fuera de ellos, adicionalmente, como resultado de esas políticas, también tenemos más pandilleros en las calles y niveles de delincuencia que no mejoran.

Resulta oportuno analizar con rigor y honestidad lo ocurrido para dar recomendaciones más atinadas, de lo contrario, como es sabido, no se pueden esperar resultados distintos haciendo las cosas de la misma manera. Además, la realidad se impone: es fiscalmente muy difícil adaptar el crecimiento de las capacidades penitenciarias al ritmo del crecimiento de la población penitenciaria. Actualmente necesitaríamos triplicar el sistema penitenciario para poder atajar el hacinamiento y eso no se podría hacer sin sacrificar recursos destinados a otros fines estatales.

No es funcional, ni racional, ni mucho menos, beneficioso, seguir el esquema predominante, hay que hacer un análisis holístico de la problemática: analizar la cadena de procesos, avanzar hacia un nuevo modelo de política criminal basado en la noción de sistema, con planificaciones intersectoriales y consensos políticos. Esto, porque la gestión de la violencia y el crimen es como un globo, si aprietas de un lado, se revienta por otro, por ello hay que tener una visión e intervención integral. Esto pasa por acuerdos políticos.

En buena medida, la expectativa sobre este consejo parte de la necesidad de establecer una nueva mirada sobre el fenómeno y nuevas formas de gestionarlo. Es tiempo que también miremos (y escuchemos) en nuestro propio país, a actores sociales, municipios y comunidades que con creatividad y empeño han logrado mayores niveles de convivencia y cohesión social. Las cosas ocurren en los territorios, no en los despachos ni en las reuniones.

Parte de esa nueva mirada, debe estar orientada a las víctimas, tan largamente olvidadas o simplemente instrumentalizadas en los discursos. Dados los antecedentes históricos del país y las tradiciones autoritarias presentes, buena parte de la discusión sobre la gestión de la violencia ha girado en torno a la expansión de las capacidades de control y sanción estatal contra los infractores por un lado, y por el otro, en la necesidad de contener los desbordes punitivos, la mejora de la eficacia institucional y el respeto a los derechos humanos de los eventuales destinatarios de dichas políticas. En ambos extremos se ha obviado la necesidad de un abordaje serio sobre la víctima. Ya es hora que esos enfoques cambien y se pueda movilizar la compasión y solidaridad efectiva a las personas que sufren. Esta sería una forma de ir cortando ciclos de violencia. Como lo sostiene el académico Mark Kleiman, si bien, la mayoría de las víctimas no se convierten en perpetradores, éstos, en su gran mayoría, fueron víctimas en el pasado.

El CNSCC tiene en sus antecedente, diversos esfuerzos similares ocurridos en administraciones previas y que no llevaron a la producción de resultados esperados. En buena medida, dicho déficit se explica más por la falta de compromiso por parte de los destinatarios de las recomendaciones, que por la calidad de aquellas. Sin embargo, a diferencia de las experiencias previas, este consejo tiene perspectivas de permanencia en el tiempo y su mismo decreto le faculta para poder pedir cuentas sobre el resultado de las políticas públicas de seguridad ciudadana, lo cual, se convierte en un estímulo político para las instituciones a fin de transparentarse y rendir cuentas a una instancia plural que cumpliría funciones de auditoría social.

Aunque la inseguridad estimule mucha ansiedad en las agendas políticas, sería insensato esperar que el CNSCC desmonte toda una tradición histórica de gestión de la violencia y el delito en el corto plazo, cambiándola por una nueva. Lo más valioso, creo, es que se logre diseñar e implementar el proceso para llegar a ese fin, por lo que habría que dar un margen de maniobra a esta instancia y también apoyarla en ese empeño.

*Columnista de ContraPunto
@amaya_ed / www.seguridadyjusticia.blogspot.com

Seguridad y justicia: El Salvador: en contra de la infamia

Hace más de siete años, el partido ARENA intentó en la Asamblea Legislativa dar un reconocimiento póstumo al tristemente célebre Roberto D'Aubuisson, una de las mentes más siniestras del Siglo XX en El Salvador. En esa ocasión, retomé en este blog, el pronunciamiento de las organizaciones de derechos humanos que se opusieron a dicha infamia. Lo traigo a recuerdo dado el anuncio de Norman Quijano, alcalde de San Salvador y miembro del partido ARENA, de nombrar la 29 calle poniente con el nombre de tan obscuro personaje.



Seguridad y justicia: El Salvador: en contra de la infamia: A continuación se presenta el texto de la pieza de correspondencia que la Concertación por la Paz, la Dignidad y la Justicia, junto con ciud...

Ayotzinapa: El optimismo como gesto político

Conocemos la terrible historia de cuarenta y tres estudiantes normalistas desaparecidos en Igualá, Estado de Guerrero, México. El suceso ha mostrado de manera dramática la virtualmente inexistente línea divisoria entre la estatalidad y el crimen organizado en amplias zonas de ese país. El (des)gobierno del crimen. Una señal alarmante del grave deterioro del Estado de Derecho en la región, fenómeno del que no somos ajenos ni lejanos.

Como muchos, tememos lo peor. El padre Solalinde, ese samaritano de los migrantes sufrientes, dejó caer el balde de agua fría: “están muertos”, dijo, basado en informaciones que obtuvo por sus medios. Y se dirigió a brindar apoyo humano y espiritual a las familias de las víctimas. Estas lo rechazaron. Se negaron a recibir un pésame sobre una suerte incierta. Se negaron a rendirse. Solalinde, aceptó su error, se disculpó y se hizo a un lado.

Recuerdo las palabras de Alberto Binder, quién en algún momento decía que el optimismo es un gesto político. La posición de las familias de los desaparecidos lo ratifica. Resignarse al pesimismo es dejarse arrebatar la esperanza y sumirse en la impotencia de que sus vidas están a merced de delincuentes.

Encarar al estado, exigirle que investigue y aparezcan no es una petición ilógica e irreal para poner en aprietos a los gobernantes, es un desafío a que el Estado demuestre su capacidad para proteger la vida y libertad de las personas. Es una forma sensata de enfrentar la situación, exigiendo el derecho a conocer la verdad. Mientras eso se niegue, no se puede creer nada.

¡Fuerza Ayotzinapa!

Decreto de Creación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana

El lunes 29 de septiembre de 2014, el Gobierno de El Salvador lanzó su Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, una entidad consultiva de apoyo para la formulación y seguimiento de las políticas públicas en esa materia, conformado por diferentes representantes de distintos sectores de la vida nacional. Aquí su Decreto de Creación.

Katya Miranda o de la impunidad estructural

Luego de dos semanas de sucesos judiciales relevantes: el envío a prisión de un expresidente de la República y de un diputado involucrado en un millonario caso de lavado de dinero, la impunidad toca a nuestras puertas para recordarnos su vigencia y buena salud.

La Sala de lo Penal, constituida por una magistrada titular y por dos suplentes, absolvió a los condenados en el caso de la violación y muerte de la niña Katya Miranda, ocurridas el 3 de abril de 1999, a la orilla del mar, en las cercanías del rancho donde pernoctaban sus familiares, entre ellos, su padre Edwin Miranda y el padre de éste, Carlos Miranda, abuelo de la niña, quién desde el inicio fue considerado uno de los principales sospechosos. También se encontraba en el lugar el entonces Subcomisionado Godofredo Miranda, mando de la División de Investigaciones de la Policía Nacional Civil y sobrino del abuelo de la niña.

La noticia del nuevo fallo corrió como la pólvora en las redes sociales y han revivido la indignación ante este icono de la impunidad en el país.  Es necesario hacer memoria y recordar que este caso fue truncado desde el origen: en la playa misma donde ocurrieron los hechos y donde, el entonces Subcomisionado Miranda, fue incapaz de hacer preservar la escena del delito y garantizar la recolección de evidencias, a lo que se suma una negligente actuación fiscal.

En el trayecto se supo que elementos del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) habían hecho pesquisas sobre el caso, lo cual estaría relacionado con el hecho que el padre de la niña era en ese entonces miembro del Estado Mayor Presidencial, servicio de protección del Presidente de la República, lo que agregó suspicacias al hecho.

El caso, se dirigía a ser uno más en el archivo de la Fiscalía, pero gracias a la insistencia de la madre de la víctima y su valiente lucha por la justicia, el caso pudo ser judicializado nueve meses después.

Se imputó al padre y al abuelo de la niña, así como a dos empleados del rancho por supuestamente haber encubierto los hechos. Según la versión del abuelo, principal vocero del grupo de imputados, el ejecutor habría sido Rafael Antonio Cuenca, alias el “Palo”, sicario contratado por un tal Doroteo Maradiaga, quien tendría rencillas con Carlos Miranda. Cuenca habría hecho un ingreso tipo comando al rancho, rociado con spay adormecedor a los ahí presentes y sustraído a la niña para atentar contra ella. Esta versión fue desestimada en las investigaciones.

