El veto del Presidente Funes al aumento de penalidad para menores de edad

El veto del Presidente Funes al decreto legislativo por el cual se pretendía incrementar la penalidad para menores de edad en conflicto con la ley es un gesto esperanzador y significativo respecto de la manera en que se desarrollará la dinámica política alrededor del marco nomativo penal y su estrecha vinculación con los discursos del populismo punitivo.

El Presidente atajó muy bien la papa caliente enviada desde la Asamblea y medió el asunto mediante una comisión técnica que realizó una consulta con diversos actores involucrados en el ámbito de la justicia juvenil. El resultado de dicha consulta sería un insumo para la decisión a tomar respecto del decreto legislativo.


El resultado es el que ahora conocemos por las noticias: vetó el decreto por razones de su afectación a tratados internacionales de derechos de la niñez y juventud, así como a la Constitución de la República.

De esta manera, el Presidente no se dejó presionar por los ánimos punitivos de los legisladores y de los medios de comunicación que acuerparon la iniciativa y se inclinó por el respeto a la normativa constitucional vigente. Es un gesto sensato, pero además valiente, pues se pone a contracorriente en un contexto de miedo al crimen que dificulta un aboradaje serio y con cabeza fría de la situación.

Como lo decía recientemente el Dr. Antonio Rangel Bandeiras, experto brasileño en control de armas, durante su estadía en San Salvador:  el crimen genera miedo. El miedo es una pasión. La pasión no es buena para la cabeza.

Por supuesto, el veto no obvia la necesidad de dar tratamiento a la situación de los jóvenes en estructuras organizadas para la violencia, como un enfoque orientado a las causas y no a los efectos.

Audio de la presentación de la Política de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia

A continuación los archivos de audio de la presentación de la Política de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia a los medios de prensa el pasado 19 de febrero en Casa Presidencial. Aquí se escucha la presentación integra (y no los botoncitos que presentan las noticias)

• Presentación por el Ministro de Justicia y Seguridad Pública (aquí)
• Preguntas y respuestas a medios (aquí)

La falsa dicotomía entre prevención y represión

En el marco de la discusión de la Política de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia, como lo decíamos en el post previo, pueden detectar dos visiones sobre la forma de abordar del fenómeno de la inseguridad a partir de las opiniones y críticas de diversos actores que asistieron a su discusión. No quiero simplificar ni sugerir que estas son las únicas dos posiciones, de hecho, ni siquiera fueron tan evidentes, pero sí notorias para alguien que lee entre líneas: se trata del énfasis que se demanda a esta política, más prevención o más represión.

Ambas posiciones salen, en voz de algunos interlocutores, de concepciones muy anquilosadas e ideologizadas de lo que implica hacer prevención y hacer represión en el marco de las políticas de seguridad, visiones, que muchas veces están mediatizadas por la calidad de información que transmiten los medios de comunicación. Vamos por partes:

En primer lugar se tiende a concebir la prevención con una visión un tanto caricaturesca de intervenciones de carácter "débil", "light", basadas en un altruismo ingenuo de hippies hablando de amor y paz en medio de un matadero o, aunque no se le estigmatice de esa forma, se le señala la falta de resultados inmediatos.

Las experiencias y estudios en materia de prevención han avanzado muchísimo para llegar a plantearla como un ejercicio técnico, serio, realista y orientado al logro de objetivos concretos. En el marco de las discusiones de insumos para esta política, la forma más sencilla de entender la prevención fue a través de dos ideas fundamentales y estratégicas: la territorialización de la función estatal y la intervención multiagencial en los espacios olvidados o abandonados, en los cuales, la violencia es una clara señal de la ausencia del Estado. Esta es la lógica que ha impregnado la conformación de los Consejos Municipales de Prevención de Violencia que han sido activados en algunas de los municipios con mayores niveles de incidencia delictiva.

La experiencia del Distrito Italia en Tonacatepeque -citada por el Ministro durante la presentación de la política a la prensa- ejemplifica cómo una relativamente pequeña y barata estrategia de colaboración entre el nivel central y local en conjunto con la comunidad pueden generar resultados importantes: de ser considerado uno de los territorios más violentos del país en términos de homicidios, luego de una intervención con acciones de disuasión y control por parte de la PNC y la FA, mejora de la infraestructura vial, ornato, organización deportiva y comunitaria para la convivencia, así como la legalización de terrenos, este territorio ha logrado tener tres meses sin la comisión de homicidios.

Pasando al otro tema: la represión, en los sectores críticos y de derechos humanos, la mención del Presidente de dar énfasis a lo represivo ha encendido las alarmas. Dado que vengo de ese ámbito no me es difícil intuir que dichos temores se basan, en primer lugar, en la connotación claramente negativa que tiene el término "represión" en contextos que han salido de regímenes autoritarios: abuso de la fuerza, tortura, coacción, desapariciones, etc. ("A más represión, más lucha" decían los grafitis de las organizaciones revolucionarias), así como también, por los negativos antecedentes que se tienen del pasado reciente respecto del ejercicio de la represión por las fuerzas de seguridad en el contexto de las metodologías de mano dura.

La mención de la represión, desde un punto de vista técnico y jurídico no tiene las connotaciones arriba señaladas. La represión es una función estatal consignada en la Constitución y las leyes. Toda sociedad necesita una dosis de control de las conductas que ha seleccionado como las más graves.

