Jueves, 29 de Marzo de 2007
Los manifestantes presentaron una "demanda de inconstitucionalidad" ante la Corte Suprema de Justicia y una petición de derogatoria de la Ley ante la Asamblea Legislativa, luego de concentrarse hoy en las afueras de ambas instituciones, ubicadas en el Centro de Gobierno, en San Salvador.
Edgardo Amaya, abogado de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), dijo a periodistas que la Ley "comete fuertes irregularidades" ya que "existen abundantes conceptos indeterminados y ambiguos que permiten una interpretación extensiva y que viola la libertad de las personas".
Agregó que la mencionada Ley viola preceptos constitucionales como la intimidad de las comunicaciones, el derecho de asociación y manifestación pública, así como la libertad de expresión.
Indicó que la Ley contempla "penas desproporcionadas que eventualmente serían penas perpetuas".
La Ley, aprobada en septiembre de 2006 en la Asamblea Legislativa con los votos de los tres partidos de derecha, consta de 53 artículos y tipifica 29 acciones como actos de terrorismo con penas que van desde los cinco hasta los 65 años de prisión.
Las 35 organizaciones demandantes están aglutinadas en la Concertación por la Paz, la Dignidad y la Justicia Social y el Foro para la Defensa de la Constitución.
El abogado Arturo Méndez Azahar, uno de los dirigentes, explicó a Acan-Efe que la Ley da facultades a la Policía y la Fiscalía para que se susciten acciones "arbitrarias" en contra de la población que protesta públicamente por los agudos problemas sociales que vive el país.
El abogado sostuvo que la Ley "viola el principio de igualdad" porque designa como victimarios a los altos funcionarios y sus familias y no expresamente a la población civil que podría ser dañada en un evento de naturaleza terrorista.
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