El caso fue débilmente presentado y sufrió también tropiezos judiciales –donde la actuación judicial fue, cuando menos, sospechosa- siendo los imputados liberados provisionalmente en la fase intermedia del proceso penal, dando el plazo de un año a la FGR para presentar nuevas pruebas. El entonces Fiscal General de la República, Belisario Artiga, dio señales de querer profundizar los hechos, se reunió con la familia en privado, pero el ánimo de protagonismo le llevó a cometer errores como “reconstruir” los hechos sin autorización judicial y no corrigió los errores iniciales de la investigación. Pasado el plazo para presentar nuevos elementos, la Fiscalía admitió no tenerlos y los imputados, ante la débil investigación criminal, fueron exonerados definitivamente en octubre de 2001.

Ya en este momento, Hilda Jiménez y su hija Marcela había huido del país por razones de seguridad y solicitado asilo en los Estados Unidos.

En el año 2009, a dos semanas de que el caso prescribiera, el entonces Fiscal General de la República Félix Garrid Safie –que buscaba su reelección en el cargo-, anunció la reapertura del caso con una nueva versión de los hechos, según la cual: la muerte de la niña fue debido a una operación de secuestro fallida organizada por el abuelo Carlos Miranda y Rafael Antonio Cuenta, alias el “Palo” –convenientemente fallecido en 2005-, en la que la muerte y simulación de la violación fueron para evitar la delación de la menor.

El caso fue reactivado gracias a la providencial aparición de un “testigo clave”, denominado “Camila”, quien habría formado parte de los planes del supuesto “secuestro”, a instancias de un miembro del entorno de la familia Miranda, a quien involucró en esta versión y a otro miembro cercano de la familia Miranda, contra quienes se abrió proceso penal.

Aquilino de la O Rosales, identidad real del testigo clave “Camila”, tenía una turbia historia como delincuente dedicado al robo y hurto de vehículos, de hecho, al momento de su aparición en escena, purgaba condena en el Penal de San Vicente, desde donde se contactó con la Fiscalía para ofrecer su historia y obtener a cambio un criterio de oportunidad y traslado desde ese penal al régimen de protección de víctimas y testigos. Sus primeros 15 minutos de fama mediática fueron cuando tras el sonado homicidio del banquero Guth Zapata en 1999. En esa ocasión acusó a miembros del partido ARENA de estar implicados en el hecho, sin embargo, su versión fue desmentida y, entonces, atestiguó en contra de quienes supuestamente le habrían pagado para brindar el falso testimonio original, nuevamente, su versión fue descartada judicialmente.

Básicamente, la Fiscalía, montó un caso con el testimonio de un delincuente y mentiroso profesional y puso al frente de este litigio al polémico fiscal Rodolfo Delgado. Sorprendentemente, el IDHUCA, organismo de Derechos Humanos que había llevado el caso de manera ejemplar,  se retiró del caso. Quizás muchos quisieron que en esta nueva oportunidad, los responsables obtuvieran un castigo que compensara la injusticia e impunidad previa. Total, no importaba si esta historia era cierta y creíble o jurídicamente viable, sino que alguien pagara. Ahora, esa ilusión se desploma y volvemos a sentir el dolor de la impunidad.

Durante el proceso judicial, comenzó a develarse vacíos y uno de los implicados por el testigo clave, fue liberado ante las inconsistencias del testimonio. La jueza de instrucción liberó a cinco de los seis implicados por falta de mérito, también desestimó la pertinencia de un gran número de testigos que la Fiscalía proponía, pero esta decisión fue revertida por la Cámara.  Los defensores alegaron que varios de los imputados ha habían sido juzgados y exonerados previamente por lo que había doble persecución.

En marzo de 2011, el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, condenó por secuestro al abuelo Carlos Miranda junto con otras cinco personas, empleados de éste, basado en el testimonio del testigo clave, en su resolución, el tribunal manifestó no haber encontrado contradicciones.

Ahora, la resolución de la Sala de lo Penal establece, como parte de sus razonamientos, que no llegó a configurarse el secuestro y que sí hubo doble persecución pues tres de los condenados ya habían sido objeto de juzgamiento por los hechos previamente. Aunque sea doloroso aceptarlo, el fallo judicial es apegado a derecho, corrige los entuertos por el que se llegó a esta condena, los juzgadores en esta resolución hicieron lo correcto, aún y cuando, hayan jugado el triste papel de ratificar la impunidad del caso.

Ahora los magistrados son linchados mediáticamente y Felix Garrid Safie, promotor de esta farsa, se lava las manos y rasga las vestiduras. Así de vergonzoso, así de triste.

Entiéndase bien: esta no es una apología para los ahora liberados, ciertamente creo que esa noche, en ese rancho, pasó algo muy oscuro y el caso comenzó su agonía ahí, junto con Katya, victimizada, además, por la impunidad estructural de nuestro país.

Pero no todo es pesimismo, el caso puede ser llevado al sistema interamericano para que confronte y devele su impunidad y obligue al Estado salvadoreño a resarcir a las víctimas y a darle justicia a Katya.

El veto presidencial a la reforma de la legítima defensa

El 20 de agosto, el Presidente de la República vetó la reforma al artículo 331 del Código Procesal Penal que establecía la posibilidad de que una persona acusada de homicidio o lesiones cometidos en legítima defensa, fuese procesada en libertad, evitando la obligatoriedad de la detención provisional para estos casos, según la ley actual. El veto se declaró por inconveniente y en sus argumentos, el Presidente manifiesta que ya existe legislación que regula la materia por lo que la reforma resulta innecesaria.

Rápidamente, los medios afines a la derecha política, por ignorancia o por segundas intenciones, han presentado esta decisión como contraria a los intereses de la ciudadanía indefensa. Nada más falaz y malintencionado.

En esta discusión hay dos caras, la técnica y la política. Una cosa era la reforma en sí y sus eventuales efectos procesales, y otra, la forma en cómo se vendió: como una licencia para matar con impunidad. Esto también era falso, pero servía para movilizar simpatías de un electorado inclinado por medidas de endurecimiento penal como solución inmediata a la inseguridad, al tiempo que creaba un trampa: si la reforma prosperaba, el rédito era para sus propulsores, si la reforma era vetada, sus proponentes también saldrían gananciosos al ponerse como los defensores de la ciudadanía, impedidos en su heroica labor por la incomprensión del gobierno.

En el plano técnico, la legislación actualmente establece que cuando sea probado que una persona actuó en legítima defensa, debe ser sobreseída, es decir, puesta en libertad inmediatamente y finalizar el proceso en su contra. En la práctica, cuando ocurren situaciones como las que comentamos, la misma Fiscalía General de la República, a través de sus agentes auxiliares, solicita la liberación de las personas y el fin del proceso. El problema radica muchas veces en la debilidad de la investigación criminal o en una pobre defensa penal que no permite la activación de este mecanismo, pero eso no es un problema de la ley, sino de su implementación.

La reforma en cierta manera resultaba contradictoria con las disposiciones actuales, pues proponía –en términos ambiguos- que en caso de “indicios suficientes para considerar que se dan los presupuestos” de la legítima defensa, el juez procedería a dictar medidas sustitutivas a la detención provisional (no la libertad, ni la finalización del proceso) Al parecer, la innovación que introducía era que en caso de un sospechoso que alegara una dudosa legítima defensa, éste pudiese continuar siendo investigado y procesado en libertad, abriendo la peligrosa oportunidad para que verdaderos homicidas, pudiesen, en el peor de los casos, salir a entorpecer las investigaciones, amendrentar víctimas y testigos o huir.

Los diputados que la propusieron dicen sentirse afectados por las personas que van obligatoriamente a detención provisional cuando solamente se han defendido de agresiones, pero no reconocen su responsabilidad cuando quitaron el criterio a los jueces de decidir cuándo es oportuno aplicar la detención provisional, dejándola obligatoria para los casos como el homicidio y lesiones. Esa regulación es violatoria de los tratados internacionales de Derechos Humanos, y por tanto, los jueces, en muchas ocasiones, han aplicado directamente estos para evitar que una persona vaya injustificadamente a detención provisional.
Lamentablemente, la campaña política de cara al 2015 ya empezó de manera no oficial y muchos políticos tratan de apuntalar su imagen generando polémica y asumiendo papel de redentores o víctimas. El Presidente no está en campaña y, por tanto, debe mantener la cabeza fría y no dejarse llevar por lógica oportunistas, aun y cuando, ello acarrea el riesgo de ser maliciosamente interpretado por sectores de la oposición política y medios afines, generando un clima insano de incertidumbre en la ciudadanía con informaciones erróneas o claramente falaces.

La inseguridad  y las necesidades de justicia de la ciudadanía no son un juego, son problemas serios del país, por lo que resulta necesario plantear propuestas serias basadas en análisis fríos y no en exabruptos emocionales o en propuestas altisonantes pero sin contenido o sin análisis de sus eventuales consecuencias, solo para atraer votos.