Una revisión de la literatura nos dice que las experiencias más exitosas de prevención o control del delito han tenido un componente represivo. De nada sirve mejorar un barrio, abrir escuelas y guarderías si los actores violentos siguen viviendo ahí y son tanto victimarios como víctimas potenciales de rivales o sostienen estructuras y mercados ilegales nocivos para la comunidad.

Durante mi experiencia en sociedad civil criticamos la opción que se tomó para favorecer la cantidad sobre la calidad de policías luego de los Acuerdos de Paz, la falta de desarrollo de capacidades de investigación criminal y de inteligencia criminal, así como otras deficiencias de capacitación del personal que redundaban en una falta de eficacia de la labor policial. Criticamos una policía muy orientada a la presión de grupos poblacionales (jóvenes de zonas desfavorecidas) y a las capturas masivas sin fundamento, que luego eran liberadas del sistema judicial.

Cuando criticábamos la falta de eficacia y sus métodos poco sofisticados, lo que decíamos era que la policía no estaba cumpliendo a cabalidad con sus funciones represivas, de tal suerte que una decisión política orientada a suplir las falencias arriba señaladas, inevitablemente terminará favoreciendo las capacidades represivas de aplicación de la ley de esta institución.

Represión no debería ser automáticamente sinónimo de Mano Dura ni de abuso. Estas metodologías de mano dura, paradójicamente pretendían mostrar un ejercicio de fuerza represiva, cuando lo que pusieron en evidencia fue la debilidad para aplicar eficientemente la ley.

Debe haber represión, pero bien hecha, focalizada, contundente y eficaz. Esta es una aspiración legítima para una opción política orientada al combate del delito y la impunidad, así como un presupuesto para la protección de los derechos humanos, en tanto no sería utilizada indiscriminadamente.

Al final, la lección que debería quedar es: sin una cuota de aplicación oportuna y contundente de la ley, no es posible crear un campo de trabajo adecuado y estable para la prevención. Sin prevención, proliferan los hechos delictivos, que a la larga, debilitan la capacidad de control de éstos por parte de las autoridades. Es una simbiosis sin la cual, no se puede avanzar en una política pública de seguridad que pretenda ser eficiente.

Paradójicas reacciones frente a la política gubernamental de justicia, seguridad pública y convivencia

Con ocasión del proceso de consulta que el Presidente Funes impulsó de la Política de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia que elaboró el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, se han suscitado las más variadas reacciones de los grupos que fueron invitados a dicho proceso.

Paradójicamente los grupos más conservadores y que mayor presión ejercían (sector empresarial) sobre el gobierno han sido los que han dado opiniones o reacciones moderadas y orientadas al beneficio de la duda, pero cuestionando la factibilidad financiera u operativa de las acciones propuestas.

Algunos sectores progresistas (organismos de sociedad civil), critican y denuncian un marcado énfasis en la represión y la militarización de la seguridad pública. Algunos, sugieren –en la misma línea que el partido ARENA y sectores conservadores- que las cosas no habrían cambiado respecto del esquema del manodurismo de administraciones previas y que esto es más de lo mismo. 

Algunos líderes de opinión conservadores, han señalado que en el contexto de elevados niveles de criminalidad en los que vivimos, no es para andar con paños tibios (prevención) y hay que aplicar medidas de choque y de corto plazo para establecer mejores niveles de seguridad. A contracara están los que denuncian el énfasis represivo de la política gubernamental y la poca atención dedicada al tema preventivo. Pareciera que no hablan del mismo tema.

Lamentablemente, mucha gente seria ha emitido juicios de valor sobre la política, -o sobre lo que se ha publicado de ella- anticipándose a su oficialización y publicación definitiva y detallada. La más patética e infundada crítica es la que sostiene que nada ha cambiado o que se recicla material. Sobre esto hay que considerar los siguientes elementos que marcan diferencia:

La política incluye no solo el tema de seguridad, como fue el énfasis en las gestiones previas, sino que contempla el tema de justicia y convivencia. Dentro de sus contenidos la prevención social aparece como un eje particular de trabajo y no como un contenido marginal, en esta ámbito propone le mejora de las acciones orientadas al control de armas, tema en el que las administraciones previas se opusieron a cualquier cambio y promovieron la armamentización ciudadana. 

El modelo actual de participación ciudadana, se desarrolla a través de Consejos Municipales de Prevención de violencia con una vinculación directa con los Gobiernos locales y las instancias nacionales presentes en el territorio. No son grupos de activistas partidarios, organizados so pretexto de la seguridad ciudadana, desvinculados de las autoridades.

Lo que muchos han señalado como novedoso es la inclusión de la víctima dentro de la política, un sujeto largamente olvidado y frecuentemente defraudado por la impunidad, que necesita ser reivindicado en su dignidad. El Salvador es un país de víctimas.

¿Se reconoció antes la corrupción y la influencia del crimen organizado como problemas urgentes a abordar? Lejos de atender eficientemente el problema, la administración Flores estableció un proceso extraordinario de depuración sin ningún tipo de investigación profunda, el cual a raíz de su irregularidad constitucional y legal, terminó costando cientos de miles de dólares en concepto de demandas favorables a las personas destituidas por este mecanismo. Y en segundo lugar, eliminó la autonomía e independencia de la Inspectoría General al convertirla en una dependencia policial  y la debilitó financieramente para limitar sus alcances.

