Es lamentable comprobar que las viejas prácticas policiales: torturas, extorsiones, ejecuciones extrajudiciales, corrupción, ineficacia y un largo etcétera, reaparecieran en la nueva PNC.
Desde su creación, en 1996, se criticó que los riesgos del reciclaje de antiguos policías, presupuesto insuficiente, la ínfima capacidad de investigación criminal, la designación de directores sin respetar la carrera policial, la insuficiencia en la formación y la mezcla entre militares y policías, entre otros desaciertos, acabarían por destruir la expectativa creada por los acuerdos de paz de contar con una institución que protegiera los derechos elementales.
Lo hecho por los gobiernos de Arzú, Portillo y Berger pone de manifiesto que la creación de una institución policial civil con capacidad para enfrentar a las distintas manifestaciones del crimen violento, nunca fue una prioridad en sus políticas.
La debilidad de la institución y la tolerancia por parte de algunos fiscales y jueces, llamados a controlar sus excesos, son algunas de las causas por las cuales estamos cosechando frutos amargos.
La toma violenta de Pavón, la muerte de los diputados salvadoreños y el asesinato de los policías acusados de este último hecho dentro de una cárcel ponen de manifiesto que dentro de la PNC operan escuadrones de la muerte, sin ninguna diferencia de la temible policía secreta que magistralmente se relata en el Señor Presidente, o para no ir tan lejos, al estilo Chupina en la época de los ochenta.
Estos hechos son los que se conocen públicamente, pero si se realizara una revisión exhaustiva, es muy probable encontrar respuestas al incremento desmedido de muertes en los últimos tres años, a lo que en forma denigrante le denominan “limpieza social”, con el fin de “acabar” con la delincuencia.
Las reiteradas denuncias puestas de manifiesto por la sociedad civil y por el procurador de los Derechos Humanos siempre han sido vistas con desconfianza o sin la importancia debida. Desde la creación de la PNC, la respuesta gubernamental frente a la crisis policial es repetitiva y monótona: “se necesita una respuesta inmediata”, por lo que es imperativo “militarizar las fuerzas de seguridad”.
Si revisamos la historia de nuestras instituciones policiales, incluso de la PNC, comprobaremos que su conducción ha estado total o parcialmente en manos de militares. Cincuenta años de fracaso no son una buena carta de presentación para delegar en la milicia la conducción policial.
Por el contrario, este tipo de decisiones impide la conformación de una cultura digna policial, de acuerdo con su naturaleza civil, y perjudica al Ejército, pues no está capacitado para tales fines.
Colaborar no es lo mismo que subordinar. La crisis actual de la PNC es una oportunidad para cambiar de rumbo. No podemos seguir aplicando medidas tradicionales y esperar resultados distintos.
*Analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)
Tomado de Prensa Libre, Guatemala, 04/03/07
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