Nota relacionada: "La ley de defensa personal: populismo barato" 

La niñez migrante y los disturbios de Ferguson

Edgardo Amaya (*) | Publicada el domingo, 17 Agosto 2014 en ContraPunto

Ambos fenómenos, tienen en común, ser parte de la actualidad noticiosa y de suscitarse en territorio estadounidense, sin embargo, las relaciones entre ellos que interesan para los efectos de este artículo son menos evidentes e intentaré explicitarlas en los siguientes párrafos.

Recientemente, diversos periodistas y académicos interesados en la violencia en El Salvador en general y en la crisis de la niñez migrante por causa de la violencia en los centros de detención migratoria en los Estados Unidos, en particular, han puesto su atención sobre el papel e influencia de ese país respecto de lo que sucede actualmente en nuestro territorio.

El enfoque ha ido principalmente orientado hacia cómo las políticas de deportación masiva desde 1990 dieron paso y alimentaron el crecimiento de la pandillas y su violencia en El Salvador y la región. Esta hipótesis es cierta, pero insuficiente para explicar todo lo que sucede. Adicionalmente hay que considerar que el gobierno estadounidense, además transfirió al gobierno salvadoreño y otros de la región, sus “tecnologías” para el control de las pandillas desde la exclusiva óptica de las fuerzas de seguridad y la justicia penal, las cuales fueron tropicalizadas de manera casi acrítica. En menor medida, también hizo esfuerzos –a través de la cooperación- por impulsar iniciativas de prevención de la violencia juvenil, pero limitada por el contexto predominantemente orientado a la represión de la delincuencia.

En la relación entre Estados Unidos y la región, se ignoró o invisibilizó el contexto y las raíces sociales de la violencia y el pandillerismo, en consecuencia, los resultados fueron similares, generando un nuevo fenómeno: las pandillas callejeras transnacionales. Al evolucionar y desarrollarse más este fenómeno social, generó una especie de paradoja: mientras que la deportación fue una respuesta para contener la inmigración ilegal y el crimen, al final, alimentaron el problema de la violencia en los países de retorno, que en la actualidad, es una de las causas que impulsan a la gente a migrar, como lo evidencia la actual crisis de la niñez en los centros de migrantes de la frontera estadounidense.

Las malas imitaciones de las tendencias de control del delito estadounidense, mezcladas con las idiosincrasias locales dieron paso a discursos y acciones de populismo punitivo en la región y se comenzó a hablar de Cero Tolerancia, al estilo neoyorquino, lo que se tradujo en diversos campos de diferentes maneras tales como: mano dura, endurecimiento penal, militarización de la seguridad pública, en algunos casos, con graves consecuencias para la gobernabilidad, el Estado de Derecho, los derechos humanos de la población, la democracia y la seguridad misma de los países cuando los efectos no deseados de esas políticas se volvieron en contra de ellos.

Pero en lo que respecta a los Estados Unidos, los disturbios de Ferguson -a raíz de la muerte de un joven afroamericano, a manos de un policía- y la respuesta policial a las protestas, han puesto en la agenda de ese país la discusión sobre la excesiva militarización de sus fuerzas policiales, que se ha reflejado particularmente en las tácticas y equipos utilizados en estos acontecimientos –heredados de la Secretaría de Defensa-, que derivan de una concepción de tipo belicista en la gestión de la violencia y el crimen, especialmente, en comunidades segregadas. No sería improbable pensar que esta noción de modelo policial se encuentre imbíbita en la cooperación policial de ese país.

Cómo lo explican Young y Lea en su libro “¿Qué hacer con la ley y el orden?” una policía militar o militarizada no se refiere necesariamente a una sometida a autoridades militares o vinculada orgánicamente a fuerzas armadas, sino que es aquella que adopta un enfoque belicista que traza posiciones amigo-enemigo y una actitud de “combate” frente al crimen y los criminales. Este enfoque, aleja a la policía de la comunidad y esa distancia se agrava debido a que necesita salir a buscar obtener información para realizar su trabajo. A diferencia de una policía civil, que obtiene cotidianamente flujos de información desde la misma comunidad, la policía militarizada necesita ir, interrogar, cachear y muchas veces, confrontar con ciudadanos para obtenerla, lo cual, deteriora las relaciones y la aleja de la comunidad, lo que, en el peor de los casos, podría generar hostilidad.

Esta es también una realidad en la región centroamericana, donde la concepción de “combate” a la delincuencia, no solo fue un slogan para discursos políticos sino que reflejaba esa gestión de tipo belicista que hemos mencionado antes, a través de planes de mano dura y la incorporación del ejército a tareas de seguridad pública, en mayor o menor medida, en los países del Triángulo Norte de Centroamérica.

En este sentido, no solo la violencia en las comunidades es un problema en sí mismo, a éste se agrega la forma en cómo el Estado responde ante la misma y las consecuencias que ello tiene para sus habitantes, en materia de derechos humanos, así como de exclusión social a través de la estigmatización de su comunidad y la falta de alternativas para su protección. La apuesta por la mano dura, cero tolerancia o la militarización de la seguridad pública, como lo vemos, no contribuyeron a mejorar la situación, sino lo contrario.

No obstante lo anterior, también se deben reconocer los esfuerzos por cambiar las realidades que venimos mencionando. Por un lado, la centralidad otorgada al modelo de policía comunitaria por el gobierno salvadoreño, es un gesto que busca renovar las relaciones con la población en los territorios e impulsar una nueva forma de gestionar la violencia y el delito, en el marco de una estrategia más amplia que incorpore la prevención de la violencia de manera central.

Adicionalmente, desde el año 2009, la cooperación estadounidense hacia la región ha venido cambiando. El Asocio para el Crecimiento, así como la Iniciativa Regional de Seguridad para Centroamérica (CARSI, por sus siglas en inglés) también hacen énfasis sustantivos importantes en el desarrollo de programas de prevención u orientados a la inserción socioeconómica de jóvenes, lo que indica un giro o un cambio de acento respecto de años previos.

En conclusión, la colocación de este debate en la agenda norteamericana y global puede ser una oportunidad para discutir, reformular y reenfocar las relaciones regionales en materia de seguridad, el contenido y el sentido de la cooperación para la misma.


(*) Columnista de Contra-Punto, @amaya_ed

¿Qué hacer con la atención a personas con problemas mentales usuarias de las instituciones de seguridad y justicia?

Este post tiene clara referencias a mi experiencia en instituciones de justicia y seguridad pública y muchos colegas me comentan experiencias similares.

Partamos del hecho de que todo ciudadano tiene derecho a ser atendido en las oficinas que brindan servicios públicos. Sin embargo, con no poca frecuencia, personas con evidentes o no tan evidentes problemas de salud mental se presentan a hacer denuncias o requerir servicios en instituciones de justicia o de seguridad pública. En algunos casos, sus versiones de los hechos revelan una clara desconexión con la realidad a partir de historias poco o difícilmente creíbles -cuando no, definitivamente increíbles- desde el punto de vista de un operador, que presumimos, no tiene esos problemas.

Sin embargo, en ocasiones, esos problemas de salud mental pueden ser derivaciones de un profundo trauma y, tras aparente fantasía o la inverosimilitud del relato, es posible que se encuentren proyecciones de hechos reales, probablemente detectables para un ojo experto o profesional, pero no para alguien ajeno a profesiones especializadas o sin mayor experiencia. Sería una omisión estatal no atender ese caso por causa de una evaluación superficial, pero es difícil que sea de otra forma, dadas la multiplicidad y diversidad de casos de esta naturaleza y las dificultades para distinguirlos.

En el otro extremo, es una complicación para las instituciones, destinar tiempo y recursos a la atención de personas cuya necesidad real es la de un proceso clínico o profesional de salud mental y no, uno de justicia o seguridad.

Es clara la necesidad de establecer criterios de atención para estas situaciones, con una perspectiva de inclusión social a fin de brindar el mejor servicio a partir de la condición especial de cada ciudadano.

Civilización o barbarie: Racionalidad u oportunismo político

Por Edgardo Amaya
Publicada originalmente en el Periódico Digital Contrapunto

Atravesamos una nueva coyuntura de emergencia por la inseguridad, la cual, es una plataforma efectiva para el populismo punitivo de los políticos para estimular una opinión pública y publicada favorable a medidas autoritarias probadamente fracasadas y, lo que es peor, una encubierta intención de tensar aún más la situación de la inseguridad con inconfesables propósitos.

Cada tanto, algunos políticos y formadores de opinión, mezquinamente lanzan discursos irresponsables en los que invitan a la ciudadanía a despreciar la institucionalidad y tomar “justicia” por propia mano. Proponen medidas efectistas sin fundamento, pero evaden discusiones serias sobre problemas importantes. Por ejemplo, se ha hecho alboroto con la reforma del artículo 331 del Código Procesal Penal relativo a la legítima defensa, -vendida falsamente como una licencia para matar- la cual fue aprobada, sin mayor análisis, en la misma sesión plenaria de cuando fue introducida, mientras que importantes propuestas para combatir las extorsiones como establecer un registro nacional de celulares prepago y sus componentes, así como las reformas para que la señal de las empresas telefónicas no anule a los bloqueadores en los centros penitenciarios, avanzan a paso de tortuga manca en la comisión respectiva.

Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la Ley de la Inspectoría General de la PNC, que pretende fortalecer la autonomía de dicha instancia y mejorar el control sobre la función policial, para que esta se desarrolle en el marco de la legalidad. Sin embargo, cabe recordar que las incipientes acciones de control de esa entidad en el pasado, fueron objeto de presiones por parte de una comisión legislativa montada ad hoc para “revisar” casos en investigación, alegando parcialidad de la Inspectoría debido al origen militar de los investigados. Afortunadamente, y con toda razón, dicha comisión fue declarada inconstitucional. Muchos de los casos investigados en ese entonces aparecen en el libro “Infiltrados” del periodista Héctor Silva.

Recientemente, un periódico de derechas presentó como “acoso”, la apertura de expedientes disciplinarios en contra de elementos policiales por supuestos abusos en contra de jóvenes y miembros de pandillas.  Según el enfoque del periódico, es injusto disciplinar abusos policiales, lo cual es incoherente viniendo de un medio que hizo una profunda investigación y denuncia del caso “Vilanova Velver”, un evidente caso de abuso policial, que ocasionó la muerte de la víctima y posteriormente, gracias a la presión pública, el caso llegó a condena de los elementos policiales involucrados. Claro, la diferencia entre este caso y los otros que denuncia como acoso, es la clase social de las víctimas.

Hay que ser enfáticos: las personas, incluyendo los delincuentes, deben recibir el tratamiento correspondientemente establecido por la ley y los reglamentos. Por definición, el abuso, es una ilegalidad y no se puede consentir, ni mucho menos estimular, el comportamiento ilegal de las instituciones y sus agentes, no entender esta obviedad es preocupante: decir que cumplir la ley correctamente es defender al delincuente es un absurdo, una peligrosa y evidente falta de “instrucción notoria” en algunos casos. Sin embargo, como lo vemos, no hay una apertura política al tema del control de la función policial y la reforma de la Inspectoría.

Otras notas periodísticas han destacado, con alarma, las múltiples incautaciones de armas de guerra a pandilleros, pero no destacan la labor de anticipación hecha por la inteligencia policial que evitó más crímenes. Y aunque la circulación de armas de guerra y las investigaciones sobre tráfico de armas estén en la agenda mediática –involucrando agentes estatales-, los legisladores no discuten propuestas serias de reformas para abordar esta problemática de seguridad nacional.

El oportunismo político de cara a las elecciones puede ser mezquino e irresponsable cuando aborda el tema de la seguridad, sin considerar los impactos institucionales y humanos de decisiones improvisadas. A pesar de todo, quiero pensar que la gente ya aprendió mucho de la historia reciente. Hemos visto cómo la oferta de endurecimiento y militarización de la seguridad de Norman Quijano fracasó y casi le cuesta una humillante derrota en primera vuelta: la gente sabe que paga las consecuencias de esos discursos irresponsables que, evidentemente, solo empeoran las cosas.

Civilización o barbarie, ¿qué queremos? Fortalecer al estado y ordenarlo para que tenga la capacidad de ir tomando control de la situación o regresar a la ley del más fuerte y dejar a la ciudadanía a su suerte.

La ley de defensa personal: populismo barato

A iniciativa del diputado Francis Zablah (@franciszablah) se aprobó, con dispensa de trámite, la reforma del artículo 331 del Código Procesal Penal, para que las personas o agentes de autoridad que comentan homicidio o lesiones en defensa propia reciban medidas sustitutivas a la detención provisional mientras se realiza la investigación. Esto, en el contexto del resurgimiento de la emergencia mediática por la inseguridad, aprovechada por los políticos de cara a los comicios de 2015.

Regulación sobre aplicación de causas de justificación	Reforma de julio 2014 (Ley de defensa personal)
Art. 300.- Luego de escuchar a las partes y, en su caso, de recibir la declaración indagatoria, el juez resolverá las cuestiones planteadas y, según corresponda: (…) 8) Dictará el sobreseimiento provisional o definitivo, de conformidad a los parámetros establecidos en los arts. 350 y 351 del presente código, cuando resulte evidente que el imputado se encuentra exento de responsabilidad penal, por estar suficientemente probada cualquiera de las causas que excluyen esta, salvo los casos en que corresponde el juicio para la aplicación exclusiva de una medida de seguridad.	Art. 331, inciso 3°.- No obstante lo dispuesto en el inciso anterior procederá decretarse medidas alternas a la detención provisional en los casos de los delitos de homicidios y lesiones en sus diferentes modalidades si en los actos iniciales de investigación existan indicios suficientes para considerar que se dan los presupuestos que establece el Art. 27 número 2 y 3 del Código Penal, con respecto a la legítima defensa o quien actúa u omite por necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno.
Procedencia del sobreseimiento definitivo Art. 350.- El juez podrá dictar sobreseimiento definitivo en los casos siguientes: (…) 3) Cuando el imputado se encuentra exento de responsabilidad penal, por estar suficientemente probada cualquiera de las causas que excluyen ésta, salvo los casos en que corresponde el juicio para la aplicación exclusiva de una medida de seguridad.

Lo anterior es un evidente sinsentido: como se observa arriba, actualmente el resultado de establecer la existencia de causas de justificación o una de exclusión de responsabilidad es la no punibilidad del imputado y su sobreseimiento, entonces ¿por qué continuar el proceso contra una persona -con medidas alternas a la detención provisional como propone la reforma- por una acción no punible? Absurdo. En el fondo es la ratificación del defectuoso tratamiento normativo de la detención provisional que establece su aplicación automática para ciertos delitos como los que ahora se abordan.

Lo más dañino de esta acción política es el mensaje erróneo que envía a la población: es una clara iniciativa populista montada en un discurso ambiguo que podría sugerir, en la mente de algunos, el estímulo a la promoción de medidas extralegales para el abordaje de la situación de inseguridad (Basta leer los comentarios en los medios digitales sobre esta medida)

No era un problema de ley, más bien es el ánimo de protagonismo de algunos políticos para montarse en una coyuntura.

La ciudad de Los Ángeles y el abordaje de las pandillas, un breve vistazo

Recientemente tuve el gusto de ser invitado, gracias al auspicio del Banco Mundial, a la 3ª Conferencia sobre prevención e intervención de la violencia de pandillas en la ciudad de Los Ángeles, California (12-13 de mayo de 2014), organizada por la Coalición para la Prevención de la Violencia de esa ciudad, en la que se cruzan dos elementos importantes a tener en cuenta: Los Ángeles ha sido una de las capitales de la violencia de pandillas, especialmente en la década de 1990 y, por otro lado, el Estado de California ha sido uno de los más afectados por las políticas de endurecimiento penal y encarcelamiento masivo, al punto que debe cumplir sentencias judiciales que le ordenan liberar espacio en su sistema penitenciario.

Una primera impresión que tuve del evento fue la predominancia de la comunidad latina en la conferencia, lo que denota el impacto del fenómeno en este grupo poblacional. Una buena parte de los conferencistas y practicantes eran de nacionalidades centroamericanas, especialmente de la salvadoreña, lo que también nos da cuenta de la importancia de esta temática para nuestra comunidad migrante.

No podría dar una descripción detallada de todas las temáticas que fueron abordadas (que fueron muchas, desde los más variados enfoques. Ver el programa de la Conferencia aquí) por lo que aquí me aventuro a hacer un bosquejo de mis principales impresiones y de los temas que pude atender. Agradezco los comentarios y sugerencias de Susan Cruz que mejoraron las versión original de este post.

Durante la conferencia, uno de los ponentes, dirigiéndose a los visitantes centroamericanos en la conferencia resumió así el nivel que esa ciudad ha alcanzado en la materia: “Nosotros tenemos cien años con pandillas,  hemos cometido muchos errores y hemos aprendido muchas lecciones, ustedes solo tienen veinticinco, no tengan miedo ”.

Una idea central que abrió la conferencia fue: hay que ir con los políticos. Está muy bien trabajar en coaliciones, en organizaciones, con los practicantes y los investigadores, pero el abordaje central del problema es político, son los tomadores de decisiones los que marcan el destino de las políticas públicas y el liderazgo del gobierno es imprescindible, por eso hay que sensibilizarlos e influenciar sus decisiones con datos, evidencia y conocimientos de calidad.

En este sentido, de lo que pude ver y percibir, tanto Los Ángeles como la vecina San José comparten el logro de haber cambiado o generado una nueva perspectiva política sobre el fenómeno de la violencia pandilleril, desplazando las intervenciones meramente represivas, hacia uno integral e intersectorial para incluir enfoques preventivos, especialmente en las escuelas y procesos de intervención con miembros de pandillas. El enfoque incluye dimensiones individuales, familiares y comunitarias que se traducen en políticas inclusivas que pretenden dar estabilidad a la familia y a la comunidad.

