"La obra de la Justicia será la Paz y los frutos de la Justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Is. 32, 17"

30 de abril de 2014

Violencia, delincuencia y seguridad: simplificaciones, complejidades y rutas caórdicas (II)

I. Simplificaciones (viene...)

II. Complejidades

Decir: “el problema de la delincuencia es complejo” puede ser también una simplificación para justificar el inmovilismo político. Sin embargo, es cierto: el problema de la violencia y el crimen no es unívoco. No es lo mismo la sofisticada delincuencia financiera, de la cometida por pandillas; la que cotidianamente realizan delincuentes comunes en las calles, de las agresiones a las mujeres o la violencia intrafamiliar; o los crímenes que se planifican y ejecutan transnacionalmente. Las lógicas, motivaciones y relaciones entre los actores son completamente diversas y las respuestas deben atender a esa diversidad.  

Las respuestas que se adopten para abordar diversos fenómenos delincuenciales deben prever las eventuales consecuencias. Muchas veces las políticas de seguridad se parecen a la manipulación de un globo: si se aprieta a un lado, la presión se va al otro extremo; si se presiona mucho, el globo puede estallar; si no se presiona, se puede ir de las manos.

Algunas veces, los resultados son imprevisibles, pues es muy difícil tener una prospectiva de todos los elementos. Para el caso, en algún momento se pensó que orientando la persecución penal a los líderes de pandillas, estas serían más fáciles de desarticular. El resultado que conocemos fue la creación de un alto mando pandilleril en las cárceles que articuló su accionar en el nivel nacional.

En la primera década de este siglo, la apuesta por el abordaje de la problemática de la violencia y el crimen desde el sistema penal fue clara, el proceso de contrarreforma penal promovió un claro endurecimiento hacia el delito, el resultado ha sido un sistema penal con una gran capacidad de captación, pero poca capacidad de procesamiento y menos, de dar resultados efectivos y contundentes. Tenemos una de las mayores tasas de encarcelamiento del mundo (#16º de los países con mayores tasas de presos del mundo) –mientras la línea de crecimiento penitenciario sigue ascendente- y seguimos siendo considerados dentro de los países más violentos. Algo no funciona. ¿Cómo es que la PNC habla de 50 mil capturas anuales, el sistema penitenciario rebalsa y las cosas no cambian? Debemos concluir que ese no es el camino.

Lo peor, es que este esquema de funcionamiento es insostenible. Para resolver el hacinamiento penitenciario, El Salvador tiene dos grandes caminos a seguir: 1) invertir en el corto plazo varias decenas de millones de dólares –que no se tienen y que impactan otras áreas presupuestarias del Estado- para construir más cárceles (que la gente no quiere en sus municipios) a fin de distribuir el exceso de población penitenciaria y prever una inversión similar en el mediano plazo una vez las construidas rebalsen o, 2) revisar seriamente el esquema normativo (leyes penales) y de gestión de la privación de libertad, al tiempo que se implementan agresivas políticas de prevención y reinserción, lo que implica una inversión para la creación o ampliación de capacidades en esos ámbitos en el corto plazo, pero con perspectivas de ser menos gravosos y más sostenibles en el mediano y largo plazo.

Deberíamos autoflagelarnos diciendo: “Es la economía, estúpido”

Y aunque la racionalidad económica nos diga que es necesario escapar del esquema punitivo y reformar leyes penales para promover mecanismos alternativos de resolución de conflictos, crear figuras alternativas al encarcelamiento, reducción de penas, más beneficios penitenciarios, programas de reinserción para liberados de la cárcel, para evitar el colapso del sistema penal y la sobrecarga presupuestaria, muchos políticos –particularmente de orden conservador– y buena parte de la población, ven esta vía como impensable e impopular debido a la predominancia de una política criminal, socialmente asumida, que sigue un esquema suma cero donde no se acepta nada que pueda parecer una ventaja para los delincuentes, aunque el esquema retaliativo sea probadamente contraproducente y dañino en términos de seguridad y presupuestarios.

El desafío del abordaje de la problemática delincuencial atraviesa varios campos, de los cuales,  normativo institucional (justicia penal) es solamente uno de ellos, cuya complejidad no es menor, pero aquí deben considerarse diversas dimensiones del abordaje como las de carácter estructural, contextual e individual, en este sentido, tal como lo plantea Alberto Binder, se trata de atender “el paradigma de gestión de la conflictividad: asumir innumerables mecanismos de gestión de esa conflictividad y asumir que democracia y conflictividad son dos caras de la misma moneda.”