Hace falta poca memoria y mucha ceguera para creer que nada ha cambiado. Afirmarlo tan tajantemente es algo que puede esperarse de la oposición política: forma parte del juego político y las competencias por réditos. Pero viniendo de personas más informadas, es una ligereza inexcusable.

Joaquín Samayoa contra los "Criminales a temprana edad"

He leído la reciente columna de opinión de Joaquín Samayoa, un conocido "analista" (al que algunos extraviados todavía creen de izquierda), quién en esta ocasión tuvo la ocurrencia de hablar sobre el aumento de penalidad a menores en conflicto con la ley penal. El título de la columna: "Criminales a temprana edad", ya nos pinta el tono y enfoque del contenido.

Muchos pensarán que el sr. Samayoa dice algo razonable (lamentablemente la fama pesa como criterio de autoridad para los ignorantes), cuando en verdad su análisis es superficial y no es muy diferente al discurso de cualquier político conservador respecto del crimen (en general, no es diferente en muchas cosas. Recordemos que dedicó una columna para justificar el golpe en Honduras, a la que también dediqué unas líneas)

Normalmente, el pensamiento conservador se encuentra basado en una antropología (visión del hombre) individualista que tiene como principal eje de interpretación de la acción social y humana al libre alberdrío. De esta suerte, las infracciones a los códigos establecidos, no son una mera clasificación jurídica, sino que reviste además un fuerte reproche moral por abusar de la propia libertad y afectar la de otros. Creo que es oportuno citar, tal como lo hace John Lea en su libro Delito y modernidad, un pasaje de Hegel (antitesis de Marx) sobre el pensamiento abstracto:

Un asesino es conducido al lugar de ejecución. Para la mayoría del populacho, él no es otra cosa más que un asesino. Las damas tal vez digan que es un hombre fuerte, guapo e interesante. La plebe encuetra que éste es un comentario terrible. ¿Qué? ¿Guapo un asesino? ¡Cómo puede alguien pensar tan perversamente y llamar guapo a un asesino; no hay duda, ustedes mismas no son algo mucho mejor! Ésta es la corrupción moral que prevalece en las clases altas, podría añadir un sacerdote, conociendo el transfondo de las cosas y los corazones humanos. Quien conoce a los hombres, traza el desarrollo de la mente del asesino: busca en su historia, en su educación, en una mala relación familiar entre su madre y su padre, en algo tremendamente rigorista luego de que este ser humano había cometido una pequeña transgresión, de modo que él se encuentra amargado y resentido contra el orden social... que en lo sucesivo hizo que no hubiera para él otra forma de mantenerse que no fuera a través del delito. Quizás haya gente que al escuchar tales cosas dirá: ¡Quieren disculpar un asesinato! ... Este es un pensamiento abstracto: no ver otra cosa en el asesinato, excepto el hecho abstracto de que él es un asesino y, con esta calificación simplista, anular en él cualquier otra esencia humana (Hegel, ¿Quién piensa en forma abstracta?)

Me parece que la cita es muy oportuna, pues muestra la tendencia seguida por el columnista citado: dar mayor importancia a la abstracción del delincuente y del delito que al contexto social y de conflictividad en que se suscita. En su columna, el autor hace un gran uso de criterios morales para analizar la propuesta de aumento de penas para menores:

Cada vez son más los menores arrastrados a un estilo de vida marcado por un profundo desprecio a la vida y a cualquier norma o autoridad que no sean las de su pandilla. A muy temprana edad, estos jóvenes están cometiendo asesinatos a sangre fría, sin titubeos ni remordimientos, solo para merecer el ingreso a la pandilla, para hacerse respetar en la calle o para procurarse la próxima dosis de una droga sin la cual no pueden vivir.

Incluso, aunque reconoce el origen social y grupal del fenómeno, no sale de su esquema:

Pero cualquiera haya sido el trayecto que recorrieron para llegar a ser lo que ahora son, están ya tan maleados y hacen un daño tan grande al resto de la sociedad que resulta difícil verlos con algún grado de compasión o simpatía. 

Muy triste que estos duros juicios morales vengan de alguien que proviene del mundo de la educación. 

El columnista rebate a los críticos que han señalado anticipadamente el fracaso de la medida como solución al problema de la violencia juvenil. Niega que este sea el plano en que se deba discutir, para él, no es tanto el efecto real sino el simbólico:

(...) hay un criterio que debe prevalecer en el tema que nos ocupa. Aunque sea de manera simbólica, la legislación penal debe enviar a toda la sociedad un mensaje contundente e inequívoco: cualquier asesinato es una falta extremadamente grave para la cual no existen atenuantes de ninguna índole.

Aquí es donde está su punto débil y la muestra de la superrficialidad de su análisis. Parece que el señor "analista" no se entera que tenemos poco más de una década de procesos de contrarreforma legislativa y cientos de enmiendas al Código Penal, Procesal Penal, se ha establecido la pena perpetua de facto para ciertos delitos, así como la creación de leyes especiales como la Ley contra el Crimen Organizado. Todas ellas han pretendido, en su momento, constituirse como mensajes, mientras que la realidad no se ve afectada positivamente por ellos. 