En San José, por ejemplo, hay una exigencia ciudadana a los gobernantes electos para que se enfoquen en la violencia como tema prioritario de sus gestiones y las comunidades han logrado que la ciudad haya fijado un presupuesto para la reducción de la violencia, pues se entiende que son recursos para salvar vidas.  En Los Ángeles, se creó el cargo de vicealcalde para conducir los proyectos relacionados con prevención de la violencia e intervenciones con pandillas, así como un fondo especial para financiar programas y proyectos orientados en ese sentido, denominado GRYD.

Un tema, desde mi punto de vista, trascendental, es el cambio generado en el comportamiento policial. Si bien reconocen que el accionar policial aún genera choques con los residentes de comunidades empobrecidas, ha habido un proceso de sensibilización y formación de la fuerza policial para mejorar sus intervenciones comunitarias. Esto, bajo el liderazgo de -¡Oh, sorpresa!- William Bratton, ícono viviente de la Cero Tolerancia Neoyorquina y quién asumió el mando de LAPD con un radical cambio de visión respecto de sus años en la costa Este.  Por su puesto, para que el cambio operara, los disturbios del caso Rodney King y otros grandes escándalos de corrupción policial tuvieron que ocurrir.

Otro tema crucial, central, es la gestión del conocimiento y cómo se da la adaptación de las políticas a las comunidades y no de las comunidades a las políticas. Ha habido un enorme esfuerzo por convertir la experiencia en conocimiento sistematizado y replicable.  Uno de los lugares que visité fue el Advancement Project, quienes tienen un programa denominado Urban Peace (Paz Urbana), dentro del cual, han logrado conectar a las comunidades de práctica (gente de campo) con las comunidades de conocimiento (investigadores, académicos) y producir una curricula de formación especializada para las personas que abordan la problemática de violencia de pandillas (trabajadores sociales, promotores o mediadores), incluyendo a los elementos de la Policía, con quienes han diseñado una modalidad denominada “Targeted supression” (supresión selectiva) la cual consiste en que el accionar de la policía en la aplicación de la ley debe orientarse exclusivamente a los directamente involucrados o sospechosos de acciones delictivas, evitando capturas masivas u operativos que alteran a la comunidad y la estigmatizan.

No obstante lo anterior, la ciudad aún vive con la inercia del modelo de control de pandillas basado en la justicia penal, del cual se derivan las denominadas “gang injuctions” (interdicción de pandillas), las cuales son órdenes judiciales impuestas a pandilleros en determinadas zonas de la ciudad por las cuales se les prohíbe reunirse en el espacio publico, lo que en caso de desobediencia, habilita a la intervención  policial. El resultado de esta iniciativa ha sido la estigmatización de las zonas donde se aplica, abusos en material de derechos humanos y como efecto no deseado, la respuesta adaptativa de los pandilleros ha sido concentrar sus actividades delictivas en el espacio privado, donde es menos detectable.

Un aspecto interesante, que forma parte de los procesos de formación de capacidades que he mencionado arriba, es la existencia de los denominados “Gang Intervention Workers” (Trabajadores de intervenciones en pandillas). Ellos son miembros de la comunidad, muchos de ellos, estuvieron relacionados con pandillas en su momento pero, en la actualidad, funcionan como mediadores de conflictos entre pandillas para reducir el riesgo de violencia o para contener cadenas de venganzas, no obstante, para poder mantener su nivel de confianza, no colaboran en las investigaciones policiales dando información, pero sí ayudan a la policía a adecuar su intervención en determinadas situaciones.

En San José, la ciudad ha contratado a ex presidiarios como enlaces comunitarios y promotores de los procesos de prevención y de intervenciones con pandilleros y permite que la comunidad tenga opinión sobre las personas con las que desea trabajar.

En materia de prevención y de intervenciones, Los Ángeles, han desarrollado un importante cuerpo de conocimiento orientado a la creación de estándares que permitan establecer evidencia sobre los resultados de las diversas iniciativas en esas materias y su efectividad, para que dichos logros justifiquen el apoyo político y presupuestario a esas iniciativas. (Ojo, hay toda una discusión epistemológica sobre el conocimiento basado en evidencia, por lo que recomiendo tomar con pinzas este aspecto ver: Edwars y Hudges 2009, p. 28; Selmini 2009, p. 44) En la actualidad, por disposición del gobierno de la ciudad, los programas que apliquen a fondos públicos para proyectos, deben cumplir con dichos estándares.

Si pudiera mencionar otros aspectos más o menos constantes, señalaría: un abordaje personalizado desde la salud mental, tanto los procesos de prevención como los de intervención incluyen un área de terapia para sus beneficiarios. En una de las sesiones, uno de los conferenciantes, Pascual Torres (quién había sido pandillero activo y ahora un importante gestor de iniciativas de intervención) enfatizó que en el origen del por qué los jóvenes ingresan a la pandilla se encuentra un trauma y si ello no es tratado, no habrá manera de cambiar la vida de esas personas.

En este contexto es donde escuche este lema: habla con el pandillero, no con la pandilla. Las intervenciones deben orientarse a los intereses de la persona y no a los intereses corporativos de la pandilla. A pesar de que en nuestro medio, se propone la exigencia a los pandilleros que deseen ser beneficiarios de una oportunidad de inserción social de que abandonen o renuncien a la pandilla, en Los Ángeles, esto ya no se exige. Se acepta que la pertenencia a pandilla es parte de su identidad, pero sí se entiende que se abandona la violencia y la actividad criminal, pasa a ser “calmado”. Para esto, el abordaje terapéutico es fundamental.

Un segundo aspecto constante en el campo de las intervenciones sobre pandillas es el componente educativo-formativo. La mayoría de las experiencias incluyen un proceso de nivelación educativa para sus beneficiarios y entrenamiento para la empleabilidad, así como apoyo para la gestión de empleo. Con esto se reconoce que tanto la educación como el empleo son los canales que nos conectan con una vida “normal”.

Parte de mi itinerario en la ciudad incluyó una visita a una de las sedes de la organización Homeboy Industries, una destacada y admirable organización que genera procesos de inserción social para pandilleros que desean abandonar la violencia y las actividades delictivas, fundada por el sacerdote jesuita Greg Boyle. Su lema: "Nada detiene una bala mejor que un empleo".

Esta organización incorpora los elementos que ya he mencionado arriba, además de contar con una importante área de autosostenibilidad basada en pequeñas industrias y empresas de servicios que sirven de espacio de entrenamiento laboral y empleo temporal para las personas que ingresan al programa. De hecho, comimos en un par de ocasiones en la cafetería (Homegirl Café) que la organización tiene abierta al público y donde comercializa los productos de una panadería industrial y otros productos como ropa.  Uno de los asistentes a esas visitas se llevó una grata sorpresa al encontrarse, en el Aeropuerto de Los Ángeles, un local de Homeboy Industries abierto al público.

Si bien, soy consciente de las distancias comparativas entre las diferentes realidades -nuestro problema de pandillas es quizás más grave y complejo-, creo que algunas ideas básicas son comunes y dignas de ser contrastadas con una perspectiva aterrizada a este lado del continente y que de alguna manera forman ya parte del debate con otros lenguajes y términos. Sin duda, un proceso de mayores intercambios entre los contextos podría ser muy útil, para trascender el esquema dominante del problema de las pandillas entre Estados Unidos y Centroamérica.

Violencia, delincuencia y seguridad: simplificaciones, complejidades y rutas caórdicas (II)

I. Simplificaciones (viene...)

II. Complejidades

Decir: “el problema de la delincuencia es complejo” puede ser también una simplificación para justificar el inmovilismo político. Sin embargo, es cierto: el problema de la violencia y el crimen no es unívoco. No es lo mismo la sofisticada delincuencia financiera, de la cometida por pandillas; la que cotidianamente realizan delincuentes comunes en las calles, de las agresiones a las mujeres o la violencia intrafamiliar; o los crímenes que se planifican y ejecutan transnacionalmente. Las lógicas, motivaciones y relaciones entre los actores son completamente diversas y las respuestas deben atender a esa diversidad.  

Las respuestas que se adopten para abordar diversos fenómenos delincuenciales deben prever las eventuales consecuencias. Muchas veces las políticas de seguridad se parecen a la manipulación de un globo: si se aprieta a un lado, la presión se va al otro extremo; si se presiona mucho, el globo puede estallar; si no se presiona, se puede ir de las manos.

Algunas veces, los resultados son imprevisibles, pues es muy difícil tener una prospectiva de todos los elementos. Para el caso, en algún momento se pensó que orientando la persecución penal a los líderes de pandillas, estas serían más fáciles de desarticular. El resultado que conocemos fue la creación de un alto mando pandilleril en las cárceles que articuló su accionar en el nivel nacional.

