Originalmente publicado en el periódico digital ContraPunto.
A finales del mes de septiembre de 2014, el Presidente Sánchez Cerén, mediante decreto ejecutivo, estableció la creación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC), el cual se definió en dicha norma como una “instancia amplia, plural y permanente, con autonomía para el cumplimiento de sus objetivos y atribuciones”
En este sentido es importante destacar que en su conformación participan diversos actores sociales, que van desde el gobierno nacional, empresa privada, iglesias, medios de comunicación y partidos políticos. El proceso además es apoyado por Naciones Unidas a través de su representación en El Salvador, la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea y varios países amigos. Esta conjunción de actores muestra la importancia del tema y del espacio construido.
Su composición amplia y plural le convierte en un espacio de diálogo político, abriendo una valiosa posibilidad: deliberar de manera directa sobre algunos de los principales problemas y valladares del país en materia de seguridad, fuera de las dinámicas partidarias o electorales que muchas veces, no solo impiden un dialogo franco, sino que dificultan o anulan la búsqueda de cualquier alternativa.
Por ello, el CNSCC podría discutir y analizar algunos de los temas más preponderantes en materia de seguridad y allanar vías y acuerdos políticos para su abordaje. Creo que no se puede obviar analizar la trayectoria histórica de las respuestas a la inseguridad y sus resultados: durante mucho tiempo se pensó que poniendo a todos los malos en la cárcel el problema se solucionaría, hasta que nos dimos cuenta que la cárcel es también un problema. Uno muy grave. Actualmente, según la World Prison Population List (2013) El Salvador ocupa el puesto número quince en el ranking de los países con mayor tasa de prisionización del mundo.
No solo tenemos un terrible hacinamiento que contribuye a la corrupción y a la organización o fortalecimiento de grupos criminales al interior de sus muros que dirigen el actividades ilícitas dentro y fuera de ellos, adicionalmente, como resultado de esas políticas, también tenemos más pandilleros en las calles y niveles de delincuencia que no mejoran.
Resulta oportuno analizar con rigor y honestidad lo ocurrido para dar recomendaciones más atinadas, de lo contrario, como es sabido, no se pueden esperar resultados distintos haciendo las cosas de la misma manera. Además, la realidad se impone: es fiscalmente muy difícil adaptar el crecimiento de las capacidades penitenciarias al ritmo del crecimiento de la población penitenciaria. Actualmente necesitaríamos triplicar el sistema penitenciario para poder atajar el hacinamiento y eso no se podría hacer sin sacrificar recursos destinados a otros fines estatales.
No es funcional, ni racional, ni mucho menos, beneficioso, seguir el esquema predominante, hay que hacer un análisis holístico de la problemática: analizar la cadena de procesos, avanzar hacia un nuevo modelo de política criminal basado en la noción de sistema, con planificaciones intersectoriales y consensos políticos. Esto, porque la gestión de la violencia y el crimen es como un globo, si aprietas de un lado, se revienta por otro, por ello hay que tener una visión e intervención integral. Esto pasa por acuerdos políticos.
En buena medida, la expectativa sobre este consejo parte de la necesidad de establecer una nueva mirada sobre el fenómeno y nuevas formas de gestionarlo. Es tiempo que también miremos (y escuchemos) en nuestro propio país, a actores sociales, municipios y comunidades que con creatividad y empeño han logrado mayores niveles de convivencia y cohesión social. Las cosas ocurren en los territorios, no en los despachos ni en las reuniones.
Parte de esa nueva mirada, debe estar orientada a las víctimas, tan largamente olvidadas o simplemente instrumentalizadas en los discursos. Dados los antecedentes históricos del país y las tradiciones autoritarias presentes, buena parte de la discusión sobre la gestión de la violencia ha girado en torno a la expansión de las capacidades de control y sanción estatal contra los infractores por un lado, y por el otro, en la necesidad de contener los desbordes punitivos, la mejora de la eficacia institucional y el respeto a los derechos humanos de los eventuales destinatarios de dichas políticas. En ambos extremos se ha obviado la necesidad de un abordaje serio sobre la víctima. Ya es hora que esos enfoques cambien y se pueda movilizar la compasión y solidaridad efectiva a las personas que sufren. Esta sería una forma de ir cortando ciclos de violencia. Como lo sostiene el académico Mark Kleiman, si bien, la mayoría de las víctimas no se convierten en perpetradores, éstos, en su gran mayoría, fueron víctimas en el pasado.
El CNSCC tiene en sus antecedente, diversos esfuerzos similares ocurridos en administraciones previas y que no llevaron a la producción de resultados esperados. En buena medida, dicho déficit se explica más por la falta de compromiso por parte de los destinatarios de las recomendaciones, que por la calidad de aquellas. Sin embargo, a diferencia de las experiencias previas, este consejo tiene perspectivas de permanencia en el tiempo y su mismo decreto le faculta para poder pedir cuentas sobre el resultado de las políticas públicas de seguridad ciudadana, lo cual, se convierte en un estímulo político para las instituciones a fin de transparentarse y rendir cuentas a una instancia plural que cumpliría funciones de auditoría social.
Aunque la inseguridad estimule mucha ansiedad en las agendas políticas, sería insensato esperar que el CNSCC desmonte toda una tradición histórica de gestión de la violencia y el delito en el corto plazo, cambiándola por una nueva. Lo más valioso, creo, es que se logre diseñar e implementar el proceso para llegar a ese fin, por lo que habría que dar un margen de maniobra a esta instancia y también apoyarla en ese empeño.
*Columnista de ContraPunto
@amaya_ed / www.seguridadyjusticia.blogspot.com
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