Es irresponsable venir a proponer el uso simbólico de la normativa penal sin tener en cuenta las consecuencias de ello. La contrarreforma penal creó un esquema normativo que aceleró el crecimiento penitenciario de manera geométrica y limitó su capacidad de evacuación y tratamiento rehabilitador, convirtiendo a los Centros Penitenciarios en problemas de seguridad pública.

 Muchos piensan que analizar seriamente cuestiones de justicia y seguridad es soplar y hacer botella sin tener en cuenta la complejidad de las aristas de los fenómenos. Pero bueno, así es la farándula.

Decreto de reformas a Ley Penal Juvenil aumentando penalidad máxima

Para su conocimiento y estudio, pongo a disposición de ustedes el decreto legislativo que reforma la Ley Penal Juvenil, que aumenta la penalidad máxima de tiempo de internamiento de siete a quince años. Para ver el decreto, hacer clic aquí.

Aumento de penas a menores de edad: el eterno (y aburrido) retorno de la retórica punitiva

Un supuesto sentido común -muy distorsionado, por cierto- sumado a la falta de originalidad, han llevado a revivir y dar vigencia, con mucha fuerza, un difundido discurso punitivo a ultranza como alternativa frente a la situación de la inseguridad. Tal como lo dije en el post previo: aunque comprensible por el contexto, no es justificable en sus propuestas y consecuencias.

Los discursos histéricos más peligrosos son los que llaman a la creación de grupos de exterminio o a la toma de justicia por mano propia, pasando por la búsqueda de caudillos autoritarios que “solucionen” el problema. Los más recatados piden la eliminación u omisión de los estándares normativos de derechos humanos, como obstáculo para la eficacia en las labores de la seguridad pública y la justicia penal, así como el endurecimiento de las normativas penales.

Vamos a esto último: recientemente, diversos actores sociales se han dado a la plausible tarea de elaborar propuestas en materia de seguridad pública como versiones alternativas al plan gubernamental. Diputados de la Asamblea Legislativa y otros actores políticos también se han puesto a ello. Sus propuestas se orientan a impulsar reformas legales de endurecimiento penal, aumento de penas, restricciones de libertad, criminalización de agrupaciones pandilleriles, etc. En resumen, populismo punitivo.

Lo que estos actores parecen no recordar es que todo eso ya se hizo, por obra y gracia de ellos mismos y lejos de solucionar el problema, se creó un nudo gordiano de difícil resolución: el ánimo punitivo no solucionó ni redujo la violencia, por el contrario, la complejizó, saturó las cárceles de personas y ahora, el sistema penitenciario se ha convertido en un problema de seguridad pública: según fuentes policiales, el 80% de las extorsiones salen desde esos establecimientos y según las mismas fuentes, los ingresos en circulación de las mismas llegan a contarse por millones de dólares. 

La devaluación de la cárcel por la hiperpenalización de conductas y la falta de mecanismos de regulación del crecimiento penitenciario no son sostenibles ni en términos de seguridad ni en términos presupuestarios. Si la tendencia de crecimiento penitenciario continua, al fines de 2010 habría 25 mil adultos privados de libertad, agravando las posibilidades de manejo de este conflictivo campo de la justicia penal. A este ritmo de crecimiento habría que invertir con periodicidad millones de dólares en construcción de nuevas cárceles y en alimentación de privados de libertad.

Tras una serie de hechos violentos de gran resonancia social que han involucrado a menores de edad. Los diputados han  lanzado un peligroso anuncio al aprobar un decreto por el cual se aumentaría la penalidad máxima de internamiento para los menores de edad en conflicto con la ley penal de 7 a 15 años, para los mayores de 16 años. El diputado Guillermo Gallegos se quejaba en el noticiero que lo ideal es que fuesen 30, 40 años o para siempre, pero que no se puede por respeto a tratados de derechos humanos.

Es importante destacar que esta reforma apenas llevó una semana como propuesta en la Asamblea Legislativa y se aprobó sin mayor consulta con otros actores. También debo decir que la sociedad civil no reaccionó de manera oportuna ante la propuesta, generando un margen de permisibilidad para la decisión legislativa, en un cuerpo normativo que, a diferencia de la legislación penal para adultos con cientos de reformas, había soportado con entereza otras iniciativas de endurecimiento.

Los argumentos para dicha reforma han sido, como se dijo, la participación de los menores de edad en hechos violentos y la necesidad de enviar un mensaje que desaliente dichos ánimos criminales. Otros apelan desde los juicios morales contra la crueldad innata de estos jóvenes sin salvación. El absurdo elevado a la categoría de sentido común o –como diría Wacquant- sensatez penal. Ahora resulta que, vuelven a tomar del cajón de las ocurrencias, la empolvada idea de leer la Biblia en las escuelas por decreto, de la que, incluso, la mismísima Iglesia católica se ha desmarcado en su momento.

Todo esto ya lo hemos oído. Otros, los detractores, salen al ruedo a señalar el origen social de la violencia, que las penas por sí solas son inútiles si no hay investigación efectiva ni instituciones de seguridad y justicia fortalecidas, que se agravará la situación del sistema, etc. 