En la primera década de este siglo, la apuesta por el abordaje de la problemática de la violencia y el crimen desde el sistema penal fue clara, el proceso de contrarreforma penal promovió un claro endurecimiento hacia el delito, el resultado ha sido un sistema penal con una gran capacidad de captación, pero poca capacidad de procesamiento y menos, de dar resultados efectivos y contundentes. Tenemos una de las mayores tasas de encarcelamiento del mundo (#16º de los países con mayores tasas de presos del mundo) –mientras la línea de crecimiento penitenciario sigue ascendente- y seguimos siendo considerados dentro de los países más violentos. Algo no funciona. ¿Cómo es que la PNC habla de 50 mil capturas anuales, el sistema penitenciario rebalsa y las cosas no cambian? Debemos concluir que ese no es el camino.

Lo peor, es que este esquema de funcionamiento es insostenible. Para resolver el hacinamiento penitenciario, El Salvador tiene dos grandes caminos a seguir: 1) invertir en el corto plazo varias decenas de millones de dólares –que no se tienen y que impactan otras áreas presupuestarias del Estado- para construir más cárceles (que la gente no quiere en sus municipios) a fin de distribuir el exceso de población penitenciaria y prever una inversión similar en el mediano plazo una vez las construidas rebalsen o, 2) revisar seriamente el esquema normativo (leyes penales) y de gestión de la privación de libertad, al tiempo que se implementan agresivas políticas de prevención y reinserción, lo que implica una inversión para la creación o ampliación de capacidades en esos ámbitos en el corto plazo, pero con perspectivas de ser menos gravosos y más sostenibles en el mediano y largo plazo.

Deberíamos autoflagelarnos diciendo: “Es la economía, estúpido”

Y aunque la racionalidad económica nos diga que es necesario escapar del esquema punitivo y reformar leyes penales para promover mecanismos alternativos de resolución de conflictos, crear figuras alternativas al encarcelamiento, reducción de penas, más beneficios penitenciarios, programas de reinserción para liberados de la cárcel, para evitar el colapso del sistema penal y la sobrecarga presupuestaria, muchos políticos –particularmente de orden conservador– y buena parte de la población, ven esta vía como impensable e impopular debido a la predominancia de una política criminal, socialmente asumida, que sigue un esquema suma cero donde no se acepta nada que pueda parecer una ventaja para los delincuentes, aunque el esquema retaliativo sea probadamente contraproducente y dañino en términos de seguridad y presupuestarios.

El desafío del abordaje de la problemática delincuencial atraviesa varios campos, de los cuales,  normativo institucional (justicia penal) es solamente uno de ellos, cuya complejidad no es menor, pero aquí deben considerarse diversas dimensiones del abordaje como las de carácter estructural, contextual e individual, en este sentido, tal como lo plantea Alberto Binder, se trata de atender “el paradigma de gestión de la conflictividad: asumir innumerables mecanismos de gestión de esa conflictividad y asumir que democracia y conflictividad son dos caras de la misma moneda.”

En este sentido, cuando se habla de integralidad de las políticas de seguridad, no debe ser solo un adjetivo para venderlas políticamente, sino que deben ser comprensivas y estar relacionadas con diversos campos de intervención gubernamental e incluso social. Hay que pensar desde fuera del campo de la seguridad y la justicia. La pregunta es ¿cómo crear acuerdos, políticas y las organizarlas a partir de una gran diversidad de enfoques e intereses? Esto es lo complejo.

Si bien, la formulación de las políticas públicas tiene o debería tener un componente técnico basado en el conocimiento y experticia, no es este atributo el que garantiza su viabilidad, sino la capacidad de ser políticamente promovidas, evadir obstáculos y ganar apoyos: la política de las políticas públicas. En la política gana la posición que más fuerza o apoyo logra, no la más sensata, necesariamente.  Ejemplo: en El Salvador se hizo uno de los mejores estudios (del mundo, me atrevo a decir) sobre impacto de las armas del fuego en la violencia que demostró cómo la amplia circulación y el abuso de armas de fuego por las personas entraña mayores peligros y riesgos que la supuesta “seguridad” que promociona su comercio. A la par de esta evidencia, en algún momento, el 80% de la población estuvo a favor de prohibir la portación de armas en los espacios públicos, pero cuando el tema llegó a la Asamblea, las iniciativas de control fueron bloqueadas y archivadas.

Lo que quiero decir, es que el tema más duro a resolver para la generación de una política criminal (que incluye a la política de seguridad) es de naturaleza política, valgan las redundancias. Tal como lo propuso Easton, la agenda pública es regulada por unos “gatekeepers”, unos guardianes o porteros que tienen el control de los temas que entran y salen del sistema político donde los medios de comunicación, los partidos políticos y los funcionarios juegan un papel preponderante como reguladores de esa agenda, la que no necesariamente responde a los intereses de las mayorías, sino a la de los grupos de poder que representan esos actores.

El desafío es poder generar procesos de comunicación y entrada de demandas ciudadanas en el sistema político a partir de un tratamiento desapasionado de temas que nos interesan a todos. Hace unos años sostuve un breve pero interesante intercambio con Roberto Gargarella (su blog, altamente recomendable), quién sostenía con optimismo que era posible (y necesario) deliberar con el público sobre el crimen, la penalidad y temas afines, contrario al pesimismo de David Garland quién sostiene que la política criminal actual reproduce las características “expresivas” de la cultura de las sociedades tardomodernas, por lo que una discusión social acarrearía el riesgo de abonar el populismo punitivo. No niego que comparto en alguna medida el pesimismo de Garland, pero no se pueden asumir resultados sin haberlo intentado y un proceso bien diseñado podría darnos sorpresas: en el fondo, la violencia y el crimen, son también hijas de la falta de democracia o de su debilidad. Como lo han indicado Young y Lea (2001:117) “No es la pobreza absoluta sino la pobreza vivida como algo injusto (la privación relativa comparada con la de otros) lo que genera descontento; y el descontento, cuando no hay solución política, conduce al delito.” Más adelante, estos autores manifiestan:

“La privación relativa es el exceso de las expectativas por sobre las oportunidades. La importancia de este concepto es que se aparta de las ideas simplistas que tratan de relacionar el descontento y la violencia colectiva con niveles de privación absoluta. La relación que existe entre la privación relativa y la marginación política resulta crucial para comprender los disturbios y la violencia colectiva. No es probable que la marginación política cause disturbios a menos que exista además una sensación de frustración que surja de la existencia de privación relativa.” (Young y Lea 2001: 223)

En este sentido, el abordaje de la violencia y el crimen en El Salvador, requiere, fundamentalmente, una dimensión estructural orientada a la reducción de la conflictividad, por encima de las necesidades de reforma y fortalecimiento institucional o de las políticas e intervenciones concretas para gestionar la problemática y no hay que perder de vista este aspecto. Sobre esto, se refiere el próximo apartado.

Texto citado:

Young, Jock y John Lea (2001) ¿Qué hacer con la ley y el orden? Buenos Aires: Editores del Puerto.

El Beato Juan XXIII y la cárcel (un pequeño tributo con ocasión de su canonización)

"(...) estaba preso (...) y me vinieron a ver". Mt. 25, 35.

"Los fariseos y los escribas murmuraban y decían a los discípulos de Jesús: «¿Por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadores?». Pero Jesús tomó la palabra y les dijo: «No son los sanos que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan»" Lc. 5, 30-32.

Llama la atención que uno de los hechos más notorios y destacado en las biografías del papado del Beato Juan XXIII fue su visita a la cárcel romana de Regina Coeli el 26 de diciembre de 1958. Notorio que por primera vez en la historia, el máximo jerarca del catolicismo fuera a un lugar considerado como reducto de la maldad humana, sin embargo, no hacía otra cosa que cumplir con el mandato evangélico que se cita arriba. El ejemplo ha sido seguido por Benedicto XVI y recientemente por el Papa Francisco. De esa visita surge la siguiente anécdota:

A los presos les dijo: Mis queridos hijos, mis queridísimos hermanos, todos nosotros estamos en la casa del Padre, aquí como en otro lugar... De pronto sus palabras fueron interrumpidas por una voz emocionada que gritaba ¡Viva el Papa!, que fue secundado por todos los reclusos. (Juan XXIII: El Papa que trajo una ráfaga de aire nuevo, Jesús Azcárate Fajarnés)

Sobre la visita, su entonces Secretario, Monseñor Loris Capovilla, dice:

"Recuerde las palabras del Papa Juan, el 26 de diciembre de 1958, cuando visitó la cárcel Regina Coeli y salió con aquella expresión ciertamente novedosa: ¿Henos en la casa del Padre? ¿Cómo? La cárcel, ¿la casa del Padre? He metido mis ojos en vuestros ojos, mi corazón junto al vuestro: son palabras que se dicen rápidamente, pero aquellos presos creyeron a quien las pronunciaba. Entonces, presos de una parte, el Papa por la otra, pero sin barreras divisorias, hicieron familia. También usted y yo somos presos porque algo nos impide, a veces, ver a nuestros hermanos. Nos lo impiden nuestros límites, nuestras pasiones, nuestras debilidades. Si a través de esas barreras, sin embargo, pasa la luz de dos ojos buenos, el calor de un testimonio franco, entonces nos sentimos hermanos." 