En este sentido, cuando se habla de integralidad de las políticas de seguridad, no debe ser solo un adjetivo para venderlas políticamente, sino que deben ser comprensivas y estar relacionadas con diversos campos de intervención gubernamental e incluso social. Hay que pensar desde fuera del campo de la seguridad y la justicia. La pregunta es ¿cómo crear acuerdos, políticas y las organizarlas a partir de una gran diversidad de enfoques e intereses? Esto es lo complejo.

Si bien, la formulación de las políticas públicas tiene o debería tener un componente técnico basado en el conocimiento y experticia, no es este atributo el que garantiza su viabilidad, sino la capacidad de ser políticamente promovidas, evadir obstáculos y ganar apoyos: la política de las políticas públicas. En la política gana la posición que más fuerza o apoyo logra, no la más sensata, necesariamente.  Ejemplo: en El Salvador se hizo uno de los mejores estudios (del mundo, me atrevo a decir) sobre impacto de las armas del fuego en la violencia que demostró cómo la amplia circulación y el abuso de armas de fuego por las personas entraña mayores peligros y riesgos que la supuesta “seguridad” que promociona su comercio. A la par de esta evidencia, en algún momento, el 80% de la población estuvo a favor de prohibir la portación de armas en los espacios públicos, pero cuando el tema llegó a la Asamblea, las iniciativas de control fueron bloqueadas y archivadas.

Lo que quiero decir, es que el tema más duro a resolver para la generación de una política criminal (que incluye a la política de seguridad) es de naturaleza política, valgan las redundancias. Tal como lo propuso Easton, la agenda pública es regulada por unos “gatekeepers”, unos guardianes o porteros que tienen el control de los temas que entran y salen del sistema político donde los medios de comunicación, los partidos políticos y los funcionarios juegan un papel preponderante como reguladores de esa agenda, la que no necesariamente responde a los intereses de las mayorías, sino a la de los grupos de poder que representan esos actores.

El desafío es poder generar procesos de comunicación y entrada de demandas ciudadanas en el sistema político a partir de un tratamiento desapasionado de temas que nos interesan a todos. Hace unos años sostuve un breve pero interesante intercambio con Roberto Gargarella (su blog, altamente recomendable), quién sostenía con optimismo que era posible (y necesario) deliberar con el público sobre el crimen, la penalidad y temas afines, contrario al pesimismo de David Garland quién sostiene que la política criminal actual reproduce las características “expresivas” de la cultura de las sociedades tardomodernas, por lo que una discusión social acarrearía el riesgo de abonar el populismo punitivo. No niego que comparto en alguna medida el pesimismo de Garland, pero no se pueden asumir resultados sin haberlo intentado y un proceso bien diseñado podría darnos sorpresas: en el fondo, la violencia y el crimen, son también hijas de la falta de democracia o de su debilidad. Como lo han indicado Young y Lea (2001:117) “No es la pobreza absoluta sino la pobreza vivida como algo injusto (la privación relativa comparada con la de otros) lo que genera descontento; y el descontento, cuando no hay solución política, conduce al delito.” Más adelante, estos autores manifiestan:
“La privación relativa es el exceso de las expectativas por sobre las oportunidades. La importancia de este concepto es que se aparta de las ideas simplistas que tratan de relacionar el descontento y la violencia colectiva con niveles de privación absoluta. La relación que existe entre la privación relativa y la marginación política resulta crucial para comprender los disturbios y la violencia colectiva. No es probable que la marginación política cause disturbios a menos que exista además una sensación de frustración que surja de la existencia de privación relativa.” (Young y Lea 2001: 223)
En este sentido, el abordaje de la violencia y el crimen en El Salvador, requiere, fundamentalmente, una dimensión estructural orientada a la reducción de la conflictividad, por encima de las necesidades de reforma y fortalecimiento institucional o de las políticas e intervenciones concretas para gestionar la problemática y no hay que perder de vista este aspecto. Sobre esto, se refiere el próximo apartado.

Texto citado:

Young, Jock y John Lea (2001) ¿Qué hacer con la ley y el orden? Buenos Aires: Editores del Puerto.