Es como si el “debate” se repitiera una y otra vez. Lamentablemente, en la política, particularmente en el ámbito legislativo, existe una competencia por figurar y lograr réditos, muchas veces, sobre la base de la ocurrencia fácil y a la ligera. Lo triste del asunto es que vendan la idea como el nuevo traje del rey y muchos crédulos la sigan. Otros ven la desnudez del rey, pero callan para evitar pasar un bochorno.

En cualquier organización seria, los debates agotados deberían archivarse y proponer unos nuevos. No reciclar viejas ideas una y otra vez, sobre todo, si éstas ya demostraron en la práctica sus limitados alcances y sus efectos perversos, complejizando el problema que dicen abordar.

Y aunque resulte un tanto agobiante tener que repetir los argumentos contra medidas como el aumento de penas a menores de edad, los señores y señoras diputados sostienen que con esta medida disuadirán a los menores de edad de cometer hechos ilícitos.

Contra eso, solo quisiera señalar la ingenuidad o ignorancia manifiesta de ese argumento, pues obvia el dato de que, en general, en las estadísticas de la clientela del sistema penal, los menores de edad regularmente oscilan entre un 5 -10% del total de casos delictivos registrado oficialmente. Por otro lado, la violencia pandilleril en particular, no se limita a menores de edad, y éstos son la última escala de la cadena en un contexto en el que la violencia juega un papel fundamental para la manutención de la disciplina. Es decir, se agravan las penas para el más chiquito.

Poco o nada dicen los impulsores de esta reforma sobre la manipulación o coacción de adultos sobre estos menores para cometer hechos delictivos o sobre la forma de intervenir en la salud mental de estos adolescentes que han participado en graves hechos de violencia.

Quien olvida la historia está condenado a cometer los mismos errores y, al aumentar la penalidad y restringir las posibilidades de salida de los menores en internamiento, lo que se hace es aumentar el resentimiento y la posibilidad de tener personas sin una inserción adecuada, lo que conlleva a generar recurso humano para el crimen.

El Presidente Funes lamentó que para dicha decisión no se consultara a su gabinete de seguridad. La Secretaria de Inclusión social también lamentó la falta de debate de esta medida y el Director del Instituto Salvadoreño de la Niñez y Adolescencia, señaló lo inadecuado del control penal como alternativa para tratar el fenómeno de jóvenes en violencia. Ahora la pelota está en la cancha del ejecutivo, a la espera de que éste sancione, vete u observe el decreto. El Presidente ha anunciado la conformación de una comisión especial para analizarlo, de la cual estaremos pendientes en los próximos días.

Sobre los rumores de grupos de exterminio y el papel de los medios de comunicación

 (...) se multiplican los asustados, y los asustados pueden ser más peligrosos que el peligro que los asusta." Eduardo Galeano, Patas arriba: la escuela del mundo al revés, Siglo XXI, Madrid, 1998. Pág. 115.

Quisiera detenerme en los difundidos rumores en la actualidad sobre la existencia de grupos de exterminio como una exacerbación de los ánimos punitivos frente al fenómeno de la inseguridad actual, por la vía extrema de la violencia ilegal. Una reacción social de este tipo es, hasta cierto punto, previsible en un contexto como en el que vivimos, pero lo comprensible del asunto no implica la justificación de sus consecuencias.

Con el tema de los grupos de exterminio hay que ir con cuidado, separando el trigo de la paja: en el pasado, organismos de derechos humanos como FESPAD o Tutela Legal del Arzobispado, denunciaron y documentaron la existencia de ejecuciones sumarias en contra de presuntos delincuentes o pandilleros, las que podrían haber sido ejecutadas por grupos de exterminio, ciudadanos particulares o miembros de instituciones estatales, en las cuales se denunciaba la poca o nula investigación oficial. La actitud de estos organismos fue de rechazo a dichas prácticas criminales y de exigencia de justicia para sus víctimas, así como de denuncia de la negligente o nula atención gubernamental.

Sin embargo, ahora el tema es retomado por diversos medios de comunicación en un contexto completamente diferente: las dos masacres de jóvenes registradas (Suchitoto y Tonacatepeque) a diferencia del contexto previo, sí tienen una investigación oficial en curso en la que se han desplegado unidades especializadas tanto de la PNC como de la Fiscalía, por lo que no se puede señalar inacción del estado. Dichas investigaciones muestran algunas pistas que no conducen, necesariamente, por el momento, a la hipótesis de los grupos de exterminio para ambos casos, aun y cuando, debido al nivel de avance de las investigaciones, no sea descartable.

En el caso de Suchitoto, dos de los jóvenes asesinados tenían antecedentes pandilleriles, lo que podría dar paso al móvil de un ataque rival o de un grupo de exterminio. El ataque de otra pandilla parece tener más sustento. En el caso de Tonacatepeque, ninguno de los asesinados ni heridos tiene antecedentes de ese tipo, lo que pone en duda la hipótesis relativa a un grupo de exterminio de delincuentes.