A continuación un vídeo de esa histórica visita (está en italiano):

Es importante rescatar este gesto, independientemente de las consideraciones religiosas de su origen. Es necesario contrarrestar un ambiente donde, como lo describe David Garland (2007, p. 278): 

"Cualquier mínima preocupación por los derechos o el bienestar del delincuente es vista como una falta de consideración frente al respeto que merecen las víctimas. Se ha establecido así una lógica política según la cual estar a favor de las víctimas automáticamente significa ser duro con los delincuentes. Con respecto a la política criminal se establece un juego de suma-cero donde cualquier ganancia del delincuente es una pérdida para la víctima."

 Esta pequeña nota se publicó a inicios de junio de 1963, cuando ya se sabía que el "Papa Bueno" estaba en su lecho de muerte:

                                            Noticia tomada de: Diario La Nación, Costa Rica.

Violencia, delincuencia y seguridad: simplificaciones, complejidades y rutas caórdicas

I. Simplificaciones

Cuando uno lee los comentarios que muchos ciudadanos o ciudadanas hacen en las noticias de hechos violentos y trágicos, no es difícil detectar una fuerte carga emocional frente a los acontecimientos, muchos, desde un sentimiento de empatía con las víctimas e indignación con los victimarios, algunos, como vías de expresión de sus propios odios. En todo caso, es comprensible que ello suceda, dejaríamos de ser humanos si perdiésemos la indignación. No es malo indignarse, lo malo es no trascender de lo emocional a lo racional.

En estos espacios, el mundo se divide entre ciudadanos honrados y delincuentes, la pena de muerte, el exterminio de los delincuentes o cualquier forma de represión abierta son propuestas comunes para acabar con la delincuencia. Es normal que frente a una situación aparentemente caótica, se pretendan soluciones de “orden” drásticas e inmediatas. Lamentablemente, la realidad no es tan simple.

La inseguridad ciudadana (subjetiva y objetiva) dan píe al reclamo, la crítica y a las exigencias políticas. Esto es lo que en una sociedad democrática cabe esperar y promover. Sin embargo, hay una relación directamente proporcional entre la calidad de la información, la calidad y naturaleza del reclamo o crítica. El reduccionismo de las problemáticas o la simplificación como arma arrojadiza de desgaste político o como promesa mágica con fines electorales resultan dañinos pues enrarece el debate y reduce los espacios de construcción de alternativas. Zygmunt Bauman (2005) señala la poderosa influencia política que ha tenido la simplificación y reduccionismo del fenómeno delictivo al generar un esquema de competencia política en el cual, las posiciones orientadas al endurecimiento penal ganan réditos electorales, mientras que las posiciones opuestas u alternativas al esquema punitivo son consideradas como suicidios políticos, lo cual genera estímulos perversos en la competencia electoral y en la acción política.

Estas simplificaciones entrañan riesgos: el principal es proponer o promover, activamente o por presión, políticas públicas genéricas sobre enfoques erróneos o poco elaborados, fuertemente retaliativas, inadecuadas para abordar la diversidad de las expresiones delictivas, orientadas a satisfacer la emocionalidad de la opinión pública, pero no formuladas de manera seria para resolver el problema y que a la larga se convierten en violatorias del marco normativo de protección de derechos de la misma ciudadanía a la que dice proteger.

El ejemplo paradigmático que tenemos en esta materia es el manodurismo que predominó en la primera década de este siglo: la represión abierta, bruta y poco sofisticada contra las pandillas, lejos de erradicarlas o reducirlas, las fortaleció y en la actualidad constituyen, junto con la criminalidad organizada, las principales amenazas del país en materia de seguridad pública. Lo anterior es evidente en retrospectiva y ha sido comprobado en diversos contextos.

Un efecto inmediato es la creación de enemigos públicos y con ello, la generación de procesos de etiquetamiento social perjudiciales para amplios grupos sociales. Un ejemplo muy sencillo: los residentes de barrios, colonias o comunidades consideradas “de pandillas”, tendrán pocas o nulas posibilidades de obtener un empleo por el simple hecho de vivir en esos lugares, incrementando su exclusión y vulnerabilidad social, sin que necesariamente tengan relación con dichos grupos. Algunos jóvenes frustrados por la exclusión que les ocasiona ese estigma, lamentablemente verán a la pandilla como una alternativa.

Otro efecto de la simplificación de estas problemáticas es que su difusión no contribuye a generar un debate informado y menos emocional para encontrar alternativas viables y razonables. El problema pasa a ser visto, por ciertas élites, predominantemente desde una óptica de moral individual, como el de personas intrínsecamente malas y, por lo tanto, la única alternativa es su neutralización como defensa de la sociedad, las historias de vida y los contextos sociales no tienen nada que ver. Cuando uno escarba, ese tamiz moral es muy poco consecuente de caso a caso: mientras los delincuentes comunes son unos malvados, un expresidente corrupto es un “perseguido político” o por lo menos, no se condena abiertamente la inmoralidad de sus hechos.

Finalmente, lo más grave es confiar en la intuición antes que en el conocimiento. Garland (2005) señala el desplazamiento del conocimiento académico sobre la inseguridad por el discurso del “sentido común” –o “sensatez penal” como más tarde sería calificada por Wacquant (2000)–. Este mecanismo, desplaza el análisis y comprensión del fenómeno de la inseguridad y su mulitidimensionalidad y establece –basándose en una antropología individualista y en los postulados del análisis económico del derecho basado en el rational choice– la penalidad, el castigo, como principal estrategia de control del delito, entendido como una acción individual y unilateral derivada del libre albedrío, de tal suerte que la política de seguridad paso a ser considerada una política de restablecimiento del orden (Binder, s/f) y no una de reducción de la conflictividad.

(Continuará...)

Textos citados: 
Bauman, Zygmunt (2005) Vidas desperdiciadas: la modernidad y sus parias. Barcelona: Paidós.
Binder, Alberto (s/f) El control de la criminalidad en una sociedad democrática. Versión mimeo, sin datos editoriales. Accesible desde Internet: http://edgardo.amaya.googlepages.com/Elcontroldelacriminalidadenunasocied.pdf (con permiso del autor)
Garland, David (2005) La cultura del control. Crimen y castigo en la sociedad tardo-moderna. Barcelona: Gedisa.
Wacquant, Löic (2000) Las cárceles de la miseria. Madrid: Alianza Editorial.

"Ante la Ley", Frank Kafka

"Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián, y solicita que le permita entrar en la Ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar.

-Tal vez -dice el centinela- pero no por ahora.

La puerta que da a la Ley está abierta, como de costumbre; cuando el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, se sonríe y le dice:

-Si tu deseo es tan grande haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda que soy poderoso. Y sólo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón también hay guardianes, cada uno más poderoso que el otro. Ya el tercer guardián es tan terrible que no puedo mirarlo siquiera.

El campesino no había previsto estas dificultades; la Ley debería ser siempre accesible para todos, piensa, pero al fijarse en el guardián, con su abrigo de pieles, su nariz grande y aguileña, su barba negra de tártaro, rala y negra, decide que le conviene más esperar. El guardián le da un escabel y le permite sentarse a un costado de la puerta.

Allí espera días y años. Intenta infinitas veces entrar y fatiga al guardián con sus súplicas. Con frecuencia el guardián conversa brevemente con él, le hace preguntas sobre su país y sobre muchas otras cosas; pero son preguntas indiferentes, como las de los grandes señores, y, finalmente siempre le repite que no puede dejarlo entrar. El hombre, que se ha provisto de muchas cosas para el viaje, sacrifica todo, por valioso que sea, para sobornar al guardián. Este acepta todo, en efecto, pero le dice:

-Lo acepto para que no creas que has omitido ningún esfuerzo.

Durante esos largos años, el hombre observa casi continuamente al guardián: se olvida de los otros y le parece que éste es el único obstáculo que lo separa de la Ley. Maldice su mala suerte, durante los primeros años audazmente y en voz alta; más tarde, a medida que envejece, sólo murmura para sí. Retorna a la infancia, y como en su cuidadosa y larga contemplación del guardián ha llegado a conocer hasta las pulgas de su cuello de piel, también suplica a las pulgas que lo ayuden y convenzan al guardián. Finalmente, su vista se debilita, y ya no sabe si realmente hay menos luz, o si sólo lo engañan sus ojos. Pero en medio de la oscuridad distingue un resplandor, que surge inextinguible de la puerta de la Ley. Ya le queda poco tiempo de vida. Antes de morir, todas las experiencias de esos largos años se confunden en su mente en una sola pregunta, que hasta ahora no ha formulado. Hace señas al guardián para que se acerque, ya que el rigor de la muerte comienza a endurecer su cuerpo. El guardián se ve obligado a agacharse mucho para hablar con él, porque la disparidad de estaturas entre ambos ha aumentado bastante con el tiempo, para desmedro del campesino.

