Civilización o barbarie: Racionalidad u oportunismo político

Por Edgardo Amaya
Publicada originalmente en el Periódico Digital Contrapunto

Atravesamos una nueva coyuntura de emergencia por la inseguridad, la cual, es una plataforma efectiva para el populismo punitivo de los políticos para estimular una opinión pública y publicada favorable a medidas autoritarias probadamente fracasadas y, lo que es peor, una encubierta intención de tensar aún más la situación de la inseguridad con inconfesables propósitos.

Cada tanto, algunos políticos y formadores de opinión, mezquinamente lanzan discursos irresponsables en los que invitan a la ciudadanía a despreciar la institucionalidad y tomar “justicia” por propia mano. Proponen medidas efectistas sin fundamento, pero evaden discusiones serias sobre problemas importantes. Por ejemplo, se ha hecho alboroto con la reforma del artículo 331 del Código Procesal Penal relativo a la legítima defensa, -vendida falsamente como una licencia para matar- la cual fue aprobada, sin mayor análisis, en la misma sesión plenaria de cuando fue introducida, mientras que importantes propuestas para combatir las extorsiones como establecer un registro nacional de celulares prepago y sus componentes, así como las reformas para que la señal de las empresas telefónicas no anule a los bloqueadores en los centros penitenciarios, avanzan a paso de tortuga manca en la comisión respectiva.

Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la Ley de la Inspectoría General de la PNC, que pretende fortalecer la autonomía de dicha instancia y mejorar el control sobre la función policial, para que esta se desarrolle en el marco de la legalidad. Sin embargo, cabe recordar que las incipientes acciones de control de esa entidad en el pasado, fueron objeto de presiones por parte de una comisión legislativa montada ad hoc para “revisar” casos en investigación, alegando parcialidad de la Inspectoría debido al origen militar de los investigados. Afortunadamente, y con toda razón, dicha comisión fue declarada inconstitucional. Muchos de los casos investigados en ese entonces aparecen en el libro “Infiltrados” del periodista Héctor Silva.

Recientemente, un periódico de derechas presentó como “acoso”, la apertura de expedientes disciplinarios en contra de elementos policiales por supuestos abusos en contra de jóvenes y miembros de pandillas.  Según el enfoque del periódico, es injusto disciplinar abusos policiales, lo cual es incoherente viniendo de un medio que hizo una profunda investigación y denuncia del caso “Vilanova Velver”, un evidente caso de abuso policial, que ocasionó la muerte de la víctima y posteriormente, gracias a la presión pública, el caso llegó a condena de los elementos policiales involucrados. Claro, la diferencia entre este caso y los otros que denuncia como acoso, es la clase social de las víctimas.

Hay que ser enfáticos: las personas, incluyendo los delincuentes, deben recibir el tratamiento correspondientemente establecido por la ley y los reglamentos. Por definición, el abuso, es una ilegalidad y no se puede consentir, ni mucho menos estimular, el comportamiento ilegal de las instituciones y sus agentes, no entender esta obviedad es preocupante: decir que cumplir la ley correctamente es defender al delincuente es un absurdo, una peligrosa y evidente falta de “instrucción notoria” en algunos casos. Sin embargo, como lo vemos, no hay una apertura política al tema del control de la función policial y la reforma de la Inspectoría.

Otras notas periodísticas han destacado, con alarma, las múltiples incautaciones de armas de guerra a pandilleros, pero no destacan la labor de anticipación hecha por la inteligencia policial que evitó más crímenes. Y aunque la circulación de armas de guerra y las investigaciones sobre tráfico de armas estén en la agenda mediática –involucrando agentes estatales-, los legisladores no discuten propuestas serias de reformas para abordar esta problemática de seguridad nacional.

El oportunismo político de cara a las elecciones puede ser mezquino e irresponsable cuando aborda el tema de la seguridad, sin considerar los impactos institucionales y humanos de decisiones improvisadas. A pesar de todo, quiero pensar que la gente ya aprendió mucho de la historia reciente. Hemos visto cómo la oferta de endurecimiento y militarización de la seguridad de Norman Quijano fracasó y casi le cuesta una humillante derrota en primera vuelta: la gente sabe que paga las consecuencias de esos discursos irresponsables que, evidentemente, solo empeoran las cosas.

Civilización o barbarie, ¿qué queremos? Fortalecer al estado y ordenarlo para que tenga la capacidad de ir tomando control de la situación o regresar a la ley del más fuerte y dejar a la ciudadanía a su suerte.