Pese a la falta de certeza, hasta el momento, de los móviles de ambos casos, diversos medios de comunicación han desatado, con mucha ligereza, una ola de especulaciones orientadas a favorecer la hipótesis del grupo de exterminio para provocar su colocación en la agenda informativa. El enfoque actual tiene, desde mi perspectiva, más morbo mediático que una exigencia seria de justicia. Lo anterior, puede tener consecuencias lamentables, pues contribuye a mantener y aumentar el clima de inestabilidad e inseguridad subjetiva de la población, aumentando su ansiedad y estrés, forjando la imagen que se ha llegado a una situación límite en la que rigen las leyes de la selva y que corra cada quien por su vida. Algunos “analistas” o presentadores de noticias filtran en sus intervenciones –con dramatismo e ignorancia- la categoría “estado fallido” refiriéndose a la situación del país.

En resumen, no se trata aquí sobre aceptar o rechazar la hipótesis sobre la existencia de grupos de exterminio, sino que antes, debe verificarse la calidad de la información disponible, el enfoque que se le da, las reacciones y consecuencias que estimula.

Contribuir al incremento de la sensación de inseguridad tiene consecuencias en el análisis de riesgo de país, tan importante para algunos sectores económicos empresariales para poder ser competitivos y para la atracción de inversión extranjera. También al devaluar la confianza en las instituciones, se atenta contra la eficacia de las mismas al no contar éstas con respaldo social.

Basta leer las secciones de comentarios de los lectores en diferentes medios escritos por Internet y se encuentran abundantes posiciones a favor de este tipo de respuestas violentas y criminales a la inseguridad. En esto, los medios de comunicación tienen una tremenda responsabilidad ética: en nombre de la libertad de expresión pueden terminar convirtiéndose en plataformas o espacios para la promoción de actividades delictivas mediante la instigación y apología del delito que se genera en sus secciones de comentarios por los énfasis de sus agendas informativas. Lejos de contribuir a promover la paz, promueven, por acción u omisión, la violencia.

El punto no es esconder los cadáveres bajo la alfombra. Debe haber un equilibrio entre la libertad de expresión, la libertad de prensa y las necesidades sociales de contención de la inseguridad. Los medios deben seguir jugando su papel contralor y de exigencia frente a las autoridades y deben proporcionar a la población, con objetividad, la mejor calidad de información posible para un debate ciudadano abierto y fundamentado sobre la cuestión de la inseguridad. Si se magnifican rumores y se promueve el alarmismo, todos perdemos.

El efecto más peligroso e inmediato de estos manejos informativos, es el estímulo de este tipo de respuestas violentas a la inseguridad. La generación de un contexto de incertidumbre y la insistente presencia del tema de los grupos de exterminio en los medios, puede llevar a que ciudadanos opten por realizar este tipo de actividades, o que quienes se sientan amenazados por estas acciones, opten por un incremento de la violencia como respuesta.

Hay otros datos que merecen atención: en los últimos días, han circulado diversos correos electrónicos calzados por supuestas organizaciones dedicadas al exterminio de delincuentes (Fuerza Anti Delictiva Organizada Civil Armada, FADOCA; otra llamada Calle Negra) así como también hojas volantes que anuncian la existencia y actividad de estas agrupaciones distribuidas en diferentes municipios del país durante el fin de semana (Soyapango, Ciudad Delgado, Olocuilta)

La concentración temporal de estas comunicaciones y la variedad de agrupaciones que se anuncian, lejos de hacer creíble la cuestión como algo espontáneo, terminan generando la sospecha de que existiría una iniciativa específica y planificada, como un recurso ingenuo para intimidar a otros actores violentos, o, en el peor de los casos, para genera incertidumbre y miedo en la población y desafiar o devaluar los anuncios gubernamentales en materia de seguridad.

Si en un dado caso, se verificara la actividad de estos grupos, es necesario plantear una reflexión sobre las consecuencias de su existencia. Algunas de estas prácticas tienen reconocimiento social por parte de algunos sectores conservadores y populares. “Muerto el perro, se acaba la rabia” piensan. No consideran la espiral de respuestas violentas que ello puede acarrear.

Esta percepción, originada en la desesperación de la ciudadanía, pero también en arraigadas visiones autoritarias, se derrumba cuando grupos de estos supuestos “justicieros”, altruistas perversos, se revelan como lo que son: grupos criminales que más que hacer un favor a los demás, operan por intereses propios como, por ejemplo, la eliminación de la competencia y regulación del mercado criminal. Estos grupos, eventualmente se vuelven en contra de quienes en principio les apoyan. La experiencia de los justicieros en diversas ciudades de Brasil o las acciones de los paramilitares en Colombia o Guatemala, que terminan sometiendo y gobernando las comunidades donde operan,  son dramáticos ejemplos de esto.

Estas prácticas generan un ambiente de mayor violencia, impunidad y corrupción que debilitan aún más las capacidades del estado de servir a la población en el respeto y garantía de sus derechos y solamente fortalece a poderes subterráneos y fácticos, como el crimen organizado, lo que claramente atenta contra la democracia, el Estado de Derecho y la seguridad de los habitantes.

Datos del Sistema Penitenciario y población privada de libertad en El Salvador 2004-2009

A continuación comparto un consolidado de estadísticas penitenciarias básicas de El Salvador de los años 2004-2009. Hacer clic sobre las imagenes para agrandar.