-¿Qué quieres saber ahora? -pregunta el guardián-. Eres insaciable.

-Todos se esfuerzan por llegar a la Ley -dice el hombre-; ¿cómo es posible entonces que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar?

El guardián comprende que el hombre está por morir, y para que sus desfallecientes sentidos perciban sus palabras, le dice junto al oído con voz atronadora:

-Nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla.

FIN"

¡Hemos vuelto!

Luego de más de cuatro años y varios meses de virtual inactividad, he decidido relanzar este blog, como mi espacio de expresión personal sobre temáticas relacionadas con la justicia, la seguridad, la violencia, la política criminal y los derechos humanos.

En la forma, he tratado de ponerlo más presentable y vistoso, en el fondo, cambié su nombre a simplemente “Seguridad y justicia”, quitando la limitación original al ámbito penal, dado que la realidad del país y la mía personal me han llevado a interesarme y estudiar nuevos campos jurídicos.

El motivo principal por el que dejé de escribir periódicamente es mi relación profesional con el ámbito gubernamental. Es difícil escribir sobre temáticas sobre las que se trabaja sin ser tentado por la autocomplacencia y perder el sentido crítico o, por el contrario, mantenerlo puede generar confusiones y malos entendidos respecto de quién nos lee. Para evitar estos conflictos opté por no pronunciarme sobre temas relacionados con mis labores.

En este tiempo me dediqué a ver las políticas de seguridad desde dentro gané mucha experiencia, pero abandoné el hábito de escribir, lo que he venido resintiendo y extrañando cada vez más, así que ahora vuelvo con nuevas perspectivas y conocimientos, como aprendiz de brujo, a plasmar mis inquietudes.

Gracias por pasar por aquí.

El desafío de la prevención en El Salvador

“Más vale prevenir que lamentar”. En materia de gestión de la violencia y del delito es preferible que eventos dañinos no ocurriesen, a tener que hacer uso de la aplicación de la ley una vez suscitados. Sin embargo, gobiernos previos entendieron que la mejor prevención era la amenaza de la justicia penal y con ello, construyeron un esquema orientado hacia la represión y punición. El remedio resultó peor que la enfermedad. No se contuvo la violencia y se creó un problema adicional: la conversión de la cárcel en uno de los cuarteles generales del crimen y en una de las principales amenazas a la seguridad del país.

El modelo heredado propicia la reproducción de la violencia y el delito, demanda cada vez más recursos del Estado para su contención, los que se restan del desarrollo social y genera un círculo vicioso donde todos perdemos, el que eventualmente colapsará más temprano que tarde.

Hay que decir que el actual gobierno ha hecho esfuerzos institucionales significativos para implementar estrategias e iniciativas diferentes a la mera aplicación de la ley, a fin intervenir en este complejo fenómeno desde diversas aristas. La prevención de la violencia y del delito apareció expresamente como eje de la Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia y se han desarrollado instrumentos ad hoc para su implementación como la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia (originalmente creada en 2010 y reeditada y aumentada en 2013) como una guía para el diálogo político y la generación de estrategias en diferentes espacios.

También se crearon instancias políticas de alto nivel para su articulación como el Gabinete de Gestión para la Prevención de la Violencia, compuesto por diferentes instituciones del Órgano Ejecutivo, y en el nivel territorial creó Consejos Departamentales y Municipales de prevención, estos últimos, bajo el liderazgo de los alcaldes.

A lo anterior se suma la emisión de normas como la Ley especial integral por una vida Libre de Violencia para las mujeres (LEIV), la Ley de protección integral de la niñez y la adolescencia (LEPINA), la Ley general de juventud y la Ley de convivencia ciudadana y contravenciones administrativas, que muestran el giro del estado salvadoreño hacia formas de gestión de la violencia que visibiliza a grupos poblacionales vulnerables y enfatiza políticas de prevención.

El próximo gobierno tiene el desafío de fortalecer, desarrollar y ampliar las políticas públicas de prevención de la violencia y del delito a fin de –como lo dice su propuesta programática– avanzar en la construcción de un sistema nacional de seguridad ciudadana, orientado a una intervención integral desde una perspectiva territorial.

Entrando en materia ¿de qué hablamos cuando decimos prevención de la violencia y del delito? Nos referimos al conjunto de políticas, medidas y técnicas destinadas a evitar la ocurrencia de hechos violentos o delictivos, así como la reducción de los daños asociados a éstos, incluyendo las estrategias o medidas que permitan la adecuada inserción social de aquellas personas en conflicto con la ley.

La definición previa nos muestra el carácter proactivo de la prevención (actuar antes de) a diferencia del carácter reactivo de las políticas de aplicación de la ley (ex post) Además, se vale de una multiplicidad de instrumentos, en su mayoría, fuera del sistema penal, para la realización de sus fines.

Dado que la definición propuesta es muy amplia, ello ha generado amplias discusiones sobre qué es prevención y cómo se distingue de otras políticas gubernamentales. Una clasificación clásica es la que distingue tres niveles de prevención: primario, secundario y terciario.

El nivel primario se refiere a todas las políticas (económicas y sociales) de carácter general que producen bienestar para la población (salud, educación, empleo, entretenimiento, etc.) su finalidad no es prevenir el delito, sino satisfacer derechos, pero por su amplitud e inclusividad pueden contribuir positivamente a reducir algunas condiciones estructurales que generan vulnerabilidad social, deterioro de la convivencia y abren campo a actividades conflictuadas con la ley.

En el nivel secundario ya se visualizan situaciones específicas tales como territorios o grupos poblacionales especialmente afectados por la vulnerabilidad social, la violencia y la delincuencia –tanto como víctimas, así como victimarios–, intentando identificar las dinámicas socioeconómicas y humanas que propician el deterioro de la convivencia y la seguridad y busca reducir su influencia.

No nos detendremos aquí a detallar los diversos tipos de intervenciones que se agrupan en este nivel, que van desde lo individual hasta lo comunitario o social, lo importante es señalar que ya no se trata solamente de satisfacer derechos, sino que busca además, prioritariamente, provocar otros efectos. En este nivel hay un cruce de los instrumentos y técnicas sociales con los de la justicia penal y la seguridad pública.

El nivel terciario es el que atiende a las personas que ya entraron en conflicto con la ley penal y en el marco de su sanción, se buscan mecanismos de integración social que eviten la reincidencia de comportamientos ilegales.

Si bien, este esquema clasificatorio es objeto de discusiones académicas, nos permite tener idea de los campos que se deben abordar a la hora de pensar en la prevención de la violencia. En todos los niveles, en mayor o menor medida, es claro que las agencias sociales juegan un papel importante en la generación de políticas inclusivas que fortalezcan la cohesión social y reduzcan la vulnerabilidad, por lo cual, la definición de las políticas en esta materia tienen un claro carácter multisectorial, especialmente en la prevención secundaria.

Otra característica que se destaca en el abordaje de la prevención secundaria es la focalización de sus orientaciones, tanto en términos territoriales como poblacionales. En cualquiera de los supuestos, previamente debe haber una definición que establezca el estándar o los criterios de intervención para focalizar las iniciativas basadas en informaciones técnicas y objetivas, fundamentalmente, pero sin excluir variables como las propias de las relaciones políticas y sociales.

Un aspecto que se deriva de lo anterior es que al hablar de territorios o poblaciones, estas se encuentran en lugares específicos y en ellos se entrecruzan e interrelacionan una serie de actores de carácter público y privado, lo que implica entendimientos entre los mismos, tanto en el plano de las relaciones intergubernamentales (central-departamental-local), como con los liderazgos locales de tipo comunitario o de sociedad civil. La prevención de la violencia y la delincuencia debe ser un ejercicio descentralizado, pero apoyado decididamente desde el gobierno central.

Por otro lado, para poder focalizar, se requiere la obtención o generación de información y datos que alimenten y actualicen la situación de los criterios establecidos para la toma de decisiones, así como la creación de observatorios locales y sistemas de información geográfica. El trabajo de diseño y planificación de intervenciones debe estar basado en el conocimiento previo (diagnósticos, línea de base), pero también, en el seguimiento de variables e indicadores de las intervenciones y evaluación que permitan identificar las debilidades y fortalezas y facilitar su mejor continua y replica.

Adicionalmente hay que decir que el trabajo de prevención es permanente y en tal sentido, debe ser sostenible. La realidad social es cambiante, por lo que las iniciativas de prevención no pueden ser temporales ni estáticas y los gobiernos deben generar las capacidades técnicas y presupuestarias que permitan a dichas políticas públicas, adaptarse al ritmo y demandas sociales, no limitándose a proyectos efímeros de entrada y salida, sino apostar a la presencia continua.

Publicada originalmente en el Diario digital ContraPunto el 30 de marzo de 2014.