 

Vamos a lo obvio: la población penitenciaria ha crecido de manera acelerada en los últimos años. En 2006 inició un crecimiento que supera con creces a los años previos. En promedio, la población penitenciaria se ha incrementado en dos mil personas por año desde entonces, lo que no ha coincidido con el volumen de capacidad instalada del sistema penitenciario que apenas pasó de 7,372 a 8,110 cupos, los cuales se mantienen en la actualidad (aunque hay dos procesos de ampliación de infraestructura en curso que ampliaría la capacidad instalada) Si la tendencia continua, en cinco años (2005-2010) se duplicaría la población penitenciaria.

Para las tasas de adultos privados de libertad respecto de la población se ha utilizado la tabla de conciliaciones y proyecciones demográficas de los censos 1992 y 2007. Quiere decir pues, que los datos utilizados son los ajustes a las proyecciones poblacionales 1992-2006 a partir de la información obtenida en el censo 2007, del cual se extraen las proyecciones para los años 2008 y 2009.

La tasa de adultos privados de libertad sigue siendo de las más altas del continente. El Salvador se coloca, según el World Prison Population List (8th edition) en el 39% de paises que superan la tasa de 150 privados de libertad por cada 100 mil habitantes. 

Por último, un vistazo al comportamiento del estatus jurídico de la población privadad de libertad: en general, se ha registrado una baja en el porcentaje de personas condenadas respecto de un aumento de las personas en detención provisional (procesadas), aunque con un ligero cambio de tendencia en 2009.

La lamentable situación de la población penitenciaria se ha debido a la adopción de medidas político criminales que enfatizaron el endurecimiento en la ejecución de la pena y en el procesamiento de personas sospechosas como: el cierre de alternativas a la prisión para varios delitos, el aumento desproporcionado de las penas, el recorte de beneficios penitenciarios, la creación de nuevos delitos, la creación de disposiciones procesales orientadas promover el encarcelamiento preventivo (Art. 294 CPP y Ley contra el crimen organizado y delitos de realización compleja) 

Es vergonzoso que la Sala de lo Constitucional previa al cambio de 2009 haya validado disposiciones que afectan derechos fundamentales, tanto en el ámbito procesal (detención provisional automática para ciertos delitos, Art. 294 CPP), como en el penal (Duración de la pena hasta 75 años, cierre del acceso a beneficios penitenciarios y el inhumano régimen de los centros de máxima seguridad, Art. 103 Ley Penitenciaria)

En la actualidad, los Centros Penales se han convertido en una prioridad de las políticas gubernamentales de seguridad, en tanto, una importante cantidad de hechos delictivos de trascendencia son fraguados y ejecutados desde centros de privación de libertad, particularmente las extorsiones que afectan a amplios grupos poblacionales. El crecimiento de la población penitenciaria ha generado una importante pérdida del control sobre la misma y ha falicitado el debilitamiento de las estructuras de seguridad penitenciaria, que se han visto afectadas por la corrupción. 

Creo que un aboradaje de la crisis en el sistema penitenciario tiene una dimensión legal: revisión  y refoirma del marco jurídico que facilita la privación de libertad de las personas sometidas a la justicia penal, y por otro lado, una dimensión institucional que implica una mayor inversión en sistemas de aplicación de la ley adecuados para atender medidas de cumplimiento en medios abiertos. Tanto con recurso humano (supervisores de cumplimiento) como a través de tecnología (pulseras con GPS para controlar movimientos de personas con restricciones ambulatorias)

Laura Chinchilla y la seguridad en Centroamérica

Con datos aún no oficiales, nos enteramos que Laura Chinchilla ha sido electa Presidente en Costa Rica por un amplio margen de ventaja dado por el electorado, superando por mucho a sus principales contendientes, llegando a ser la primera mujer electa para dicho cargo en la historia de ese país.

No conozco mucho del ambiente político costarricense y opinar sobre él sería un abuso de mi parte. Pero debo decir que la Presidente electa cuenta con una amplia trayectoria en la gestión gubernamental. En la década de 1990 fungió como Ministra de Seguridad y ha estado vinculada a diversos foros políticos y académicos relacionados con la materia. Es pues una política interesante: cuenta no solo con la experiencia sino con un soporte académico importante para enfrentar los problemas que su sociedad le demanda, entre ellos, el de la seguridad, una de las principales preocupaciones de la sociedad costarricence en la actualidad.

Si bien, las distancias comparativas entre los niveles de violencia en Costa Rica y El Salvador son enormes, lo cierto es que en los años recientes, la otrora pacífica Costa Rica se ha visto afectada por el alza del delito y manifestaciones de criminalidad organizada. A diferencia de su principal contrincante, que ofrecía mano dura y liberalización en la portación de armas, ella propuso endurecer leyes, más recursos a las instituciones relacionadas con la seguridad y desarrollo de prevención social de la delincuencia.

Recientemente Chinchilla se mostraba clara del desafío regional al declarar que en Centroamérica sería la última batalla contra el narcotráfico, reconociendo que el fenómeno se ha desplazado hacia nuestros países con todo lo que ello implica, al tiempo que pidió la atención de la comunidad internacional sobre esto. Habrá que ver cuál será el comportamiento de Costa Rica en el marco de la agenda regional de seguridad, dado que dicho país se ha mantenido como observador en instancias regionales de seguridad.

Su amplia victoria muestra el acuerdo de la mayoría de la sociedad tica de continuar con la herencia de Oscar Arias, lo cual, para alguien quisquilloso como yo, tiene el mal recuerdo que Arias terminó reconociendo incondicionalmente las elecciones hondureñas luego del golpe de Estado, sin un plazo de prudencia para ver el desarrollo de los acontecimientos. Pero Laura Chinchilla es otra persona y debemos quedar a la espera de su gestión, de la cual estaremos espectantes.

Sobre el lanzamiento de la Política de justicia, seguridad y convivencia

Sobre esto, debo aclarar mi posición: como persona involucrada desde 2008, en el proceso de reflexión y formulación de las propuestas de seguridad del que sería el actual gobierno, mi posición no puede ser objetiva. Este post no comenta la política en sí ni sus componentes específicos, más bien se orienta al análisis del contexto y las reacciones que se han manifestado en los medios dominantes. 

El pasado viernes 5 de febrero, el Presidente de la República, junto con su gabinete de seguridad, compartió con las gremiales de la empresa privada y con directores de medios de comunicación su política de justicia, seguridad y convivencia, que sería el marco de las principales estrategias de trabajo del sector en el quinquenio, las cuales serán presentadas a diversos actores de la vida nacional en los próximos días. 

Esta iniciativa sale al paso de las críticas que señalaban la inexistencia de un plan para abordar la cuestión de la inseguridad en el país en un contexto en que múltiples hechos violentos han marcado la agenda informativa, así como también el surgimiento de diversas propuestas de sectores empresariales en materia de seguridad. (Qué irónico, en los pasados gobiernos, la sociedad civil hacía –hacíamos- ejercicios de propuesta en materias de políticas de seguridad como contrapeso a la política oficial, ahora lo hacen los sectores que estaban al otro lado)

Me atrevo a decir que esta es la propuesta gubernamental más amplia y comprensiva hasta el momento, al incluir al conjunto de instituciones vinculadas a la seguridad y la justicia del órgano ejecutivo, así como temáticas nuevas como la atención a víctimas, un énfasis importante en la prevención social de la violencia y delincuencia y un apartado de reformas institucionales. 

Las palabras iniciales del Presidente Funes, recogidas por los medios escritos, marcan fuertemente la pauta del contexto desde el que se lanza esta política de seguridad: 

Funes reconoció que la ola de delincuencia se ha recrudecido, en gran medida como producto de las operaciones criminales de las maras, que están bien armadas, están al servicio del crimen organizado y han tomado el control de varias zonas.

Agregó que, aunque el crimen organizado ha permeado instituciones como incluso la Policía, El Salvador "está a tiempo" de evitar convertirse en un Estado fallido y que por eso se desarrolla una permanente depuración de la fuerza pública.

"Es un Estado que está siendo provocado por el crimen organizado, sin duda, pero tenemos la capacidad de respuesta y con el concurso de todos ustedes tenemos garantizada la victoria", dijo. (El Diario de Hoy, “Lanzan plan operativo anticrimen”, 5 de febrero de 2010)

El Presidente Funes ha señalado con claridad que el alza delictiva está relacionada con la respuesta dada desde grupos criminales organizados contra la acción del gobierno. Señala además el problema de la infiltración de estas agrupaciones en instituciones estatales, desde donde adormecen o sabotean las iniciativas para el control y represión de este tipo de delincuencia: es como correr una carrera de obstáculos con un pie engangrenado. Tal como lo señalan John Bailey y Matthew Taylor (2009): 

La delincuencia organizada es capaz de desafiar al Estado, no con el ánimo de asumir sus poderes, sino de alcanzar ciertos objetivos políticos. (…) la confrontación [por el crimen organizado] señala el cálculo de las organizaciones criminales, y es probable en condiciones bajo las cuales, segmentos del crimen organizados creen que el costo de tolerar las acciones gubernamentales es más alto que el riesgo de llamar la atención sobre ellos. (Traducción libre de este servidor) 

Con esta iniciativa, el Presidente Funes realizó algunos gestos políticos importantes: ratificó la confianza y dio un espaldarazo a su gabinete de seguridad y puso en el debate otras variables en la discusión sobre las políticas de seguridad, para trascender del fácil binomio impuesto por los medios de comunicación dominantes y actores políticos conservadores que establecen una falaz relación causal entre cambio de gobierno y alza de hechos delictivos. Probablemente esto es lo que no querían oír, pero es el complejo contexto de violencia que se ha generado en Centroamérica en los años recientes y que no había sido visibilizado ni tratado de manera directa. 

Un detalle que no es menor es su mención sobre las pandillas. En la nota periodística citada, les atribuye una cuota del recrudecimiento de la violencia, pero no llega a equipararlas con el crimen organizado, sino que las coloca como instrumentos al servicio de aquel. Esto, en contraposición con la agenda mediática que coloca como su delfín a Rodrigo Ávila, ex director de la PNC en pasadas administraciones, quien propugna por una nueva criminalización de las pandillas (Mano dura reloaded) y su equiparación con el crimen organizado mediante la importación de modelos legales aplicados en Estados Unidos, así como la propuesta de “toques de queda” contra las pandillas, que, dicho sea de paso, fue descartada por el Presidente al presentar esta política. 

La presentación de la política ha contribuido a cambiar en alguna medida la opinión publicada sobre la cuestión de seguridad, aun y cuando, la cobertura de la violencia sigue siendo prioridad en todos los medios.